Washington, DC, 7 de abril de 2011, 9:30 a.m. – Los crecientes niveles de criminalidad y violencia que azotan a América Central no sólo tienen un costo humano y social inmediato, sino que también representan un peligro enorme para el potencial de desarrollo de la región. En la actualidad, se calcula que estas fuentes de inestabilidad podrían llegar a reducir el Producto Interno Bruto (PIB) en un 8 por ciento, una vez que los costos sobre la salud, institucionales, de seguridad privada y materiales se toman en cuenta.
De acuerdo a “Crimen y Violencia en Centroamérica: un desafío para el Desarrollo”, un informe del Banco Mundial emitido hoy en el Woodrow Wilson Center, una reducción de 10 por ciento en la tasa de homicidio elevaría el crecimiento anual del ingreso per cápita en hasta un punto porcentual del PIB en aquellos países centroamericanos con la mayor cantidad de homicidios.
Como está la situación hoy, sin embargo, buena parte de la región se dirige en la dirección opuesta. Las condiciones en algunas zonas de El Salvador, Guatemala y Honduras son tan extremas – casi un homicidio por cada 1.000 habitantes – que socavan las esperanzas de paz y estabilidad que surgieron luego de la resolución de las guerras civiles regionales. Si bien en Costa Rica, Nicaragua y Panamá los niveles de criminalidad y violencia son mucho más bajos, su crecimiento constante en años recientes constituye una preocupación muy seria.
“Las encuestas de opinión pública indican que la mayoría de la población de estos países ve a la criminalidad como un obstáculo para el bienestar presente y futuro”, dijo Rodrigo Serrano-Berthet, especialista sénior en desarrollo social del Banco Mundial y uno de los autores del informe. “La criminalidad y la violencia también lastran el crecimiento económico de forma sustancial. Más allá del ingreso y el trabajo perdidos de las víctimas, una tasa de criminalidad elevada perjudica el clima de inversión y desvía los escasos recursos públicos hacia el fortalecimiento del sistema policial en lugar de fomentar las actividades económicas”.
De acuerdo al informe, estos peligros estarían debilitando instituciones clave. La evidencia indica que el narcotráfico incrementa los niveles de corrupción dentro del sistema judicial y empaña la legitimidad de las instituciones públicas en el imaginario social. Las víctimas del crimen en general tienden a desconfiar aún más del sistema judicial. También aprueban la justicia por mano propia y creen con menos convicción que el estado de derecho debe ser respetado siempre.
El informe presenta un análisis detallado de tres de los principales catalizadores de la elevada tasa de criminalidad y violencia en América Central: narcotráfico, violencia juvenil y pandillas, junto a la disponibilidad generalizada de armas de fuego.
n Se calcula que el 90 por ciento de la cocaína que llega a los Estados Unidos pasa por el corredor centroamericano. El narcotráfico es el principal factor detrás de los crecientes niveles de violencia en la región. Los puntos neurálgicos del narcotráfico en la región tienden a presentar tasas de criminalidad 100 por ciento más elevadas que las demás áreas.
n Actualmente existen más de 900 pandillas o maras en América Central, con unos 70.000 miembros. Los jóvenes de 15 a 34 años de edad conforman la mayor parte de sus miembros y representan la abrumadora mayoría de las víctimas de homicidio. No obstante, si bien las maras sin duda son una de las principales causas de la criminalidad en El Salvador, Guatemala y Honduras, la evidencia indica que sólo un 15 por ciento de los homicidios se relacionan con las maras.
n Guerras civiles prolongadas, y posteriores aumentos en el número de armas de fuego importadas, dejaron a América Central inundada de estos instrumentos violentos. Estudios independientes indican que habían unas 4,5 millones de armas de fuego en la región en 2007 – la gran mayoría ilegales. Todos los países centroamericanos tienen leyes que controlan la posesión de armas; sin embargo, su implementación y aplicación siguen siendo limitadas.
El informe también examina los débiles sistemas judiciales que agravan la criminalidad y la violencia. Además de exhibir elevados niveles de impunidad, estas instituciones son socavadas por el poder corruptor del narcotráfico.
“Evidentemente, no existe una solución rápida y fácil para la espiral de criminalidad y violencia que sufre Centroamérica”, según Felipe Jaramillo, Director del Banco Mundial para América Central. “En cambio, el análisis del Banco sostiene que los líderes públicos deberán perseverar porque la lucha probablemente sea larga, necesitando de una estrategia a varios niveles para el corto, mediano y largo plazo”.
La reducción del tráfico ilegal de drogas y armas será clave en cualquier estrategia regional de lucha contra el crimen. Sin embargo, la naturaleza transnacional de estas empresas criminales sugiere que la región no podrá hacerlo sola y necesitará la ayuda de los Estados Unidos y otros vecinos en este esfuerzo.
En este sentido, focalizar los recursos en la prevención significaría una opción sensata. La evidencia existente indica que los programas preventivos más rentables se centran en los niños y sus familias, como programas de desarrollo infantil temprano, de paternidad efectiva o para prevenir la violencia en la escuela. También son críticas las iniciativas que proporcionen alternativas viables a la juventud en riesgo.
Estos esfuerzos deben complementarse con reformas en el sistema judicial. Hoy en día los seis países centroamericanos han avanzado hacia un código penal acusatorio más transparente. Las reformas ahora deberían centrarse en el mejoramiento de la eficiencia y efectividad judicial, reduciendo los niveles de corrupción e impunidad, fomentando la colaboración entre agencias y mejorando el acceso a la justicia, en especial para los grupos más pobres y olvidados.
