El dicho popular “la justicia tarda pero llega” es más un buen deseo que realidad para miles de latinoamericanos que afrontan interminables esperas en las cortes de la región o que, en muchos casos, no tienen el dinero para iniciar trámites o siquiera hacer el viaje a los tribunales.
Mientras que en Perú, por ejemplo, iniciar un trámite civil se tarda en promedio 7 meses, en un sistema abarrotado que expide 5.000 sentencias diarias, en Estados Unidos procesos similares se hacen en cuestión de días.
"La justicia en el Perú no existe, veo que hay jueces pero no siento que no me hacen ningún caso. Llevo casi 2 años tratando de tener la custodia legal de mi pequeño hijo sin ninguna respuesta, lo más probable es que su papá haya puesto dinero en algunas manos, y por eso nadie me ayuda". El testimonio de esta joven madre peruana resume las deficiencias en los sistemas judiciales de la región: poco acceso a los jueces, procesos interminables, sospechas de corrupción, discriminación de los pobres y las mujeres.
Al tiempo que América Latina encara la modernización de su sistema judicial, algunos países buscan acelerar este proceso, llevando la justicia a los que la necesitan, con los llamados tribunales móviles.
Por ejemplo en Colombia, desde esta semana está circulando un autobús con todo el personal y los sistemas necesarios para brindar servicios de justicia gratuitamente.
La iniciativa fue concebida para atender las comunidades marginadas, es una casa de justicia “móvil” que recorrerá 55 municipios pobres en todo el país, para darles servicios a alrededor de 16,000 personas.
“El propósito es eliminar barreras de acceso a la justicia, tales como la distancia y costos en los que incurren cuando acceden a la justicia”, dice Issam Abousleiman, representante del Banco Mundial en Colombia.
En estos tribunales rodantes, la gente puede buscar apoyo relacionados con conflictos como los generados entre un arrendatario y un arrendador, por ejemplo, inconvenientes de familia, inasistencia alimentaria, estafas, moras en pagos, y otros por el estilo. De acuerdo a datos del Banco Mundial el sistema judicial colombiano tarda 1.300 días (unos cuatro años) en hacer cumplir un contrato legal, desde el momento en que se entabla la demanda hasta que se aplica el fallo judicial.
El autobús de justicia es una extensión de las llamadas Casas de Justicia, que comenzaron a funcionar en 1995 en el sur de Bogotá, la capital, y después en zonas pobres de otras ciudades colombianas.
Este acercamiento de la justicia a los ciudadanos ha servido para que puedan encontrar “soluciones pacíficas que les permitan una convivencia pacífica en sus escenarios comunitarios”, según Rodrigo Valencia, coordinador de la Casa de Justicia de Aguablanca, un distrito de la ciudad de Cali.
Asistencia gratuita
Una solución similar está en marcha en Perú, donde se crearon los Centros de Asistencia Legal Gratuita, conocidos como Centros ALEGRA, donde en 30 oficinas se atienden casos civiles, mercantiles y familiares sin costo en zonas pobres o con pocas posibilidades de acceso a la justicia.
“Ya sea por la vía de conciliación, asistencia legal total y patrocinios en los casos que pueda tener la comunidad, en la actualidad se realizan entre 500 a 1.000 atenciones al día, incluso sin contar con equipo adecuado”, asegura Daniel Figallo, ministro de Justicia y Derechos Humanos.
El Banco Mundial apoyó una iniciativa parecida en Honduras, que ayudó a reforzar el papel de los jueces de Paz y amplió el acceso a la justicia en las regiones más pobres de ese país. Tras la iniciativa el tiempo de resolución de casos civiles bajó a la mitad, para un promedio de 612 días por caso.
Todos estos esfuerzos para que el famoso dicho “la justicia tarda, pero llega” se transforme en "la justicia es rápida y sí llega".
El Banco Mundial en Colombia
El compromiso del Grupo del Banco Mundial con Colombia está estructurado alrededor de un enfoque innovador y temático, por ejemplo en el fortalecimiento de la justicia en Colombia, con un modelo que provee soluciones de desarrollo adaptadas al país, usando un paquete de servicios financieros, de conocimiento y de convocatoria.
