Reseña de resultados Mayo 17, 2018

Fin a la violencia en América Latina: una mirada a la prevención desde la infancia hasta la edad adulta

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El informe “Fin a la violencia en América Latina: una mirada a la prevención desde la infancia hasta la edad adulta” identifica enfoques novedosos usados en América Latina y otros lugares para reducir el comportamiento antisocial en diferentes etapas de la vida de las personas. Este informe hace importantes revelaciones: que la prevención efectiva puede comenzar desde antes del nacimiento y que, contrario a lo que se cree, políticas bien diseñadas pueden tener éxito más adelante en la vida de una persona, aún tratándose de infractores e individuos en riesgo. El informe resalta la importancia de combatir la violencia desde un enfoque integral y destaca los beneficios y rentabilidad derivados del rediseño de las políticas existentes para prevenir el delito.

Desafío

La criminalidad y la violencia, en particular el crimen violento, son generalizados en América Latina y el Caribe, que ostenta la nada envidiable distinción de ser la región más violenta del mundo, con 23,9 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2012, comparado con 9,4 de Africa, 4,4 de América del Norte, 2,9 de Europa y 2,7 de Asia.

La magnitud del problema es abrumadora y obstinadamente persistente. La región alberga apenas 8% de la población mundial pero concentra 37% de los homicidios. Cifras de 2013 muestran que ocho de los 10 países más violentos del mundo están ubicados en la región y también 42 de las 50 ciudades más violentas, lo que incluye a las 16 que están en el más alto rango de violencia, Cada 15 minutos, al menos cuatro personas son víctimas de homicidio en la región.

Hace décadas que los países de América Latina y el Caribe lidian con niveles sostenidos de elevada violencia. En los últimos 15 años, la tasa de homicidio se situó en alrededor de 24 por cada 100.000 habitantes y si bien la tendencia declinó levemente en la primera mitad de la década de 2000, el deterioro de la situación en América Central revirtió los avances. No es casual que el número de latinoamericanos que mencionan al crimen como su mayor preocupación se haya triplicado en estos años. Los efectos de la violencia están generalizados en todas las sociedades de la región: las personas se retraen, se ocultan detrás de sus puertas y evitan los espacios públicos, lo que debilita los lazos interpersonales y sociales que unen a las comunidades.

El historial regional de altas tasas de homicidio, así como el reciente repunte de la violencia, contrastan notablemente con los significativos avances sociales logrados en la última década por la región. Entre 2003 y 2011, los países de América Latina y el Caribe mostraron avances importantes hacia una mayor equidad social, lo que se reflejó en una considerable reducción de la pobreza, de 45% a 25%, pero también en una menor  desigualdad en el ingreso y una creciente clase media. Este contraste entre una violencia que aumenta y una equidad social que mejora notablemente hace evidente lo complejo de la relación entre el desarrollo económico y la criminalidad y violencia.

Enfoque

La Agenda de Conocimiento sobre Criminalidad y Violencia en América Latina y el Caribe —financiada por una subvención— incluyó un estudio regional y una serie de eventos de divulgación. Los resultados del estudio fueron publicados en Fin a la violencia en América Latina: una mirada a la prevención desde la infancia hasta la edad adulta, el cual identificó políticas novedosas para reducir la violencia, respaldadas por evidencia empírica rigurosa. El informe consideró una amplia gama de opciones para la aplicación de políticas, implementadas tanto en la región de América Latina y el Caribe como en otros lugares y que redujeron el comportamiento antisocial en los primeros años de vida en jóvenes y adultos o bien alteraron sus patrones de criminalidad. Igualmente hizo evidentes los mecanismos que subyacen tras el éxito de esas intervenciones. Al combinar varias fuentes de información, utilizar técnicas econométricas y resaltar un número de estudios de base preparados para este informe, el estudio arrojó luz sobre el complejo panorama de la violencia en la región, pues identificó de manera creíble los nexos causales entre la política y la reducción o prevención de la criminalidad y la violencia. Aunque el informe no llevó a cabo, por superar el ámbito del documento, la abrumadora tarea que revistiría una revisión exhaustiva de toda la literatura existente sobre el delito -que incluye criminología, psicología y factores económicos-,en su lugar se centró en una selección de estudios recientes e innovadores que brindan evidencia creíble sobre los nexos causales entre las intervenciones realizadas y los resultados alcanzados. Establecer esta causalidad clara fue importante, dado que una mejor comprensión de los procesos sociales y económicos subyacentes, deriva en políticas bien diseñadas y más efectivas. La compleja naturaleza de la criminalidad y la violencia, la magnitud de lo que está en juego y los riesgos potenciales por consecuencias imprevistas de políticas bien intencionadas pero incorrectas, demandan un enfoque basado en evidencia.

Resultados

“Fin a la violencia en América Latina: una mirada a la prevención desde la infancia hasta la edad adulta” fue publicado en 2016 y su lanzamiento formal tuvo lugar en el Woodrow Wilson International Center for Scholars el 7 de febrero de 2017. El documento, disponible al público en el Repositorio de Conocimiento Abierto del Banco Mundial, ofrece una mirada nueva e integral a buena parte de nuestro conocimiento sobre cómo prevenir la criminalidad y la violencia.

En general, la investigación sugiere que los delincuentes potenciales responden a los incentivos establecidos por el sistema de justicia penal (como duración de las sentencias y certeza de la sanción). Sin embargo, mientras ciertas combinaciones de incentivos pueden reportar una mayor reducción de la criminalidad, otras podrían ser contraproducentes. Para un nivel dado de castigo esperado, una sentencia más corta, aunque más segura, parece tener un mayor efecto disuasorio.

La evidencia sugiere también que los esfuerzos por aumentar los recursos policiales como estrategia de prevención de la criminalidad estarían incompletos sin un análisis detallado de cómo estos recursos serán usados. Más aún, determinar si estas estrategias de trabajo policial operan a través de la disuasión o la incapacitación, es clave para comprender sus costos sociales. Cuando las agencias del orden público disuaden a los criminales potenciales, el costo social es relativamente menor. Si, por el contrario, una mayor presencia policial simplemente incrementa el número de arrestos y subsiguientes encarcelamientos, entonces los recursos involucrados podrían haber sido utilizados de manera más eficiente en estrategias de prevención del crimen.

Los enfoques dirigidos a zonas problemáticas y las estrategias de despliegue policial orientadas a los problemas, han mostrado algunos resultados esperanzadores, aunque, en realidad, su eficacia parece depender del contexto. Este tipo de evidencia ha venido, hasta ahora, de países desarrollados, principalmente. Parece razonable asumir que los efectos reductores sobre la criminalidad relacionados con la actividad policiaca, dependen sustancialmente de la calidad de las instituciones locales, tanto del sistema policial como judicial, y del grado de confianza que las personas tienen en esas instituciones, especialmente en lugares donde la confianza en la policía puede estar comprometida.

Los hallazgos de “Fin a la violencia en América Latina: una mirada a la prevención desde la infancia hasta la edad adulta” han sido presentados en diversos eventos, entre ellos el Foro Fragilidad, Conflicto y Violencia (febrero de 2016), la Organización de las Américas (noviembre de 2016); AL CAPONE (America Latina Crime and Policy Network) y en seminarios sobre Desarrollo e Instituciones de la Universidad de California en Berkeley. También han sido utilizados para orientar los diagnósticos sistemáticos del país y estrategias de alianzas con el país en Honduras y El Salvador, así como también para orientar el diseño de nuevos estudios de control aleatorios, llevados a cabo por la unidad de evaluación de impactos del grupo de investigación del desarrollo en el Banco. 


Contribución del Grupo del Banco

Este informe se benefició de una subvención ejecutada por el Banco de US$186.000 del Fondo Español para América Latina y el Caribe (SFLAC), un fondo fiduciario regional administrado por el Banco Mundial. SFLAC es el único fondo fiduciario específico para la región y un instrumento crucial para el compromiso del Banco en América Latina y el Caribe. Establecido en junio de 2009, el programa financió actividades en distintos sectores y temáticas prioritarias, identificadas en conjunto con el Ministerio de Economía y Competitividad de España, lo que incluyó (i) infraestructura, (ii) gobernanza y rendición de cuentas, (iii) desarrollo del sector privado, (iv) sostenibilidad ambiental y (v) ciudades “inteligentes”.

Socios

Este estudio regional es producto de un esfuerzo analítico más amplio por parte de la Región de América Latina y el Caribe del Banco Mundial centrado en el delito, la violencia y la seguridad. Además del personal del Banco, miembros de la red AL CAPONE (America Latina Crime and Policy Network) aportaron comentarios perspicaces y orientación para el informe.

El informe también fue solicitado por la Serie de Foros para el Desarrollo de América Latina, y sometido a un proceso de revisión ciega por pares antes de ser aprobado para su publicación en junio de 2016. Esta serie promueve el debate y la divulgación de conocimientos y análisis sobre temas económicos y de desarrollo en América Latina y el Caribe. Patrocinada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y el Banco Mundial, la serie se dedica a transmitir lo emocionante y complejo que caracteriza a los temas de más actualidad en la región. Los títulos en esta serie revisada por pares se eligen con base en su pertinencia para la comunidad académica y representa la mejor producción investigativa de cada una de las instituciones involucradas.

Beneficiarios

Otras instituciones multilaterales, ONG´s, organizaciones investigativas y países miembros, han expresado su interés y aprecio a este informe. A continuación se detallan algunos comentarios específicos:

“Nos complació mucho ver la publicación reciente de Fin a la Violencia y quedamos muy impresionados por la forma en que lo prepararon. Hemos comenzado a incorporar su informe en algunas de las capacitaciones que haremos para USAID”. —Ben Struhl, Laboratorio de acción contra la pobreza Abdul Latif Jameel, J-PAL North America, gerente de políticas

“Felicitaciones por el gran esfuerzo que han hecho para recopilar esta gran cantidad de datos, análisis y bibliografía basadas en evidencia. El informe está repleto de conclusiones analíticas profundas y resúmenes muy valiosos de las evaluaciones de impacto y estudios”. —R. Serrano, BID

Hacia adelante

El marco orgánico del informe adopta una perspectiva de ciclo vital y alega que, a medida que los individuos avanzan a lo largo de las etapas de su vida, del nacimiento a la vejez, diferentes factores de riesgo emergen, cambian de importancia y varían en su interdependencia. Mientras que los enfoques preventivos a largo plazo pueden comenzar incluso desde antes del nacimiento con resultados exitosos en la adolescencia y la adultez, también existen políticas eficaces de corto plazo. De manera significativa y contrariamente a la creencia popular de que es “imposible enderezar un árbol torcido”, existe una amplia gama de intervenciones para la prevención de la criminalidad que pueden implementarse más adelante en la vida y que han mostrado ser eficaces. Basados en parte en la sustancial y cada vez más comprendida plasticidad humana que se exhibe incluso en edades avanzadas —incluidas funciones cerebrales críticas para la regulación de comportamientos arriesgados, en especial durante la adolescencia y la adultez temprana— estas intervenciones amplían el margen para modificar el comportamiento tendiente a evitar la criminalidad y la violencia. Los individuos en riesgo y los infractores responden a incentivos, incluyendo los del mercado laboral y del sistema de justicia penal. Aquellas políticas que identifiquen de manera clara y tomen en cuenta los efectos de dichos incentivos, podrán ser usadas para disuadir actos delictivos. Asimismo, una mejor comprensión del funcionamiento del cerebro y del desarrollo físico y socioemocional, sirve para ampliar el menú de políticas disponibles. Las intervenciones conductuales, nutricionales e incluso a favor de la conciencia, todas ellas conocidas por afectar las estructuras y química cerebrales, muestran su efectividad al momento de ayudar a generar hábitos positivos y autocontrol.

El desarrollo económico y social no necesariamente conduce a una reducción de la criminalidad y la violencia, pero los niveles elevados de criminalidad y violencia sí afectan el desarrollo. El Banco, por lo tanto, tiene plena conciencia de que para el éxito en sus objetivos de erradicar la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida, los niveles sin parangón de criminalidad y violencia en la región deben terminar.