La discriminación contra las minorías sexuales limita el desarrollo de Latinoamérica

Invisibilizar es una forma de discriminar. “No hay una estadística oficial o una línea de base oficial” indica Yren Rotela, mujer trans y defensora de derechos humanos en Paraguay, cuando se refiere a las oportunidades laborales a las que acceden las personas trans en el país. [tweetquote:[tweetText=Aunque algunos países han dado pasos hacia la igualdad de las minorías sexuales, el reconocimiento legal y la protección aún no es una realidad en la mayoría.,tweetData=BancoMundialLAC,tweetHash=]]

Es urgente conocer la situación de la comunidad LGBTI en lo que se refiere al acceso a servicios públicos básicos, programas de protección social, educación inclusiva, mercado laboral, participación civil y política y protección contra crímenes de odio. Un reporte del Banco Mundial evidencia esta necesidad al estudiar los datos obtenidos en 16 países. De este grupo, cuatro son de América Latina y el Caribe: Uruguay, México, Costa Rica y Jamaica.

Si bien las minorías sexuales y de género se enfrentan a actos de discriminación en todos los sectores y países examinados, algunos en América Latina y el Caribe están mejor en ciertas áreas. Por ejemplo, en lo relacionado a acceso a servicios públicos y protección social y en el indicador referente a la criminalización de la orientación sexual e identidad de género.

Sin embargo, la ausencia de datos sobre las legislaciones protectoras y discriminatorias aun impide realizar análisis significativos en los propios países. Será importante ampliar este análisis a un conjunto más amplio de países, como Paraguay y otros de la región, para poder comprender los factores que impulsan las reformas y evaluar plenamente el impacto de la discriminación relacionada con la orientación sexual en los resultados económicos.

Menos educación, menos oportunidades laborales

[tweetquote:[tweetText=Los estudiantes pertenecientes a minorías sexuales y de género enfrentan desde problemas para matricularse en la escuela, hasta acoso e intimidación.,tweetData=BancoMundialLAC,tweetHash=]] El estudio indica que, en la mayoría de los países estudiados, las escuelas no ofrecen planes de estudio de educación sexual inclusiva y los profesores carecen de la formación adecuada contra actos de discriminación.

Cabe resaltar que al no existir una educación inclusiva para estudiantes LGBTI, los bajos niveles de educación resultantes conducen a la reducción de sus habilidades y posibilidades de conseguir un empleo. Esto hace que como adultos se enfrenten con frecuencia a obstáculos para acceder al mercado laboral.

Incluso después de conseguir un empleo, las minorías sexuales y de género se enfrentan a menudo a la discriminación y al acoso por parte de compañeros o directivos, desigualdad en la remuneración y falta de igualdad de beneficios para sus parejas, así como el despido por su orientación sexual percibida o real.

Sin embargo, en la región de América Latina y el Caribe, [tweetquote:[tweetText=Uruguay cuenta con leyes y reglamentos que ordenan explícitamente la revisión de los libros de texto y programas nacionales para eliminar el lenguaje discriminatorio en los entornos educativos.,tweetData=BancoMundialLAC,tweetHash=]] Por su parte, Costa Rica, es uno de los países que más ha avanzado en la prohibición de la discriminación, el acoso, el ciberacoso y el hostigamiento basados en la orientación sexual e identidad de género en los centros educativos.

“Al no tener una formación, una preparación, una capacitación esto te dificulta a la hora de conseguir trabajo”, refiere Rotela reflexionando sobre la discriminación que sufre la población trans en Paraguay.

Servicios públicos para todas las personas

De los países latinoamericanos estudiados, México y Uruguay poseen los marcos legales más avanzados que prohíben la discriminación por orientación sexual e identidad de género en los servicios públicos y permiten a las organizaciones de la sociedad civil prestar servicios sociales a la comunidad LGBTI.

Los servicios de salud son los servicios públicos más protegidos y la mayoría de los países estudiados prohíben explícitamente la discriminación en este sector, seguido de los seguros sanitarios subvencionados y la vivienda social.

Sin embargo, la existencia de leyes y reglamentos inclusivos no siempre garantiza que las minorías sexuales y de género estén libres de discriminación. En el caso de Paraguay, Mirta Moragas, abogada, especialista en derechos humanos y género indica “tenemos en términos constitucionales la prohibición total de discriminación, pero esto no tiene un mecanismo de aplicación concreto en general, ni en particular para proteger a las personas LGTBI”. La aplicación de estas leyes es crucial.

[tweetquote:[tweetText=El estudio ofrece numerosas recomendaciones de políticas públicas diseñadas para prevenir y eliminar prácticas discriminatorias,tweetData=BancoMundialLAC,tweetHash=]] en las seis áreas medidas por el mismo, entre las que se destacan:

1. Derogar leyes, disposiciones constitucionales y reglamentos que criminalizan a las personas por su orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales.
2. Introducir legislación y protecciones legales efectivas para combatir la discriminación, la intimidación, el ciberacoso y el hostigamiento en los entornos educativos y para crear sistemas educativos más inclusivos para los estudiantes y profesores que pertenecen a minorías sexuales y de género.
3. Modificar las leyes existentes o crear marcos jurídicos más inclusivos y protectores en el lugar de trabajo para proteger explícitamente a las personas de la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género, y características sexuales.
4. Establecer un marco jurídico integral que regule el acceso no discriminatorio a los servicios públicos.
5. Introducir legislación o modificar las leyes o normativas actuales para permitir que las organizaciones de minorías sexuales y de género se registren y operen libremente y garanticen que los activistas puedan abogar por la igualdad de las minorías sexuales y de género.
6. Promulgar o modificar leyes que prohíban específicamente los delitos de odio contra las minorías sexuales y de género.

“Es alentador que algunos países estén mostrando avances en materia legislativa en esta área, pero la igualdad de oportunidades para las minorías sexuales y de género aún está muy lejos de ser una realidad. Por lo que, esperamos que en el futuro cercano podamos seguir observando cambios positivos en esta agenda y así poder contar con sociedades más inclusivas y menos discriminatorias”, indica Christian De la Medina Soto, Consultor Legal del Banco Mundial y autor del reporte Igualdad de oportunidades para las minorías sexuales y de género.