CASOS
Mecanismos anticorrupción
Movilización ciudadana en
México, el caso de Alianza Cívica
Presentador de caso
Silvia Alonso Félix
Secretaria Ejecutiva, Alianza Cívica
En
México no existen mecanismos claros para informar a la ciudadanía acerca de la
asignación y aplicación de los recursos públicos, favoreciendo con ello que
éstos sean utilizados en ocasiones, de manera discrecional y con objetivos
distintos para los que fueron destinados.
Las
partidas secretas, o fondos reservados, no son ilegales, en la mayoría de los
países de América Latina, se mantienen bajo la premisa de que son necesarios
para afrontar problemas de seguridad nacional, pero no están sujetos a ningún tipo de
fiscalización del legislativo y mucho menos de la ciudadanía.
Alianza
Cívica se creó en 1994 para observar las elecciones presidenciales de ese año.
Como resultado de esa observación, se informó con rigor y objetividad sobre las
condiciones de inequidad en que se dio el proceso y las irregularidades que se
cometieron el día de la jornada electoral, así como los resultados del conteo
rápido el cual mostró con gran exactitud las tendencias electorales a favor de
Ernesto Zedillo.
La
experiencia de 1994 nos confirmó que además de luchar por elecciones limpias y
confiables teníamos que seguir trabajando en la construcción de una cultura
democrática, con ese propósito establecimos varios programas, uno de los cuales
se orientó a monitorear el comportamiento de los funcionarios públicos.
Este
proyecto, llamado “Adopte un funcionario” es una iniciativa ciudadana orientada
a observar y documentar, desde una perspectiva no gubernamental y no partidista,
el desempeño de los funcionarios públicos en México. Este programa pretende que la ciudadanía se interese en los
asuntos públicos, y que los funcionarios informe a la ciudadanía de manera
regular sobre sus actividades.
Este
programa se desarrolló en dos vertientes:
ü
La recuperación de la información
sobre la forma como se manejaban los presupuestos públicos y,
ü
La utilización de medios
jurídicos para obligar a los funcionarios a que entregaran información sobre la
forma como se gastaban los recursos, o los ingresos que obtenían.
Por
su importancia y simbolismo el primer
funcionario elegido fue el presidente de la República, Ernesto Zedillo, sobre
el que probamos los instrumentos legales que garantizan los derechos de
petición y de información.
Uno
de los casos mas notorios de la discrecionalidad en el presupuesto de egresos
del gobierno federal era la “partida secreta” del presidente. Estipulada como una prerrogativa a nivel
constitucional, esta partida de “erogaciones contingentes” era asignada año
tras año, bajo una gran discrecionalidad , sin que el presidente tuviera que
rendir cuenta alguna sobre su uso.
Por
ello, se decidió estudiar los ingresos que tenía y los privilegios de que
disfrutaba el presidente de la república.
Los resultados de las investigaciones fueron desalentadores, porque lo
que se encontró no coincidía con lo que el presidente había estado declarando
desde que era candidato. Nuestro
estudio demostró que mantenía privilegios y discrecionalidades en el manejo de
los recursos de la presidencia.
Constató
una serie de ambigüedades en relación a la información que debía ser de dominio
público. Los resultados obtenidos
evidenciaron la gran dificultad para obtener información sobre cualquier
aspecto relacionado con la Presidencia de la República y el Presidente,
principalmente sobre sus ingresos reales; así como el manejo discrecional del
enorme monto que el presidente tenía a su disposición en la “partida secreta”
consignada en el Presupuesto de Egresos de la Federación bajo el rubro de
“erogaciones contingentes” de acuerdo con la Fracción IV del Artículo 74 de
nuestra Constitución.
Por
lo anterior, la coordinación nacional de Alianza Cívica decidió ejercer su
derecho a petición consagrado en el Art. 8º Constitucional y solicitó a la
presidencia de la república la siguiente información:
- El organigrama completo y
las funciones de todas las oficinas y asesores del Presidente.
- La forma en que había
ejercido la suma que por Ley le fue asignada al Presidente de la República
y a sus oficinas para desahogar la gestión gubernamental.
- El monto al que ascendía el
ingreso mensual del Presidente de la República con cargo al erario
público, incluyendo el salario aprobado por el Congreso de la Unión, el
sistema de bonificaciones y compensaciones, así como cualquier otra
cantidad con cargo al erario público.
- Las condiciones bajo las que
haría pública su declaración patrimonial el Presidente de la República.
Pese
a las promesas de participación y apertura que este presidente había ofrecido durante
su campaña, no obtuvimos respuesta a la petición durante más de un año. Por ello, Alianza Cívica inició un juicio de
amparo por violación de garantías individuales en contra de la Presidencia,
obteniendo un fallo favorable, que obligaba a la Presidencia a responder.
Lo extraordinario e inédito es que la autoridad
correspondiente dio la razón a Alianza Cívica cuatro veces a lo largo de una
disputa jurídica de dos años. La Procuraduría General de la República, como
abogado del Ejecutivo, respondía que ya nos había dado la información al
enviarnos un organigrama. En Alianza Cívica, argumentábamos que no había
respondido el presidente.
Si bien con la respuesta enviada por la Presidencia
había sido restituido nuestro derecho de petición, no así el derecho a la
información ya que los datos enviados por las autoridades de la Presidencia no
subsanaban los vacíos de información existente.
Se presentó entonces una demanda ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (1997) por violación a su derecho a la
información. "Un año después se declaró incompetente la comisión y ya
hasta ahí llegamos. Había sido un juicio largo y no se contaba con recursos
económicos”.
Este acercamiento a la Presidencia de la República
nos dejó varias conclusiones:
- La
falta de claridad que había en torno a lo que es público y lo que es
confidencial.
- La
falta de mecanismos para el monitoreo ciudadano de la gestión pública.
- La
necesidad de que las declaraciones patrimoniales consideradas en la Ley
Federal de responsabilidades de Servidores Públicos fueran obligatorias ya
esto quedaba a la voluntad de los
servidores que desearan hacerla.
- Que
pese a las limitaciones que tenía, era necesario que la ciudadanía y sus
organizaciones ejercieran el derecho a la información.
Este proceso innovador, basado en la simple
aplicación de derechos constitucionales tuvo alcances importantes en dos puntos
clave:
- En
los años subsiguientes, se redujeron considerablemente los fondos
destinados a la partida secreta al grado de que para el año 2000, el
presidente Zedillo anunció que ya no pediría al Congreso más dinero para
el fondo reservado en el presupuesto para la partida secreta.
Gráfica
1
En el año 2001, el Gobierno del Presidente Fox, sometió a consideración del H. Congreso de
la Unión una iniciativa de Reforma la Constitución, a fin de eliminar las
partidas de gasto cuyo ejercicio no pueda ser fiscalizado. El ejecutivo propuso eliminar la partida
secreta y crear la categoría de “gastos de carácter confidencial”, los cuales
serían destinados exclusivamente a asuntos de seguridad pública nacional. Esos gastos estarían sujetos a principios de
transparencia, al ser revisados por la entidad de fiscalización superior de la
Federación.
- Contribuimos
a dar el primer paso para abrir el debate en torno al derecho ciudadano
del libre acceso a la información, el cual en la práctica estaba muy lejos
de ser pública. Los pasos
subsecuentes fueron posibles gracias al impacto de estas acciones
iniciales, a la llegada de diputados de oposición a puestos clave dentro
de las Comisiones de la Cámara de Diputados, al interés que despertó el
tema en los medios de comunicación
y a la decidida actuación de diferentes actores sociales y políticos
que tomaron la tarea de lograr transparentar la información pública.
Finalmente, el pasado mes de junio del presente año,
fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Esta ley,
sancionada por el presidente de la República en junio pasado, establece el
procedimiento mediante el cual los ciudadanos mexicanos puedan tener acceso a
datos informativos. Con esta ley se crea la figura del Instituto Federal de
Acceso a la Información Pública, que resolverá controversias cuando una
dependencia se niegue a entregar informes.
Si bien estamos, satisfechos por el impacto logrado
en este proyecto, estamos conscientes que la sola aprobación de nuevas leyes
frecuentemente no tiene el impacto
deseado por la falta de voluntad política de los gobiernos para implementarlas.
Por ello, y acorde al objetivo de continuar
contribuyendo a la Trasparencia del Ejercicio de Gobierno, Alianza Cívica está
desarrollando otras iniciativas que buscan incidir en el combate a la corrupción, mediante la promoción de la
participación ciudadana.
En la
búsqueda de instrumentos que permitan la transparencia del ejercicio de
gobierno y de los recursos públicos,
actualmente Alianza Cívica esta
llevando a cabo un ejercicio de participación ciudadana en la vigilancia de los
gobiernos locales que se ha concentrado en cuatro aspectos:
- planeación,
- presupuesto,
- gestión
de gobierno y,
- rendición
de cuentas.
Los y las ciudadanas que están participando dentro
de este ejercicio están monitoreando tres puntos fundamentales:
- La
responsabilidad de las autoridades que buscan satisfacer las necesidades
de la población.
- Si
existe libre acceso a la información sobre los recursos monetarios los
programas, acciones y obras que realiza el municipio
- Si
las autoridades municipales permiten o promueven la participación en las
decisiones y acciones del municipio.
Para el
desarrollo de este ejercicio ciudadano diseñamos y estamos aplicando un sistema
de indicadores cuantitativos y cualitativos que nos permitan conocer la calidad
de la gestión de gobierno y la percepción ciudadana acerca del desempeño de sus
autoridades municipales.
La meta es
contribuir a establecer una
interlocución más eficaz gobierno - sociedad civil, traducida a una mayor
transparencia, honestidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos, y
una multiplicación de la experiencia.
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