Rolando Ames
I Relaciones Estado - sociedad: Antecedentes
del auge y la crisis sucesivas de dos regímenes políticos en 15 años.
1.
Las relaciones
Estado - sociedad en el Perú, están marcadas aún hoy, por la vieja historia, por los orígenes de la
República, cuando menos. Teníamos entonces ya la mezcla híbrida de pautas de
autoridad e instituciones coloniales con supervivencias prehispánicas. Es sobre
esa base que la importación de las instituciones del Estado republicano, añadió
otro elemento heterogéneo, que pasó a ser el formalmente dominante. Sin embargo
los grupos sociales eran distintos, en parte porque estaban más ligados a una
capa de normas y hábitos que a otras.
Así como el mestizaje físico era practicado aunque no
reconocido o prestigiado, el "mestizaje" o la hibridez institucional
que producía comportamientos poco conformes a la ley escrita, era, y sigue
siendo, analíticamente el hecho principal. (Dados los tiempos de cambio de los
procesos culturales es significativo que no sea fácil decidir usar el pasado o
el presente para referirse a este plano de la realidad). Las relaciones entre
los grandes estamentos sociales seguían pautas discriminatorias, según el poder
económico y cultural de las elites superiores blancas y criollas. Así, la
integración de sociedad y Estado en el Perú, era ya al comienzo del siglo XX,
la preocupación de una generación brillante de pensadores de distintas
orientaciones. Un aspecto central del
tema era entonces como resolver "la cuestión indígena".
2
El corto siglo
XX peruano, (que termina casi como el
mundial para Hobsbawm, en el 90 de Fujimori), estuvo marcado por las
llamadas "incursiones
democratizadoras", por las migraciones
de grandes capas de población en oleadas desde los años 20, con distinta
composición y magnitud, saliendo del
campo andino a las ciudades, a la costa
y a Lima. Esas capas de sectores medios
y populares se hicieron sentir en la política, tendieron a tener lo que se llamó
una posición "antioligárquica" y nacionalista, aunque hubo por supuesto, sectores que respaldaron
el mantenimiento del orden y los hábitos a una autoridad vertical tradicional.
Como en países vecinos, se originaron partidos
"nacional populares", el Apra el principal, que canalizaban a los sectores emergentes; hoy podríamos
decir que buscaban el poder político "empoderando socialmente" a los
grupos que convocaban. Estos partidos, y durante el peculiar gobierno del
General Velasco, el Estado, jugaron entonces el papel mediador central en esta mayor presencia de masas populares
en la política. Se produjo así un
encuentro Estado - sociedad, que las dirigencias políticas no sabrían culminar.
Estado y sociedad se fortalecieron relativamente sobre el piso de una
industrialización sustitutiva tardía y parcial.
Las organizaciones y redes de los propios sectores
migrantes emergentes surgieron para su sostenimiento cotidiano, actuando en diversos planos. Y se organizaron como
gremios laborales o asociaciones vecinales en relación con los partidos con
grados de autonomia distintos, pero no desdeñables. Un analista escribía a
comienzos de los 90, sobre esta experiencia personal y colectiva de salir del
campo andino a la ciudad, como un proceso fundante de "otra
modernidad", de otra cultura.
3
El Perú actual
está procesando el trauma del auge y el colapso no sólo del régimen de Fujimori
- Montesinos, sino aún el de aquel régimen democrático y de los partidos
políticos que lo sustentaron. A mediados de los 80, ese régimen era muy
inclusivo en lo político y lo social, si uno mira a los sectores organizados. Las transformaciones
autoritarias pero inclusivas del régimen militar de Velasco Alvarado, habían sido procesadas por una asamblea
constituyente en 1979 y se habían elegido ya dos gobiernos civiles. En la
debacle de los 80, tuvo mucho que ver la inseguridad que produjo en la
población el surgimiento de Sendero Luminoso, grupo sin precedentes políticos,
guerrerista y vertical, desde el fondo
de las regiones andinas más atrasadas y tradicionales. La opción por una
represión indiscriminada propagó en lugar de suprimir el fenómeno.
El otro factor fue una hiper inflación con recesión
que quebró la economía nacional y las propias finanzas públicas. Ella fue
precedida por la estatización de la
banca que enfrentó al Gobierno de García con todo el empresariado y luego
- por el tema del no pago de la deuda
externa, sin negociación previa - con los actores económicos externos. Al desgaste del Apra, se sumó el de la
derecha democrática que había planteado por primera vez con fuerza masiva un
mensaje liberal pero que fue vista como "el grupo de los ricos" por
su exceso de propaganda en TV para las elecciones del 90 y su respaldo a un
ajuste económico radical. Por su parte la ruptura de un frente de izquierdas -
que hizo coincidir partidos marxistas vanguardistas con un movimiento social
muy amplio - y que era una opción de gobierno aún el 89, completó la
decadencia. La frustración de todos los sectores sociales con sus partidos de referencia tuvo que ver
directamente con la elección del outsider
Alberto Fujimori. La era de los partidos fuertes e ideológicos, se cerró
en un desprestigio profundo.
4
Desde entonces
y sobre todo desde 1992, con el autogolpe y la captura de Abimael Guzmán, se
empezó a montar otra forma de relación política Estado - sociedad. Las Fuerzas Armadas acaban
de declarar públicamente en este 2001, su rechazo a ese autogolpe que se
justificó como indispensable para derrotar a Sendero Luminoso e imponer la
economía de mercado. El fue en la realidad parte de una estrategia de
concentración autoritaria del poder por la cúpula del régimen asentada
directamente en las instituciones militares. El liderazgo político victorioso actuó
pues sobre el derrumbe de las mediaciones anteriores, que se preocupó en
acentuar.
Los costos de todo lo ocurrido políticamente al
comenzar la década eran ya dramáticos:
el país había regresionado: de una pobreza del orden de 35 % en 1985,
aumentándola hasta el 51 % en 1991 y la miseria alcanzó casi el 20 %. El tejido social popular autónomo, que llamó
la atención poderosamente a expertos de fuera, estaba muy debilitado. Formas de
resistencia extrema como las rondas campesinas frente a Sendero, y las
organizaciones de mujeres para la auto ayuda alimentaria crecieron en medio de
la crisis, pero en un contexto donde no tenían ya nexos políticos para incidir
a su favor en las decisiones centrales de la política económica.
5
Los éxitos en
contener la hiperinflación y la guerra le dieron un gran crédito político al
nuevo Gobierno. Ellas habían producido una
inseguridad cotidiana extrema, cuya superación significó por tanto la
experiencia también intensa del alivio. La responsabilidad de lo pasado quedó
en el debe del régimen anterior. Se legitimó así por referéndum en el 93 una
nueva constitución. Luego, el crecimiento económico fuerte hasta el 96, consolidó el apoyo electoral y permitió la
primera reelección, el 95, con un margen claro de ventaja.
El contexto internacional, marcado entonces por las
medidas de desregulación del llamado Consenso de Washington, hicieron pensar a
muchos que el Perú había tomado la iniciativa al avenirse a un supuesto único
modelo de desarrollo posible. Algunos
sectores pensaron que a partir de su segundo gobierno Fujimori iniciaría las
reformas de segunda generación y transitaría hacia la plena democracia
política. En todo caso la débil capa de actores e institucionalidad, post 92,
no encontró ni dentro ni fuera, actores fuertes, convencidos de los riesgos de
esa alternativa.
Las relaciones Estado sociedad pasaron así de estar
centradas en el rol de los partidos, a la burocracia estatal para las políticas
sociales masivas. Esta mediación se asoció sin embargo a la imagen autoritaria
pero cercana y protectora del Presidente Fujimori. Allí sí hubo política autoritaria intensa. Esta cercanía tuvo su
eje en las visitas frecuentes a las zonas pobres del campo y las ciudades, y a
su proyección permanente a través de los medios de comunicación, especialmente
de la TV. El Perú a mediados de los
90s, parecía otra vez poseer una forma política eficiente, funcional esta vez
al escenario mediático que es el eje de
los espacios públicos en todo el mundo. Desde el criterio entonces dominante
internacionalmente de austeridad fiscal y apertura económica la bendición cayó
sobre el gobierno.
Los observadores críticos y la débil oposición
parlamentaria, que acabaron teniendo la razón, señalaron sin embargo desde el
comienzo que el carácter técnico y la austeridad fiscal del régimen era sólo
una de sus caras. La otra alentaba el crecimiento del gasto militar y del
sector interior, el secreto en el manejo del Gobierno, el maltrato no sólo del
Parlamento, sino del Consejo de Ministros. El afán de control de instituciones
diversas comenzaba a aparecer. El cuidado particular a la imagen mediática del
caudillo hacía presagiar la intención de la segunda reelección. Cuando en 1997, ella se hizo visible,
recomenzó la conflictividad en torno a la legitimidad democrática del régimen.
Un poder cada vez más hermético iba cooptando por cualquier medio las
instituciones públicas del Estado y la sociedad. Se hizo presente entonces una reacción democrática de nuevo
tipo en la sociedad civil. El precio de este nuevo derrumbe era sin embargo
otra vez muy alto, el país estaba materialmente muy mal, sin norte y con
actores públicos debilitados. La miseria se ha estancado en un 14 % y la pobreza ha avanzado hasta el 54 %.
II Esbozo de problemas en la relación Estado
sociedad en los noventas.
Se señalan perfiles de algunos asuntos relevantes
para el tema del Taller
1.
Seguimos
primero, con problemas que se dieron en el plano propiamente político. Perú
comprueba la hipótesis que un Estado débil puede evolucionar hacia un mayor
empoderamiento de los poderosos. (Acuña) Eso es lo que ocurrió al comenzar la
década. Fujimori al percibir que los partidos habían perdido fuerza y que la
mayor parte de la sociedad, incluídos los pobres, aprobaban sus medidas de
drástico ajuste, optó por un acuerdo de poder restringido a los grupos más
poderosos del Estado, los militares, así como a los del mercado y a los del
mundo internacional. Esa medida, que quizás no tenía muchas alternativas
entonces, no dio lugar a ninguna ampliación posterior.
2.
La
falta de fuerza de una política democrática opositora más articulada a la
sociedad. En diversos momentos el electorado estuvo cercano a alternativas de
oposición. De modo visible en el referendum del 93 y también en momentos de la
campaña del 95, así como en las tres elecciones municipales de la década. Sin
embargo el peso mucho mayor del Poder Ejecutivo facilitó el
triunfo de Fujimori - Montesinos.
Además ellos contaban con
mayoría parlamentaria propia en su segundo gobierno. Hay sin embargo responsabilidad parcial de los opositores, de haber quedado
presos en su reclamo democrático en los espacios institucionales en que tenían
representación. No entraron al terreno de la atención social a la pobreza que
fue monopolizada por el régimen. No
encontraron un puente, sin duda difícil entre este plano y la política.
Así Fujimori apareció más preocupado de los problemas concretos de
sobrevivencia. Es clave recalcar también el manejo privilegiado y hábil de lo
mediático que el Gobierno supo realizar, situándose así en este aspecto mejor
también que sus opositores.
No sería justo no acompañar esta
constatación con otra que la contextúa. El impulso legitimador que recibió
Fujimori tanto por sus éxitos objetivos internos, como por los criterios
principalmente tecnocráticos con los que era evaluado fuera, le dio aliento
hasta bien pasada la segunda reelección. Además la hondura de los cambios
globales en rápida expansión, implicaban cambios políticos más fáciles de asumir
por quien estaba en el poder y percibía de inmediato la potencia de la
comunicación por imágenes y las mutaciones culturales que ella expresa y
acelera, con todas sus consecuencias políticas.
3.
La
deslegitimación intencionada de la oposición a las políticas básicas del
Gobierno en nombre de la sospecha de
alianza con el terrorismo. Esta amenaza impactaba sobre los sectores populares
y los jóvenes. La importancia de la victoria sobre Sendero, la escenificación
de la toma de la Embajada del Japón, etc mantuvieron siempre latente la amenaza
de recrudecimiento del terrorismo y la necesidad de cerrar filas contra él,
pese a que se lo sabía derrotado. Este clima redujo la agenda política nacional
en debate y la intensidad de éste.
4.
Perú,
fue así en Latinoamérica un caso extremos de despolitización. La democracia se
vació de contenido y el país dejó de plantearse y deliberar sobre objetivos de
Estado, distintos de los del gobierno de turno. El discurso tecnocrático que
consideraba que en materia de política económica, no había ningún asunto
sustantivo en debate y que separaba además drásticamente política económica de
política social, complementaron quizás incluso sin desearlo, el discurso
político excluyente, antes señalado.
5.
El
conjunto del aparato político militar y de inteligencia que controló el
Ejecutivo y a fines de los 90 todos los otros poderes del Estado, es ahora públicamente conocido. Los videos han
registrado en vivo, los actos de la más extrema corrupción política. No es
necesario decir más. El caso del Perú de Fujimori y Montesinos sólo pueden
servir como contra modelo de alerta para toda la comunidad democrática mundial.
6.
Fuera
del campo estrictamente político, el
Perú de la mayor parte de la década mostró los costos del debilitamiento de la sociedad
civil. La falta de actores que
intervinieran y vigilaran lo que ocurría en la escena pública y la complicidad
o el silencio de muchos otros. Cuando este factor cambió, el piso del régimen
autoritario empezó a ceder y se abrió el espacio para la democratización
política. Este proceso reciente ha sido
felizmente simultáneo con el cambio de sensibilidad internacional, sobre la
democracia y el replanteamiento de las responsabilidades que ella implica en
las hiper complejas sociedades contemporáneas.
7.
El
enfoque de la lucha contra la pobreza durante la década, bajo la influencia de
las orientaciones predominantes, enfatizó la dimensión asistencial y la
económica dando atención a algunos
aspectos productivos y a la dotación de infraestructura básica. Ellos
son sin duda criterios válidos pero no son todos los que hacen falta. Los
proyectos concentraron la comprensión de la participación y la capacidad
organizativa de las poblaciones destinatarias, en los aspectos de la ejecución
de los programas, y sólo escasamente en su definición previa. La capacitación
específica y puntual reemplazó los procesos educativos de más largo plazo y
cuya eficacia fue puesta en duda. No se tuvo en cuenta dimensiones que hoy vuelven a aparecer centrales como la
ubicación de las políticas sociales en el contexto de los procesos económicos y
menos aún la dimensión política de la pobreza y la atención a las relaciones de
poder que pone en juego su superación.
8.
La
organización estatal de esta lucha contra la pobreza se supeditó centralmente a
los intereses políticos de un Presidente que escogió este tema como eje de una
actividad pública que lo presentaba siempre en acción. Los programas están
colocados en Ministerios diversos de manera formalmente caótica. Sin embargo
hay evidencias de que tal organización
era eficiente desde el punto de vista del equipo de control político que estaba
a cargo de ellos y de una supervisión presidencial, ejecutivamente asociada a
la estructura militar por su presencia en todo el país. El celososo Vice
Ministerio de Hacienda, guardián del equiulibrio fiscal, sabía bien quienes
decidían efectivamente en estos temas, a quienes había que decir que sí.
La coordinación no operaba pues a
través de los Ministerios, sino de las redes políticas de acción directa de la
cúpula. Dentro de esa lógica, había una preocupación directa por restringir la
posibilidad de gasto de las instancias dirigidas por opositores como muchos
Municipios. Todo se repartía, cuando no por las manos, en nombre del
Presidente, el gran protector. Medidas positivas en sí, como la de un
suplemento a los presupuestos municipales de los distritos pobres no tenían una
lógica de organización pública descentralizada sino de conveniencia política.
Repartir algo de poder entre los muy pequeños, beneficiaba finalmente al poder
central. Los espacios intermedios y sus liderazgos eran en cambio dejados en el
vacío. Este fue el sentido de mantener
en funcionarios nombrados, el reemplazo de algunas funciones de los gobiernos
regionales antes electos. Finalmente
las posibilidades de corrupción en la compra de los bienes distribuidos se
facilitaba de hecho dentro de esta estructura. Las denuncias ya son numerosas,
pero obviamente deben estar sometidas a investigación imparcial.
9.
Por
todas estas razones, es importante poner en el centro de la discusión, como se
hace en este taller, la noción de empowerment, tanto en su aspecto objetivo y
colectivo: la posibilidad de acceso a los espacios de toma de decisiones, la
forma en que ellas se procesan, así como en la dimensión subjetiva e individual
de capacidad o no de experimentar el ejercicio de la libertad por los
destinatarios. La noción es ambiciosa, compleja y polémica en diversos
sentidos, pero a nuestro juicio, es saludable que el Banco Mundial la haya
puesto al debate.
10.
Esta
revisión de criterios para reconocer a los seres humanos, con todas sus dimensiones detrás de la etiqueta de pobres, aparte de recoger la conciencia
contemporánea sobre los contenidos más amplios de la democracia, ocurre además
como resultado de la evaluación internacional sobre los resultados económicos
de la década. Ello es particularmente importante de asimilar en el Perú de hoy.
En efecto, la legitimación de los equilibrios macro económicos necesarios para
una sana economía de mercado, se benefició, pero se distorsionó también aquí
por el contexto del régimen que tuvimos. Así, muchos expertos y líderes
políticos se han acostumbrado a la idea que el beneficio para el país de toda
inversión productiva o transacción financiera y de toda restricción del rol de
Estado, no necesitan ser demostradas. Las constataciones sobre el aumento de la
desigualdad, el crecimiento del desempleo y la violencia urbana, el
estancamiento en la reducción de la pobreza, son asuntos elementales, que requieren
recuperar su lugar en la agenda pública nacional. Ubicar al país en la
globalización, requiere de una información veraz sobre los problemas que tienen
los procesos globales contemporáneos. La evolución en la posición del Banco
Mundial sobre el Estado primero (1997) y luego sobre la sociedad civil y el
empoderamiento (2000-2001) resulta para el Perú post fujimorista de particular
importancia.
11.
Finalmente
el resultado de la década en términos del aumento de la pobreza, de lo que
llamaremos una tendencia a "rehabituarse al autoritarismo" y a las
relaciones de clientela, deja una
herencia muy difícil para construir democracia. Fujimori se proclamaba él mismo
un gerente y sin duda no se interesó nunca en practicar la noción occidental de
ciudadanía. El tenía clientes de servicios sociales y los atendía buscando que
quedaran ligados a su establecimiento. Ahora una población cuya mayoría depende
del Estado para satisfacer alguna necesidad básica que en tres cuartas partes
no tiene buenos empleos en el sector moderno, es una población que
probablemente no va a mirar el color ni la forma del salvavidas que le
extiendan para sobrevivir, como lo comentaba un experto amigo,. Si, como
creemos eso es cierto, la alternativa autoritaria está latente, pese a que hayamos comprobado que no permite evaluar ni vigilar
las políticas y los comportamientos de las autoridades y las elites
públicas.
El dilema y también la oportunidad
que tenemos por delante es aprovechar la lección de la debacle autoritaria para
alentar procesos democráticos muy consistentes, capaces de evitar una tercera
frustración consecutiva de un régimen político. Ellos deberían atender a crear
relaciones democráticas en el trato cotidiano y en todos los aspectos públicos
de las relaciones en la sociedad civil y en el mercado, no sólo en la
institucionalidad política. Lo más positivo, es que en estos últimos meses, el
proceso político y social, ha avanzado de manera casi sorprendente en esa
dirección. Si la sociedad clamaba
por orden a fines de los ochentas, ahora ha terminado los noventas
reclamando democracia. Esto es importante, aunque con el término se entienda
cosas diversas o se expresen aspiraciones aún imprecisas.
III LAS EXPERIENCIAS INEDITAS DE ESTE PERIODO DE
TRANSICION Y NUEVAS PERSPECTIVAS AL FUTURO.
1.
El
proceso de activación de núcleos democráticos de la sociedad civil, empieza el
97. Jóvenes, mujeres, artistas e intelectuales, movimientos regionales,
sectores laborales y de pequeños empresarios urbanos y agrícolas, que habían
resistido en solitario las políticas de la década, salieron a la acción
pública. Y desde la política tomó forma la denuncia de la ilegitimidad del
proceso electoral controlado, para alcanzar la segunda reelección en abril del 2000. La carga ética de las movilizaciones
de los últimos meses y su pluralidad son pues un elemento a retener y cuyo
alcance puede ser importante para el replanteamiento democrático de la vida
pública.
2.
Lo
sustantivo es que el Gobierno de Transición del Presidente Paniagua, ha recogido
el espíritu de esta demanda ética inédita. Inédita porque abarca sentimientos
más individualizados, más liberales, pero asociados a una demanda de equidad
social. De este modo ella convierte en asunto de interés masivo declarado, por
primera vez en estos términos, una
democracia política, social y cultural, que se asocia más al diálogo
veraz entre los distintos que a una cerrazón en la reivindicación propia.
3.
Por
otra parte ha tenido un efecto particularmente saludable para el país, ver en 8
meses un cambio político drástico. El despliegue de un gobierno basado en un
gabinete de primera calidad, con un parlamento finalmente razonable para
facilitar la transición pese a venir de las elecciones distorsionadas del 2000;
con una competencia electoral precaria en propuestas y cortoplacista pero
finalmente limpia y asumida muy constructivamente por los perdedores. La figura
del Presidente quien ha resumido en su espontaneidad sobria y discreta la
imagen de un Gobierno sometido rigurosamente a la ley. Tener en la cárcel a
decenas de miembros de las elites políticas, militares y empresariales y bajo
investigación a muchos otros, pese a que el fujimorismo se ha presentado
libremente a elecciones, resume el momento de un país que mostró que bajo la
corrupción, existían en la sociedad energías sanas, que parecen haber
despertado como reacción. Finalmente la autocrítica pública de las Fuerzas
Armadas, el compromiso de grupos y figuras empresariales con iniciativas
democráticas y anticorrupción, completan un cuadro sin duda incompleto y que
puede ser circunstancial, pero que no por ello es menos valioso en sí
mismo.
4.
Una
inquietud actualísima es por eso en el Perú de hoy, preguntarnos sobre si los
signos de fortaleza mas bien circunstanciales y simbólicos que han permitido
esta primavera democrática, se podrán consolidar, cuando un Gobierno ya no de
transición, asuma el mando en pocos días más. ¿El clima interno de madurez
democrática será comprendido y valorado por los poderes de hecho de dentro y de
fuera?. ¿Cómo administrará el Gobierno
de Alejandro Toledo, el encuentro de esos intereses distintos en torno a sus
políticas y sus formas de gobernar? Esta pregunta remite al complejo análisis
de las relaciones de poder en los diversos campos de la política, la sociedad y el mercado que se están
desarrollando en este Taller. Y a la importancia de una opción democrática más
coherente por parte de los gobiernos, los organismos multilaterales de
desarrollo y todos los actores internacionales, que en los términos del mundo de
hoy, son también actores internos. En
cuanto a los nacionales, pareciera que están sanamente alarmados todos por los
niveles de pobreza, de desempleo y corrupción. Ello podría facilitar la
institucionalización de mecanismos de diálogo democrático, en la política, en
la sociedad y entre ambas. No es necesario, es sólo posible.
5.
En
este contexto tan reciente, la promoción de la inclusión, la lucha contra la
pobreza y la construcción de la democracia desde los espacios locales y
regionales, está tomando nueva fuerza y abriendo otras vías institucionales de
relación Estado - sociedad civil popular. Forzamos aquí una síntesis arbitraria
e incompleta, partiendo de las Mesas de Concertación para la lucha contra la
Pobreza, iniciativa de diálogo horizontal y acción conjunta entre funcionarios
del Estado y representantes de la sociedad civil, convocada por el Gobierno de
Transición en enero, a través de los varios Ministerios involucrados. Existe ya
al nivel nacional, departamental, en muchas provincias y algunos distritos.
§
Se
puede constatar allí la coincidencia de dos aspectos complementarios e
interesantes: los dirigentes sociales plantean demandas específicas y viables,
filtradas ya según la información estatal recibida sobre recursos, iniciativas
etc. El realismo de los pedidos se acompaña sin embargo de la demanda de que la
gestión pública de esas políticas, pueda ser descentralizada, o al menos
evaluable, "monitoreable" desde los espacios regionales y locales. La
descentralización no se plantea en este enfoque separada u opuesta a los
procesos nacionales de conjunto, sino como parte de ellos. Es quizás expresión
de la voluntad más bien de ser reconocidos y asumir la relación con el Estado,
como una institución propia en tanto
ciudadanos.
§
Interés
en formular planes de desarrollo de la circunscripción, como asunto común a
Estado, sociedad civil y actores económicos.
§
Fortalecimiento
de los actores locales e interés en su coordinación a partir de esta
experiencia de diálogo con el Estado. Una red de ONGs de desarrollo, (CONADES)
ha asumido la voluntad de ser un espacio de encuentro de los actores
especializados en los diversos asuntos de la calidad de vida, propiciando un
lugar de encuentro descentralizado a todas las otras redes.
§
La
Mesa como tal, ha propuesto un sistema de diálogo y concertación nacional
sociedad civil - Estado. Es importante y ha ocurrido hace 3 días, que el
Gobierno ha aprobado que una dirección de
Gestión Interministerial de la Presidencia del Consejo de Ministros,
actúe como secretaría técnica de la Mesa y ésta a nivel nacional, se vincule
directamente con el Consejo Interministerial de Asuntos sociales que estaba
desactivado y que entendemos que el nuevo Gobierno coincide en querer
alentar.
§
Coincidencia
en esta nueva aproximación democrática a la participación o coordinación con la
gestión pública y su vigilancia, con la decisión del Gobierno de Transición de
colocar en su portal en la red, (Internet) el Sistema Informatizado de
Administración Financiera, (SIAF)
que permite seguir teóricamente todo el gasto público en tiempo real. De
este modo podrían tenerse núcleos sociales
fiscalizando las opciones de gasto de todo el aparato público. Se conversa con el Ministerio de Economía la
factibilidad técnica favorable de organizar el presupuesto nacional en
presupuestos departamentales. Ello
debiera inducir a la apertura de la información presupuestal a las
instituciones de la sociedad civil que reciben ayuda externa para políticas
sociales.
§
En
este paquete cuya ordenación es arbitraria, se puede ubicar también la
posibilidad planteada por el nuevo gobierno de elegir democráticamente a fines
del próximo año, la autoridad máxima de los departamentos, como los espacios ya
demarcados y legítimos que permitan ir progresivamente hacia gobiernos
regionales. En todo este proceso estoy
omitiendo la actividad de redes de Municipios comprometidos en políticas de
concertación y más ampliamente, el tema
de la coordinación al nivel local de Municipios e instancias del Gobierno
central.
§
Finalmente
en esta posible nueva forma de encuentro entre sociedad civil y Estado cabe
citar la importancia de la Ley de Transparencia Fiscal y, que después de años de satanización de la
noción de planeamiento, el Vice Ministerio de Economía, haya publicado hace un
mes, un "Marco macro económico multianual", 2002-2004, que
aún no tiene valor obligatorio, pero que avanza a proveer de objetivos de
mediano plazo, a un Estado que se ha dado el lujo de vivir años sin tenerlos
realmente. Es revelador que en la introducción que fundamenta el documento, ese
marco afirme que frente a la magnitud de los retos de la pobreza y el
desempleo, "hace falta una actitud
adecuada de toda la sociedad, expresada en decisiones y acciones de mediano
plazo". Y que termine ese primer párrafo así: "Por el contrario, una
actitud negativa o una pasiva... puede llevar a un fraccionamiento de la sociedad, al crecimiento de la violencia, la
pobreza y la exclusión social, haciendo ingobernable nuestro sistema
democrático". El final es elocuente y pertinente creo para esta
exposición.
Me disculpo por lo injusto de una
enumeración que omite muchas otras iniciativas recientes del Estado y la
sociedad civil, dignas de encomio y de análisis. Me remito a que me tocó a mí
sólo trazar rasgos de contexto.
El tema de la LCP es un tema
integral que debe tener incidencia en las políticas nacionales y en los
espacios y en las vidas cotidianas comprometidas en esta dura experiencia
humana. Los trabajos que se desarrollan por las Iglesias, las ONGs, las
instituciones del propio Estado, tienen el valor inestimable de ayudar a
mejorar la calidad de vidas concretas, incambiables. Por mucho tiempo en un
país y en una economía como la peruana hoy, no será posible a grandes capas de
la población sobrevivir sólo con su propio esfuerzo. El que la ayuda sea ocasión de diálogo horizontal entre promotor
y receptor, el que se practique sentido de ciudadanía compartida, es quizás lo
más importante de todo y aquí sólo puedo dejar constancia de ello. La
valoración de la experiencia subjetiva, de las capacidades, de la identiudad de
mujeres, hombres. Jóvenes y niños, de nuestros pueblos, es la condición
cultural, sin la cual, ningún logro democrático o de desarrollo será sostenible
seguramente.
Pero está claro que hay también
necesidad crucial del impacto de esas experiencias democráticas de base en los
procesos macro económicos y sociales. De lo contrario pueden seguir quedando
arrinconadas, sin cambiar situaciones que juegan objetivamente en su contra,
marcadas por intereses distintos. Lo más importante de lo que he descrito
recién es que muestra la factibilidad de procesos racionales y específicos en
esa dirección. El enfoque del empowerment y los contenidos a los que alude,
debieran convocar a diálogos en común a
los actores de la macro economía y a los de las políticas sociales. No sólo
debiera tratarse de conseguir apoyos, sino de dilucidar intereses, incluso
conflictos, pero de tener la posibilidad de abordarlos institucionalmente. No
es otro el sentido de la democracia política.
De allí la importancia trascedental
para el futuro de lo que hagan los actores políticos sobre todo los que ya
tienen representación parlamentaria. Sólo cabe ahora mencionarlo
explícitamente. De sus decisiones dependerá el rumbo que tome este nuevo
comienzo político en el Perú. Lo que es ya claro que la necesidad de tener
agendas de país, capaces de dar sostenibilidad a los procesos de largo plazo,
supone la interacción con iniciativa pública de los diversos actores de la
sociedad civil y de los gremios empresariales. Una década de debilidad de
actores y de antipolítica, ha diluido en el país los objetivos comunes, los
espacios de diálogo plural, el hábito de forjar consensos entre distintos. Es
saludable que esta revalorización de la política por parte de actores
internacionales como los organismos multilaterales ocurra ahora. Hay que hacer
votos porque este compromiso democrático, que debe interpelar el rumbo de
varios procesos globales continúe y se profundice.
Lima,
julio 2001.
La opción por la noción de empoderamiento para el
desarrollo inclusivo significa que se re-legitima el conflicto social como
riesgo inherente a la expresión democrática en sociedades modernas y complejas.
Salimos de un autoritarismo flexible pero potencialmente
totalitario, en regímenes que como el de Fujimori, identificaron la existencia
de un modelo abstracto, cuya concreción ellos definían, como requisito para el
crecimiento económico. Por tanto, a cambio de un paternalismo social y una
manipulación política, cooptaron los procesos electorales y la fachada de
instituciones democráticas, reproduciendo viejos procedimientos en nuestros
países. Quien discutía ese modelo económico y político eran aliados del
terrorismo. Fujimori cooptó a la Fuerza Armada a ese modelo. Hoy hay un
saludable replanteamiento.
La opción por esta visión, implica también reconocer
que los resultados de la década han sido negativos social y nacionalmente y que
se han producido monopolios y distorsiones en el propio funcionamiento del
mercado. Se acepta que en nuestros países la inclusión en el mercado, implica
medidas específicas que deben tomar los poderes públicos.
Aunque los OO MM de D acepten seguir jugando en los términos de una
economía social de mercado. El punto es que ella no implica aceptación de
imposiciones de actores fuertes o monopólicos, en nombre de una libertad de
mercado, mal entendida como la existencia de un coto cerrado a la vigilancia
pública, estatal o social.
Hay que partir de que el debate intelectual mundial,
a comienzos de esta década lleva a reconocer una situación y tendencias
negativas serias para los países pobres. Es ya claro que no estamos en el
tiempo del consenso de Washington y que vuelve la inquietud por la viabilidad
misma de nuestros países. (cf Emb De
Rivero y libro del Embajador Alzamora). Precisamente el cambio
progresivo del BM desde el 97 y su énfasis último en Davos (CITA), son
elocuentes al respecto.
Es en este marco que tenemos que juzgar la situación
de nuestros países. Dureza del fracaso de Fujimori, que incluso no siguió la
segunda etapa del proceso de reformas. Y las crisis económicas internacionales,
hicieron trizas los pasos positivos que se habían logrado. Ello tuvo que ver
con que no se armó un proceso de crecimiento interno con objetivos nacionales
que apuntara hacia objetivos sostenibles.
Hay pues una dimensión del macro crecimiento
económico que requiere tomar en cuenta las demandas de los actores nacionales,
desde los empresarios hasta los pobres. Hay que ligar estrategias de
crecimiento económico con objetivos nacionales y con políticas sociales. Hay
que basar todo en relaciones ciudadanas universales, aún con los pobres
dependientes.
Los cambios de perspectiva en curso sólo tendrán
sentido en este marco. Y allí, entonces los nuevos enfoques sobre democracia,
capital social, desarrollo humano, empowerment, obligan a un replanteamiento no
sólo de las políticas sociales. Hay que proyectar a la opinión pública, a los
medios y a la política nacional, la signficación y el conjunto de los alcances
de políticas democráticas integrales, con su dósis de debate por afirmar el
papel de la democracia en el orden mundial global.
Y en una época e
que la política juega en términos de democracia de lo público y el conjunto de responsabilidades que de ello se
derivan. .
PONENCIA PARA
BANCO MUNDIAL.
I Las relaciones Estado - sociedad en el Perú
y otros factores contextuales.
II Descripción general del caso peruano
§
Principales objetivos para la
redefinición del Perú y la democracia, visión y concreciones esperadas.
§
Diferentes etapas del proceso.
§
Roles jugados por diferentes
actores.
§
Inversión en construcción de
capacidades y acceso a la información que fuese necesaria.
§
Los resultados en términos de:
§
Impacto sobre desarrollo inclusivo
(reducción de la pobreza, targeting y sostenibilidad)
§
El empoderamiento de los pobres.
III - Análisis
en profundidad del caso peruano a la luz de los desafíos y las tensiones de la
democracia, participación y empoderamiento.
________
Proporcionar
insumos para discusión posterior sobre:
Incrementar la
participación / inclusión.
" " la
transparencia e información.
Apoyar la
capacidad de los grupos de la sociedad civil para la acción.
Incrementar la
capacidad de dar cuenta de la instituciones estatales y no estatales a los
ciudadanos.
________________
-
Es
en este contexto sin embargo que es necesario valorar la relegitimación del
conflicto social democrático, implícito en la adopción por 00 MM de D, de la noción de
"empwmt". Tuvimos un
implícito totalitario, agitado siempre en la sombra por el fujimorismo: Objetar
"el modelo" (pol y econ) era igual a alianza con el terrorismo.
-
Si
el diagnóstico es que la década ha producido nuevas formas de exclusión y una
debilidad material profunda para el ejercicio de la ciudadanía, entonces las
formas de práctica de democracia sólo en la base, sólo en el ejercicio de las
políticas sociales, se revela como radicalmente insuficiente.
-
Los
liberales dicen que Fuji solo falló por autoritario, no reconocen que también
por tecnócrata.
-
El
reto es el de un comienzo desde trato ciudadano entre desiguales.
La simplificación en torno a un modelo de
crecimiento económico. La separación de la lucha cp del conjunto de la política
económica., sobre el supuesto que el efecto goteo sería automático.
La ceguera de ver sólo el aspecto técnico de
las cosas. Vivimos en efecto una década de antipolítica. El terrorismo con el déficit fiscal y el
populismo.
Por eso es tan
saludable relegitimar el tema del poder, el de la sociedad civil, el de las
responsabilidades compartidas sobre lo público, por los actores del mercado, de
la sociedad civil y de la política.
Significación
positiva en el Perú, de esta puesta en exposición de la necesidad de equilibrar
las relaciones de poder y de la relación empwmt y modelo de crecimiento.
______
Como se
comprueba hoy que hacen falta objetivos de país. El emparejamiento con el
cambio de contexto de OO MM y BM (Del Estado a la necesidad de equilibrios de poder desde la sociedad
civil.
__________
Las reacciones
democráticas de nuevo tipo. El periodo de transición.
Aquí iría el
debate actual sobre los 4 problemas sobre los que discutir.
____________
-
Sin embargo se descalifica la
relación con asociaciones representativas o gremios, justificándolo en
debilidades representativas exageradas.
-
Una población muy golpeada se vuelve
más dependiente y además entra aquí el componente de una democracia de lo
público que genera un nuevo escenario y nuevas prácticas comunicativas. En
ellas el régimen se mueve mejor que la oposición política. Fuji reclama el
monopolio de la atención a las necesidades, porque su politización del Estado,
le hace posible esta relación "propia" vía una burocracia supervisada
por inteligencia y respaldada directamente por FF. AA muy importantes dentro de
la burocracia estatal.
-
Como la reforma del Estado, es un
saludo a la dimensión moderna y al peso de los OO MM pero es muy encapsulada
("burbujas") y sometida a la lógica política del régimen.
-
La presencia de sociedad civil
democrática popular y de promotores de sectores medios es vigorosa en núcleos y
campos de acción específicos.
-
Los nuevos pobres antirégimen que
resisten reivindicativamente. Las organizaciones populares con margen de
autonomía, mas bien escasas?. ...
-
En conclusión, las mayorías apuestan
a los términos del modelo económico y del proyecto político, a que
"gotee". Fuji ensaya esta
mecla de neoliberalismo autoritario y paternalismo ídem, pero lo trata de
encajar a un proyecto de perpetuación cada vez más estatista y manipulador. Es
elocuente la importancia de las FF.AA., pero el descubrimiento de los MMs, en
palabras de un testaferro de Montesinos.
-
La separación radical política
económica - política social y su vínculo profundo con el modelo político
autoritario.
-
Es esto lo que ha quebrado y otra
vez, desde el vacío, empezamos de 0. Los 2 fuertes prófugos, uno detenido ahora
y el drrumbe y la corrección democrática de parte de la bancada en desbandada.