Managua, 17 de Febrero de 2010— El Directorio del Banco Mundial aprobó hoy un crédito adicional por US$ 10 millones para el Proyecto Administración de Tierras (PRODEP), con el cual se completarán los procesos de administración de tierras iniciados en las áreas rurales de los departamentos de Chinandega, Estelí y parte de Madriz, ampliándose ahora a cinco nuevos municipios del departamento de León y tres nuevos municipios del departamento de Madriz, a lo largo de todo el país
Este programa piloto contribuye al desarrollo de un marco administrativo y técnico moderno para la administración de tierras en estas regiones. Las actividades catastrales ya han sido completadas en Chinandega y Estelí, y el 70 por ciento en Madriz.
El PRODEP ha logrado contundentes resultados:
- Demarcación de las áreas protegidas, 12 de las cuales han sido delimitadas. Diez planes de manejo del territorio con proyectos productivos en el marco
- Desarrollo de metodologías de demarcación con la participación de los habitantes de las comunidades.
“Las contribuciones de esta iniciativa representan un avance histórico en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a la tierra en Nicaragua”, dijo Laura Frigenti, Directora del Banco Mundial para América Central.
Con el proceso de titulación de los territorios de los pueblos indígenas en el Caribe, actualmente en ejecución, nueve territorios han sido debidamente demarcados, titulados y registrados, en una superficie de 10,373 km². En esta extensa área se han beneficiado 123 comunidades de 53 mil habitantes, con una población indígena principalmente Miskita y Mayangna, localizados en la zona del Alto Coco y Bocay (Bosawás), la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) y la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS).
Como resultado del proyecto, se implementarán procedimientos que contribuirán a la eficiencia y calidad de los servicios de administración de tierras, disminuyendo el tiempo de registro de la propiedad y los costos de transacción.
“La seguridad de la tenencia de la tierra es fundamental para generar ingresos y así multiplicar los esfuerzos de reducción de la pobreza de Nicaragua”, añadió Joseph Owen, Representante residente del Banco Mundial en Nicaragua.
El marco político y jurídico para la administración de tierras se ha reforzado con la preparación de un Marco Nacional de Política de Tierras y la aprobación de varias leyes, incluida la Ley 445: Ley de Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Etnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz (2003), la Ley 509: Ley General de Catastro Nacional (2005) y la Ley 698: Ley General de los Registros Públicos (2009).
