EL ESTADO DE LA SOCIEDAD CIVIL Y LAS ESTRATEGIAS

                    DE EMPODERAMIENTO EN MÉXICO^[1]

 

Gustavo Esteva

 

El estado de la discusión sobre empoderamiento

 

Se ha definido el empoderamiento como "un proceso que incrementa el patrimonio y la capacidad de los pobres -tanto de hombres como de mujeres- así como los de otros grupos excluídos de participar, negociar, cambiar y tomarles cuentas a las instituciones que afectan su bienestar" (Banco Mundial).

 

El concepto ha resultado atractivo, pero el empleo del término sigue generando incomodidad, por la carga de sus significados anteriores. Es útil tenerlos presentes, para dar precisión a sus aplicaciones operativas.

 

Desde hace siglos se empleó en el ámbito político la palabra empoderar o apoderar para designar un acto u operación en que se transmite una facultad o capacidad de quien la tiene a otra persona o grupo^[1]. En el ámbito civil y mercantil se empleó para designar una delegación acotada de poder, para un propósito específico o por un tiempo y circunstancias determinadas, en la cual se mantiene la subordinación del apoderado a quien le delega el poder, que puede en cualquier momento revocarlo o modificar sus términos.

 

Conforme a estos significados convencionales, los gobernantes electos pueden considerarse apoderados de los ciudadanos, quienes han delegado en ellos ciertas facultades o poderes. La gente empodera a las instituciones públicas, no a la inversa. Genera incomodidad aplicar el término invirtiendo la dirección del sentido transitivo del término.

 

Otra fuente de incomodidad proviene del doble significado de la palabra poder. Designa la capacidad o posibilidad de producir efectos, mediante la acción e incluso con la mera existencia. En el ámbito social y político, alude al poder específico de unos hombres de determinar la conducta de otros hombres. Se refiere a la capacidad de dominio, mando, facultad, jurisdicción, que se posee o detenta con derecho o sin él, dentro o fuera de la legalidad y la legimitidad.

 

En vista de estas cargas semánticas del término, sería útil deslindar dos campos diferenciados de aplicación, para evitar confusiones e incomodidades y con fines operativos.

a) Las instituciones públicas pueden empoderar a la gente cuando contribuyen al aumento de sus capacidades o posibilidades de acción autónoma, para sus propios propósitos y en sus propios ámbitos.

 

b) Una mayor ingerencia de la gente en la concepción e implementación de las políticas públicas y en general en la conducción de los asuntos sociales no es empoderamiento de la gente. Implica más bien replantear el apoderamiento democrático de las instituciones públicas, a fin de que los ciudadanos recuperen para sí, total o parcialmente, aspectos o funciones que habían delegado en ellas o que éstas les habían arrebatado. Cuando el término empoderamiento se aplica en este campo, no representa la adquisición de un poder sino su restitución a quien lo había delegado en otros. Es un reapoderamiento democrático. El solo hecho de entenderlo así traería consigo un empoderamiento de la gente.

 

El ámbito de la autonomía

 

Los pueblos indios instalaron en un lugar destacado de la agenda política nacional la cuestión de su autonomía en 1994. No ha salido de ella desde entonces. La reivindicación es muy antigua, pero se expresó en general como resistencia a las instituciones del régimen colonial o del México independiente que negaron o socavaron la autonomía de los pueblos indios y los obligaron a constreñir su ejercicio efectivo al plano de sus comunidades. Sólo ahora la reivindicación se plantea como un empeño de largo alcance, que intenta empoderar a los pueblos indios mediante cambios en el régimen político.

 

La lucha reciente por la autonomía tuvo un efecto inmediato de empoderamiento de los pueblos y comunidades indias. Se afirmaron en sus propias tradiciones y culturas, para hacerlas valer ante la sociedad nacional y el Estado. Están empeñados en lograr que se reconozca la autonomía que han podido conservar y que ahora están ejerciendo con más vigor que antes, así sea bajo condiciones de tensión y confrontación.

 

El empeño ha arrojado ya frutos legales e institucionales.

 

En el caso de Oaxaca, el estado de mayor población india del país y el único en que los pueblos indios representan la mayoría, los cambios recientes en la Constitución y la legislación del estado, claramente inspirados en los Acuerdos de San Andrés entre el EZLN y el gobierno federal, ha tenido repercusiones muy importantes. Cuatro de cada cinco municipios de Oaxaca, en donde está la quinta parte de los municipios del país, constituyen sus autoridades en forma autónoma, conforme a tradiciones diferenciadas que ahora tienen reconocimiento legal e institucional. Este ejercicio de autonomía se extiende a muchos otros ámbitos y ha estado modificando la relación de los pueblos indios con los partidos políticos y las instituciones públicas federales y estatales, que también han debido modificarse. Se ha registrado un claro empoderamiento de pueblos y comunidades, que en algunos aspectos se empieza a reflejar en sus condiciones de existencia y en sus nuevas iniciativas. Por lo pronto, expresa una clara reapropiación de los niveles locales de gobierno, que fueron por siglos instrumentos de sometimiento centralista y están ahora en sus manos.

 

A escala del país, el asunto se mantiene en gran tensión y refleja las contradicciones existentes entre dos concepciones distintas de la cuestión. La reforma constitucional, aprobada hace unos meses, acotó los aspectos sustantivos de la autonomía y puso el énfasis en los programas de atención pública de los pueblos indios, reduciendo de hecho el empoderamiento implícito a la promesa de mayor acceso a los servicios y recursos públicos. Se ha reconocido ampliamente, en el propio Congreso de la Unión y por parte de casi todos los actores involucrados, que la reforma resultó insatisfactoria. El asunto se encuentra en la Suprema Corte. Sea cual fuere su decisión, volverá a plantearse en el Congreso y en toda la sociedad.

 

El meollo de la cuestión estriba en la manifiesta contradicción entre el carácter multicultural del país, reconocido por todos, y el diseño aún vigente de su régimen político y del Estado, basado en una noción monocultural homogénea y homogeneizante que niega, margina y excluye a amplios grupos. El caso de Oaxaca muestra la viabilidad y validez de un régimen jurídicamente pluralista que reconozca la autonomía efectiva de pueblos y comunidades, empoderándolos legal e institucionalmente y sentando nuevas bases para la vida democrática. Sin embargo, persisten en la clase política, lo mismo que en ciertos sectores sociales, resistencias a un cambio que modifica sustancialmente el régimen político nacional y sus estructuras de poder y cuestiona convicciones arraigadas, algunas de corte racista, así como prácticas sociales e institucionales.

 

La reivindicación autonómica está centrada en los pueblos indios,  que representan una minoría de la población, pero ha sido asumida por amplios grupos sociales, particularmente los que habitualmente se consideran marginados y excluídos. Los Acuerdos de San Andrés establecieron explícitamente que el reconocimiento constitucional de la autonomía sería expresión de una nueva relación entre los pueblos indios y el Estado. Estipularon la necesidad de replantear todas las instituciones que operan en sus ámbitos: algunas pasarían a manos de los pueblos indios, otras tendrían una gestión conjunta y las que quedaran a cargo del Estado deberían incluir mecanismos explícitos de participación e ingerencia de los pueblos indios. El cumplimiento de estos compromisos tendrá repercusiones muy amplias en todas la sociedad.

 

No está en duda, en la actualidad, la necesidad de resolver esta cuestión. No se detendrá la lucha de los pueblos indios y de los amplios grupos que apoyan sus reivindicaciones y las han hecho suyas. Lo que está en duda es el plazo y la forma que adoptará la solución, que puede profundizar los cambios democráticos en el país o imponer retrocesos autoritarios, en un contexto de violencia y desarticulación social. Ante semejante perspectiva, parece indispensable que todos los actores involucrados, en los poderes constituidos y en la sociedad civil, tomen iniciativas políticas que permitan encauzar pacífica y democráticamente el proceso, que en todo caso podrá seguirse traduciendo en mayor empoderamiento de los pueblos indios en todos los sentidos.

 

La lucha democrática

 

En el año 2000 culminó una fase de prolongadas luchas democráticas, enderezadas contra un régimen que disimulaba sus propensiones autoritarias bajo algunas formas democráticas, flexibilidad en la negociación social y amplios espacios de libertad y participación, y que permitió lograr, en sus 70 años de vida, importantes avances económicos, sociales y políticos.

 

Lo ocurrido en el año 2000, derivado en medida importante de la acción de la sociedad civil, no representó solamente la alternancia en el poder, cuando la oposición política ganó por primera vez las elecciones presidenciales. Implicó la recomposición de todas las estructuras de poder y creó un periodo de transición política. Aunque persisten inercias del antiguo régimen, su columna vertebral ha sido desmantelada. El desafío actual consiste en definir, pacífica y democráticamente, las características que habrá de adoptar el nuevo régimen.

 

Las organizaciones de la sociedad civil que se pusieron a la vanguardia de la lucha democrática entraron en una suerte de pasmo y depresión a raíz de su triunfo del año pasado. Esas organizaciones abrieron el debate público y la movilización ciudadana a la transición democrática, y supieron impulsarla con coraje, decisión e inteligencia. Cumplieron una función insustituible en la articulación de los empeños dispersos de innumerables ciudadanos. Pero el resultado no fue el que esperaban.

 

La desilusión empezó en las campañas políticas, que imaginaban como oportunidad de debate público y participación ciudadana y se convirtieron en un circo mediático de muchas pistas. En los meses siguientes a la elección se observó desconcierto, cuando no frustración, en muchas organizaciones de la sociedad civil.

 

Algunos democrátas empezaron a desconfiar de sus propias creencias. Constataron con satisfacción que existe ya un sufragio razonablemente efectivo, frenos y contrapesos entre los poderes y buena parte de los elementos que definen la sociedad democrática moderna por la que luchaban. Pero también percibieron sus insuficiencias, particularmente por la persistencia o agravamiento de la cuestión social.

 

Ese pasmo relativo no duró mucho tiempo. En el mismo año 2000 se multiplicaron iniciativas de la sociedad civil que buscaban articular sus empeños y en algunos casos presentar propuestas concertadas a la nueva administración.

 

Diversas organizaciones empezaron a instalarse en los espacios desocupados por el antiguo régimen y desde ellos tratan ahora de contribuir a la definición del nuevo. Buena parte de sus iniciativas guardan relación con el empoderamiento de la sociedad civil.

 

Procedimientos democráticos formales

 

Muchas organizaciones de la sociedad civil mantienen en su agenda diversos aspectos de la lucha por la democracia formal. Buscan que se perfeccione el sufragio, que sobre todo en ciertas regiones y aspectos sigue enturbiado por prácticas del pasado. Aprovechan la coyuntura para impulsar más vivamente el juego democrático en el seno de las organizaciones económicas y sociales, particularmente en sindicatos y otras entidades que conservan aún el sello corporativo de su origen. Buscan, en general, consolidar y ampliar los elementos formales del sistema de representación y la participación ciudadana en ellos.

 

"Democracia directa"

 

Han retomado elementos de la lucha democrática que estaban en un segundo plano. Impulsan ahora la regulación legal y el empleo eficaz del plebiscito, el referendum, la revocación del mandato y la iniciativa popular, que algunos denominan democracia directa y perciben como complemento de la formal, y que se han adoptado ya en algunos estados. Promueven también más y mejores dispositivos para la rendición de cuentas y la contraloría social. 

 

Transparencia y ciudadanización

 

Dan ahora especial atención al tema de la transparencia y ciudadanización de las acciones públicas, en particular para la asignación de recursos. Por una parte, buscan la eficaz difusión de la acción gubernamental, así como garantizar el acceso a la información; además de ampliar el debate público al respecto, organizaciones de la sociedad civil han propuesto una iniciativa de ley en la materia. Por otra parte, impulsan la creación de órganos capaces de asignar recursos públicos que se pongan en manos de ciudadanos representativos o cuenten con su participación en términos que van mucho más allá del régimen de licitaciones transparentes. Algunas organizaciones impulsan que buena parte de los recursos se asignen mediante mecanismos legales transparentes de aplicación automática, de tal modo que no dependan de decisiones discrecionales o arbitrarias de los funcionarios, sino que operen como derechos de quienes se ubiquen dentro de los supuestos establecidos en la ley.

 

Normatividad administrativa

 

Algunas organizaciones de la sociedad civil han puesto su atención en las normas que orientan, rigen y controlan la operación de las instituciones públicas. Esas normas tuvieron habitualmente un carácter arbitrario y secreto, altamente centralizado y tecnocrático. Por su carácter estrictamente homogéneo, están claramente desajustadas de las heterogéneas características de los grupos o sectores a las que se aplican. Ese evidente desajuste se corregía en el antiguo régimen mediante procedimientos que propiciaban la corrupción y la manipulación, aunque permitían ciertos grados de participación y negociación. Con el cambio podría estarse sufriendo un retroceso. El legítimo afán de combatir desvíos y arbitrariedades ha aumentado la rigidez en la aplicación de las normas, cancelándose así algunos espacios de participación. Al mismo tiempo, la formulación misma de las normas se ha concentrado todavía más y se ha hecho más tecnocrática, aunque empiece a ser más transparente. Sólo se da participación en el proceso a los grupos más poderosos o tras muy intensa presión pública de los grupos afectados.

 

Diversas organizaciones de la sociedad civil consideran que los cambios en la normatividad administrativa pueden ser tan trascendentes como el sufragio para asegurar una efectiva participación democrática de los ciudadanos en las acciones públicas que afectan su vida. Buscan ahora descentralizar la formulación de las normas, darles mayor flexibilidad y transparencia y someterlas a concertación con la sociedad civil.

 

Este empeño se enmarca en otro más amplio para la reconstitución del sistema jurídico. No sólo se trata de impulsar su cabal vigencia y el respeto a los derechos humanos y de transformar el corrompido e ineficiente poder judicial, sino de modificar las leyes mismas y su forma de aplicación. El aparato legal ha sido tradicionalmente instrumento de dominación y exclusión, a pesar de sus contenidos avanzados. Sólo recientemente ha empezado a ser utilizado por la gente para su beneficio y la experiencia ha demostrado la necesidad de revisarlo íntegramente, para que sea la base de un auténtico estado de derecho asumido por todo el cuerpo social.

 

Corresponsabilidad

 

Se había acumulado en el país una gran experiencia en programas que combinaban con éxito recursos y acciones de los diversos niveles del gobierno y de la población beneficiaria. La sociedad civil busca ahora impulsar y extender ese ejercicio de corresponsabilidad. Una de sus aplicaciones más interesantes había sido la creación de algunos órganos mixtos que iban más allá de la simple consulta democrática. En ellos se concibieron e implementaron políticas públicas y mediante decisiones conjuntas se comprometieron recursos y acciones de todas las instituciones públicas involucradas y de la sociedad civil en ámbitos específicos temáticos y geográficos^[2]. A pesar de sus éxitos y en parte por ellos, encontraron resistencias en las estructuras de poder. Sirven ahora de antecedente para impulsar estrategias semejantes y aplicarlas en nuevos campos.

 

Derecho a la información y medios masivos de comunicación

 

El régimen anterior había puesto a su servicio a los medios masivos de comunicación o los sometía a diversas formas de control e inhibición. La sociedad civil está participando intensamente en las negociaciones que se realizan en el Congreso sobre una nueva ley de la materia y ha tomado diversas iniciativas públicas al respecto.

 

La cuestión del género

 

Casi todos los empeños democráticos de la sociedad civil han estado permeados por la cuestión del género. Además de las reivindicaciones sobre la situación y posición de la mujer en todos los aspectos de la vida social, que se han impulsado como nunca, la participación de las mujeres ha dado nuevo sentido y vitalidad a toda la lucha democrática. En algunos círculos de la sociedad civil se ha empezado a hablar de la feminización de la política, al reconocer en ella no sólo el papel prominente de las mujeres sino un sello y orientación de las acciones que influye también sobre los hombres y traza un rumbo mejor para todos. El creciente empoderamiento de las mujeres no es una reproducción de prácticas patriarcales o sexistas sino la oportunidad de innovaciones sociales y políticas de enorme valor.

 

"Democracia radical"

 

En forma paralela y complementaria a todos estos empeños, que perfeccionan y enriquecen el sistema de representación, se realizan otros, muy extendidos, que impulsan la que se ha estado llamando democracia radical. Tales esfuerzos, que corresponden también a la lucha por la autonomía, plantean ampliar y fortalecer las capacidades de la gente para gobernarse a sí mismas en sus espacios locales, en sus propios términos, con acceso transparente y equitativo a recursos públicos aplicados en términos de corresponsabilidad.

 

 

Este conjunto de iniciativas y procesos tienen muy importantes implicaciones para el empoderamiento de muy amplios sectores de la población. Forman parte de la transición política en que el país está inmerso y continuará inevitablemente, a pesar de las resistencias que todavía encuentra y de los obstáculos que surgen por la coyuntura económica y por los reacomodos que se observan en todos los partidos políticos y en las estructuras de poder.

 

Al concebir acciones que contribuyan a esos procesos, es útil deslindar con claridad las acciones orientadas a ampliar y fortalecer las acciones autónomas de la gente, que a corto plazo pueden ser las más efectivas, de las que corresponden a su mayor ingerencia en la concepción y aplicación de las políticas públicas.

 

Para estos fines, puede ser de la mayor utilidad contar con estudios que muestren las estrategias y procedimientos que permiten el empoderamiento, con base en las experiencias que se están acumulando, a fin de que todos los actores involucrados puedan aprender de ellas las lecciones pertinentes. Aún más importantes son los estudios que acoten teóricamente la cuestión y presenten alternativas que recurran al precedente pero se conciban también con imaginación sociológica y política, reconociendo la novedad de las nuevas circunstancias y procesos. Estos estudios podrían contribuir a superar algunas de las resistencias existentes, que en parte parecen derivarse del temor a lo desconocido y a la parálisis que provocan las limitaciones del pensamiento convencional dominante.

 

La pobreza de la pobreza

 

Los programas de combate a la pobreza, que intentan actualmente poner mayor énfasis en el empoderamiento de los pobres y otros excluídos, podrían militar contra su propia causa por el mero uso del término. La pobreza es aún considerada una virtud en diversos ámbitos, pero alude cada vez más, por el tratamiento que se le ha estado dando, a una situación humillante e indigna. Ser llamado pobre y, aún más, verse obligado a aceptar esa designación para obtener recursos marcados con esa etiqueta, conlleva casi siempre una pérdida de dignidad.

 

Algo semejante ocurre con el término subdesarrollado. Significa, para las mayorías sociales, estar en una condición humillante e indigna, abajo de una minoría "desarrollada". Ya no pueden soñar sus propios sueños: ya están soñados por los desarrollados. No pueden confiar en sus propias narices: han de ponerse en manos de los expertos.

 

Esta reflexión no pretende reabrir el debate teórico, político o técnico sobre la pobreza y el desarrollo. Busca más bien destacar las consecuencias sociales del empleo de estas palabras en campañas y programas públicos. Intenta también hacer notar que ambos términos no reflejan datos objetivos, aspectos o variables de la realidad social que se puedan medir con criterios técnicos o científicos. Son comparaciones que adoptan ciertos niveles o formas de vida como punto único de referencia, como definiciones universales de la buena vida.

 

La necesidad técnica de contar con indicadores estadísticos sobre ciertas condiciones homogéneas, para medir algunos aspectos de la cuestión social o concebir políticas y programas, no debe traducirse en fórmulas y campañas igualmente homogéneas. Muchos indicadores de pobreza encubren formas alternativas de prosperidad. Hay programas de desarrollo que desmantelan condiciones que podrían permitir maneras dignas y satisfactorias de vivir y a menudo tienen un impacto discapacitante. No sólo afectan las capacidades autónomas de la gente y su ejercicio digno. Pueden también dañarlas directamente, al imponerles una noción uniforme de la buena vida que les es ajena o crear condiciones para ésta que inhiben o dañan las de la suya. Definiciones alternativas, como las de "necesidades básicas" o "mínimos de bienestar", no resuelven el problema.

 

El reconocimiento y revaloración de los ideales diversificados de la buena vida que tienen diferentes pueblos y culturas permitiría por sí mismo su empoderamiento. Contribuiría aún más a ello concebir las políticas y acciones públicas en función de los diversos contextos locales y culturales.

 

Quizás no haya factor más importante para el empoderamiento de los llamados pobres que abandonar emblemas, como los de pobreza y desarrollo, que los descalifican y afectan su dignidad y empeños. La sustitución de esos emblemas debería ser la expresión de un reconocimiento eficaz de las definiciones diferenciadas de la buena vida de distintas personas, grupos, pueblos y culturas. Abandonar los tratamientos estándar y las prescripciones uniformes crea sin duda problemas a las instituciones públicas, para las que resulta difícil concebir otras formas de operar, pero haría posible que cumplieran su función, en vez de contradecirla.

 

Algunas iniciativas recientes de la sociedad civil están mostrando que es posible plantear las dificultades actuales, las reivindicaciones y las fórmulas de solución sin emplear esos términos. El solo hecho de haberlo podido hacer es expresión de empoderamiento.

 

La restitución

 

Quienes aquí interesan son los que carecen de la capacidad de vivir una buena vida, en sus propios términos, y viven en contextos sociales en que sus familias, comunidades o grupos carecen de mecanismos que compensen sus limitaciones o restricciones para ese fin. El propósito de su empoderamiento sería remediar esa incapacidad, en el plano personal o social.

 

Existen muchos casos en que la incapacidad no se debe a características de las personas o grupos, sino a actos o procesos de destitución o despojo: se les han arrebatado las condiciones que les permiten ejercer las capacidades que poseen. El empoderamiento consistiría, en estos casos, en restituirles esas condiciones. Por ejemplo: devolver sus tierras a campesinos que las han perdido por actos legales o ilegales. El empoderamiento no sería aquí un proceso sino un acto puntual, cuando el Estado restituye lo que él mismo arrebató o que dejó arrebatar.

 

Este género de iniciativa puntual se aplica particularmente al caso de los pueblos indios, que no sólo han sido despojados de sus condiciones materiales de vida sino de sus maneras propias de gobernar su existencia y hacerla florecer. Reconocerlos como lo que son y respetar su autonomía sería también una forma de empoderamiento que puede realizarse mediante un acto puntual.

 

Un caso más frecuente y general es el de quienes han perdido su capacidad de subsistencia por un cambio en las condiciones del entorno que pueden o no atribuírseles. El deterioro del ambiente o cambios en los mercados, por ejemplo, pueden haberlos incapacitado para ejercer adecuadamente sus facultades de subsistencia autónoma. Aquí el empoderamiento consistiría en restituirles esas capacidades, cuando ello es posible, o en propiciar que adquieran las que hacen falta en el nuevo contexto. Habría empoderamiento, por ejemplo, al restaurarse el ambiente deteriorado, o cuando se obtiene la capacidad técnica para rediseñar los productos en función del mercado.

 

Al abordar estos casos, sin embargo, es preciso resistir el supuesto de que toda solución efectiva pasa por una mejor forma de eslabonamiento de la acción autónoma de la gente a las condiciones del mercado globalizado. Millones de personas no podrán encontrar en él una opción suficiente y digna de vida en el futuro previsible y quedarán expuestas, por un largo periodo, a la dependencia asistencialista o a subsidios ineficientes, en ambos casos con pérdida de dignidad. Es indispensable considerar seriamente las formas de subsistencia autónoma que pueden constituir una opción satisfactoria de vida para amplios grupos, no sólo en el corto plazo -cuando puede ser la mejor o la única opción-, sino incluso en una perspectiva amplia, para quienes asocian sus sueños con modos de existencia distintos a los que ha estandarizado el modo industrial de producción. Pueden concebirse programas que apoyen esos empeños, en vez de tratar de conducirlos en otra dirección, que a menudo resulta frustrante por inviable.

 

Asimismo, conviene tomar también en cuenta la opción que representan mercados locales o regionales autónomos, separados del globalizado por mecanismos como las "monedas locales". Las experiencias al respecto muestran que esos esfuerzos no pretenden crear islotes autárquicos. Sin descuidar los empeños por mejorar los términos del eslabonamiento a los mercados globalizados, buscan satisfacer necesidades concretas mediante intercambios directos bajo control de los participantes. De ese modo, aumentan capacidades de producción y consumo y a menudo fortalecen las posibilidades de participar en el mercado globalizado.

 

Numerosas organizaciones de la sociedad civil mexicana están encaminando en esta dirección sus esfuerzos, en unos casos para conseguir la restitución específica de lo que se les ha arrebatado y en otros para impulsar opciones ingeniosas, que son económicamente viables, socialmente justas y ecológicamente sensatas. Todos ellos pueden verse como estrategias de empoderamiento.

 

Descentralización y descentralismo

 

Muchas iniciativas de la sociedad civil mexicana impulsan claramente procesos de descentralización de las instituciones y programas públicos, que amplíen las posibilidades de participación, concertación y rendición de cuentas. Al mismo tiempo, se empeñan en afirmar el descentralismo.

 

La construcción del estado nacional se realizó habitualmente como un proceso de irradiación de un centro político, administrativo, económico y cultural en manos de una elite. El diseño mismo del estado se basó en una concepción homogénea que intentó llevar desde el centro a la periferia los ideales de vida y las normas de comportamiento que se definieron en función de diversas modas ideológicas y circunstancias políticas. Quedaron casi siempre marginados, subordinados o excluídos los múltiples centros de producción cultural y política que reflejaban la pluralidad real de los pueblos y culturas que se articularon en el estado nacional.

 

Los avances democráticos han estado mostrando la vitalidad y riqueza de esos múltiples centros de creación cultural, que ahora exigen reconocimiento y respeto, tanto para asegurar su coexistencia armónica en la sociedad mayor, como para contribuir al enriquecimiento de ésta. Tales empeños han encontrado resistencia, como la que se opone a la autonomía de los pueblos indios, por considerar que pueden provocar la fragmentación o desarticulación del país o crear problemas de gobernabilidad. Por sus características, sin embargo, producirían lo contrario. Serían una contribución efectiva a la unidad de la nación, cuyo carácter multicultural todos reconocen, y a la gobernabilidad democrática.

 

Los procesos de descentralización política y administrativa no producen los efectos deseados cuando sólo aumentan la eficiencia del sistema de control del centro sobre la periferia. Para que cumplan su función indispensable deben realizarse bajo el signo del descentralismo efectivo, que representa un empoderamiento real de la sociedad civil en el plano local y regional, en donde puede darse efectiva participación de los ciudadanos en los asuntos que afectan su vida. Desde ahí, desde los centros de creación cultural asociados con la vida cotidiana de la gente, podrán irradiar al conjunto ideales de vida diversificados y prácticas sociales relevantes.

 

La perspectiva latinoamericana

 

México atraviesa en el momento actual por un momento singular de su historia política. Sin embargo, en este campo, como en muchos otros, expresa a su manera fenómenos y procesos que se observan en toda América Latina.

 

Coincidió en el tiempo, en diversas sociedades latinoamericanas, un nuevo empleo de la expresión sociedad civil, que la apartó de sus significados convencionales. Por una parte, se empleó para designar amplias movilizaciones populares que no emplearon las formas características de las organizaciones de clase o los partidos para desmantelar regímenes autoritarios. Por otra parte, aludió a nuevas iniciativas tendientes a modificar la distribución y las condiciones de ejercicio del poder, haciendo valer ante los poderes constituidos la fuerza constituyente de los ciudadanos, para darles mayor participación en las decisiones y acciones que afectan su vida.

 

La estrategia de empoderamiento es muy antigua: la han adoptado desde siempre grupos de lo que ahora se llama sociedad civil en toda América Latina, particularmente entre los excluídos. Lo que es una novedad radical es que sus gobiernos e instituciones como el Banco Mundial la propongan e intenten impulsarla. Esta nueva actitud de los poderes constituídos puede verse como una reacción razonable y positiva ante las iniciativas de grupos de la sociedad civil, que por siglos se vieron obligados a confinar el empeño a la mera resistencia y ahora se proponen explícitamente modificar la estructuración misma del poder, para retomar democráticamente el que les habían arrebatado los poderes constituídos. Al reconstituirlos no sólo retienen para sí funciones que habían delegado en ellos, sino que establecen mecanismos de control sobre las que aún les confían, como los procedimientos de revocación del mandato y rendición de cuentas.

El proceso actual está lleno de tensiones porque representa una ruptura sustantiva con una larga tradición de los estados, con los usos y costumbres de las elites. Amparados en el propósito de construir el estado nacional o en nombre del desarrollo o la justicia social, se dedicaron sistemáticamente a desempoderar a la sociedad civil y a producir así la exclusión de amplios grupos. Como consecuencia, muchas organizaciones de la sociedad civil han asumido la tarea de reeducar a los funcionarios y combatir su arrogancia y prepotencia, para convertirlos en auténticos servidores públicos. También se ocupan de contagiar su nueva conciencia a diversos segmentos de la población, que nunca pudieron ver a los gobernantes como sus apoderados, asumieron profundamente su subordinación y mantienen la ambivalencia de la dialéctica confrontación/petición.

 

La reactivación de los movimientos asociados con los pueblos indios se ha manifestado en todas las sociedades latinoamericanas, particularmente en aquellas en que representan una proporción importante de la población. La reivindicación autonómica aparece en todos los casos, aunque muestra diferencias importantes, que también se observan en el tratamiento que se da, en diversos países, a la cuestión de la representación política, que en algunos casos tiene escasa relevancia y en otros llega a convertirse en la reivindicación principal.

 

El proceso político, generalmente asociado con la lucha democrática, ha estado acompañado de interesantes innovaciones conceptuales que nutren uno y otra. Estas innovaciones reflejan un fenómeno de empoderamiento intelectual, que se aplica particularmente a cuestiones como la reformulación de la soberanía, la reconsideración del papel del estado y de la sociedad civil y de las relaciones entre uno y otra, la función y repercusiones de las nuevas tecnologías, las formas alternativas de la organización económica y social y otros aspectos, dadas las actuales circunstancias del mundo. Las innovaciones expresan, simultáneamente, una mayor interacción con corrientes de pensamiento y acción que en el pasado tendieron a llegar con retraso a la región, y una mayor capacidad de adaptarlas a sus condiciones específicas y de introducir en ellas concepciones originales.

 

Uno de los aspectos más interesantes es el que se refiere a la extensión, profundidad y magnitud de las coaliciones contemporáneas de descontentos, que han estado apareciendo en todas partes del mundo y tienen perfiles propios en la región. Se apartan de los patrones convencionales de organización y movilización, al articular empeños diferenciados que corresponden a ideales de vida, intereses e ideologías muy distintos, en torno a rechazos comunes. Las muy heterogéneas organizaciones de la sociedad civil que así se articulan expresan un "no" común a diversos fenómenos o tendencias o a proyectos específicos que los afectan. Lejos de prescindir de los diversos "síes" que definen a cada grupo u organización, los afirman en sus coaliciones, junto con la autonomía de cada uno, sin pretender aglutinarlos o disolverlos en proposiciones afirmativas comunes, a la manera de los partidos políticos o las organizaciones de clase, de los que también se diferencían por su relativo desinterés en la toma del poder político. Si bien esto limita su eficacia en algunos aspectos, les otorga una gran vitalidad, que se deriva de su mayor ajuste a los intereses e ideales diferenciados de la gente. Estas coaliciones han cambiado ya muchos estilos de organización y movilización en la región y están cumpliendo un papel de gran importancia en los procesos de transformación social.

 

Esas coaliciones de descontentos están influyendo en las estrategias de empoderamiento de la sociedad civil, particularmente de los excluídos, en toda la región. Compiten claramente con los partidos políticos, que en muchos casos no se muestran capaces de reflejar los impulsos e intereses de la base social y respecto a los cuales se manifiesta creciente desencanto. El desafío actual consiste en encontrar mecanismos sociales e institucionales que puedan encauzar estas expresiones de descontento hacia formas de participación y concertación capaces de ajustarse a la diversidad real que se manifiesta en las coaliciones, hasta lograr el efectivo empoderamiento diferencial de quienes las forman.

 

Todos los componentes de la lucha democrática y las estrategias de empoderamiento que destacan en el caso de México se encuentran presentes, en una u otra medida, en toda América Latina. Se expresa así la vitalidad y vigor de una sociedad civil que está diciendo ¡Basta ya! a todas las formas del autoritarismo y la exclusión que han caracterizado a la región.

 

San Pablo Etla, octubre de 2001