WASHINGTON, 2 de junio de 2011 – El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprobó hoy un préstamo para políticas de US$100 millones para El Salvador que ayudará a incrementar los ingresos tributarios destinados a inversión social. El objetivo es que, una vez finalizado este programa de dos préstamos, los ingresos tributarios del país aumenten de 13,3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a 14,8 por ciento, un aumento nominal de US$368 millones para el año 2012.
La primera fase de este préstamo se centrará mayormente en abordar deficiencias en la administración impositiva y debería incrementar los ingresos fiscales en US$98 millones. A diferencia de otros países, las agencias responsables de recolectar impuestos en El Salvador son tres: la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Dirección General de Tesorería (DGT) del Ministerio de Hacienda. La estrategia del gobierno, apoyada por este préstamo, gira en torno al fortalecimiento y modernización de cada una de estas agencias, a la vez que eleva de manera gradual el tradicionalmente bajo nivel de coordinación e integración entre éstas.
Las acciones a respaldar buscan mejorar la eficiencia del país en materia tributaria y aumentar la base impositiva. Esta serie de préstamos se focaliza en la ampliación de la plataforma electrónica de pagos de El Salvador (P@GOES), incrementando su participación en el total de pagos al gobierno de 5,25 por ciento en 2008 a 9,5 por ciento en 2012. También busca simplificar los esquemas tributarios para asalariados y pequeñas y medianas empresas, reduciendo de esta manera el costo y el esfuerzo necesarios para el pago de impuestos.
“Una de las prioridades de la administración del Presidente Mauricio Funes es un desarrollo social que sea fiscal y económicamente sustentable”, dijo Carlos Cáceres, Ministro de Hacienda. “Este préstamo del Banco Mundial ayudará al programa del gobierno para crear el espacio fiscal necesario para ampliar los logros sociales alcanzados en los últimos años y proteger a grupos vulnerables, en especial a mujeres, niños y ancianos”.
Para sobrellevar la reciente crisis mundial, El Salvador firmó un acuerdo stand-by (SBA, por sus siglas en inglés) con el FMI en febrero de 2010. El programa prevé un aumento gradual del superávit primario para lograr que la deuda pública alcance un nivel sustentable para el año 2015. Bajo este programa, la consolidación fiscal se alcanzará mediante la estabilización del gasto total mientras se amplía de manera significativa el ingreso público.
En El Salvador, los ingresos tributarios como porcentaje del PIB son aún bajos, lo que implica una limitación a la hora de expandir los servicios públicos y la ayuda social. En 2008, los ingresos tributarios significaron un 27 por ciento del PIB en los países de la OCDE, mientras que en América Latina fueron de 16,1 por ciento y en El Salvador de 13,0 por ciento.
Además, buena parte de los ingresos públicos se generan a través de impuestos indirectos, haciendo que el sistema tributario salvadoreño sea regresivo. El sector informal, estimado en un 54 por ciento de la actividad económica total de El Salvador, también representa una limitación seria, disminuyendo la base impositiva del país.
“El plan del actual gobierno tiene como prioridad superar las desigualdades económicas, sociales y políticas”, dijo Felipe Jaramillo, Director del Banco Mundial para América Central. “Esta operación brindará apoyo a actividades en los dos objetivos principales de ese plan: ampliar el espacio fiscal mediante un incremento sustancial de los ingresos tributarios y ampliar los servicios sociales básicos en áreas rurales y urbanas, especialmente en los segmentos más vulnerables de la población”.
Además de aumentar los ingresos, el gobierno está mejorando la eficiencia y transparencia en la asignación de recursos públicos. En un país donde los subsidios tienden a estar mal focalizados y en algunos casos son regresivos (como los subsidios para el agua), la actual estrategia del gobierno es proteger a los hogares vulnerables ampliando aquellos programas de protección social que sean efectivos y estén correctamente focalizados.
El programa Comunidades Solidarias es la principal herramienta del gobierno para la protección social. El programa se elaboró e implementó en alianza con el Banco Mundial. Actualmente existe un consenso general respecto a que el programa está cumpliendo con sus objetivos principales, que son apoyar el consumo de los hogares pobres y aumentar el acceso de sus niños y jóvenes a servicios básicos de salud, nutrición y educación.
La operación aprobada respalda una mayor protección de la población vulnerable, ya sea ampliando los actuales programas de transferencias monetarias condicionadas a otras áreas o mediante la implementación de programas sociales adicionales para enero de 2012. Dichos programas incluyen:
- Una transferencia en efectivo para personas mayores – beneficiaría a unos 5500 ancianos pobres.
- Ampliación de Comunidades Solidarias hacia áreas urbanas pobres – beneficiaría a unos 20.000 hogares.
- Un programa piloto para escuelas de tiempo completo – beneficiaría a unos 2000 estudiantes de primaria y secundaria.
- Un programa de equidad de género – apoyaría la creación de un comité de consulta en cada región del país para monitorear el progreso de la equidad de género en el sector público y una ventanilla de información sobre los derechos de la mujer.
El nuevo “Préstamo para Políticas de Desarrollo para las Finanzas Públicas y el Progreso Social” de US$100 millones tiene un vencimiento de 30 años e incluye un período de gracia de 5 años.
