ARTÍCULO

Dar a los peces silvestres una oportunidad de luchar

Febrero 23, 2012


TITULARES
  • Prácticas pesqueras insostenibles causan pérdidas de cerca de US$50.000 millones.
  • Los US$25 millones que invirtió Liberia para regular la pesca lograron triplicar los fondos públicos generados por esa industria en 2011.

En las costas de África occidental, miles de botes compiten por obtener un recurso que decrece: los peces.

En el virtual altercado, los nativos a bordo de canoas tradicionales pescan menos y obtienen menores ganancias cada año. Grandes navíos sofisticados, muchos de ellos enarbolando banderas extranjeras, se aprovechan de las inadecuadas políticas y regulaciones costeras de los países en desarrollo. En el marco del libre acceso, incluso las flotas industriales se ven afectadas por los mismos problemas de disminución de los ingresos y las tasas de captura.

Casos similares han ocurrido del Atlántico al Pacífico, y de aguas costeras hasta alta mar.

Aproximadamente el 85% de las poblaciones de peces están plenamente explotadas, sobreexplotadas, agotadas o en recuperación, según El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2010. Por otro lado, la creciente población demanda más pescado, y los barcos usan alta tecnología y métodos de pesca más efectivos, al grado que su ritmo de captura es dos veces mayor que el tiempo que tardan los peces en reproducirse.

Esto da como resultado la sobrepesca, un fenómeno que ha acabado con varias pesquerías importantes, incluyendo algunas administradas por países industrializados.

Los expertos dicen que esto sucede por la carencia de reglas y derechos que motiven a asegurar el abastecimiento futuro de peces. Actualmente, la pesca encubierta e ilegal socava los esfuerzos por mantener un suministro sostenible y global de peces silvestres.

Como respuesta, pequeñas naciones isleñas y costeras en desarrollo, junto con un creciente número de asociados públicos, privados y de la sociedad civil, quieren que el mundo se entere de lo que está pasando, y que ayude a salvar los caladeros de pesca salvaje para las generaciones futuras.

La Alianza Mundial a favor de los Océanos se une a un esfuerzo internacional para encontrar formas de mantener los océanos vivos y productivos.

Necesidad de una mejor administración

Especialistas en asuntos pesqueros consideran que un mejor gobierno de los océanos y mares hará que estos sean más sanos, y también permitirá recobrar una cantidad importante de los casi US$50.000 millones perdidos cada año debido a prácticas no sostenibles, según Sunken Billions, un informe del Banco Mundial y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

Pero los recursos pesqueros necesitan toda la atención de los líderes económicos y políticos, así como un compromiso a largo plazo para efectuar reformas, agregan los expertos.

El programa PROFISH del Banco Mundial, en favor del fortalecimiento de los derechos de los pescadores, recomienda poner fin al libre acceso a la industria pesquera y detener la decidida competencia por pescado.

Muchos creen que unos derechos de pesca bien definidos y ejecutados, proporcionarían fuertes incentivos a pescadores, comunidades y asociaciones pesqueras, para detener el desperdicio y la sobrepesca.

Sistemas de gestión que incluyen este tipo de derechos respaldados por la ley, se usan con éxito en Australia, Canadá, Estados Unidos, Estonia, Groenlandia, Islandia, Nueva Zelandia y los Países Bajos.

Entre los países en desarrollo, Chile usa estos sistemas para determinadas especies y Perú adoptó recientemente esa práctica para la pesquería más grande del mundo, la de la anchoveta peruana.


" Un océano saludable se traduce en crecimiento económico y progreso, especialmente para los países pequeños en desarrollo. "

Alfred Alfred Jr.

Ministro de Finanzas de las Islas Marshall.

Sistemas basados en derechos cooperativos, que otorgan privilegios de pesca, en exclusividad, a comunidades pesqueras aledañas o a cooperativas funcionan exitosamente para la pesca del halibut en Alaska y del abadejo en el Océano Pacífico septentrional, así como en pesquerías de las Islas Shetland, Japón y Nueva Zelandia.

En Baja California, México, nueve cooperativas pesqueras tienen derechos de pesca, ratificados por el Gobierno, dentro de un área específica. Las cooperativas trabajan de manera conjunta con una federación afiliada, para administrar las pesquerías locales y la investigación, usando un apoyo gubernamental limitado.

"Derechos y responsabilidades de pesca adecuados, claros, y exigibles son importantes para el éxito de la gestión de la pesca de captura", dice Bill Fox, del Fondo Mundial para la Naturaleza. "Estos programas de gestión basados en derechos pueden fortalecer los incentivos de administración entre los pescadores a seguir prácticas de gestión basadas ​​en los ecosistemas, dar como resultado un acceso más seguro de las comunidades y las empresas a los recursos pesqueros, proporcionar puestos de trabajo sostenibles en las comunidades que dependen de la pesca y pueden ayudar a reducir la pobreza y mejorar la seguridad alimentaria”.

La organización The Nature Conservancy (TNC) fue pionera en enfoques basados ​​en la comunidad en la costa central de California, trabajando con los pescadores locales para establecer 1,5 millones de hectáreas de zonas de prohibición de arrastre y adquirió buques y permisos de pesca de arrastre para mitigar el impacto económico de estos cierres.

“Arrendamos estos permisos a los pescadores que utilicen aparejos más inocuos para el medio ambiente y que les permitan atrapar peces de mayor calidad”, dijo Michael Bell de TNC. “Nuestro trabajo ya ha mejorado el desempeño medioambiental y económico de la pesca local”.

Unirse por una causa común

También en alta mar, países y comunidades se están uniendo para establecer sus derechos y administrar las pesquerías.

Ocho países de las islas del Pacífico (Estados Federados de Micronesia, Kiribati, Islas Marshall, Nauru, Palau, Papua Nueva Guinea, Islas Salomón y Tuvalu) se unieron al Acuerdo de las Partes de Nauru (PNA, por sus siglas en inglés) para administrar de manera sostenible la pesca de atún dentro de un área de 14,3 millones de kilómetros cuadrados en el océano.

El PNA determina el número de días para la pesca de atún en el año, basándose en observaciones científicas sobre el estado de la población de dicho pez, para luego subastar los derechos de pesca y otorgarlos al mejor postor. Según Alfred Alfred Jr., ministro de Finanzas de las Islas Marshall, las medidas de conservación –como por ejemplo establecer observadores a bordo de barcos atuneros para evitar la pesca de delfines–, son la clave para el éxito del PNA.

“Un océano saludable se traduce en crecimiento económico y progreso, especialmente para los países pequeños en desarrollo”, dice Alfred.

Pero quienes poseen los derechos de pesca deben tener la confianza de que tales privilegios serán reconocidos y protegidos, para no resultar perjudicados por aquellos que pretenden robarlos. Muchas naciones carecen de los recursos para combatir la pesca ilegal efectuada por flotas extranjeras.

Nueve países de África occidental esperan que su participación en el Programa de Pesquerías de la Región de África Occidental les ayude a proteger la riqueza de su océano de tales amenazas. Los bancos de peces de las costas de Liberia fueron saqueados durante los 25 años de guerra civil, y la recuperación posterior. Ahora el país ha invertido US$12 millones para desarrollar un marco regulatorio que controle el número de barcos que pueden ingresar a sus pesquerías. La inversión también se destina para contar con equipo de alta tecnología para la supervisión, tener un centro de control, entrenar personal y reconstruir su guardia costera con el apoyo del Gobierno de Estados Unidos.

“Estamos haciendo todo con el fin de detener la pesca ilegal, para así poder recuperar lo que hemos perdido”, declara Florence Chenoweth, ministra de Agricultura de Liberia. En 2011, el Gobierno de este país más que duplicó los fondos públicos generados por sus pesquerías, comparados con los de 2010 (aunque desde un nivel bajo).

La Alianza Mundial a favor de los Océanos es una asociación que reúne a cada vez más Gobiernos, organizaciones internacionales y grupos de la sociedad civil y del sector privado comprometidos con combatir las amenazas a la salud, la productividad y la capacidad de resistencia de los océanos del planeta.


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