Coronavirus: La respuesta del Grupo Banco Mundial ante la emergencia mundial de hacer frente a la pandemia. Sepa más

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Panamá: panorama general

  • Antes del impacto de la pandemia por la COVID-19 (Coronavirus) y, a pesar de la desaceleración en los últimos años, Panamá se encontraba entre las economías de más rápido crecimiento a nivel mundial, con un promedio anual de 4,6% en los últimos cinco años.

    Se prevé que los efectos de la pandemia sobre la economía panameña sean significativos con afectación en los principales indicadores macroeconómicos. La posición fiscal del país se verá deteriorada como consecuencia de la caída de la demanda agregada y de los ingresos a raíz de la ralentización de la economía y el aplazamiento del pago de algunos impuestos, frente al fuerte aumento del gasto público derivado de los programas de sanidad y protección social.

    Se espera que el crecimiento para el 2020 se contraiga de forma significativa y afecte las principales áreas laborales, como servicios y construcción. Aunque casi todos los sectores han sido golpeados, se esperan contribuciones positivas al crecimiento por parte del gasto público, pero con el consecuente aumento del déficit fiscal y la deuda pública. Se prevé una leve recuperación para 2021 impulsada por una mejora de los flujos comerciales, la recuperación de los sectores del transporte, la logística y otros sectores asociados al Canal, así como repuntes en los sectores de la minería y la construcción, junto a mejoras del consumo interno y las inversiones.

    Panamá ha progresado con la reducción de la pobreza en los últimos años, en parte debido al crecimiento económico y a las transferencias públicas. Entre 2015 y 2018, si utilizamos la línea de pobreza de US$5,5 al día, resultaría en una disminución de pobreza del 15,4% a un 12,6%, mientras que la pobreza extrema, fijada en US$3,2 diarios, declinó de 6,7% a 5,2%.

    Sin embargo, la pobreza solo disminuyó marginalmente en 2019 y se vislumbra que los impactos de la pandemia por la COVID-19 afecten los avances logrados, agudizando los niveles de pobreza e inequidad dentro de los grupos más pobres y vulnerables en las poblaciones indígenas y afrodescendientes.

    El acceso a los servicios básicos no es universal y depende de factores como la ubicación geográfica, niveles educativos, etnicidad e ingresos de los hogares.  Hay grandes dicotomías entre el ámbito rural y urbano: la pobreza prevalece en áreas rurales que, a su vez, están en su mayoría habitadas por poblaciones indígenas y afrodescendientes.  Por ejemplo, la esperanza de vida en los hombres y mujeres indígenas que viven en sus territorios (67,75) es de 11 años menos que el resto de la población (79); y la tasa de mortalidad materna es cuatro veces mayor en las mujeres indígenas que habitan en sus territorios que el promedio nacional de todas las mujeres (392 en Darien vs. 35.4 en todo el país, por cada 100,000 partos).

    Estas disparidades aumentarán en el corto y mediano plazo como consecuencia de la COVID-19, la cual se espera que provoque un aumento la inseguridad alimentaria y, por lo tanto, en la desnutrición aguda y crónica infantil y las deficiencias de micronutrientes, especialmente en áreas rurales, lo que amenaza los avances recientes. Asimismo, casi un millón de estudiantes han sufrido la interrupción de las clases presenciales, con los subsiguientes impactos en los resultados de aprendizaje y pérdida de conocimientos, efectos que también son más agudos entre los estudiantes de menores recursos.

    Sostener un crecimiento alto e inclusivo a mediano y largo plazo requerirá responder a limitaciones históricas. Éstas incluyen: mejorar la prestación de servicios sociales básicos, como educación, salud, agua y saneamiento, sobre todo en las poblaciones vulnerables; fortalecer las destrezas y la eficiencia de las instituciones públicas; así como la provisión de infraestructura clave. El desarrollo del capital humano debe desempeñar un papel más importante.

    Última actualización: Oct 09, 2020

  • El Grupo Banco Mundial y el Gobierno de Panamá establecieron el Marco de Alianza con el País (MAP) 2015-2021, el cual define las áreas de apoyo del Banco con el país. Un nuevo Diagnóstico Sistemático del País (SCD, por sus siglas en inglés) se preparará a fin de valorar los retos y oportunidades claves para el desarrollo del país y acompañar al Gobierno en sus esfuerzos de reconstrucción tras la COVID-19.

    El Marco de Alianza se basa en tres pilares que sustentan el compromiso del Grupo Banco Mundial con el país:

    • Apoyar la continuidad del alto crecimiento
    • Asegurar la inclusión y las oportunidades para los grupos marginados e indígenas
    • Reforzar la resiliencia y la sostenibilidad

    La cartera del Banco Mundial en Panamá suma US$226 millones, que corresponden a cuatro proyectos enfocados en protección social, gestión de riesgo de desastres, apoyo al Plan de Desarrollo Nacional de los Pueblos Indígenas y salud como respuesta sanitaria a la emergencia por la COVID-19.

    La cartera de proyectos se complementa con un amplio abanico de asistencias técnicas que incluyen la promoción de la eficiencia energética, mejora del marco de alianzas público-privadas, fortalecimiento institucional y transparencia, desarrollo productivo rural con enfoque en la conservación de la biodiversidad, salud, desarrollo territorial, gestión de riesgos de desastres y el empoderamiento económico de las mujeres indígenas.

    Última actualización: Oct 09, 2020

  • El financiamiento del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) contribuyó a alcanzar los siguientes resultados en el periodo 2008 – 2020:

    Apoyo al Plan Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Diseñado junto con las comunidades indígenas y el Gobierno de Panamá, este es un proyecto que beneficia a los pueblos indígenas panameños, especialmente a las mujeres y a los jóvenes que son los segmentos de la población más excluidos. Se apoyan inversiones centradas en el acceso, calidad y pertinencia cultural de la prestación de servicios en salud, educación, agua y saneamiento, y que han sido propuestas por las propias autoridades tradicionales. Incluye inversiones para mejorar la capacidad de gobernanza, la planificación y la coordinación entre las Autoridades Indígenas y el Gobierno de Panamá con la visión de romper con algunos de los mayores niveles de desigualdades étnicas que existen en la región. El proyecto ha tenido los siguientes resultados: primero, la aprobación de un Decreto Ejecutivo para formalizar legalmente el Consejo Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas; segundo, la aceptación por parte de las autoridades indígenas tradicionales de incluir una mujer como asesora en cada delegación que participa en el Consejo; y compra de material sanitario destinado a las comarcas indígenas en respuesta a la emergencia de por la COVID-19.

    Empoderamiento económico de las mujeres indígenas. El fondo fiduciario apoyó un estudio de demanda y oferta para el empoderamiento económico de las mujeres indígenas en Panamá. También apoyó una intervención piloto en seis comunidades, que respondió a los resultados del estudio, para apoyar el desarrollo del ecosistema, la inclusión financiera y la asistencia técnica para mujeres productoras. El análisis demostró que, tras de que las mujeres indígenas ganan un 70 por ciento menos que las mujeres panameñas no indígenas, no existen programas que lleguen a sus comunidades o territorios para facilitarles el empoderamiento económico. Hay programas dirigidos al desarrollo de actividades productivas en comunidades indígenas, y algunos de ellos han ampliado los beneficios para las mujeres indígenas, pero ninguno ha sido diseñado para abordar las realidades y barreras que enfrentan estas mujeres quienes requieren acceso a Internet, computadoras y la capacidad de pasar un tiempo significativo en la Ciudad de Panamá.

    Incremento de los ingresos y la capacidad productiva de los pequeños productores. Se brindó financiamiento y asistencia técnica para facilitar acceso a mercados a 152 alianzas productivas de pequeños productores en áreas con pobreza elevada, incluidos territorios indígenas. Los productores se beneficiaron al registrar una mayor productividad agrícola y un aumento del 23% en sus ventas. Alrededor de 4,600 productores (30% mujeres) recibieron inversiones y apoyo técnico a través de 130 subproyectos agrícolas.

    Mejor focalización de los programas de transferencias condicionadas sociales y mayor cobertura de la seguridad social. Al mejorar la focalización del programa Red de Oportunidades, el Gobierno canalizó recursos hacia los segmentos pobres que viven en áreas geográficas remotas, históricamente excluidos, lo que permitió aumentar la cobertura en las comarcas indígenas (pasó del 50% al 70% entre el 2008 y 2014), lo que representó el 46% de los hogares beneficiarios. En la actualidad, con el objetivo de apoyar al Gobierno de Panamá con las acciones de protección social en respuesta a la COVID-19, el proyecto apoya a los programas de transferencias monetarias condicionadas (Red de Oportunidades, Programa 120 a los 65, Programa Angel Guardián) a fin de abordar la emergencia económica y social protegiendo a los más pobres y vulnerables.

    Mejor acceso de los hogares a servicios básicos de salud y nutrición de calidad. A través de la dotación de un paquete básico de servicios de salud como parte de la Estrategia de Ampliación de Cobertura, las brigadas móviles médicas posibilitaron que 149,028 beneficiarios de 47 comunidades rurales pobres en el año 2014 tuvieran acceso regular a un paquete básico de servicios de salud, con un 86% de embarazadas que recibieron al menos tres controles prenatales (en comparación con el 20% en el 2010) y el 96% de los infantes menores de un año recibieron todas sus vacunas (en comparación con el 26% en el año 2010).

    Mayor acceso a servicios sostenibles de agua y saneamiento para comunidades de áreas rurales y urbanas pobres. Más de 25,000 beneficiarios de comunidades rurales recibieron letrinas nuevas. Además, a través de contratos con base en el desempeño, se mejoró la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios de suministro de agua en barrios de bajos ingresos en Colón (la continuidad del suministró pasó del 13% al 71% del 2014 al 2017), las conexiones de agua corriente beneficiaron a 2,115 hogares y se elevó la eficiencia comercial de la oficina en Colón del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales.

    Capacidad mejorada para la gestión de riesgos de desastres y la adaptación al cambio climático. El Préstamo de Políticas de Desarrollo para la Gestión del Riesgo de Desastres con Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes (CAT DDO) ha sido un instrumento rápido y flexible para enfrentar la emergencia nacional de la sequía provocada por el fenómeno de El Niño (2015-2016), así como apoyo al Comité de Alto Nivel de Seguridad Hídrica para elaborar e implementar el Plan Nacional de Seguridad Hídrica. La mayor parte del apoyo brindado por el Banco Mundial para la gestión del riesgo de desastres se tradujo en actividades de asistencia técnica con resultados claves, tales como el desarrollo del primer Marco de Protección Financiera y Aseguramiento contra Riesgos de Desastres en América Latina y fortalecimiento de la capacidad de respuesta y preparación ante emergencias a nivel subnacional. En marzo de 2020, a través de los recursos disponibles del CAT DDO, se desembolsaron de US$ 41 millones con el fin de ampliar la red de atención sanitaria por la COVID-19.

    Mejor transparencia de la gestión presupuestaria. En 2016, el Gobierno comenzó a canalizar fondos para 181 cuentas presupuestarias de 21 entidades del gobierno central a través de la implementación de la Cuenta Única del Tesoro (CUT) y en el 2017 incorporó 347 cuentas presupuestarias de las 24 instituciones del gobierno central. La consolidación de la CUT se complementó con el lanzamiento del nuevo sistema integrado de información en gestión financiera para fortalecer el presupuesto basado en resultados, ISTMO (sigla de Integración y Soluciones Tecnológicas del Modelo de Gestión Operativa), en todas las entidades del gobierno central y su ampliación a 32 de las 36 entidades descentralizadas. Además, el apoyo del Tesoro del Banco Mundial al Fondo de Ahorro de Panamá ha fortalecido la capacidad y favorecido la elaboración y desarrollo de una política de inversión para los activos soberanos de Panamá, centrada en los activos de crecimiento a mediano y largo plazo.

    Mejora de la efectividad en el manejo de áreas protegidas de Panamá y la Conservación de la Biodiversidad de Importancia Mundial. El proyecto tuvo un impacto en 152,119 beneficiarios directos (47% mujeres) a través de 30 subproyectos que apoyan la producción y el sistema de comercialización y producción amigable con la biodiversidad implementado por asociaciones de productores. Se mejoró la efectividad del manejo en nueve áreas protegidas, con más de 645,015 ha bajo protección de la biodiversidad y 1,611 hectáreas de plantaciones de cacao, plátano y café de paisajes certificados por estándares reconocidos internacional y nacionalmente. Se estableció un fondo de dotación para apoyar el manejo sostenible de las áreas protegidas con una capitalización inicial de US$ 5.0 millones (ahora en US$ 20.3. millones) para apoyar el manejo sostenible de áreas protegidas, como parte de la ventana de un fondo nacional más amplio para agua, áreas protegidas y bosques (“Superfondo”).

    Mayor fiabilidad del suministro de energía. A través del Financiamiento de Políticas de Desarrollo (DPF), el BIRF ha apoyado un entorno normativo cambiante que marcó el comienzo de subsidios tarifarios mejor focalizados, así como de incentivos para aumentar el porcentaje de energía renovable en la matriz energética. Estos esfuerzos se vieron complementados por los servicios de asesoría de la Corporación Financiera Internacional (CFI) para elevar la eficiencia energética a través de la implementación de la Guía de Construcción Sostenible para el Ahorro de Energía en Edificaciones, así como inversiones y asistencia técnica para impulsar proyectos hidroeléctricos, eólicos y de gas natural licuado (LNG). En conjunto, las reformas de políticas, la asistencia técnica y las inversiones apuntalan los esfuerzos para mejorar la fiabilidad del sistema de energía para los panameños, al mismo tiempo que desplazan el uso de combustibles pesados y diésel, reduciendo las emisiones de dióxido de carbono.

    Proyecto de Respuesta de Emergencia COVID 19. Ante la amenaza generada por el brote de la COVID-19, el Banco Mundial habilitó un paquete de respuesta rápida (¨Mecanismo de Respuesta Rápida¨) para ayudar a los países, con el fin de prepararse y hacer frente a los impactos de salud, sociales y económicos derivados del brote global de la enfermedad. El proyecto financia suministros médicos clave para la prevención, detección y tratamiento de la COVID-19.

    Última actualización: Oct 09, 2020

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FINANCIAMIENTO

Panamá: Compromisos por ejercicio (en millones de US$)*

*Montos incluyen compromisos del BIRF y la AIF.


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