Los uruguayos tienen derecho a cambiar su identidad de género, y a casarse con quien quieran, sin importar el sexo. En los últimos años también se aprobaron leyes para proteger a quienes padecen enfermedades no transmisibles, a quienes tienen alguna discapacidad o a familias que no poseen ingresos suficientes para garantizar una vida digna.
Si bien Uruguay ha dado pasos significativos para que sus leyes tomaran en cuenta a personas y grupos excluidos o discriminados, no todos conocen hasta dónde llegan sus derechos.
Un adolescente de 15 años vuelve del liceo, se sube al tractor, y durante una hora ayuda a su padre en las tareas del campo en el que viven y del que viven. Su familia no sabe que tal vez está violando la ley, pues se requiere una autorización del Instituto del Niño y del Adolescente en Uruguay (INAU) para hacerlo.
Una mujer sale de su trabajo y en la puerta la espera su ex marido, quien tiene prohibido acercarse a ella por haberla golpeado. Ella no tiene claro a quién debe denunciar que el hombre violó la medida cautelar.
Una familia de escasos recursos cree que le corresponde cobrar una asignación familiar, pero el funcionario que los atendió cuando consultaron no fue claro, y la cantidad de papeles que les han dado para leer los confunden y no saben cómo llenarlos.
Situaciones como estas ocurrían y siguen ocurriendo diariamente. Y eso inquietaba a un grupo de legisladoras uruguayas de distintos partidos políticos, allá por 2008. Su postura era que el Parlamento debía seguir el tema, saber si se implementaban las regulaciones, conocer en detalle qué obstáculos enfrentan las instituciones encargadas de poner la ley en práctica y si lo hacen en forma coordinada. Y por último, pero no menos importante, asegurarse de que las personas conocieran sus derechos y pudieran hacerlos valer.
De esa inquietud nació en 2010 el proyecto de Fortalecimiento Institucional para la Promoción del Acceso Equitativo de la Sociedad al Sistema Legal, financiado con una donación del Banco Mundial al Parlamento uruguayo.
“Esta iniciativa no pertenecía a ningún partido político, era del Parlamento y se hacía por el país”, enfatizó Mariángeles Sabella, coordinadora de la donación dentro del Banco Mundial, quien calificó a este proyecto como “muy innovador e integrador” por incluir a legisladores de los tres partidos más representativos del país, y por trabajar coordinadamente con los tres Poderes del Estado.
Para Mónica Xavier, actual Presidenta del Frente Amplio, se trató de “un importante desafío de coordinación de miradas, esfuerzos de organismos muy diversos que importan mucho en un país cuyo Estado tiene escasa práctica de complementariedad y transversalidad”.
Ella y el resto de los legisladores, que participaron en forma voluntaria, empezaron por definir la trilogía de leyes sobre las que trabajarían. El argumento para seleccionarlas fue claro: debían ser leyes favorables a la equidad. Hubo consenso en torno a las medidas cautelares de protección en violencia doméstica, los niño/as y adolescentes que trabajan en el medio rural, y la extensión de las asignaciones familiares.
¿Usted qué piensa?
¿Cómo ve la implementación? ¿Qué medidas hacen difícil la aplicación de la ley? ¿Conoce sus derechos? Estas fueron algunas de las cientos de preguntas que se realizaron a beneficiarios y potenciales beneficiarios de las normas, así como a abogados, jueces, fiscales, y funcionarios a cargo de su implementación.
Las encuestas evidenciaron fortalezas y debilidades en el ámbito de la coordinación entre instituciones, las percepciones que la gente tiene de la ley, los desafíos para hacerla cumplir, y la capacitación de los responsables de aplicarlas.
En el caso de la ley de asignaciones familiares, las encuestas detectaron aspectos tan variables como que las instituciones del Estado tenían más y mejor tecnología que permitía integrar la información, pero que aún existen en el país – principalmente en el medio rural- localidades donde no hay ninguna oficina cercana a donde cobrar una asignación familiar; y funcionarios que requieren de mayor capacitación para brindar una adecuada atención a los beneficiarios.
En cuanto al análisis de trabajo rural de menores de edad, las consultas demostraron que si bien el trabajo infantil y adolescente integra la agenda institucional con el objetivo de erradicarlo, “no existen demandas desde la sociedad porque el tema del trabajo en el medio rural de niña/os y adolescentes forma parte de una cultura de integración al mundo adulto y productivo” y en muchos casos no se visualiza como un problema.
Las encuestas realizadas sobre violencia doméstica dejaron en evidencia que “tanto para las víctimas como para la población en general, las medidas cautelares no son todas conocidas, mayormente no se cumplen y no se visualizarían sanciones legales desde la sociedad, para quienes las incumplen”.
Finalizada la etapa de las encuestas, el equipo de Parlamento realizó manuales con recomendaciones específicas, desafíos concretos, y la lista de organismos involucrados. Luego se realizaron talleres de consulta y de capacitaciones con todos los organismos encargados de la implementacion de estas leyes.
Finalmente, dichos organismos acordaron tres guías que funcionan como protocolos para la implementación de las normas.
No es sencillo traducir los resultados a números. Pero sí a cambios de comportamientos. Instituciones que no coordinaban, y hoy lo hacen. Desafíos que no eran conocidos, y hoy lo son. Datos que no estaban ordenados y hoy sí están.
“Todos somos más conscientes de la necesidad de informar a los beneficiarios de las leyes que aprobamos”, asegura Xavier, quien cree que este material “deja una enseñanza para los futuros legisladores y para quienes deben crear políticas públicas que apliquen esas normas y la necesidad del empoderamiento por parte de los colectivos a los que están referidos las normas”.
