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Foto cortesía de ANDAInforme analiza viabilidad de una estrategia orientada a garantizar la universalización de los servicios y el desarrollo de un marco regulatorio
SAN SALVADOR, 24 de abril de 2014 – Si bien El Salvador aumentó la cobertura de agua del 74% al 88% entre 1990 y 2010 y está encaminado a lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para agua potable y saneamiento, un nuevo informe halló que inversiones adicionales por US$255 millones anuales le permitirían al país garantizar la sostenibilidad de los servicios actuales y cubrir las necesidades en agua y saneamiento, en crecimiento debido a la rápida expansión de la población urbana.
El informe sobre Monitoreo de los Avances del País en Agua Potable y Saneamiento (MAPAS), elaborado por el Banco Mundial y la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y presentado hoy en San Salvador, analiza además los principales cuellos de botella para alcanzar las metas nacionales en agua y saneamiento y considera reformas para ampliar la cobertura de servicios de calidad para la población.
“El Salvador ha logrado avances importantes en el sector de agua potable y saneamiento, pero persisten algunos retos como las diferencias en el acceso a los servicios para los pobres, o las brechas entre las áreas urbanas y rurales", dijo Fabrizio Zarcone, representante residente del Banco Mundial en El Salvador.
El informe indica que la población sin acceso a servicios de agua potable en El Salvador disminuyó del 26% en 1990 al 12% en 2010, y la población sin acceso a servicios de saneamiento se redujo del 25% al 13% en esos años. No obstante, al final de dicho periodo más de 740 mil personas carecían de acceso a servicios de agua potable y aproximadamente 860 mil no tenían servicios de saneamiento. De estos, 76% y 54%, respectivamente, vivían en las áreas rurales.
“Se estima que existe un déficit nacional anual de US$73 millones para los servicios de agua potable y US$182 millones para los de saneamiento, lo que resulta en un déficit total de US$255 millones anuales para cubrir las inversiones necesarias y alcanzar las metas nacionales del sector”, explicó Antonio Rodríguez, especialista sénior del Banco Mundial en Agua y Saneamiento para Centroamérica.
De acuerdo al informe MAPAS, El Salvador presenta también limitaciones en cuanto a la calidad de los servicios actuales: el 48% del suministro del agua potable es calificado como intermitente en el país y un 50% de la población reporta deficiencias en la calidad del agua suministrada. Además, sólo un 4,5% de la población reporta que las aguas residuales reciben algún tratamiento.
Para enfrentar esta problemática, el informe señala que es fundamental definir nuevas metas nacionales para el sector, así como una estrategia sectorial y un plan de inversiones de mediano plazo basado en criterios de equidad y género, que garanticen la universalización del acceso a servicios de agua potable y saneamiento de calidad.
Estas son las recomendaciones del informe MAPAS para El Salvador:
Igualmente, se requiere avanzar en la reforma hídrica nacional y del sector, especialmente en la adopción de una política sectorial que articule las competencias institucionales y establezca la coordinación entre las instituciones nacionales (ANDA, MINSAL, FISDL), las municipalidades y otros actores; así como en el desarrollo de un marco regulatorio orientado a mejorar la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento.
¿Qué es el MAPAS?
El Monitoreo de los Avances del País en Agua Potable y Saneamiento (MAPAS) es una iniciativa regional promovida por el Grupo Técnico Regional de Sistemas de Información del Foro Centroamericano y de la República Dominicana de Agua Potable y Saneamiento (FOCARD-APS), con el apoyo del Programa de Agua y Saneamiento del Banco Mundial (WSP, por sus siglas en inglés), dirigida a brindar a los gobiernos un marco sistemático para evaluar y monitorear el desempeño del sector en el cumplimiento de las metas establecidas para agua potable y saneamiento.
En El Salvador esta iniciativa es promovida por ANDA y la Secretaría Técnica de la Presidencia, en el marco de la Comisión Interinstitucional establecida para dirigir el proceso de Reforma Hídrica Nacional, involucrando a todas las instituciones, tomadores de decisión y actores clave del sector.
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