En el salvadoreño cantón de El Portillo, municipio de San Isidro (departamento de La Unión), los veranos se han prolongado y las lluvias se han convertido en un fenómeno prácticamente inexistente. Llueve poco, y cuando lo hace, es en forma de tormentas que poco benefician a los habitantes de la zona.
Wilder Salomón es testigo. “Aquí el problema de la sequía es serio. Las mismas plantitas, aunque uno las riegue todo el tiempo, no crecen”, explica. La problemática no es nueva de esta temporada. “La sequía se ha hecho más frecuente en los últimos cinco años”, detalla Wilder. El año pasado plantaron mango, aguacate, zapote y guayaba pero se les perdieron todos.
José Santos Escobar, que al igual que Wilder es miembro de la Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria y Agricultores y Ganaderos Los Ranchos El Portillo (ACOPLP), dice que “acá llovía seguido, hoy solo se miran pasar las tormentas”, y añade que la falta de lluvia ha cambiado los hábitos de los agricultores.
“La gente ahora tiene mucha desconfianza y la mayoría espera al cultivo de postrera (el que se realiza en agosto) porque es más seguro que llueva”. De esta forma, el cultivo de primera, el que se realiza en el mes de mayo, se está convirtiendo en una práctica poco habitual en esta zona.
Algo similar pasa en el departamento de Morazán, explica Maria Crecencia Sai, de la comunidad de Maculis (municipio de Cacaopera, departamento de Morazán). “El año pasado de primera no saqué nada de maíz, creció la planta, pero no echó mazorca”.
Para hacer frente a la escasez de lluvia, los miembros de ACOPLP habilitaron un pozo perforado que funcionaba con energía eléctrica. El pozo resolvió el problema de la inexistencia de fuentes de agua, pero muy pronto provocó otro. El de los elevados costos. “Pagábamos 300 dólares al mes para el consumo de 32 familias y el riego”, explica Wilder.
Para solucionar el problema, instalaron una planta solar, que no solo ha permitido ahorros del 75% sino que ha posibilitado que las familias cultiven nuevas plantas. “Ahora podemos sembrar tomate y pepino, algo que nunca se había producido acá”, explica José Arturo Araniva, otro miembro de la cooperativa.
La instalación de esta planta es parte del proyecto Gestión del riesgo en la agricultura y la energía: una estrategia integral para enfrentar la sequía y la inseguridad alimentaria, una donación de US$1.83 millones procedentes del Fondo Japonés para el Desarrollo Social (JSDF), administrada por el Banco Mundial e implementada por la Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria Centroamericana (ACICAFOC).
“El proyecto tiene como objetivo principal fortalecer la capacidad de los pequeños productores y productoras que viven en la Región Oriental seca de El Salvador, para responder a los impactos de la sequía, la inseguridad alimentaria y los altos y volátiles precios de insumos energéticos”, explicó Mary Lisbeth González, gerente del proyecto en el Banco Mundial.
La donación tiene cuatro líneas principales de acción: Implementación de energía renovable (energía fotovoltaica con paneles solares y biodigestores), cosecha de agua de lluvia, manejo de granos básicos post-cosechas y sistemas agroforestales.
El manejo de granos básicos se ha traducido en la instalación de silos para que las familias puedan conservar mejor los granos maíz o frijol, que constituyen la base de la dieta de muchos habitantes de esta zona. El sistemas, además, ha resuelto la problemática de las plagas.
“Antes al ponerlos en bolsas y sacos a las familias les entraba el gorgojo, un insecto que se reproduce y daña el grano”, explica Juan Carlos Pérez, de la Asociación de Desarrollo Comunal Nueva Cooperación 2000 (Adesconcdm), situada en la comunidad Maculis.
Con los silos, plataformas verticales para almacenar, se ha evitado que se pierdan grandes cantidades de grano básico. “Acá las familias cosechan unos 12 quintales al año. De estos perdían unos dos por el gorgojo”, agrega Juan Carlos.
A través de estas medidas se busca paliar las consecuencias de la falta de alimentos, un problema que, según Oxfam y cálculos de los gobiernos y organismos internacionales, el año pasado afectó a 96.000 personas en El Salvador.
