Costa Rica y el Banco Mundial: Pioneros en el uso de los pagos por servicios ambientales marinos para proteger los manglares y los medios de subsistencia costeros

San José, Costa Rica, 5 de junio de 2025. Costa Rica, reconocida desde hace mucho tiempo por su liderazgo ambiental, está trazando una nueva ruta con la puesta en marcha de su primer programa piloto de pagos por servicios ambientales (PSA) marinos, que se centra en los ecosistemas de manglares del golfo de Nicoya, a lo largo de la costa del Pacífico. La iniciativa amplía los mecanismos de financiamiento basado en resultados del país de los ecosistemas terrestres a los ecosistemas costeros y marinos.

Durante más de dos décadas, Costa Rica ha sido pionero en los planes de PSA que recompensan a los propietarios de tierras por conservar los bosques, contribuyendo así a la recuperación forestal y el secuestro de carbono. En la actualidad, con el apoyo del Banco Mundial y fondos proporcionados a través del Premio Earthshot, el país está implementado un modelo piloto de PSA marinos adaptado a las características ecológicas y socioeconómicas únicas de los bosques de manglares, hábitats costeros críticos que proporcionan beneficios en materia de biodiversidad, pesca y resiliencia climática.

“Nos hemos comprometido a aprovechar la experiencia extraída del uso del financiamiento de servicios ambientales en bosques y plantaciones para aplicarla a los ecosistemas marinos. Nuestro objetivo es apoyar la conservación y la utilización sostenible de los ecosistemas marino-costeros fundamentales y su biodiversidad, reconociendo al mismo tiempo el papel de las comunidades costeras cuyos medios de subsistencia dependen de estos recursos y que, por lo tanto, son sus principales administradores", dijo Franz Tattenbach, ministro de Ambiente y Energía de Costa Rica.

Un esfuerzo de múltiples partes interesadas

Un esfuerzo colectivo es central en el nuevo programa piloto de pagos por servicios ambientales marinos de Costa Rica. El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) y la Fundación Banco Ambiental (FUNBAM) se unieron para formalizar la iniciativa a través de un Acuerdo de Cooperación multiinstitucional.

Este acuerdo, respaldado por el Decreto Ejecutivo 44558-MINAE, sienta las bases legales e institucionales para reconocer y compensar las prácticas sostenibles en los ecosistemas de manglares. Específicamente, permite realizar pagos a grupos de comunidades rurales que participan en la recolección regulada de moluscos, y cuyo trabajo diario sostiene tanto los medios de subsistencia como la salud de los manglares de los que dependen.

Al reconocer formalmente su función, el proyecto piloto refuerza la posición de estas comunidades como guardianes de primera línea de los ecosistemas costeros, al tiempo que les proporciona un apoyo financiero significativo para mantener sus medios de vida.

Con el fin de fortalecer los marcos institucionales y potenciar las capacidades de las comunidades, la iniciativa piloto incluye la elaboración de un manual de operaciones integral. En este documento se describen todos los detalles relacionados con los mecanismos de reconocimiento económico y se introduce el nombramiento de personal de campo especializado en biología para garantizar la supervisión técnica y la alineación con los planes nacionales de biodiversidad. Una estructura de gestión sólida, respaldada por la Comisión de Coordinación Interinstitucional, garantiza una colaboración ininterrumpida, un seguimiento continuo y un alto nivel de rendición de cuentas y transparencia durante toda la implementación del modelo piloto.

Participación de la comunidad

La iniciativa piloto incluye a seis asociaciones comunitarias que representan a 157 recolectores de moluscos de zonas clave de manglares en Nicoya, como Corozal, Jicaral, Puerto Pochote, Puerto Jesús, Puerto Thiel, San Pablo e Isla Chira. En conjunto, gestionan más de 6000 hectáreas de bosques de manglares.

Los participantes reciben un pago anual de USD 2698,85, distribuido trimestralmente y vinculado al cumplimiento verificado de las actividades de conservación. Entre estas acciones figuran la acuicultura y repoblación de moluscos, el seguimiento de los ecosistemas, el control de actividades ilegales y las prácticas de recolección sostenible que están alineadas con los planes de gestión aprobados. Este monto representa aproximadamente dos veces y media lo que los participantes suelen percibir como ingresos por su trabajo, lo que lo convierte en un incentivo importante que respalda tanto la conservación como los medios de subsistencia.

Cada asociación participante firma un contrato anual, con posibilidad de renovarlo en función del desempeño y los recursos disponibles.

Hacia un programa nacional ampliable

Este proyecto piloto marca un paso fundamental en el camino de Costa Rica para crear un programa nacional de pagos por servicios ambientales marinos, que no solo promueva la innovación medioambiental, sino que también responda a los actuales desafíos mundiales urgentes en materia de desigualdad y vulnerabilidad económica. Al vincular directamente la conservación con la generación de ingresos, se ofrece un modelo ampliable para generar empleos dignos, fortalecer las economías locales y posicionar a las comunidades costeras como socias esenciales en la creación de vías de desarrollo resiliente e inclusivo.

Con la adaptación de los PSA a los contextos marinos, Costa Rica está demostrando cómo los ecosistemas de carbono azul, entre ellos los manglares, se pueden aprovechar para crear medios de subsistencia sostenibles y oportunidades de empleo para las comunidades desfavorecidas. Este enfoque no solo apoya la conservación del medio ambiente, sino que también fomenta el desarrollo económico al empoderar a las poblaciones locales para que participen en actividades que mejoren su bienestar y estabilidad financiera.

En esencia, el programa reconoce y premia los esfuerzos cotidianos de las comunidades costeras cuyas prácticas sostenibles protegen ecosistemas vitales. Con mecanismos de financiamiento específicos y un marco operativo claro, el proyecto piloto sienta las bases para el apoyo a largo plazo y la repetición de este tipo de iniciativa.

“El país ha asumido el desafío estratégico de avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible, estableciendo las condiciones para un programa pionero a nivel mundial. A pesar de las complejidades, ha establecido una sólida colaboración entre instituciones, sectores y comunidades para implementar un plan de reconocimiento que beneficie a quienes dependen del mar, promoviendo el uso sostenible de los recursos marinos. Esta propuesta pone de manifiesto nuestro compromiso con la conservación de los océanos, la justicia ambiental y el bienestar de las personas”, señaló Jorge Mario Rodríguez, viceministro de Ambiente de Costa Rica.

Conocimientos especializados del Banco Mundial

Detrás de la audaz medida de Costa Rica de aplicar los pagos por servicios ambientales a los ecosistemas marinos está un socio confiable con décadas de experiencia: el Banco Mundial. Sobre la base de su apoyo de larga data al financiamiento climático basado en resultados, incluidas iniciativas como el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) (i), el Banco Mundial ayuda a configurar el marco institucional y el marco operativo de este nuevo modelo de PSA para ecosistemas marinos. La institución no solo ofrece orientación técnica, sino que ayuda a Costa Rica a transformar la visión en acción, ampliando la innovación y afianzando la sostenibilidad en materia de políticas y prácticas.

“En el Banco Mundial, estamos orgullosos de acompañar a Costa Rica en este esfuerzo pionero para extender el modelo de pago por servicios ambientales a los ecosistemas marinos. Este proyecto piloto no solo se basa en el liderazgo mundial del país en el área de innovación ambiental, sino que también pone la función de administración y los conocimientos de las comunidades costeras en el centro de la solución. Es un ejemplo contundente de cómo la acción climática inclusiva puede generar impactos ambientales y sociales”, dijo Carine Clert, gerente a cargo de las operaciones del Banco Mundial en El Salvador y Costa Rica.