Perú

Perú es un país de gran diversidad cultural, geográfica y natural. Con paisajes que van desde los Andes hasta la Amazonía, una gastronomía reconocida en todo el mundo y una historia milenaria, el país combina un legado único con un atractivo potencial económico.

En las últimas décadas, el país logró avances significativos. La pobreza se redujo del 60 por ciento en 2002 al 24 por ciento en 2013, y el PIB per cápita aumentó de aproximadamente US$2.100 en 2003 a más de US$8.400 en 2024. Este desempeño se apoyó en políticas macroeconómicas prudentes, baja inflación, una deuda pública manejable y un sistema financiero sólido.

Sin embargo, el crecimiento se moderó de un promedio del 6,2 por ciento entre 2005 y 2014 al 2,4 por ciento entre 2015 y 2024. La baja productividad, la informalidad, las brechas regionales, el debilitamiento institucional y la inseguridad ciudadana siguen limitando el potencial del país. El reto es convertir la estabilidad macroeconómica en mayor inversión, productividad y empleos formales y de calidad.

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Perú podría convertirse en un país de ingreso alto en dos décadas si implementa reformas audaces. Para ello, necesita elevar la productividad empresarial, fortalecer la capacidad institucional del Estado y reducir las disparidades regionales.

Mejorar la productividad exige eliminar las barreras que dificultan el crecimiento y la formalización de las empresas, especialmente las medianas y pequeñas. También requiere una economía más digitalizada, con mayor inclusión financiera para las pymes y un uso más eficiente de las tecnologías digitales en salud, educación y gestión pública.

Fortalecer al Estado implica contar con un servicio civil competitivo, atraer talento mediante procesos meritocráticos y simplificar los procedimientos administrativos. A su vez, reformar la inversión pública permitiría acelerar proyectos y asegurar beneficios concretos para la ciudadanía.

Cerrar las brechas de infraestructura en carreteras, agua y energía requerirá movilizar inversión pública y privada. El Grupo Banco Mundial puede apoyar la estructuración de proyectos, reducir riesgos y atraer capital privado para complementar los recursos públicos. El potencial minero del país y la transición energética también ofrecen oportunidades para atraer inversiones, desarrollar infraestructura y generar empleo.

El entorno macroeconómico se mantiene estable. El déficit fiscal se redujo del 3,4 por ciento del PBI en 2024 a 2,2 por ciento en 2025, cumpliendo con la regla fiscal, y se proyecta que disminuya al 1,5 por ciento en 2026. La deuda pública bajó al 30,2 por ciento del PBI en 2025 y se espera que se reduzca a 29,4 por ciento del PBI en 2026. La inflación fue del 1,5 por ciento en 2025 y se proyecta en 4 por ciento para 2026, por encima del rango meta del banco central de entre 1 y 3 por ciento.

La economía creció 3,4 por ciento en 2025, impulsada por la inversión privada y el consumo, y se proyecta una expansión del 3 por ciento en 2026. La pobreza, medida con la línea de US$8,30 por persona al día (PPA 2021), se situó en 36,2 por ciento en 2024 y se espera que disminuya al 34,6 por ciento en 2025 y al 33,1 por ciento en 2026, apoyada por la recuperación del mercado laboral y los ingresos de los hogares.

Acelerar el crecimiento y la reducción de la pobreza dependerá, en última instancia, de que la inversión se traduzca en empresas más productivas y en más y mejores empleos. Esta relación directa entre movilización de capital privado y creación de oportunidades también aparece como uno de los mensajes centrales de la agenda institucional.

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Con reformas que cierren las brechas territoriales, fortalezcan las instituciones y mejoren la gestión de la inversión pública, Perú puede avanzar hacia un desarrollo sostenible e inclusivo y convertirse en un país de ingreso alto en dos décadas.

El Marco de Alianza con Perú (2023-2027) articula la acción conjunta del Grupo Banco Mundial para promover un desarrollo inclusivo, sostenible y resiliente. A través de las capacidades complementarias del BIRF, IFC y MIGA, combina financiamiento público, inversión privada, garantías, conocimiento y estructuración de proyectos para elevar la productividad, mejorar los servicios públicos y la protección social, cerrar brechas territoriales, ampliar la inclusión financiera y fortalecer la resiliencia climática. Esta visión de un solo Grupo busca movilizar recursos públicos y privados hacia resultados concretos: más crecimiento, mejores servicios y empleos formales en todo el país.

La cartera activa del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) asciende a US$3.340 millones y comprende 16 proyectos de inversión y tres operaciones de política de desarrollo. Estas intervenciones buscan ampliar las oportunidades económicas y laborales, mejorar los servicios públicos, fortalecer las instituciones y aumentar la resiliencia ante las crisis. También contribuyen a crear las condiciones, la infraestructura y el marco institucional necesarios para atraer inversión privada.

La cartera de IFC en Perú supera los US$1.000 millones, incluidos US$92 millones movilizados de terceros, con compromisos en 12 instituciones financieras y no financieras. El sector financiero representa el 79 por ciento de la cartera y la infraestructura, el 21 por ciento. Entre las operaciones recientes figuran US$50 millones para Celsia SA destinados a generación de energía renovable; US$260 millones para BBVA Continental, orientados al financiamiento de edificios verdes; US$100 millones para MiBanco, destinados a pymes, especialmente aquellas de propiedad de mujeres; y US$25 millones para Grupo Ransa, dirigidos a la descarbonización.

A abril de 2026, la exposición de la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) en Perú asciende a US$1.342 millones en cuatro proyectos del sector financiero, la quinta más grande de América Latina y la novena a nivel mundial. Desde julio de 2024, MIGA ha emitido dos garantías que cubren las reservas obligatorias del Banco Santander Perú, por US$403 millones, y del Banco BBVA Perú, por US$300 millones. Parte de estos recursos apoya el financiamiento climático y el crédito a las MIPYMES, incluidas aquellas lideradas por mujeres.

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