de México, hace un relato histórico del caso mexicano de relación entre sociedad civil y estrategias de empoderamiento. Antes invita a repasar las cargas semánticas que este término tiene porque resulta incómodo cambiarle el sentido transitivo del término. Conforme a estos significados convencionales, los gobernantes electos son apoderados de los ciudadanos, quienes han delegado en ellos ciertas facultades o poderes. La gente empodera a las instituciones públicas y no a la inversa cómo se está presentando ahora la palabra empoderar. Cuando la gente participa en la conducción de las políticas públicas que les afectan, no se están empoderando (recibiendo la facultad o capacidad de otros) sino restituyendo el poder que habían delegado en otros o que le habían arrebatado.
Propone usar el término "reapoderamiento democrático", para dar mejor cuenta de la recuperación de un poder que es propio. El sólo hecho de entenderlo así traería consigo un empoderamiento de la gente. Por otro lado, también genera incomodidad el término por la significación de poder como control de la conducta y voluntad de otros, con o sin derecho, dentro o fuera de la legalidad o legitimidad.
El Dr. Esteva presenta el caso de la lucha reciente por la autonomía de los pueblos indios de México, más específicamente el caso de Oaxaca y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, como muestra de viabilidad y validez de un régimen jurídicamente pluralista y multicultural que reconoce la autonomía efectiva de pueblos y comunidades, empoderándolos legal e institucionalmente y sentando las bases para la vida democrática. Luego presenta los desafíos y oportunidades del período de transición política cuando por primera vez en 70 años la oposición política gana las elecciones presidenciales. Detalla la nueva agenda de la sociedad civil en su lucha por el perfeccionamiento y profundización de la democracia, por la regulación legal y empleo de nuevas formas de democracia directa y participativa, que son complemento de la democracia representativa y formal. La sociedad civil busca ahora extender el ejercicio de la "democracia radical" que no es otra cosa que ampliar y fortalecer las capacidades de la gente para gobernarse a sí mismas en sus espacios locales, en sus propios términos, con acceso transparente y equitativo a recursos públicos, aplicados en términos de responsabilidad.
Muchas iniciativas de la sociedad civil impulsan claramente procesos de descentralización de las instituciones y programa públicos que amplíen las posibilidades de participación, concertación y rendición de cuentas. Insiste en que el mero uso de los términos puede militar contra la propia causa que los anima. Por ejemplo, cita los términos "pobre" y subdesarrollado" que refiere a niveles o formas de vida que parten de un punto único como pretensión universal de buena vida. Muchas mediciones de pobreza con este sesgo encubren, no revelan, formas alternativas de bienestar. Sugiere que las campañas o programas públicos cuiden el uso de términos por las consecuencias sociales de su empleo. Muchas veces se están imponiendo nociones uniformes de calidad de vida que son ajenas a las culturalmente autóctonas de los pueblos. Afirma, finalmente que, el reconocimiento y revaloración de los ideales diversificados de la buena vida que tienen diferentes pueblos y culturas permitiría por si mismo su empoderamiento. Contribuiría aún más a ello, concebir las políticas y acciones públicas en función de los diversos contextos locales y culturales. En toda América Latina las estrategias de empoderamiento son muy antiguas, especialmente entre los excluidos, concluye Esteva, lo que es una novedad radical es que sus gobiernos, e instituciones como el Banco Mundial, la propongan e impulsen.