1 de junio de 2007—La República Democrática Popular Lao, gracias a los nuevos recursos que obtuvo para la fiscalización y protección del medio ambiente, hoy puede vigilar de cerca sus ricos y diversos recursos naturales que se encuentran en peligro.
Durante 60 años, esta república sin litoral ha enfrentado la sostenida disminución de sus bosques y de muchas especies de animales exóticos. No obstante ahora, con la ayuda del Banco Mundial, otros donantes, la sociedad civil y diversas ONG y en conjunto con actores privados, el gobierno ha emprendido un ambicioso programa de gestión y supervisión ambiental.
El recientemente publicado documento Environment Monitor detalla una serie de acciones que Lao debe emprender a fin de revertir lo que Ian C. Porter, director del Banco Mundial a cargo del país, llama años de “explotación mal administrada”.
“Estamos en un punto crucial”, señaló Porter en un discurso que pronunció en la ciudad capital Vientiane. “En su proceso de desarrollo, la República Democrática Popular Lao tiene la oportunidad de utilizar sus recursos naturales de manera sostenible, sin dejar de velar por el manejo adecuado de los impactos sociales y ambientales, y de poner en pie los sistemas gubernamentales necesarios para manejar los recursos de manera responsable y transparente con el objetivo último de que los beneficios de su explotación sean experimentados por las generaciones venideras. Creo que el gobierno y la comunidad del desarrollo están firmemente comprometidos a asegurar de que así sea”.
El Environment Monitor es “el primer documento que examina de manera exhaustiva los desafíos existentes”, afirmó Patchamuthu Ilangovan, representante del Banco Mundial en el país. “Entrega directivas generales sobre cómo el país debe proceder en esta materia y las acciones que debe emprender”.
El informe que esboza el programa indica que alcanzar resultados positivos en general no sólo significa salvar los recursos naturales del país, hoy en peligro, sino además reconocer que la protección del medio ambiente es de “importancia crucial para el crecimiento y la lucha contra la pobreza”. En términos de desarrollo humano, Lao ocupa el lugar número 143 de un total de 175 países.
Para no caer en la “maldición de los recursos”, que suele afectar a los países ricos en recursos naturales con crecimiento lento y pobreza, el nuevo programa de protección del medio ambiente capacita a todos los niveles, desde el nacional hasta el provincial, de distrito y localidades, donde a los aldeanos se les paga para que participen en el levantamiento de un catastro de la vida silvestre en lugar de cazar a los animales hasta extinguirlos.
El programa contempla un conjunto de proyectos de ley y políticas que, de ser aprobados, fortalecerán la legislación actual que está plagada de incongruencias. El informe indica que estas incongruencias obstaculizan el logro de objetivos cruciales para la protección del medio ambiente.
Otro problema importante que menciona el informe es el “número bastante limitado” de personal administrativo, el que es “insuficiente para cumplir con su mandato”.
El financiamiento estatal es tan magro que las Zonas Protegidas reciben sólo US$15.000, a pesar de que abarcan miles de hectáreas de tierras ecológicamente vulnerables que albergan a numerosas especies en peligro.
El informe resalta que si bien el financiamiento total del gobierno destinado a programas medioambientales casi se duplicó entre los años 2005 y 2006 (de US$60.000 a US$100.000), “el apoyo financiero de Estado es todavía muy bajo y claramente insuficiente para satisfacer las necesidades de la gestión ambiental”.
El Banco Mundial y otros donantes ayudaron a cubrir la enorme brecha de financiamiento al aportar US$10 millones para la protección del medio ambiente de Lao en los últimos cinco años.
El Banco ayudó a reunir al grupo de expertos que elaboró el Environment Monitor. También contribuyó a consolidar la joven estructura institucional del gobierno de Lao a cargo de la gestión del medioambiente y a despertar conciencia entre el público sobre la necesidad de mejorar la protección de los recursos naturales del país.
El sector privado también fue convocado a participar. A modo de ejemplo, la empresa a cargo de la construcción de un enorme embalse para un proyecto hidroeléctrico se comprometió a financiar la gestión ambiental de las áreas protegidas que se ubican dentro de la cuenca hidrográfica afectada. Este financiamiento asciende a US$1 millón cada año, por un período de 30 años.
