En muchos lugares del mundo, las personas no necesitan pensar sobre la importancia de la protección de sus derechos sobre la tierra. Tanto los propietarios como los arrendatarios de las tierras es un asunto que dan por sentado. Sin embargo, en el caso de la mayoría de los pobres del mundo, tener derechos de propiedad garantizados es un lujo raro.
En la Conferencia Anual 2017 sobre Tierra y Pobreza, (i) realizada esta semana en el Banco Mundial, se debatió la importancia de garantizar los derechos sobre la tierra para reducir la pobreza e impulsar la prosperidad compartida a nivel nacional, comunitario y familiar. , particularmente en los sectores de la agricultura y la infraestructura, y apoyar a los países y a sus poblaciones en la creación de capacidad de adaptación, previniendo tomas de terrenos y mitigando la migración forzada.
“Abordar los problemas de la tenencia de la tierra es un aspecto central de la creación de comunidades sostenibles; los países, las regiones, las ciudades y las comunidades rurales necesitan derechos garantizados, límites claros y servicios relacionados con la tierra accesibles para generar crecimiento económico”, dijo Ede Ijjasz-Vasquez, director superior del Departamento de Prácticas Mundiales de Desarrollo Social, Urbano y Rural, y Resiliencia del Banco Mundial. “Las autoridades necesitan información espacial precisa para planificar las carreteras, los servicios públicos y la infraestructura, al tiempo que crean empleos”.
A nivel de los países, por ejemplo, en la ex República Yugoslava de Macedonia, en 2005, solo un tercio de los departamentos estaban registrados. Las personas simplemente no sabían cuáles eran sus derechos y, si intentaban averiguarlo, los organismos no tenían información exacta. El Banco Mundial, mediante el Proyecto de creación de un catastro y la inscripción de bienes raíces (RECRP), (i) ayudó al Gobierno a cambiar las leyes y los reglamentos de propiedad vigentes en el país.
Con este proyecto se apoyó la creación del sector de agrimensores privados, (i) y se permitió la consolidación de las funciones de control de calidad y supervisión de la Dirección de Catastro de Bienes Raíces. En 2005, en el país no había ninguna empresa de servicios de topografía y solo 14 topógrafos privados certificados. Hacia fines del proyecto, en 2015, en el país había 249 topógrafos privados certificados y 152 compañías. Además, los servicios en línea se encontraban ampliamente disponibles y accesibles en todo tipo de dispositivo móvil, incluidos los teléfonos inteligentes, tanto en el idioma local como en inglés de modo de atraer la inversión extranjera directa en tierras.
Como resultado, la inspección topográfica de las tierras del país aumentó del 43 % al 99 % en un periodo de 10 años. El proceso de registro de la venta de una propiedad o de una hipoteca antes se tardaba dos meses; en la actualidad este proceso demora de uno a dos días. Esto ha permitido aprovechar las inversiones privadas. De hecho, el valor de las hipotecas subió de 450 millones de euros a 3400 millones de euros.
“La diferencia es evidente. Ahora puedo transformar rápidamente mis bienes raíces en un activo fijo para financiar mi negocio, lo cual es una gran ayuda en el dinámico mercado en el que trabajamos”, dijo Maja Dimitrievska, una empresaria de Skopie.
Pero los derechos sobre la tierra y la propiedad no solo son positivos para el crecimiento y las inversiones de un país; además, son muy importantes para promover la inclusión social, particularmente de las comunidades históricamente desfavorecidas, como los pueblos indígenas.
En Nicaragua, los derechos de los pueblos indígenas no siempre fueron reconocidos. Sin embargo, desde 2002, con el apoyo del Banco Mundial, el Gobierno ha aplicado importantes reformas legales, políticas e institucionales.
Luego de 15 años, Nicaragua ha podido crear mapas y entregar títulos de 23 territorios ancestrales de pueblos indígenas en la región del Caribe. Esto representa más del 30 % del territorio del país.
