CASOS

Reforma Judicial

“LA GERENCIA DE PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DE VENEZUELA” 

Presentador de caso

Adriana Lander Osío

A modo de introducción

En el área de la reforma judicial, dos temas se vinculan con el “empoderamiento de los ciudadanos”.

En primer lugar, el tema de la Participación Social en la Justicia, que forma parte de los derechos políticos que pueden ejercer las personas individual o colectivamente (a través de asociaciones civiles o grupos organizados de personas). En este sentido, hablamos de Participación Ciudadana cuando hacemos referencia a la posibilidad individual que tiene una persona para participar en la toma de decisiones de gobierno o administración judicial, o propiamente, en la actividad de administrar justicia. Hablamos de Participación de la Sociedad Civil, cuando esta posibilidad o este ejercicio es colectivo.

En segundo lugar, el tema de Acceso a la Justicia, que forma parte de los derechos civiles que pueden ejercer las personas, individual o colectivamente, y que implica la posibilidad real y efectiva de acceder a las instituciones y servicios del sector justicia.

En este orden de ideas, el caso que presentamos, esto es, la Gerencia de Participación de la Sociedad Civil (hoy Gerencia de Proyectos) está relacionado directamente con el aspecto de la Participación Social en la Justicia y más específicamente, con la Participación de la Sociedad Civil en la Justicia.

A partir de las actividades desplegadas por un grupo de asociaciones civiles, más específicamente, por un grupo de organizaciones no gubernamentales, en relación con el Proyecto de Modernización del más Alto Tribunal de la República, se abrió un importante espacio de diálogo y en algunos aspectos, de negociación, que conllevó a la adopción de un conjunto de iniciativas relacionadas con diferentes aspectos de lo que entendemos por “empoderamiento de la ciudadanía”, nos referimos a actividades que implican “inclusión y participación”, “capacidad efectiva”, “acceso a la información” y “rendición de cuentas”.

En este contexto, es importante precisar que este caso se desarrolla en una de las instituciones de más alta jerarquía dentro del Estado, específicamente, en la institución de gobierno judicial, esto es, en la institución desde la cual han de formularse las políticas de acceso a la justicia de los ciudadanos.

Al respecto, es necesario precisar que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela juega un doble rol dentro del poder político del Estado, por una parte es el más alto Tribunal de la República, lo que quiere decir que conoce y decide los casos de mayor importancia en el país; y por la otra, tal como lo señalamos anteriormente, es la institución de gobierno y administración judicial.  

I.                    CONTEXTO^[1]

1.                         Los roles y relaciones entre los distintos poderes y actores.

En la década de los 90´s, a las iniciativas del Ejecutivo y del Congreso, se incorporó la presión de organismos multilaterales (financistas del proceso de reestructuración económica venezolano), a fin de reformar todas las instituciones que tienen incidencia económica en el país.

En este contexto, hay que hacer referencia a la visibilidad de diversos sectores y organizaciones de la sociedad civil, que participaban activamente en el tema. 

Así, con relación al préstamo que el gobierno de Venezuela firmó para el  cofinanciamiento de un Proyecto de Modernización de Tribunales, un importante grupo de organizaciones no gubernamentales suscribió un documento en el que se señalaba: “Expresamos nuestra disposición a colaborar en la consecución del éxito del Proyecto de Reforma Judicial... Expresamos nuestra disposición a contribuir a divulgar los alcances del Proyecto en los sectores en los cuales trabajamos, y a promover procesos de consultas para acercar el proyecto a la población... Expresamos nuestro interés en ejercer control social y seguimiento sobre el desarrollo del proyecto... Manifestamos  nuestra voluntad de aportar a la construcción de una alianza de representantes judiciales y de la sociedad civil...”.

Transcurridos dos años de la entrega de este documento y un poco más de cuatro años de la firma del ya referido contrato de préstamo, los dirigentes del órgano de administración de tribunales reconocieron la necesidad de legitimar dicho proyecto ante estos grupos organizados, incorporando un espacio de coordinación y diálogo con la sociedad civil, a través de la incorporación como consultor en dicho proyecto de uno de los más activistas en derechos humanos de más reconocimiento en el país.

Paralelamente a las actividades realizadas por este grupo de sectores y organizaciones de la sociedad civil en el Poder Judicial, en septiembre de 1997, dichas organizaciones aparecían en los principales medios de comunicación social, presentando la constitución de la “Alianza Social por la Justicia” al Presidente de la República. Así en un acto sin precedentes, más de 45 organizaciones sociales, empresariales, académicas y corporativas se reunieron para presentarle al Ejecutivo Nacional los objetivos y estrategias que crearían las condiciones por parte de la sociedad civil, para facilitar la reforma de este sector, En este evento, el Presidente de la República se comprometió públicamente a apoyar el proceso de reforma y reconoció que después de muchos intentos, la vía para garantizar la reforma del sistema de justicia era una decidida participación de la sociedad civil.

Ese mismo mes, se realizó una reunión con la directiva de la Corte Suprema de Justicia, en la que se reconoció la importante de la organización y de la presión de la sociedad civil en la reforma judicial. Es por ello que, tomando en cuenta las experiencia anteriores, en relación con las críticas surgidas respecto a los bajos niveles de participación en estos proyectos gubernamentales con financiamiento internacional, los abanderados de la modernización de la Corte Suprema de Justicia, abrieron un importante espacio de diálogo desde la etapa de diseño del Proyecto de Modernización de esta institución. Al igual que en el Proyecto de Modernización de Tribunales, en el Proyecto de Modernización de la Corte Suprema de Justicia (hoy Tribunal Supremo de Justicia), cofinanciado entre el Gobierno de Venezuela y el Banco Mundial, se creó un espacio especializado en canalizar las relaciones con la sociedad civil, denominado “Gerencia de Participación de la Sociedad Civil”, a cargo de otra importante activista en derechos humanos de reconocida trayectoria en el ámbito nacional e internacional.

En ese período, la “Alianza Social por la Justicia”, coordinado para este momento por quien realiza esta presentación, se presentaba como un espacio para articular la unión de la mayor cantidad de grupos y organizaciones interesados en el tema, realizaron una serie de actividades con los dirigentes de las diferentes ramas del Poder Público del Estado, Universidades, así como con agencias publicitarias, anunciantes y medios de comunicación social, tanto públicos como privados, a fin de desarrollar una campaña institucional sobre la reforma judicial y la participación ciudadana, y en tal sentido; existiendo el interés y el apoyo de dichos medios por posicionar el tema como uno de los más importantes en la agenda pública y política del país.

2.                                                             Las prácticas culturales y sociales.

Tradicionalmente el Estado venezolano no había facilitado ni creado las condiciones para que los ciudadanos puedan darle seguimiento y controlar el cumplimiento de la función judicial. Esto se ha explicado, con relación a la poca relevancia que ha adquirido el sistema de justicia en la vida de los ciudadanos, ya que, a pesar de que constantemente se ha afirmado que la mayor parte de la población no tiene acceso al sistema de justicia, esta situación nunca se ha constituido en un reclamo prioritario de los ciudadanos. Al respecto, investigaciones arrojaron que incluso, grupos que tenían la posibilidad de acceder a los tribunales, preferían resolver sus conflictos fuera de ellos^[2].           

II.                  DESCRIPCIÓN DEL CASO. LA CREACIÓN DE LA GERENCIA DE PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL SUPREMO TRIBUNAL^[3]

1. Los objetivos principales y resultados esperados.

En el curso de los estudios preparatorios del Proyecto de Modernización del Supremo Tribunal de Justicia se constató una falta de canales de comunicación con la sociedad civil, cuestión que si bien puede asociarse parcialmente a la necesidad de guardar una sana distancia frente a la sociedad para ejercer su función jurisdiccional, le restaba canales de interlocución pública en el desarrollo de sus funciones no jurisdiccionales. Finalmente, es sabido que los procesos de reforma del sistema de administración de justicia enfrentan una serie de resistencias que es necesario vencer y en ese sentido, la sociedad civil constituía para el más Alto Tribunal una aliada en función de asegurar el éxito y la continuidad del proyecto, más allá de los cambios y posibles resistencias.

De esta forma, a mediados del año 1998 se creó la Gerencia de Participación de la Sociedad Civil, cuyo objetivo principal fue el establecimiento de un canal de comunicación con la sociedad civil, desde el que se identificaría constantemente, la existencia de algún papel que la sociedad civil (o particularidades de ésta) debía jugar en los proyectos desarrollados, así como, la identificación de mecanismos, espacios y oportunidades que permitieran al Máximo Tribunal un mayor acercamiento con la sociedad civil.

Con base a estas consideraciones, se trazaron una serie de objetivos y resultados esperados, que correspondían a necesidades sentidas en el Tribunal: i) La sensibilización de la sociedad civil sobre el tema de la administración de justicia, estimulando su participación constructiva en el proceso de reforma. ii) El acercamiento entre el más Alto Tribunal y la sociedad civil. iii) La construcción de alianzas sociales para asegurar el éxito y la continuidad del proceso de reforma en general y del Proyecto de Modernización en particular.

2. La metodología empleada.

Sin lugar a dudas, la iniciativa de crear una Gerencia de Participación de la Sociedad Civil constituyó una experiencia novedosa en el marco de las instituciones públicas en general y del sector justicia en particular y al efecto, se identificó la siguiente orientación, como primer paso de la metodología empleada, esto es, el manejo de un concepto amplio de sociedad civil, lo cual incluía a las ONG de reforma judicial, de derechos humanos y de desarrollo social, así como a los sectores académico, empresarial, religioso y gremiales diversos.

Igualmente, se estableció el manejo de un concepto amplio de participación, el cual no podía limitarse a compartir información sobre el desarrollo del proyecto, ni a la preparación de eventos, sino que debía buscar involucrar a diversos sectores sociales, cada uno desde su especificidad, en las etapas de diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de iniciativas desarrolladas por el Tribunal Supremo de Justicia en el marco del proyecto de modernización.

Ahora bien, es importante destacar en cuanto a la metodología empleada que las actividades realizadas vienen precedidas de un análisis y evaluación de los temas de interés para los diversos sectores de la sociedad civil sobre el sector justicia. Luego, se pasa a planificar estas actividades conjuntamente o coordinadamente con organizaciones sociales vinculadas al área de interés. Por ejemplo, aspectos relacionados con la Transparencia Judicial han sido trabajado con organizaciones de reconocida trayectoria en Venezuela. 

A lo interno, esta Gerencia se apoya en los recursos que manejan las diferentes dependencias del Tribunal Supremo de Justicia, así, por ejemplo, las relaciones con la prensa son canalizadas a través de la Oficina de Información y Comunicaciones de esta institución.     

3. El proceso, los roles de los diferentes actores y la inversión en construcción de capacidades y el acceso a la información.  

3. 1. En cuanto a la inclusión y la participación. Con la puesta en funcionamiento de la Gerencia de Participación de la Sociedad Civil, se incluyó la opinión de grupos que tradicionalmente estuvieron excluidos en el establecimiento de las prioridades y toma de decisiones por parte del órgano de gobierno y administración judicial, nos referimos a  organizaciones sociales de base e intermedias, así como a las redes de organizaciones. De forma específica, nos corresponde resaltar la interlocución con la red de organizaciones denominada “Alianza Social por la Justicia”, constituida por diferentes grupos de organizaciones no gubernamentales relativas a la promoción de los derechos humanos, del desarrollo social y  de la participación ciudadana, así como por un conjunto de organizaciones vinculadas al sector productivo.

3.1.1. De forma específica, el Supremo Tribunal y la Alianza Social por la Justicia trabajaron conjuntamente en: i) la presentación de propuestas a la Asamblea Nacional Constituyente, en especial, en lo relativo a la existencia de un porcentaje presupuestario mínimo obligatorio para el Poder Judicial, así como, en la gratuidad de la justicia. ii) la implementación de reformas legales, tales como la Ley Orgánica de Protección a la Niñez y la Adolescencia y el Código Orgánico Procesal Penal, entre otras

3.1.2. Paralelamente, el Tribunal Supremo de Justicia realizó un importante proceso de difusión e información desde la perspectiva de los derechos humanos en conjunto con la “Alianza Social por la Justicia”, a través de la realización de foros en todo el país, en los que se han discutido los grandes temas que interesan al país, cuya programación ha sido elaborada conjuntamente por el Tribunal y la organizaciones sociales correspondientes. Recíprocamente, estos foros de discusión y difusión política y académica han contribuido al fortalecimiento del Tribunal Supremo de Justicia como espacio institucional y soporte logístico para la realización de actividades que promueven la cultura de los derechos humanos y el conocimiento de los principios constitucionales, los cuales han concluido en la presentación de propuestas a las diferentes instituciones del sector público relacionadas con el sector justicia, tales como, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia, así como, al órgano legislativo. En estas actividades han participado tanto organizaciones sociales como ciudadanos de forma individual. 

3.1.3. Como órgano de gobierno judicial, esto es, como coordinador de las políticas judiciales en el país, al Tribunal Supremo de Justicia le corresponde formular las políticas de acceso al sistema de justicia, para ello, desde la Gerencia de Participación de la Sociedad Civil se ha promovido la realización tanto de estudios de opinión como de investigaciones socio-jurídicas que permiten la toma de decisiones racionales.

En este sentido, partiendo de la presunción de la falta de conocimiento de la mayoría de la población tanto de sus derechos como de los mecanismos con que cuenta para hacerlos valer, se han realizado, en alianza con instituciones académicas y organizaciones no gubernamentales, investigaciones acerca del Acceso a la Justicia de los ciudadanos, que podrían ayudar a responder preguntas como ¿Quién está incluido?. ¿Cómo están incluidos y qué papel juegan?. Una de estas investigaciones se denominó “Las Voces de los Pobres acerca de la Justicia”^[4] y fue financiada a través de una premiación en un concurso organizado por el Banco Mundial, denominado “Development Marketplace Competition 2000”.

Estas investigaciones, que vienen a corroborar la presunción inicialmente existente, en cuanto a la existencia de una mayoría de la población venezolana que se encuentra excluida del sistema, permiten orientar el conocimiento acerca de cuáles son las necesidades de la población acerca del sector justicia. En estas investigaciones, se ha consultado la opinión de los usuarios y potenciales usuarios del sistema de justicia acerca de su percepción sobre el funcionamiento del mismo, así como, la identificación de los problemas que confrontan las personas con desventajas cuando tratan de obtener justicia.  De forma tal que, las actividades de la Gerencia de Participación de la Sociedad Civil también beneficiaron a ciudadanos considerados individualmente.    

3.1.4. Un aspecto que merece especial atención es que, a esta Gerencia se le ha dado la responsabilidad de coordinar la presencia del Tribunal Supremo de Justicia en la instancia denominada “Cumbre de Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos de Justicia”, con la particularidad de que este año, dicha Cumbre en su VII edición, se dedicará al tema del “Acceso a la Justicia”. Al respecto, tanto los documentos elaborados de cara a esta Cumbre como la participación de Venezuela en la misma, se han abordado desde la perspectiva de los derechos humanos, atendiendo así, no sólo los intereses institucionales, sino a los intereses y las luchas del sector no gubernamental en nuestro país por el reconocimiento y garantías ciudadanas.     

3. 2. Acceso a la información.

3.2.1. Tal como quedó reflejado en el ya citado informe final del Proyecto de Modernización, la relación con la sociedad civil también ayudó a expandir el sector comunicaciones en el Tribunal Supremo de Justicia. Efectivamente, desde esta Gerencia se ha venido trabajando coordinadamente con la Oficina de Información y Comunicaciones, encargada de la estrategia comunicacional del Tribunal. En este sentido, una de las iniciativas que merece resaltar es la producción de publicaciones en forma de revistas, elaboradas por un equipo interdisciplinario, en el que se explican las decisiones del Tribunal en lenguaje accesible para la población en general.

Paralelamente, en alianza con algunas organizaciones no gubernamentales, tal como, la organización de derechos humanos, “Red de Apoyo por la Justicia y la Paz”, se distribuyeron materiales informativos de alcance popular sobre el contenido de nuevas leyes. 

3.2.2. Desde el año 2000 se estableció un programa destinado a la creación de Oficinas de Orientación Ciudadana en los Palacios de Justicia del país. La primera que se ha creado es la Oficina de Orientación Ciudadana en el Tribunal Supremo de Justicia, cuya misión es la de brindar orientación jurídica a todas las personas que requieren resolver los conflictos que les aquejan y que no han introducido una demanda en los tribunales. Constantemente se realizan estrategias comunicacionales que dan a conocer la existencia y funciones de esta oficina. Hasta el 31 de agosto del presente año 2002, se han atendido 548 casos en dicha oficina. Al igual que en las demás actividades desplegadas por esta oficina, los medios de comunicación social y, en especial, periodistas especializados en cubrir la fuente judicial se manifiestan como aliados en la difusión de nuestro trabajo.

3.2.3. Igualmente, la Gerencia de Participación de la Sociedad Civil trabajó articuladamente con la Gerencia de Informática y Telecomunicaciones del Tribunal Supremo de Justicia, en la instalación de un centro de información documental en este Alto Tribunal, en el que los ciudadanos que no tienen acceso a Internet, y por ello al sitio web del Tribunal (que contiene toda la información que produce el Tribunal) pueden consultarla desde dicho centro, lo cual ha redundado positivamente en la imagen del Tribunal, en cuanto ha contribuido a mejorar la transparencia de las actuaciones del Tribunal Supremo. Al respecto, cabe destacar en primer lugar que, este sitio web  tiene en la actualidad entre 6.000 y 7.000 consultas diarias. En segundo lugar, que en este sitio, identificado como: www.tsj.gov.ve, aparece toda la información relacionada con las posibilidades de participación social, así como, la existencia de foros de discusión sobre temas de actualidad en los que participan los ciudadanos interesados.   

3.3. Rendición de cuentas

3.3.1. Desde finales del año 2000, esta Gerencia se ha involucrado en la rendición de cuentas del Tribunal Supremo de Justicia, asumiendo la coordinación del Informe que anualmente presenta el Poder Judicial a la comunidad nacional e internacional.

3.3.2. Desde el año 2001, en esta Gerencia se ha abierto un espacio de reflexión con los responsables de elaborar los indicadores y estadísticas judiciales, en cuanto a la transparencia en la gestión del órgano de gobierno y administración judicial, así como con relación a la rendición de cuentas a la sociedad, habiéndose organizado foros técnicos y políticos sobre este tema.

Todas estas actividades han sido reflejadas en los órganos de difusión del Tribunal Supremo de Justicia y en ciertos casos, en los medios de comunicación, a través de las estrategias comunicacionales organizadas por la ya referida Oficina de Información y Comunicaciones del Tribunal Supremo de Justicia.

4. La sustentabilidad, los beneficiarios e indicadores.

Es importante señalar que, para mediados del año 2001, el Proyecto de Modernización del Tribunal Supremo de Justicia se encontraba en su etapa final de ejecución; sin embargo, dado el vacío que llenó la Gerencia de Participación de la Sociedad Civil, en relación con las funciones que desde allí se desarrollaron, el Tribunal Supremo de Justicia contrató, con fondos propios, al personal que laboró para dicha Gerencia, a la que se ha denominado Gerencia de Proyectos. De tal manera que se logró uno de los objetivos inicialmente trazados, esto es, la continuación de esta oficina más allá de la finalización del Proyecto de Modernización. 

Paralelamente, el cambio constitucional que significó la existencia de una única institución de gobierno y administración judicial, el Tribunal Supremo de Justicia, así como, la creación de nuevas Salas y, el nombramiento de nuevos Magistrados que comportó nuevas directrices desde la Junta Directiva, que llevaron a cierta “redefinición” de las funciones de esta Gerencia, sin embargo, puede afirmarse que sus objetivos y metodología de trabajo se han mantenido durante este último año, incluso, existe la voluntad manifiesta por parte del Presidente del Tribunal Supremo de Justicia de continuar con esta oficina de forma permanente a partir del próximo año 2003.        

La Gerencia de Participación de la Sociedad Civil, hoy Gerencia de Proyectos, como espacio que apoya la relación interinstitucional del órgano de gobierno judicial con la sociedad civil, ha promovido, desarrollado y fortalecido su trabajo a través de alianzas tanto con organizaciones y redes de organizaciones que trabajan con temas interés sobre el sistema de justicia, quienes son beneficiarios de las iniciativas relacionadas con los tres aspectos antes descritos, esto es, con la participación e inclusión, con el acceso a la información y con la rendición de cuentas.

De tal manera que las organizaciones beneficiadas directamente son organizaciones intermedias. Organizaciones vinculadas al movimiento de derechos humanos, que promueven derechos civiles y políticos (Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Vicaría de Derechos Humanos), derechos económicos, sociales y culturales (Provea), derechos del niño y del adolescente (Cecodap), derechos de la mujer (INAMUJER), derechos de las personas encarceladas (Red de Organizaciones Una Ventana a la Libertad), de promoción de la reforma judicial (Alianza Social por la Justicia, Consorcio Justicia), de promoción y monitoreo de la democracia (Fundación Momento de la Gente y Mirador Democrático, entre otras), de defensa de sectores específicos (Acción Ciudadana Contra el Sida), organizaciones vinculadas al sector productivo (CONAPRI, Cámara de Comercio Venezolana-Británica). En este sentido, se ha creado un importante directorio de un centenar de organizaciones que pueden, dependiendo del aspecto tratado, funcionar como contraparte de esta Gerencia en particular y del Tribunal Supremo de Justicia en general.

A su vez, estas organizaciones multiplican los logros obtenidos con organizaciones de base y comunitarias, que aparecen como beneficiarios indirectos del trabajo realizado.  

En igual medida, puede sostenerse que los logros obtenidos también han beneficiado directamente a los ciudadanos que han sido consultados en los estudios de opinión, como en las investigaciones socio-jurídicas.

5. La gobernabilidad para el empoderamiento de los pobres y el potencial para replicar el caso en otros sitios y/o desarrollarlo a mayor escala.

Es importante destacar que la Gerencia de Participación de la Sociedad Civil se creó en el marco del Proyecto de Modernización, el cual tenía unos objetivos precisos que fueron cumplidos satisfactoriamente, pero que sin embargo, no había implicado una reforma estructural básica del Poder Judicial en Venezuela. En este sentido, tanto el Proyecto como la Gerencia de Participación de la Sociedad ha orientado el camino para la solución de ciertas deficiencias como lo constituye la falta de acceso a la justicia de la población venezolana y al respecto ha iniciado un proceso para la construcción de un “Plan Nacional de Acceso a la Justicia”, de tal forma que el caso que hemos presentado se relaciona con la “Democratización de la Justicia”, como iniciativa que ha contribuido por una parte a aumentar las capacidades de la sociedad, en su incidencia en el espacio político judicial, así como, el haber establecido puentes entre los ciudadanos y el órgano de gobierno judicial que se ha iniciado en el camino de tomar en cuenta las voces de los pobres. En democracia, se requiere  generar algún canal de comunicación entre los que ejercen el poder y los titulares de ese poder, en este sentido se han desarrollado mecanismos que han permitido conocer lo que  la gente piensa sobre la justicia, todo esto, si se desea que ese poder refleje los intereses de los “dueños” de la facultad de administrar justicia.

En este orden de ideas, el indicador básico está representado por el efectivo incremento en el nivel de interlocución entre los más altos niveles directivos del Tribunal Supremo de Justicia y las organizaciones intermedias de la sociedad civil que se han mostrado interesadas en esta temática, incluso organizaciones que al comienzo de la experiencia no se visualizaban como interesadas en el tema, debido al alto contenido técnico que parece involucrar la reforma del sistema de justicia.

Ahora bien, tal como ha quedado evidenciado en las reuniones efectuadas en el marco de la Cumbre de Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos, así como en el Encuentro de Consejos de la Judicatura, esta es una iniciativa que no sólo es posible replicar en otros países de Iberoamérica, sino que ha sido del mayor interés por dirigentes judiciales de estos países, quienes nos han solicitado información e incluso, extendido invitaciones para conocer esta experiencia y evaluar su posible implementación.

Tal como hemos señalado, este caso se inscribe específicamente en el Tribunal Supremo de Justicia, sin embargo, uno de los desafíos más importantes está constituido, precisamente por su implementación a una escala mayor, es decir, para que se manifieste en el resto del Poder Judicial.                      

III.- LOS PRINCIPALES OBSTÁCULOS Y LOS ERRORES COMETIDOS

1.             Obstáculos externos a la Gerencia.

1.1.        La falta de consistencia entre la actividad institucional y la actividad judicial del Tribunal Supremo de Justicia. Así por ejemplo, mientras que en el área institucional, específicamente, desde la Gerencia de Participación de la Sociedad Civil, se han manejado criterios amplios con relación a la concepción del término sociedad civil y a los diferentes ámbitos en la que la misma puede participar; en el área de la actividad jurisdiccional del Tribunal Supremo de Justicia, esto es, en algunos de los casos de la más alta resonancia política que se han introducido en la Sala Constitucional, estos criterios se  han restringido. Al respecto, si bien estas restricciones obedecen a interpretaciones jurídicas en el orden procesal, para el colectivo, esta diferencia de criterios genera cierta desconfianza en el ámbito institucional, obstaculizando así la construcción de nuevas alianzas para la realización de actividades institucionales o académicas.

1.2. A pesar de que en ciertos momentos y oportunidades, ha existido una clara voluntad por parte de los más altos dirigentes de la institución de abrir espacios para la participación ciudadana, no han existido las condiciones legales o institucionales en el Tribunal Supremo de Justicia que permitan el desarrollo de estos postulados. Así por ejemplo, la falta de un espacio desde el que se generen políticas judiciales, obstaculiza la participación de la sociedad civil en la presentación de propuestas de políticas que contribuyan al acceso a la justicia de los ciudadanos.

2.      Errores

Más que un error ha existido cierta debilidad en la ampliación de la convocatoria a las organizaciones, más allá de las organizaciones sociales que tradicionalmente se han mostrado interesadas en establecer alianzas institucionales con el Tribunal Supremo de Justicia.

IV.- DESAFÍOS Y FORTALEZAS DE LA INICIATIVA  

1.       Fortalezas

1.1. La relación con estos sectores de la sociedad civil ha traído la incorporación de nuevos temas a la agenda de transformación del Poder Judicial. Tres de estos temas son: i)  La transparencia y la rendición de cuentas del Poder Judicial a la sociedad. ii) El acceso a la justicia. Tradicionalmente en Venezuela la reforma judicial había estado vinculada a la lucha por la Independencia Judicial, y más recientemente a la modernización judicial. La participación de las organizaciones no gubernamentales incorporó el tema de Acceso a la Justicia. iii) Los derechos humanos y, especialmente, el derecho internacional de los derechos humanos.

En tal sentido, la participación de la sociedad civil en la reforma de la justicia en Venezuela, ha puesto el énfasis en los derechos de los ciudadanos, esto es, el poder al servicio de los ciudadanos.

1.2. La existencia de un equipo de trabajo interdisciplinario proveniente de importantes ONG´s de derechos humanos y de promoción de la participación ciudadana, cuya metodología y temas de trabajo se identifica con el de las organizaciones no gubernamentales que fungen como contraparte.

2.       Desafíos   

2.1.                           En cuanto al equipo de trabajo. Se hace necesario mantener equipos de trabajo interdisciplinarios que logren establecer un puente entre los conocedores de la ciencia jurídica  y el resto de la sociedad. A pesar de la relación laboral con el Tribunal Supremo de Justicia, el equipo debe mantener una relación de independencia, en cuanto a la posibilidad de expresar y plantear sus ideas y en su caso, las críticas pertinentes. Grupo éste que además, debe ser considerado un interlocutor válido para las organizaciones de la sociedad involucradas en esta temática.

2.2.                           La creación de un espacio institucional permanente dedicado al abordaje y monitoreo de estos temas.

2.3.                           La implementación de la agenda elaborada en esta Gerencia, a una escala mayor, esto es, al resto del Poder Judicial.

Puntualizaciones finales

En cuanto al futuro de esta oficina, en un nivel político es preciso señalar que, tal como señalamos anteriormente, existe la voluntad manifiesta tanto del Presidente y otros Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, como del Gerente General de la institución de continuar con esta oficina de forma permanente, ya que entre otras razones, constituye un principio que se ve reflejado en diferentes normas constitucionales, y más específicamente, constituyen derechos constitucionales, tanto la participación ciudadana en la justicia como el acceso a la justicia.

En cuanto a la sustentabilidad, las organizaciones con las que hemos venido trabajando durante estos años, han expresado la importancia de este espacio de incidencia en las políticas judiciales, lo cual supone que esta iniciativa tenga sujetos empoderados con la misma.

En cuanto al nivel de inclusión, se presenta un desafío que significa no sólo trabajar con organizaciones intermedias, sino que su cobertura se pueda ampliar a un mayor número de beneficiarios para que coadyuve al proceso de inclusión en la justicia.