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CONTEXTO POLÍTICO Y SOCIO-ECONÓMICO DEL PERÚ.

Rolando Ames

 

I   Relaciones Estado - sociedad: Antecedentes del auge y la crisis sucesivas de dos regímenes políticos en 15 años.

 

 

1. Las relaciones Estado - sociedad en el Perú, están marcadas aún hoy, por la vieja historia, por los orígenes de la República, cuando menos. Teníamos entonces ya la mezcla híbrida de pautas de autoridad e instituciones coloniales con supervivencias prehispánicas. Es sobre esa base que la importación de las instituciones del Estado republicano, añadió otro elemento heterogéneo, que pasó a ser el formalmente dominante. Sin embargo los grupos sociales eran distintos, en parte porque estaban más ligados a una capa de normas y hábitos que a otras.

 

Así como el mestizaje físico era practicado aunque no reconocido o prestigiado, el "mestizaje" o la hibridez institucional que producía comportamientos poco conformes a la ley escrita, era, y sigue siendo, analíticamente el hecho principal. (Dados los tiempos de cambio de los procesos culturales es significativo que no sea fácil decidir usar el pasado o el presente para referirse a este plano de la realidad). Las relaciones entre los grandes estamentos sociales seguían pautas discriminatorias, según el poder económico y cultural de las elites superiores blancas y criollas. Así, la integración de sociedad y Estado en el Perú, era ya al comienzo del siglo XX, la preocupación de una generación brillante de pensadores de distintas orientaciones.  Un aspecto central del tema era entonces como resolver "la cuestión indígena".

 

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El corto siglo XX peruano, (que termina casi como el  mundial para Hobsbawm, en el 90 de Fujimori), estuvo marcado por las llamadas  "incursiones democratizadoras", por las migraciones  de grandes capas de población en oleadas desde los años 20, con distinta composición  y magnitud, saliendo del campo andino a las ciudades, a la  costa y a Lima.  Esas capas de sectores medios y populares se hicieron sentir en la política, tendieron a tener lo que se llamó una posición "antioligárquica" y nacionalista, aunque  hubo por supuesto, sectores que respaldaron el mantenimiento del orden y los hábitos a una autoridad vertical tradicional. 

 

Como en países vecinos, se originaron partidos "nacional populares", el Apra el principal, que canalizaban  a los sectores emergentes; hoy podríamos decir que buscaban el poder político "empoderando socialmente" a los grupos que convocaban. Estos partidos, y durante el peculiar gobierno del General Velasco, el Estado, jugaron entonces el papel mediador central  en esta mayor presencia de masas populares en la política.  Se produjo así un encuentro Estado - sociedad, que las dirigencias políticas no sabrían culminar. Estado y sociedad se fortalecieron relativamente sobre el piso de una industrialización sustitutiva tardía y parcial.

 

Las organizaciones y redes de los propios sectores migrantes emergentes surgieron para su sostenimiento cotidiano, actuando  en diversos planos. Y se organizaron como gremios laborales o asociaciones vecinales en relación con los partidos con grados de autonomia distintos, pero no desdeñables. Un analista escribía a comienzos de los 90, sobre esta experiencia personal y colectiva de salir del campo andino a la ciudad, como un proceso fundante de "otra modernidad", de otra cultura.      

 

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El Perú actual está procesando el trauma del auge y el colapso no sólo del régimen de Fujimori - Montesinos, sino aún el de aquel régimen democrático y de los partidos políticos que lo sustentaron.  A  mediados de los 80, ese régimen era muy inclusivo en lo político y lo social, si uno mira a los sectores  organizados. Las transformaciones autoritarias pero inclusivas del régimen militar de Velasco Alvarado,  habían sido procesadas por una asamblea constituyente en 1979 y se habían elegido ya dos gobiernos civiles. En la debacle de los 80, tuvo mucho que ver la inseguridad que produjo en la población el surgimiento de Sendero Luminoso, grupo sin precedentes políticos, guerrerista y vertical,  desde el fondo de las regiones andinas más atrasadas y tradicionales. La opción por una represión indiscriminada propagó en lugar de suprimir el fenómeno.

 

El otro factor fue una hiper inflación con recesión que quebró la economía nacional y las propias finanzas públicas. Ella fue precedida por la  estatización de la banca que enfrentó al Gobierno de García con todo el empresariado y luego -  por el tema del no pago de la deuda externa, sin negociación previa - con los actores económicos externos.  Al desgaste del Apra, se sumó el de la derecha democrática que había planteado por primera vez con fuerza masiva un mensaje liberal pero que fue vista como "el grupo de los ricos" por su exceso de propaganda en TV para las elecciones del 90 y su respaldo a un ajuste económico radical. Por su parte la ruptura de un frente de izquierdas - que hizo coincidir partidos marxistas vanguardistas con un movimiento social muy amplio - y que era una opción de gobierno aún el 89, completó la decadencia. La frustración de todos los sectores sociales con sus  partidos de referencia tuvo que ver directamente con la elección del outsider  Alberto Fujimori. La era de los partidos fuertes e ideológicos, se cerró en un desprestigio profundo.      

 

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Desde entonces y sobre todo desde 1992, con el autogolpe y la captura de Abimael Guzmán, se empezó a montar otra forma de relación política Estado - sociedad. Las Fuerzas Armadas acaban de declarar públicamente en este 2001, su rechazo a ese autogolpe que se justificó como indispensable para derrotar a Sendero Luminoso e imponer la economía de mercado. El fue en la realidad parte de una estrategia de concentración autoritaria del poder por la cúpula del régimen asentada directamente en las instituciones militares. El liderazgo político victorioso actuó pues sobre el derrumbe de las mediaciones anteriores, que se preocupó en acentuar. 

 

Los costos de todo lo ocurrido políticamente al comenzar la década eran ya dramáticos:  el país había regresionado: de una pobreza del orden de 35 % en 1985, aumentándola hasta el 51 % en 1991 y la miseria alcanzó casi el 20 %.  El tejido social popular autónomo, que llamó la atención poderosamente a expertos de fuera, estaba muy debilitado. Formas de resistencia extrema como las rondas campesinas frente a Sendero, y las organizaciones de mujeres para la auto ayuda alimentaria crecieron en medio de la crisis, pero en un contexto donde no tenían ya nexos políticos para incidir a su favor en las decisiones centrales de la política económica.      

 

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Los éxitos en contener la hiperinflación y la guerra le dieron un gran crédito político al nuevo Gobierno.  Ellas habían producido una inseguridad cotidiana extrema, cuya superación significó por tanto la experiencia también intensa del alivio. La responsabilidad de lo pasado quedó en el debe del régimen anterior. Se legitimó así por referéndum en el 93 una nueva constitución. Luego, el crecimiento económico  fuerte hasta el 96, consolidó el apoyo electoral y permitió la primera reelección, el 95, con un margen claro de ventaja.

 

El contexto internacional, marcado entonces por las medidas de desregulación del llamado Consenso de Washington, hicieron pensar a muchos que el Perú había tomado la iniciativa al avenirse a un supuesto único modelo de desarrollo posible.  Algunos sectores pensaron que a partir de su segundo gobierno Fujimori iniciaría las reformas de segunda generación y transitaría hacia la plena democracia política. En todo caso la débil capa de actores e institucionalidad, post 92, no encontró ni dentro ni fuera, actores fuertes, convencidos de los riesgos de esa alternativa.  

 

Las relaciones Estado sociedad pasaron así de estar centradas en el rol de los partidos, a la burocracia estatal para las políticas sociales masivas. Esta mediación se asoció sin embargo a la imagen autoritaria pero cercana y protectora del Presidente Fujimori.  Allí sí hubo política autoritaria intensa. Esta cercanía tuvo su eje en las visitas frecuentes a las zonas pobres del campo y las ciudades, y a su proyección permanente a través de los medios de comunicación, especialmente de la TV.  El Perú a mediados de los 90s, parecía otra vez poseer una forma política eficiente, funcional esta vez al escenario mediático que es el  eje de los espacios públicos en todo el mundo. Desde el criterio entonces dominante internacionalmente de austeridad fiscal y apertura económica la bendición cayó sobre el gobierno. 

 

Los observadores críticos y la débil oposición parlamentaria, que acabaron teniendo la razón, señalaron sin embargo desde el comienzo que el carácter técnico y la austeridad fiscal del régimen era sólo una de sus caras. La otra alentaba el crecimiento del gasto militar y del sector interior, el secreto en el manejo del Gobierno, el maltrato no sólo del Parlamento, sino del Consejo de Ministros. El afán de control de instituciones diversas comenzaba a aparecer. El cuidado particular a la imagen mediática del caudillo hacía presagiar la intención de la segunda reelección.  Cuando en 1997, ella se hizo visible, recomenzó la conflictividad en torno a la legitimidad democrática del régimen. Un poder cada vez más hermético iba cooptando por cualquier medio las instituciones públicas del Estado y la sociedad. Se hizo presente  entonces una reacción democrática de nuevo tipo en la sociedad civil. El precio de este nuevo derrumbe era sin embargo otra vez muy alto, el país estaba materialmente muy mal, sin norte y con actores públicos debilitados. La miseria se ha estancado en un 14 % y la   pobreza ha avanzado hasta el 54 %.

 

 

II   Esbozo de problemas en la relación Estado sociedad en los noventas.

 

Se señalan perfiles de algunos asuntos relevantes para el tema del Taller

 

1.       Seguimos primero, con problemas que se dieron en el plano propiamente político. Perú comprueba la hipótesis que un Estado débil puede evolucionar hacia un mayor empoderamiento de los poderosos. (Acuña) Eso es lo que ocurrió al comenzar la década. Fujimori al percibir que los partidos habían perdido fuerza y que la mayor parte de la sociedad, incluídos los pobres, aprobaban sus medidas de drástico ajuste, optó por un acuerdo de poder restringido a los grupos más poderosos del Estado, los militares, así como a los del mercado y a los del mundo internacional. Esa medida, que quizás no tenía muchas alternativas entonces, no dio lugar a ninguna ampliación posterior.  

 

2.       La falta de fuerza de una política democrática opositora más articulada a la sociedad. En diversos momentos el electorado estuvo cercano a alternativas de oposición. De modo visible en el referendum del 93 y también en momentos de la campaña del 95, así como en las tres elecciones municipales de la década. Sin embargo el peso mucho mayor del Poder Ejecutivo facilitó  el  triunfo de Fujimori - Montesinos.  Además ellos contaban con  mayoría parlamentaria propia en su segundo gobierno.  Hay sin embargo  responsabilidad parcial de los opositores, de haber quedado presos en su reclamo democrático en los espacios institucionales en que tenían representación. No entraron al terreno de la atención social a la pobreza que fue monopolizada por el régimen. No  encontraron un puente, sin duda difícil entre este plano y la política. Así Fujimori apareció más preocupado de los problemas concretos de sobrevivencia. Es clave recalcar también el manejo privilegiado y hábil de lo mediático que el Gobierno supo realizar, situándose así en este aspecto mejor también que sus opositores.

 

No sería justo no acompañar esta constatación con otra que la contextúa. El impulso legitimador que recibió Fujimori tanto por sus éxitos objetivos internos, como por los criterios principalmente tecnocráticos con los que era evaluado fuera, le dio aliento hasta bien pasada la segunda reelección. Además la hondura de los cambios globales en rápida expansión, implicaban cambios políticos más fáciles de asumir por quien estaba en el poder y percibía de inmediato la potencia de la comunicación por imágenes y las mutaciones culturales que ella expresa y acelera, con todas sus consecuencias políticas.  

 

3.       La deslegitimación intencionada de la oposición a las políticas básicas del Gobierno  en nombre de la sospecha de alianza con el terrorismo. Esta amenaza impactaba sobre los sectores populares y los jóvenes. La importancia de la victoria sobre Sendero, la escenificación de la toma de la Embajada del Japón, etc mantuvieron siempre latente la amenaza de recrudecimiento del terrorismo y la necesidad de cerrar filas contra él, pese a que se lo sabía derrotado. Este clima redujo la agenda política nacional en debate y la intensidad de éste.

 

4.       Perú, fue así en Latinoamérica un caso extremos de despolitización. La democracia se vació de contenido y el país dejó de plantearse y deliberar sobre objetivos de Estado, distintos de los del gobierno de turno. El discurso tecnocrático que consideraba que en materia de política económica, no había ningún asunto sustantivo en debate y que separaba además drásticamente política económica de política social, complementaron quizás incluso sin desearlo, el discurso político excluyente, antes señalado.  

 

5.       El conjunto del aparato político militar y de inteligencia que controló el Ejecutivo y a fines de los 90 todos los otros poderes del Estado, es ahora  públicamente conocido. Los videos han registrado en vivo, los actos de la más extrema corrupción política. No es necesario decir más. El caso del Perú de Fujimori y Montesinos sólo pueden servir como contra modelo de alerta para toda la comunidad democrática mundial.

 

6.       Fuera del campo estrictamente político,  el Perú de la mayor parte de la década mostró los costos del debilitamiento de la sociedad civil.  La falta de actores que intervinieran y vigilaran lo que ocurría en la escena pública y la complicidad o el silencio de muchos otros. Cuando este factor cambió, el piso del régimen autoritario empezó a ceder y se abrió el espacio para la democratización política.  Este proceso reciente ha sido felizmente simultáneo con el cambio de sensibilidad internacional, sobre la democracia y el replanteamiento de las responsabilidades que ella implica en las hiper complejas sociedades contemporáneas.

 

7.       El enfoque de la lucha contra la pobreza durante la década, bajo la influencia de las orientaciones predominantes, enfatizó la dimensión asistencial y la económica dando atención a algunos  aspectos productivos y a la dotación de infraestructura básica. Ellos son sin duda criterios válidos pero no son todos los que hacen falta. Los proyectos concentraron la comprensión de la participación y la capacidad organizativa de las poblaciones destinatarias, en los aspectos de la ejecución de los programas, y sólo escasamente en su definición previa. La capacitación específica y puntual reemplazó los procesos educativos de más largo plazo y cuya eficacia fue puesta en duda. No se tuvo en cuenta dimensiones que hoy  vuelven a aparecer centrales como la ubicación de las políticas sociales en el contexto de los procesos económicos y menos aún la dimensión política de la pobreza y la atención a las relaciones de poder que pone en juego su superación. 

 

8.       La organización estatal de esta lucha contra la pobreza se supeditó centralmente a los intereses políticos de un Presidente que escogió este tema como eje de una actividad pública que lo presentaba siempre en acción. Los programas están colocados en Ministerios diversos de manera formalmente caótica. Sin embargo hay evidencias de que tal  organización era eficiente desde el punto de vista del equipo de control político que estaba a cargo de ellos y de una supervisión presidencial, ejecutivamente asociada a la estructura militar por su presencia en todo el país. El celososo Vice Ministerio de Hacienda, guardián del equiulibrio fiscal, sabía bien quienes decidían efectivamente en estos temas, a quienes había que decir que sí.

 

La coordinación no operaba pues a través de los Ministerios, sino de las redes políticas de acción directa de la cúpula. Dentro de esa lógica, había una preocupación directa por restringir la posibilidad de gasto de las instancias dirigidas por opositores como muchos Municipios. Todo se repartía, cuando no por las manos, en nombre del Presidente, el gran protector. Medidas positivas en sí, como la de un suplemento a los presupuestos municipales de los distritos pobres no tenían una lógica de organización pública descentralizada sino de conveniencia política. Repartir algo de poder entre los muy pequeños, beneficiaba finalmente al poder central. Los espacios intermedios y sus liderazgos eran en cambio dejados en el vacío.  Este fue el sentido de mantener en funcionarios nombrados, el reemplazo de algunas funciones de los gobiernos regionales antes electos.  Finalmente las posibilidades de corrupción en la compra de los bienes distribuidos se facilitaba de hecho dentro de esta estructura. Las denuncias ya son numerosas, pero obviamente deben estar sometidas a investigación imparcial.  

 

9.       Por todas estas razones, es importante poner en el centro de la discusión, como se hace en este taller, la noción de empowerment, tanto en su aspecto objetivo y colectivo: la posibilidad de acceso a los espacios de toma de decisiones, la forma en que ellas se procesan, así como en la dimensión subjetiva e individual de capacidad o no de experimentar el ejercicio de la libertad por los destinatarios. La noción es ambiciosa, compleja y polémica en diversos sentidos, pero a nuestro juicio, es saludable que el Banco Mundial la haya puesto al debate. 

 

10.   Esta revisión de criterios para reconocer a los seres humanos, con todas  sus dimensiones  detrás de la etiqueta de pobres, aparte de recoger la conciencia contemporánea sobre los contenidos más amplios de la democracia, ocurre además como resultado de la evaluación internacional sobre los resultados económicos de la década. Ello es particularmente importante de asimilar en el Perú de hoy. En efecto, la legitimación de los equilibrios macro económicos necesarios para una sana economía de mercado, se benefició, pero se distorsionó también aquí por el contexto del régimen que tuvimos. Así, muchos expertos y líderes políticos se han acostumbrado a la idea que el beneficio para el país de toda inversión productiva o transacción financiera y de toda restricción del rol de Estado, no necesitan ser demostradas. Las constataciones sobre el aumento de la desigualdad, el crecimiento del desempleo y la violencia urbana, el estancamiento en la reducción de la pobreza, son asuntos elementales, que requieren recuperar su lugar en la agenda pública nacional. Ubicar al país en la globalización, requiere de una información veraz sobre los problemas que tienen los procesos globales contemporáneos. La evolución en la posición del Banco Mundial sobre el Estado primero (1997) y luego sobre la sociedad civil y el empoderamiento (2000-2001) resulta para el Perú post fujimorista de particular importancia. 

 

11.   Finalmente el resultado de la década en términos del aumento de la pobreza, de lo que llamaremos una tendencia a "rehabituarse al autoritarismo" y a las relaciones de clientela,  deja una herencia muy difícil para construir democracia. Fujimori se proclamaba él mismo un gerente y sin duda no se interesó nunca en practicar la noción occidental de ciudadanía. El tenía clientes de servicios sociales y los atendía buscando que quedaran ligados a su establecimiento. Ahora una población cuya mayoría depende del Estado para satisfacer alguna necesidad básica que en tres cuartas partes no tiene buenos empleos en el sector moderno, es una población que probablemente no va a mirar el color ni la forma del salvavidas que le extiendan para sobrevivir, como lo comentaba un experto amigo,. Si, como creemos eso es cierto, la alternativa autoritaria está latente, pese a que hayamos  comprobado que no permite evaluar ni vigilar las políticas y los comportamientos de las autoridades y las elites públicas. 

 

El dilema y también la oportunidad que tenemos por delante es aprovechar la lección de la debacle autoritaria para alentar procesos democráticos muy consistentes, capaces de evitar una tercera frustración consecutiva de un régimen político. Ellos deberían atender a crear relaciones democráticas en el trato cotidiano y en todos los aspectos públicos de las relaciones en la sociedad civil y en el mercado, no sólo en la institucionalidad política. Lo más positivo, es que en estos últimos meses, el proceso político y social, ha avanzado de manera casi sorprendente en esa dirección.  Si la sociedad  clamaba  por orden a fines de los ochentas, ahora ha terminado los noventas reclamando democracia. Esto es importante, aunque con el término se entienda cosas diversas o se expresen aspiraciones aún imprecisas.

 

 

 

 

 

III  LAS EXPERIENCIAS INEDITAS DE ESTE PERIODO DE TRANSICION Y NUEVAS PERSPECTIVAS AL FUTURO.

 

1.       El proceso de activación de núcleos democráticos de la sociedad civil, empieza el 97. Jóvenes, mujeres, artistas e intelectuales, movimientos regionales, sectores laborales y de pequeños empresarios urbanos y agrícolas, que habían resistido en solitario las políticas de la década, salieron a la acción pública. Y desde la política tomó forma la denuncia de la ilegitimidad del proceso electoral controlado, para alcanzar la segunda reelección en  abril del 2000. La carga ética de las movilizaciones de los últimos meses y su pluralidad son pues un elemento a retener y cuyo alcance puede ser importante para el replanteamiento democrático de la vida pública. 

 

2.       Lo sustantivo es que el Gobierno de Transición del Presidente Paniagua, ha recogido el espíritu de esta demanda ética inédita. Inédita porque abarca sentimientos más individualizados, más liberales, pero asociados a una demanda de equidad social. De este modo ella convierte en asunto de interés masivo declarado, por primera vez en estos términos, una  democracia política, social y cultural, que se asocia más al diálogo veraz entre los distintos que a una cerrazón en la reivindicación propia.

 

3.       Por otra parte ha tenido un efecto particularmente saludable para el país, ver en 8 meses un cambio político drástico. El despliegue de un gobierno basado en un gabinete de primera calidad, con un parlamento finalmente razonable para facilitar la transición pese a venir de las elecciones distorsionadas del 2000; con una competencia electoral precaria en propuestas y cortoplacista pero finalmente limpia y asumida muy constructivamente por los perdedores. La figura del Presidente quien ha resumido en su espontaneidad sobria y discreta la imagen de un Gobierno sometido rigurosamente a la ley. Tener en la cárcel a decenas de miembros de las elites políticas, militares y empresariales y bajo investigación a muchos otros, pese a que el fujimorismo se ha presentado libremente a elecciones, resume el momento de un país que mostró que bajo la corrupción, existían en la sociedad energías sanas, que parecen haber despertado como reacción. Finalmente la autocrítica pública de las Fuerzas Armadas, el compromiso de grupos y figuras empresariales con iniciativas democráticas y anticorrupción, completan un cuadro sin duda incompleto y que puede ser circunstancial, pero que no por ello es menos valioso en sí mismo. 

 

4.       Una inquietud actualísima es por eso en el Perú de hoy, preguntarnos sobre si los signos de fortaleza mas bien circunstanciales y simbólicos que han permitido esta primavera democrática, se podrán consolidar, cuando un Gobierno ya no de transición, asuma el mando en pocos días más. ¿El clima interno de madurez democrática será comprendido y valorado por los poderes de hecho de dentro y de fuera?. ¿Cómo administrará  el Gobierno de Alejandro Toledo, el encuentro de esos intereses distintos en torno a sus políticas y sus formas de gobernar? Esta pregunta remite al complejo análisis de las relaciones de poder en los diversos campos  de la política, la sociedad y el mercado que se están desarrollando en este Taller. Y a la importancia de una opción democrática más coherente por parte de los gobiernos, los organismos multilaterales de desarrollo y todos los actores internacionales, que en los términos del mundo de hoy, son también actores internos.  En cuanto a los nacionales, pareciera que están sanamente alarmados todos por los niveles de pobreza, de desempleo y corrupción. Ello podría facilitar la institucionalización de mecanismos de diálogo democrático, en la política, en la sociedad y entre ambas. No es necesario, es sólo posible.    

 

5.       En este contexto tan reciente, la promoción de la inclusión, la lucha contra la pobreza y la construcción de la democracia desde los espacios locales y regionales, está tomando nueva fuerza y abriendo otras vías institucionales de relación Estado - sociedad civil popular. Forzamos aquí una síntesis arbitraria e incompleta, partiendo de las Mesas de Concertación para la lucha contra la Pobreza, iniciativa de diálogo horizontal y acción conjunta entre funcionarios del Estado y representantes de la sociedad civil, convocada por el Gobierno de Transición en enero, a través de los varios Ministerios involucrados. Existe ya al nivel nacional, departamental, en muchas provincias y algunos distritos.

 

§         Se puede constatar allí la coincidencia de dos aspectos complementarios e interesantes: los dirigentes sociales plantean demandas específicas y viables, filtradas ya según la información estatal recibida sobre recursos, iniciativas etc. El realismo de los pedidos se acompaña sin embargo de la demanda de que la gestión pública de esas políticas, pueda ser descentralizada, o al menos evaluable, "monitoreable" desde los espacios regionales y locales. La descentralización no se plantea en este enfoque separada u opuesta a los procesos nacionales de conjunto, sino como parte de ellos. Es quizás expresión de la voluntad más bien de ser reconocidos y asumir la relación con el Estado, como una institución propia en tanto  ciudadanos.

§         Interés en formular planes de desarrollo de la circunscripción, como asunto común a Estado, sociedad civil y actores económicos. 

§         Fortalecimiento de los actores locales e interés en su coordinación a partir de esta experiencia de diálogo con el Estado. Una red de ONGs de desarrollo, (CONADES) ha asumido la voluntad de ser un espacio de encuentro de los actores especializados en los diversos asuntos de la calidad de vida, propiciando un lugar de encuentro descentralizado a todas las otras redes.

§         La Mesa como tal, ha propuesto un sistema de diálogo y concertación nacional sociedad civil - Estado. Es importante y ha ocurrido hace 3 días, que el Gobierno ha aprobado que una dirección de  Gestión Interministerial de la Presidencia del Consejo de Ministros, actúe como secretaría técnica de la Mesa y ésta a nivel nacional, se vincule directamente con el Consejo Interministerial de Asuntos sociales que estaba desactivado y que entendemos que el nuevo Gobierno coincide en querer alentar. 

§         Coincidencia en esta nueva aproximación democrática a la participación o coordinación con la gestión pública y su vigilancia, con la decisión del Gobierno de Transición de colocar en su portal en la red, (Internet) el Sistema Informatizado de Administración Financiera, (SIAF)       que permite seguir teóricamente todo el gasto público en tiempo real. De este modo podrían tenerse núcleos sociales  fiscalizando las opciones de gasto de todo el aparato público.  Se conversa con el Ministerio de Economía la factibilidad técnica favorable de organizar el presupuesto nacional en presupuestos departamentales.  Ello debiera inducir a la apertura de la información presupuestal a las instituciones de la sociedad civil que reciben ayuda externa para políticas sociales. 

§         En este paquete cuya ordenación es arbitraria, se puede ubicar también la posibilidad planteada por el nuevo gobierno de elegir democráticamente a fines del próximo año, la autoridad máxima de los departamentos, como los espacios ya demarcados y legítimos que permitan ir progresivamente hacia gobiernos regionales.  En todo este proceso estoy omitiendo la actividad de redes de Municipios comprometidos en políticas de concertación y más ampliamente,  el tema de la coordinación al nivel local de Municipios e instancias del Gobierno central. 

§         Finalmente en esta posible nueva forma de encuentro entre sociedad civil y Estado cabe citar la importancia de la Ley de Transparencia Fiscal y,  que después de años de satanización de la noción de planeamiento, el Vice Ministerio de Economía, haya publicado hace un mes, un "Marco macro económico multianual", 2002-2004,  que aún no tiene valor obligatorio, pero que avanza a proveer de objetivos de mediano plazo, a un Estado que se ha dado el lujo de vivir años sin tenerlos realmente. Es revelador que en la introducción que fundamenta el documento, ese marco afirme que frente a la magnitud de los retos de la pobreza y el desempleo, "hace falta una actitud adecuada de toda la sociedad, expresada en decisiones y acciones de mediano plazo". Y que termine ese primer párrafo así: "Por el contrario, una actitud negativa o una pasiva... puede llevar a un fraccionamiento de la sociedad, al crecimiento de la violencia, la pobreza y la exclusión social, haciendo ingobernable nuestro sistema democrático". El final es elocuente y pertinente creo para esta exposición.   

 

Me disculpo por lo injusto de una enumeración que omite muchas otras iniciativas recientes del Estado y la sociedad civil, dignas de encomio y de análisis. Me remito a que me tocó a mí sólo trazar rasgos de contexto.  

 

El tema de la LCP es un tema integral que debe tener incidencia en las políticas nacionales y en los espacios y en las vidas cotidianas comprometidas en esta dura experiencia humana. Los trabajos que se desarrollan por las Iglesias, las ONGs, las instituciones del propio Estado, tienen el valor inestimable de ayudar a mejorar la calidad de vidas concretas, incambiables. Por mucho tiempo en un país y en una economía como la peruana hoy, no será posible a grandes capas de la población sobrevivir sólo con su propio esfuerzo.  El que la ayuda sea ocasión de diálogo horizontal entre promotor y receptor, el que se practique sentido de ciudadanía compartida, es quizás lo más importante de todo y aquí sólo puedo dejar constancia de ello. La valoración de la experiencia subjetiva, de las capacidades, de la identiudad de mujeres, hombres. Jóvenes y niños, de nuestros pueblos, es la condición cultural, sin la cual, ningún logro democrático o de desarrollo será sostenible seguramente.

 

Pero está claro que hay también necesidad crucial del impacto de esas experiencias democráticas de base en los procesos macro económicos y sociales. De lo contrario pueden seguir quedando arrinconadas, sin cambiar situaciones que juegan objetivamente en su contra, marcadas por intereses distintos. Lo más importante de lo que he descrito recién es que muestra la factibilidad de procesos racionales y específicos en esa dirección. El enfoque del empowerment y los contenidos a los que alude, debieran convocar a diálogos en  común a los actores de la macro economía y a los de las políticas sociales. No sólo debiera tratarse de conseguir apoyos, sino de dilucidar intereses, incluso conflictos, pero de tener la posibilidad de abordarlos institucionalmente. No es otro el sentido de la democracia política.

 

De allí la importancia trascedental para el futuro de lo que hagan los actores políticos sobre todo los que ya tienen representación parlamentaria. Sólo cabe ahora mencionarlo explícitamente. De sus decisiones dependerá el rumbo que tome este nuevo comienzo político en el Perú. Lo que es ya claro que la necesidad de tener agendas de país, capaces de dar sostenibilidad a los procesos de largo plazo, supone la interacción con iniciativa pública de los diversos actores de la sociedad civil y de los gremios empresariales. Una década de debilidad de actores y de antipolítica, ha diluido en el país los objetivos comunes, los espacios de diálogo plural, el hábito de forjar consensos entre distintos. Es saludable que esta revalorización de la política por parte de actores internacionales como los organismos multilaterales ocurra ahora. Hay que hacer votos porque este compromiso democrático, que debe interpelar el rumbo de varios procesos globales continúe y se profundice.

 

            Lima, julio 2001.


La opción por la noción de empoderamiento para el desarrollo inclusivo significa que se re-legitima el conflicto social como riesgo inherente a la expresión democrática en sociedades modernas y complejas.

 

Salimos de un autoritarismo flexible pero potencialmente totalitario, en regímenes que como el de Fujimori, identificaron la existencia de un modelo abstracto, cuya concreción ellos definían, como requisito para el crecimiento económico. Por tanto, a cambio de un paternalismo social y una manipulación política, cooptaron los procesos electorales y la fachada de instituciones democráticas, reproduciendo viejos procedimientos en nuestros países. Quien discutía ese modelo económico y político eran aliados del terrorismo. Fujimori cooptó a la Fuerza Armada a ese modelo. Hoy hay un saludable replanteamiento.    

 

La opción por esta visión, implica también reconocer que los resultados de la década han sido negativos social y nacionalmente y que se han producido monopolios y distorsiones en el propio funcionamiento del mercado. Se acepta que en nuestros países la inclusión en el mercado, implica medidas específicas que deben tomar los poderes públicos.

 

Aunque los OO MM de D acepten  seguir jugando en los términos de una economía social de mercado. El punto es que ella no implica aceptación de imposiciones de actores fuertes o monopólicos, en nombre de una libertad de mercado, mal entendida como la existencia de un coto cerrado a la vigilancia pública, estatal o social.  

 

 

Hay que partir de que el debate intelectual mundial, a comienzos de esta década lleva a reconocer una situación y tendencias negativas serias para los países pobres. Es ya claro que no estamos en el tiempo del consenso de Washington y que vuelve la inquietud por la viabilidad misma de nuestros países. (cf Emb De  Rivero y libro del Embajador Alzamora). Precisamente el cambio progresivo del BM desde el 97 y su énfasis último en Davos (CITA), son elocuentes al respecto.

 

Es en este marco que tenemos que juzgar la situación de nuestros países. Dureza del fracaso de Fujimori, que incluso no siguió la segunda etapa del proceso de reformas. Y las crisis económicas internacionales, hicieron trizas los pasos positivos que se habían logrado. Ello tuvo que ver con que no se armó un proceso de crecimiento interno con objetivos nacionales que apuntara hacia objetivos sostenibles.

 

Hay pues una dimensión del macro crecimiento económico que requiere tomar en cuenta las demandas de los actores nacionales, desde los empresarios hasta los pobres. Hay que ligar estrategias de crecimiento económico con objetivos nacionales y con políticas sociales. Hay que basar todo en relaciones ciudadanas universales, aún con los pobres dependientes.

 

Los cambios de perspectiva en curso sólo tendrán sentido en este marco. Y allí, entonces los nuevos enfoques sobre democracia, capital social, desarrollo humano, empowerment, obligan a un replanteamiento no sólo de las políticas sociales. Hay que proyectar a la opinión pública, a los medios y a la política nacional, la signficación y el conjunto de los alcances de políticas democráticas integrales, con su dósis de debate por afirmar el papel de la democracia en el orden mundial global.

 

Y en una época e  que la política juega en términos de democracia de lo público y el conjunto de responsabilidades que de ello se derivan. .        

 


PONENCIA PARA BANCO MUNDIAL. 

 

 

I  Las relaciones Estado - sociedad en el Perú y otros factores contextuales.

 

II  Descripción general del caso peruano

 

§         Principales objetivos para la redefinición del Perú y la democracia, visión y concreciones esperadas.

§         Diferentes etapas del proceso.

§         Roles jugados por diferentes actores.

§         Inversión en construcción de capacidades y acceso a la información que fuese necesaria.

§         Los resultados en términos de:

§         Impacto sobre desarrollo inclusivo (reducción de la pobreza, targeting y sostenibilidad)

§         El empoderamiento de los pobres.

 

III - Análisis en profundidad del caso peruano a la luz de los desafíos y las tensiones de la democracia, participación y empoderamiento.

 

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Proporcionar insumos para discusión posterior sobre:

 

Incrementar la participación / inclusión.

 "           "       la transparencia e información.

Apoyar la capacidad de los grupos de la sociedad civil para la acción.

Incrementar la capacidad de dar cuenta de la instituciones estatales y no estatales a los ciudadanos.

 

 

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-             Es en este contexto sin embargo que es necesario valorar la relegitimación del conflicto social democrático, implícito en la adopción por  00 MM de D, de la noción de "empwmt".  Tuvimos un implícito totalitario, agitado siempre en la sombra por el fujimorismo: Objetar "el modelo" (pol y econ) era igual a alianza con el terrorismo.

 

-             Si el diagnóstico es que la década ha producido nuevas formas de exclusión y una debilidad material profunda para el ejercicio de la ciudadanía, entonces las formas de práctica de democracia sólo en la base, sólo en el ejercicio de las políticas sociales, se revela como radicalmente insuficiente.

 

-             Los liberales dicen que Fuji solo falló por autoritario, no reconocen que también por tecnócrata.

 

-             El reto es el de un comienzo desde trato ciudadano entre desiguales.   

 

 

La simplificación en torno a un modelo de crecimiento económico. La separación de la lucha cp del conjunto de la política económica., sobre el supuesto que el efecto goteo sería automático.

 

La ceguera de ver sólo el aspecto técnico de las cosas. Vivimos en efecto una década de antipolítica.  El terrorismo con el déficit fiscal y el populismo.

 

Por eso es tan saludable relegitimar el tema del poder, el de la sociedad civil, el de las responsabilidades compartidas sobre lo público, por los actores del mercado, de la sociedad civil y de la  política.

 

Significación positiva en el Perú, de esta puesta en exposición de la necesidad de equilibrar las relaciones de poder y de la relación empwmt  y modelo de crecimiento.

 

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Como se comprueba hoy que hacen falta objetivos de país. El emparejamiento con el cambio de contexto de OO MM y BM (Del Estado a la necesidad  de equilibrios de poder desde la sociedad civil.

 

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Las reacciones democráticas de nuevo tipo. El periodo de transición.

 

Aquí iría el debate actual sobre los 4 problemas sobre los que discutir. 

 

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-             Sin embargo se descalifica la relación con asociaciones representativas o gremios, justificándolo en debilidades representativas exageradas.

 

-             Una población muy golpeada se vuelve más dependiente y además entra aquí el componente de una democracia de lo público que genera un nuevo escenario y nuevas prácticas comunicativas. En ellas el régimen se mueve mejor que la oposición política. Fuji reclama el monopolio de la atención a las necesidades, porque su politización del Estado, le hace posible esta relación "propia" vía una burocracia supervisada por inteligencia y respaldada directamente por FF. AA muy importantes dentro de la burocracia estatal.

 

-             Como la reforma del Estado, es un saludo a la dimensión moderna y al peso de los OO MM pero es muy encapsulada ("burbujas") y sometida a la lógica política del régimen.

 

-             La presencia de sociedad civil democrática popular y de promotores de sectores medios es vigorosa en núcleos y campos de acción específicos.

 

-             Los nuevos pobres antirégimen que resisten reivindicativamente. Las organizaciones populares con margen de autonomía, mas bien escasas?. ...

 

-             En conclusión, las mayorías apuestan a los términos del modelo económico y del proyecto político, a que "gotee".  Fuji ensaya esta mecla de neoliberalismo autoritario y paternalismo ídem, pero lo trata de encajar a un proyecto de perpetuación cada vez más estatista y manipulador. Es elocuente la importancia de las FF.AA., pero el descubrimiento de los MMs, en palabras de un testaferro de Montesinos.

 

-             La separación radical política económica - política social y su vínculo profundo con el modelo político autoritario. 

 

-            Es esto lo que ha quebrado y otra vez, desde el vacío, empezamos de 0. Los 2 fuertes prófugos, uno detenido ahora y el drrumbe y la corrección democrática de parte de la bancada en desbandada.

 

      


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