“El intercambio de experiencias es enriquecedor para fortalecer el derecho de acceso a la información pública en la región”

Pregunta: ¿Podrías comentarnos brevemente el trabajo de AGESIC en la implementación de la Ley en Uruguay?

Respuesta: La Ley de Acceso a la Información Pública fue sancionada en Uruguay el 17 de octubre del 2008. La ley creó un órgano garante dentro del Poder Ejecutivo: la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) que está desconcentrado de AGESIC. La UAIP tiene facultades y competencias tanto hacia los sujetos obligados de la ley, como hacia la ciudadanía.

Tiene facultades para apoyar la implementación de la ley mediante el asesoramiento a las oficinas de acceso a la información, pero también para trabajar en programas de difusión sobre la existencia del derecho en la ciudadanía. Posee además una función de fiscalización, ya que recibe quejas de aquellos ciudadanos que solicitaron información a las autoridades del Estado y se les ha negado el derecho a la información por causas que entienden no legítimas o porque se han vencido los plazos sin obtener respuesta alguna.

Los primeros años se centraron en fortalecer y capacitar a las entidades públicas, pues la ley imponía nuevas obligaciones, y ahora ya estamos trabajando con una mirada mucho más ciudadana promoviendo el ejercicio del derecho, con el fin de ampliar el conocimiento de este derecho entre la población.

P: ¿En qué consiste el apoyo de AGESIC al Ministerio de Justicia de Paraguay?

R: El apoyo al plan de acción para la implementación de la Ley en Paraguay prevé dos líneas de trabajo: por un lado la difusión, el conocimiento ciudadano, y procurar alianzas; y por otro lado generar capacidades en las autoridades encargadas. Lo más frustrante para el ciudadano es solicitar información y no tener respuesta, por ello debemos poner énfasis en fortalecer a las instituciones. Ahora el reglamento de la nueva ley será aquí un elemento importante, pues permitirá aclarar o explicar aspectos de la ley. Entonces, las instituciones deben estar preparadas y el ciudadano no verá frustrado su derecho, y se podrá avanzar en el desempeño que estas leyes requieren en los distintos países. 

P: ¿Cuál fue su contribución especifica durante su visita a Paraguay?

R: Estos días identificamos que Uruguay podría apoyar a la Dirección de AIP del Ministerio de Justicia de Paraguay en lo referente a capacitación y difusión del derecho. Dado que Uruguay coordina el grupo de capacitación y difusión de la RTA (impulsada con apoyo del Banco Mundial en 2011), la idea es poder identificar aquellos espacios de trabajo relacionados con capacitación a los funcionarios públicos y concientización de la población. Identificamos distintos públicos objetivos para estas dos áreas. Al final de mi visita, se procuró plasmar actividades y potenciales aliados en estas dos áreas en un primer bosquejo de plan estratégico que se había trabajado previamente durante la visita de la experta del Consejo para la Transparencia de Chile. El próximo paso es formalizar dichas expresiones de colaboración con otros actores.

P: ¿Cuáles considera que serían los desafíos principales del proceso en Paraguay?

R: Parte del desafío es poder dotar a la DAIP  de más recursos humanos y financieros pues es difícil formular un plan estratégico sin recursos para su implementación. Ahora hay que socializar el plan.  Por otro lado, y dado el diseño institucional para implementación de la Ley, es importante capacitar a magistrados del Poder Judicial que resolverán las controversias que se planteen en caso de denegación de solicitudes de información.

P: ¿Y del lado de la demanda?

R: Me llevo una impresión positiva de la buena predisposición a colaborar por parte de la sociedad civil; existe muy buen relacionamiento y  se vieron determinadas actividades como la celebración internacional del Día del Derecho al Saber (28 de septiembre) como una oportunidad para sumarse. Creo que trabajar en coordinación con la sociedad civil y las autoridades es fundamental porque el objetivo último de todos es el mismo.  A veces los intereses no se pueden compatibilizar, cada uno desempeña su rol, pero alineados en un fin común.

P: ¿Que puede aprender Paraguay de Uruguay sobre la implementación de la Ley de AIP?

R: Nosotros tenemos mucha similitud con la DAIP del Ministerio de Justicia en Paraguay, y la institucionalidad es un punto en común. Creo que no es menor poder compartir las experiencias en lo bueno y lo malo, como por ejemplo una posición institucional similar, o sea, cómo dentro del poder ejecutivo, y sin ser un órgano autónomo, podemos llevar adelante la política.  Por otra parte, al estar situado dentro del poder ejecutivo se puede trabajar muy bien con las oficinas de información en los órganos del Estado, y establecer una red de pares a los cuales llegar con capacitación, con herramientas para fortalecerlos.

Este tipo de experiencias de intercambio es sumamente enriquecedor para los países participantes, ya que permiten avanzar en el fortalecimiento del Derecho de Acceso a la Información Pública en la región, pudiendo identificarse también instancias de trabajo conjunto para el futuro.