Argentina

Los 6,7 millones de jóvenes de Argentina de entre 15 y 24 años son un recurso importante, pero en cierta medida desaprovechado, para el desarrollo. Más de 2 millone... Mostrar más + s (el 31%) ya participaron en conductas riesgosas y otro millón (el 15%) está expuesto a factores de riesgo que se relacionan con eventuales conductas riesgosas. Esto significa que el 46% de la juventud está en algún nivel de riesgo. Esta nota aborda estas cuestiones y aprovecha los hallazgos de un informe del Banco Mundial que se completó recientemente que tiene como objetivo generar, consolidar y compartir conocimiento acerca de los riesgos a los que se enfrentan los jóvenes en Argentina, así como las opciones de política para abordarlos. La cohorte actual de la juventud es la más grande que ha habido en el país y será más grande en el futuro inmediato. Si quienes formulan políticas no invierten en la juventud ahora, en especial en los jóvenes en riesgo, se perderá una oportunidad única de equipar a la próxima generación con las aptitudes necesarias para ser impulsores del crecimiento, quebrar la espiral intergeneracional de pobreza y desigualdad, y hacer que Argentina regrese al grupo de países de ingreso alto. Si se educa y capacita a los jóvenes, pueden ser un activo sumamente importante para el desarrollo. Si no, pueden representar una carga para la sociedad y las finanzas públicas. Los argentinos están bien educados y cuentan con un sistema de educación avanzado en comparación con la mayor parte de América Latina. Argentina ha logrado grandes avances desde la década de 1980: la inscripción en la educación primaria es prácticamente universal y el logro educativo promedio aumentó y alcanzó los 10,4 años en 2005 (en comparación con el promedio regional de 5,9 años y el promedio de Asia oriental de 7,6 años). Se debe felicitar al Gobierno por mantener un elevado nivel de inscripciones a través de momentos difíciles. No obstante, sigue habiendo diferencias importantes en los resultados educativos según el nivel económico y la ubicación geográfica. Si bien menos del 1% de los niños y adolescentes de 6 a 17 años del 20% más rico de los grupos familiares no está en el sistema escolar, esta cantidad aumenta a 8,2% para quienes se encuentran en el 20% más pobre de los grupos familiares. Los niños y adolescentes de áreas rurales tienen una mayor probabilidad de abandonar los estudios que los de áreas urbanas. Mostrar menos -

El estudio se centra en recientes estudios analíticos sobre temas sociales en Argentina, que sugieren que tanto la desigualdad como el desempleo están empeorando, a... Mostrar más + gravados por el pesimismo y la desesperación -en parte provocados por una recesión de casi tres años-, así como por la incompetencia de las instituciones públicas. Este estudio examina el caso de Argentina y se basa en su capital social existente como una estrategia inmediata y una inversión para el futuro, para evaluar el papel que el capital social puede desempeñar dentro de su contexto. El estudio revela que los niveles agregados de capital social en Argentina son bajos, destacando que si bien el capital social de los pobres en el país puede activar la protección entre los mismos en momentos de dificultad, esto no los ayuda a salir adelante en el largo plazo. Las asociaciones cívicas han demostrado ser vulnerables a los cambios profundos en el paisaje local social, económico y político, al parecer debido a un patrimonio histórico de relaciones autoritarias con el Estado. Por lo tanto, el estudio intenta promover un diálogo entre los actores nacionales y los responsables de las políticas sobre las repercusiones de los factores determinantes de la participación social y la confianza interpersonal. La evidencia sugiere que menos del 20% de la población participa en cualquier tipo de organización, de los cuales, los determinantes de la participación son las personas más acomodadas, más instruidas, o desempleadas, mientras que los más pobres tienden a considerar la experiencia como poco provechosa. El estudio también mide los niveles de la acción colectiva menos estructurada en respuesta a las crisis como una estrategia para interactuar con los funcionarios públicos, señalando que en cualquier forma de crisis, los argentinos recurren a su círculo más cercano de familiares o amigos, pero no hacen valer su influencia en las decisiones públicas en tiempos de prosperidad. Las recomendaciones sugieren la creación de un clima propicio para el desarrollo del capital social, que proporcione espacio para interacciones público-privadas, con énfasis en las inversiones en educación, y la creación de una cultura de divulgación de la información y la transparencia. Mostrar menos -

Following the recent Latin American crisis that severely weakened the Argentinean province of Cordoba's financial position, a new administration implemented the Eme... Mostrar más + rgency Law of 1996 to curtail fiscal spending. In spite of this, Cordoba remains in deep financial crisis and requires a fundamental reform of the public sector, in order to: (1) attain financial creditworthiness, and (2) increase the efficiency of public expenditures. This report evaluates the nature of the crisis and Cordoba's current financial conditions and prospects, and recommends a set of short- and medium-term reforms which could facilitate the restructuring of the public sector. The short-term recommendations for reform include: replacing the 1996 Emergency Law; presenting a new balanced budget for 1996; ceasing to use the Certificate of Cancellation of Debt (CECOR) as a means of payment; cutting personnel expenditures by $270 million in 1996; privatizing the Banco de la Provincia, EPEC (an electricity company), and the Provincial Department for Water and Sanitation (DIPAS); closing the Banco Social; signing the Pacto Fiscal; transferring the social security system to the national government; and creating a more effective social safety net. The medium-term recommendations include implementing reforms in the sectors of health, education, social welfare and civil service; streamlining municipal coparticipation; increasing revenues and capital expenditures; and establishing an economic, statistical, and financial data base. The report concludes with an addendum listing measures implemented since October 1995 that constitute an initial effort toward: (1) fiscal reforms in the areas of public employment, public salaries and employment conditions, the provincial pension system, and debt reconfiguration; and (2) structural reforms in the areas of health, revenue-sharing with the municipalities, taxes, provincial banks, the energy company, the judiciary, and water and sanitation. Mostrar menos -