WASHINGTON, 9 abril de 2009 - Asegurar financiamiento para el gasto social, y las medidas contracíclicas que ayudarán al Perú a afrontar los impactos de la crisis financiera internacional, constituye uno de los objetivos centrales del préstamo de US$330 millones aprobado hoy por el Directorio Ejecutivo del Banco Mundial.
Este es el Segundo préstamo programático de reformas de sectores sociales orientado a apoyar los esfuerzos del gobierno peruano por mejorar la calidad de los servicios de educación y salud y los programas sociales, entre ellos el emblemático “Juntos”.
El primer ministro Yehude Simon señaló que “este crédito apoya decisivamente las acciones del gobierno para consagrar los derechos de los ciudadanos más pobres de tener una adecuada nutrición y acceder a servicios de salud y educación de calidad. El apoyo al programa Juntos y al Seguro Integral de Salud avanza las reformas sociales más significativas para mejorar la igualdad de oportunidades sociales en el país”.
El crédito también aspira a hacer más eficientes los servicios de educación y salud hacia el logro de resultados sociales tangibles.
Luis Carranza, ministro de Economía y Finanzas, dijo que su cartera “apoya decididamente los esfuerzos necesarios para que el gasto social se traduzca en resultados visibles en la población más necesitada. Precisamente este programa de reformas busca que la responsabilidad en el logro de resultados sea compartida por todos los niveles de gobierno y la propia población al exigir sus derechos por servicios de salud y educación de calidad, y fortalecer programas como Juntos o los del RENIEC para enfrentar la desnutrición, indocumentación, y otros problemas sociales”.
Por su parte, Felipe Jaramillo, director del Banco Mundial para Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela, consideró que “este programa llega en un momento muy oportuno para apoyar los esfuerzos del gobierno peruano para reestructurar el programa Juntos, desarrollar el presupuesto por resultados, establecer las metas y estándares para los logros en el aprendizaje escolar y nutricional en niños menores de dos años, y reducir la mortalidad materna e infantil”.
Las reformas permitirán consolidar las mejoras operativas y la gestión de “Juntos”, el programa de transferencias monetarias condicionadas, con el fin de fortalecer la corresponsabilidad entre el Estado y los padres para asegurar que los niños y niñas estén creciendo normalmente, reciban la consejería y suplementación nutricional necesaria en los primeros dos años, y para que las mujeres embarazadas acudan a los servicios de salud.
La iniciativa involucrará a los gobiernos regionales con el objeto de establecer incentivos para que los proveedores de servicios de salud y educación mejoren su cobertura y calidad.
En el Perú, uno de cada tres niños menores de 5 años sufre de desnutrición crónica, y la cobertura de atención del parto por personal calificado o parto institucional apenas alcanza al 50% de las mujeres en el área rural mientras que el promedio nacional es de 76%. Tan baja cobertura pone en riesgo a una de cada dos mujeres gestantes y a los niños y niñas rurales. Tan sólo el 16% de los niños y niñas de segundo grado alcanzan el nivel de aprendizaje esperado.
En este contexto, el crédito contribuye específicamente a:
- Establecer claras metas de resultado y estándares de calidad en la entrega de servicios de educación y salud.
- Construir un sistema de co-responsabilidad entre médicos, trabajadores de salud, maestros y directores de escuelas y centros de salud y los padres.
- Ampliar la cobertura y calidad del monitoreo de resultados obtenidos.
- Mejorar los sistemas de información en nutrición.
- Consolidar las reformas de Juntos probadas en el distrito de San Jerónimo, Apurimac, con el fin de fortalecer la eficiencia de sus procesos operativos y de gestión y la línea de base para su evaluación. Igualmente promoverá la ampliación y eficiencia del SIS así como la oferta y demanda del parto institucional.
- Implementar la iniciativa del Ministerio de Educación para difundir los resultados de la evaluación de logros de lectura y matemática en el segundo grado de primaria, y que estos sean debatidos con los padres de familia para así mejorar los resultados en el aula.
Finalmente, apoya los esfuerzos del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC) para facilitar la inscripción de partidas de nacimiento e incluir el número de DNI en los certificados de nacimiento, ya que la indocumentación es un factor que contribuye a la exclusión de las familias más humildes de los programas de carácter social.
El financiamiento de este programa de US$330 millones aprobado hoy consiste en una línea de crédito contingente en el marco de un préstamo de margen fijo a pagarse en 21,5 años con un período de gracia de 12,5 años.
