Después de una guerra, los países suelen quedar sin la mayoría de su infraestructura y servicios básicos. No es fácil acceder a capital y los empleos escasean. El crecimiento económico sostenible se correlaciona de manera directa con la probabilidad de que el país no vuelva a caer en una confrontación armada. La creación de trabajos también contribuye a que el Estado funcione correctamente y genere crecimiento económico.
El costo anual de un conflicto es de US$100.000 millones.
El conflicto y la fragilidad son situaciones estrechamente relacionadas entre sí y se refuerzan mutuamente. Para muchos países que han superado un conflicto, es difícil alcanzar el objetivo de salir de este círculo vicioso dado que su gobernabilidad y capacidad institucional quedan debilitadas por la lucha y, muy a menudo, se ven abrumados por la inestabilidad política, la violencia y el traumático legado de la confrontación armada. Para fortalecer la capacidad institucional es necesario contar con un liderazgo firme y decidido, así como con un entendimiento muy amplio de las fortalezas del país en cuestión.
En el 40% de los Estados frágiles, un conflicto se vuelve a activar dentro de 10 años.
Tanto en el norte como en el sur se construyen escuelas y clínicas mientras se reparan líneas ferroviarias.
Los conflictos armados perpetúan la pobreza ya que debilitan el desarrollo económico. También disminuyen la seguridad personal y merman el buen gobierno, lo que contribuye al aumento de los delitos, como el tráfico de personas y narcóticos. Las confrontaciones además representan una amenaza a la estabilidad nacional y regional. La AIF proporciona el financiamiento necesario para la reconstrucción del Estado y de la infraestructura necesaria para reanudar la vida pacífica y constructiva de muchos países.