Crecí en Iowa y debido a mi condición de estadounidense de origen asiático a menudo me juzgaron exclusivamente por mi apariencia. En las tiendas, personas desconocidas me hacían gestos de karate con las manos, remedando la popular serie de televisión “Kung Fu”. Cuando jugaba como capitán en el equipo de mi escuela secundaria, hubo ocasiones en que, después de derribarme, los miembros del equipo contrario proferían insultos racistas.
Estos incidentes me cohibían y me hacían sentir incómodo. Sin embargo, son ofensas menores en comparación con la discriminación que sufren muchas personas en todo el planeta debido exclusivamente a su sexo, edad, raza u orientación sexual.
Traigo esto a colación a raíz de la ley que Uganda sancionó esta semana —en cuyo marco se podría imponer la pena de reclusión perpetua a las personas condenadas por homosexualidad— y el aumento de la violencia contra los homosexuales en Nigeria tras la entrada en vigor de una ley contra la homosexualidad, a principios de este año.
Estos países ocupan ahora la atención de los medios, pero nuestro enfoque debería ser mucho más amplio: otros 81 países, en las Américas, Asia, África y Oriente Medio, han sancionado leyes que hacen que la homosexualidad sea ilegal. En Estados Unidos, aunque el gobernador de Arizona vetó esta semana un proyecto de ley que hubiera permitido que las empresas negaran servicios a las personas homosexuales, nueve estados tienen leyes que imponen limitaciones a la manera en que los docentes de escuelas públicas pueden hablar de la homosexualidad. En más de 100 países se discrimina a las mujeres, y en muchos más todavía existen leyes discriminatorias contra grupos minoritarios.
La discriminación institucionalizada es perjudicial para las personas y para las sociedades. La discriminación generalizada también es perjudicial para las economías. Existen pruebas contundentes de que cuando las sociedades sancionan leyes que impiden la plena participación de personas productivas en la fuerza de trabajo, las economías se resienten.
La discriminación contra la mujer es un claro ejemplo. Un estudio de 143 economías realizado el año pasado por el Banco Mundial permitió establecer que en 128 países todavía existe por lo menos una diferencia legal en el trato que reciben hombres y mujeres, lo que reduce las oportunidades económicas de las mujeres. Estas barreras incluyen leyes que imponen obstáculos insalvables para que una mujer obtenga por sí sola un documento de identidad; posea o use bienes inmuebles; tenga acceso al crédito o consiga un empleo.
En 15 economías, los hombres pueden impedir que sus esposas trabajen, aunque en los últimos dos años Côte d'Ivoire, Malí y Togo han reformado esas restricciones.
