ARTÍCULO Octubre 30, 2018

Las ciudades toman el poder

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Banco Mundial


En un mundo cada vez más urbanizado, el rol de las ciudades y la empresa privada ante los desafíos globales cobra más importancia

Vivimos en un mundo cada vez más urbanizado. Cada día cientos de personas llegan a las ciudades en busca de oportunidades de empleo, de mejores servicios, de infraestructuras más resistentes a los fenómenos naturales. América Latina y el Caribe es la segunda región más urbanizada del mundo, y en la medida que crecen sus ciudades, también aumentan sus desafíos. Resiliencia ante desastres, mejores vías y medios de transportes, más inclusión o acceso a financiamiento son algunos de esos retos.

Esta semana, más de 30 alcaldes y líderes de ciudades del mundo se reunieron en Buenos Aires para hablar de los avances y escollos, pero sobre todo qué pueden aportar las ciudades – donde se genera la mayor parte del PIB global –a la agenda mundial.

Hablamos con dos expertos del Grupo Banco Mundial, Ede Ijjasz-Vásquez, director principal de la práctica de Desarrollo Urbano y Resiliencia, y Gabriel Goldschmidt, director de la Corporación Financiera Internacional (IFC) para América Latina y el Caribe, para que den su visión sobre el futuro de las ciudades, sus principales desafíos y cómo abordarlos.

Pregunta: Ede, últimamente el centro de las discusiones urbanísticas está en la resiliencia. ¿Podrías facilitarnos una definición de resiliencia urbana con ejemplos?

Respuesta: Si bien no hay un concepto estándar de lo que significa la resiliencia urbana, la mayoría de las definiciones coinciden en que se trata de la capacidad para manejar la amplia gama de impactos y tensiones que pueden ocurrir en una ciudad y la capacidad de restauración después de los desastres. Aun cuando la resiliencia ha estado tradicionalmente más enfocada en los cambios e impactos climáticos -inundaciones, terremotos, huracanes, erupciones volcánicas -, también es la habilidad de un sistema urbano para prepararse y adaptarse a cambios tecnológicos y socioeconómicos. Los primeros van desde la ruptura e interrupción del sistema de agua o energía de una ciudad, hasta una fuga de gas, un evento de contaminación aguda o una explosión de una planta industrial. Por su lado, los cambios socioeconómicos se refieren a las crisis económicas, cambios demográficos, eventos de terrorismo, huelgas o conflictos sociales y políticos.

P: En América Latina, 8 de cada 10 personas ya viven en sus urbes, pero muchos de ellos, los más pobres, se asientan en la periferia y carecen de acceso a los servicios. ¿Cómo fomentar la inclusión social y mejorar su calidad de vida?

R: Los pobres viven tanto en el centro de la ciudad como en las periferias. Muchos de ellos tienen que vivir cerca de los centros de las ciudades para acceder a empleos, a menudo en asentamientos informales donde las viviendas son más “asequibles” pero en condiciones precarias; a menudo carentes de infraestructura y servicios de calidad. Para que las ciudades sean inclusivas, es necesario mejorar estos asentamientos informales y conectarlos con los servicios que una ciudad debe dar. Por ejemplo, con el apoyo del Banco Mundial y el BID, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires está trabajando en la mejora de uno de sus barrios más vulnerables y emblemáticos, el Barrio 31. Por otro lado, en las periferias, donde se está produciendo la mayor parte del crecimiento urbano, es urgente que las ciudades adopten un proceso de planificación con miras al futuro, de modo que se pueda proporcionar suelo servido, con infraestructura, equipamientos y servicios para la población.

P: Y en materia de empleo ¿Cómo pueden las ciudades afrontar el reto del futuro del mercado laboral?

R: Las ciudades en el mundo en desarrollo tendrán que hacer frente a una creciente población joven que va a continuar migrando del campo a la ciudad; y al mismo tiempo las ciudades en el mundo desarrollado deberán prepararse ahora para migraciones de población joven de países menos desarrollados, que acompañarán al envejecimiento de sus propios habitantes. Las migraciones de personas en busca de oportunidades, los desplazamientos producto del conflicto y la violencia, así como una mayor incidencia e intensidad en los desastres naturales ligados al cambio climático, incrementarán el tamaño de las ciudades. Al mismo tiempo, las nuevas tecnologías presentan retos y oportunidades para el empleo.

Si bien la automatización reemplazará muchas tareas, creará nuevas oportunidades para otras; las nuevas tecnologías tienen el potencial de modificar la forma en la que la gente se transporta al trabajo y de transformar mercados complejos como el de los bienes raíces. Las ciudades deberán trabajar de la mano de los gobiernos nacionales en formular políticas urbanas nacionales que integren políticas sectoriales al nivel local; repensar las políticas de los mercados laborales y de formación de habilidades; y fomentar el uso de esas mismas tecnologías para el manejo de las ciudades.

P: ¿Qué papel juegan las instituciones de desarrollo, como el Banco Mundial, y los alcaldes de las ciudades que tienen un rol cada vez más preponderante en el futuro de la agenda urbana a nivel global?

R: Los alcaldes son una pieza clave en el desarrollo de la agenda global. Siendo las ciudades las que concentran la mayor cantidad de habitantes, y donde se genera la mayor parte del PIB y de emisiones de gases de efecto invernadero, estas son los centros donde se disputará el futuro de la sostenibilidad del mundo. Aun cuando todo esto es tan claro, las ciudades no han sido tomadas en cuenta lo suficiente en el proceso de establecimiento de la agenda global. Los líderes y alcaldes tienen experiencias muy interesantes que traer a la mesa; el conocimiento profundo que tienen de los problemas urbanos y su cercanía a la población que representan los hacen actores claves para desarrollar soluciones alternativas y creativas para los problemas globales más complejos. Por ello, el Banco Mundial, junto a otros organismos multilaterales, está comprometido en ayudar a las ciudades a promover el intercambio de conocimiento entre ellas y con los líderes nacionales a nivel global. Además, la práctica global Social, Urbana, Rural y Resiliencia invierte entre 5 y 10 millones de dólares anuales en países en vías de desarrollo. De esta manera, está bien posicionado para ayudar a los gobiernos municipales a tomar medidas para promover la inversión en proyectos que eleven la calidad de vida de la población de manera sostenible.

El sector privado, actor clave en el desarrollo de las ciudades

P: Gabriel, transformar a las ciudades es costoso. Los gobiernos naciones y locales tienen pocos recursos y alta presión fiscal. ¿Cómo se puede estimular al sector privado para ayudar a cubrir el déficit de infraestructura en América Latina, que según algunos estimados es de 180.000 millones de dólares?

R: Las ciudades son importantes polos de inversión y crecimiento económico. Sin embargo, la mayoría de las ciudades de América Latina y el Caribe no han crecido de manera sostenible en las últimas décadas. En un contexto de presupuestos públicos limitados es importante pensar en mecanismos para atraer la participación del sector privado, manteniendo el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Los gobiernos de las ciudades no pueden hacer esto solos, las necesidades son demasiado grandes. La innovación e inversión del sector privado son fundamentales para abordar los complejos desafíos de las ciudades en áreas clave como la infraestructura, el cambio climático y la creación de empleo.  Donde existen soluciones del sector privado, pero están limitadas por falencias en el entorno regulatorio, el sector público debe trabajar, junto a los distintos actores de la sociedad, para crear políticas que permitan el desarrollo de propuestas del sector privado. Y, finalmente, los gobiernos deben reservar sus limitados presupuestos fiscales para invertir en soluciones en las que no hay una alternativa del sector privado.

Por ejemplo, durante los últimos 15 años, IFC ha invertido más de 12.000 millones de dólares en 350 proyectos urbanos y servicios de asesoría en más de 60 países, contribuyendo a crear ciudades sostenibles y competitivas que atraigan la inversión privada necesaria para el crecimiento inclusivo y reducir la pobreza. Actualmente, IFC trabaja en toda la región con ciudades tan diversas como Buenos Aires, Bogotá, Barranquilla, Lima, Tegucigalpa y próximamente San José.

P: ¿Cómo se pueden apalancar esas ideas de financiamiento e innovación para tener ciudades más inclusivas?

R: Las asociaciones público-privadas bien estructuradas y bien administradas pueden aportar innovación, eficiencia y financiamiento del sector privado, en un solo paquete. En Bogotá hay dos ejemplos interesantes de asociaciones público-privadas. IFC está apoyando a la ciudad para el desarrollo de APPs en el sector salud para la construcción de hospitales, algo que es muy innovador. También con Medellín y Barranquilla se está trabajando con el modelo APP para instituciones educativas.

Otro aspecto son los bonos verdes para que las ciudades atraigan financiamiento comercial para proyectos sostenibles. Las ciudades son responsables de más del 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la región. Actualmente, los edificios generan el 19% de las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con la energía y consumen el 40% de la electricidad a nivel mundial. Afortunadamente, en muchos municipios están comenzando a ser proactivos en la promoción de construcciones sostenibles. IFC trabaja con las municipalidades para implementar códigos de construcción verde. Con la banca facilita el financiamiento de proyectos sostenibles mientras que con desarrolladores inmobiliarios apoya la adopción de certificaciones internacionales de sostenibilidad en sus construcciones. Por ejemplo, la certificación EDGE, que fue creada por IFC, requiere al menos un 20% de ahorro de agua y energía y ha sido implementada en todo tipo de construcciones, incluidas viviendas asequibles.

Finalmente, la captura del valor de la tierra es una forma en que los municipios pueden recuperar el valor que genera la infraestructura pública (por ejemplo, impuestos a la propiedad, tarifas de mejoramiento de la tierra, entre otros).

 


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