No obstante, no existe una solución de compromiso significativa entre mitigación del cambio climático y acceso de los más pobres a la energía. En los supuestos más desfavorables, la prestación de servicios de electricidad básicos para los hogares no conectados a la red existentes en el mundo sólo añadiría un tercio de un 1% a las emisiones mundiales de GEI, y una proporción mucho menor si pudieran utilizarse lámparas eléctricas eficientes y energía renovable. En términos de bienestar, los beneficios del acceso a la electricidad se sitúan entre US$0,50 y US$1 por kilovatio hora, en tanto que una valoración restrictiva de los daños correspondientes producidos por el carbono, en el peor de los pasos, es de unos pocos centavos por kilovatio hora.

Las políticas de los países pueden delinear una senda de crecimiento con bajo nivel de carbono. Aunque existe un fuerte vínculo entre renta per cápita y emisiones de GEI relacionadas con energía, el desnivel entre los países que producen más y menos emisiones dado cierto nivel de ingresos es del 700%. Esas diferencias dependen en parte de la utilización de energía hidroeléctrica, pero el precio de los combustibles también influye. En los países que otorgan fuertes subsidios —aquéllos en que el precio del gasoil es inferior a la mitad del registrado en el mercado mundial— las emisiones per cápita son alrededor de dos veces mayores que las de otros países con similares niveles de ingresos. Además, los países que mantienen impuestos sobre el combustible desde hace largo tiempo, como el Reino Unido, han generado modalidades de transporte y uso de la tierra dotados de mayor eficiencia energética.

Los subsidios a la energía son cuantiosos, engorrosos, regresivos y perjudiciales para el clima. La estimación realizada en 2005 por la Agencia Internacional de Energía, según la cual el monto anual de los subsidios, fuera de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), es de US$250.000 millones, puede no reflejar plenamente la situación actual. Si bien los pobres reciben algunos de esos beneficios, éstos, en conjunto, tienden a orientarse hacia sectores más pudientes y, a menudo, dejan muy atrás modalidades de gasto público más progresivas. En Bangladesh, Ecuador, Egipto, India, Indonesia, Marruecos, Pakistán, Turkmenistán, Venezuela y Yemen, el monto de los subsidios a los combustibles es entre dos y siete veces y media mayor que el gasto público en salud. Además, los subsidios promueven un uso ineficiente de la energía, realizado con gran intensidad de carbono, y crean sectores de beneficiarios de esa ineficiencia.

El Banco ha respaldado más de 250 operaciones de reforma del sistema de precios de la energía. Se ha logrado éxito en los países en transición; por ejemplo en Rumania y Ucrania, donde los precios de la energía se ajustaron para encaminarlos hacia niveles de mercado, y la intensidad de las emisiones de dióxido de carbono se redujo considerablemente. No obstante, la eliminación de los subsidios puede perjudicar a los pobres. Recientes esfuerzos encaminados a evaluar sistemáticamente las repercusiones en materia de pobreza y bienestar parecen haber influido en el diseño y la ejecución de programas de reforma de precios, aunque no necesariamente con participación directa del Banco. Son ejemplos los de Ghana e Indonesia, donde se pusieron en acción medidas compensatorias en relación con los aumentos de precios de los combustibles.

El Banco rara vez ha coordinado mejoras de eficiencia con reducciones de subsidios para aliviar la carga inmediata del ajuste que recaía sobre los usuarios de energía. Una excepción es la del Proyecto de reforma del sistema de calefacción y eficiencia de los edificios de China, en que se vinculan mejoras del sistema de aislamiento al precio de la calefacción. En un creciente número de proyectos se promueve a escala nacional la distribución de lámparas eléctricas fluorescentes compactas, pero ello se ha hecho para responder a la escasez de electricidad (Rwanda, Uganda) o para poner freno a las pérdidas de las compañías de electricidad (Argentina, Viet Nam), y no para facilitar la reducción de los subsidios.

Aunque en declaraciones del Banco y en estrategias de asistencia a los países se hace hincapié en la eficiencia energética, el volumen y la orientación de políticas de financiamiento para eficiencia del BIRF y la AIF han sido moderados. Aunque la IFC incrementó recientemente sus inversiones en proyectos de eficiencia energética, en el período 1991-2007 el monto de los compromisos del Banco Mundial en materia de eficiencia ha representado alrededor del 5% del financiamiento de la energía. Esa cifra comprende las inversiones en eficiencia de la demanda y calefacción de distritos, y puede incluir también algunas inversiones en eficiencia en el ámbito de la oferta. Dada esa definición, alrededor de uno de cada 10 proyectos, por número de operaciones, comprende actividades de eficiencia energética. Con la inclusión de una mayor variedad de proyectos que, a juicio de la administración, respaldan la eficiencia energética de la demanda, la proporción superaría el 20%, por número de operaciones, durante del período 1998-2007. A escala mundial, sólo uno de alrededor de 34 proyectos emprendidos en el período 1996-2007 tenía componentes orientados a una política de demanda tendiente a la eficiencia energética. Numerosos intentos de promover eficiencia a través de esos proyectos han sido poco exitosos, ya que el Banco ha operado con compañías de servicios de electricidad, que tienen pocos incentivos para restringir las ventas de electricidad.

Existen varias razones por las cuales en la cartera del Banco parece haberse hecho menos hincapié del que correspondía en proyectos de eficiencia energética a nivel del usuario final, y especialmente para proyectos orientados por políticas. El Banco ha llevado a cabo algunos proyectos exitosos e innovadores en materia de eficiencia, pero los incentivos internos de la institución los dificultan, ya que suele tratarse de operaciones de escala reducida, su preparación requiere tiempo de personal y financiamiento y pueden requerir la persistente participación de los clientes durante cierto número de años. En general, se tiende a dar más preferencia a las inversiones en generación eléctrica, que son visibles y fáciles de comprender, que a las inversiones en eficiencia, que son menos visibles y versan sobre el comportamiento humano más que sobre la ingeniería eléctrica, y cuya eficacia es más difícil de medir. El hecho de que en general no se lleven a cabo rigurosas actividades de seguimiento y evaluación refuerza la opinión negativa sobre las inversiones en eficiencia.

La Asociación mundial para la reducción de la quema de gas (GGFRP), establecida en el Banco, ha promovido el diálogo sobre la quema de gases, pero hasta la fecha ha resultado difícil evaluar el impacto que ha suscitado en esta última. El gas asociado (un subproducto de la producción de petróleo) suele ventearse o quemarse, sin provecho alguno, incorporando en la atmósfera más de 400 millones de toneladas de equivalente de dióxido de carbono por año, es decir, alrededor del 1% de las emisiones mundiales. La GGFRP, que es una asociación público-privada escasamente dotada de financiamiento, ha logrado llamar la atención sobre el problema, promover el diálogo, generar acuerdo en torno a un estándar voluntario sobre reducción de la quema y patrocinar útiles estudios de diagnóstico, pero sólo cuatro países miembros han adoptado dicho estándar. La GGFRP ha hecho hincapié en el financiamiento del carbono como remedio para la quema, pero la utilización de ese tipo de financiamiento a nivel de proyectos es un mero paliativo frente a fallas de políticas que exigen remedios más sustanciales.