Ampliación de la infraestructura rural para el desarrollo territorial en Chile

Abril 15, 2013


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La calle Collipulli antes y después del mejoramiento de la Región de Los Ríos

Veronica I. Raffo, Banco Mundial

A fin de profundizar las iniciativas de descentralización del Gobierno de Chile y de ampliar la infraestructura rural para que llegue a las poblaciones aisladas y difíciles de alcanzar, este programa desarrolló un enfoque territorial novedoso, que vinculó la infraestructura propuesta con sus usos productivos. El proyecto generó beneficios importantes para las comunidades indígenas pobres que carecían de infraestructura y de servicios básicos. Se crearon más de 45 planes marco de desarrollo territorial, se financiaron 250 proyectos de infraestructura rural y se emprendieron 27 iniciativas productivas. Se estima que 320.000 residentes de comunidades rurales se beneficiaron de un uso mejor y más productivo de la infraestructura y del empoderamiento logrado a partir de la mayor participación en el proceso de toma de decisiones. La configuración institucional del programa se está ampliando para incluir otras regiones: se espera que la cobertura nacional sea total antes de finalizar el año 2015.

Desafío

Las configuraciones institucionales y las metodologías de evaluación social y económica vigentes previamente no permitían adaptar el diseño de proyectos a las realidades de las poblaciones aisladas y de los asentamientos pequeños. El desafío era la creación de un sistema eficaz para abordar las demandas insatisfechas de estas comunidades rurales aisladas, a través de una configuración multisectorial y de varios niveles, concentrada en la sostenibilidad y en los impactos productivos y sociales de las inversiones en infraestructura existentes, según se identificaron mediante un enfoque altamente participativo.

Durante el desarrollo del concepto del Programa de Infraestructura para el Desarrollo Territorial, se enfatizaron especialmente los enfoques de bajo costo y de autofinanciamiento para las intervenciones en infraestructura rural, vinculados estrechamente con usos capaces de generar ingresos, para maximizar el impacto social de las inversiones.

Solución

Por medio del programa se ofreció asistencia técnica para elaborar el concepto de los planes marco de desarrollo territorial, lo que incluye el desarrollo de la metodología subyacente con la que se financiaron los planes. Durante el desarrollo del concepto, se enfatizaron especialmente los enfoques de bajo costo y de autofinanciamiento para las intervenciones en infraestructura rural, vinculados estrechamente con usos capaces de generar ingresos, a fin de maximizar el impacto social de las inversiones.

En el proyecto se señala el mayor impacto de las inversiones multisectoriales que ofrecen un paquete completo de servicios de infraestructura basados en la demanda y vinculados con actividades productivas, que generan mayor eficiencia, complementariedad y sostenibilidad de los servicios a través del agrupamiento intersectorial de servicios, en función de un enfoque de desarrollo territorial. Este enfoque también ofrece datos reveladores sobre el proceso de descentralización de Chile, dado que refleja la importancia de los procesos de planificación territorial, los enfoques participativos y las dimensiones de capital social, con el objetivo de ajustar el ritmo y el alcance del proceso de descentralización a las necesidades específicas.


 

Resultados

Los principales resultados logrados a través del programa son los siguientes:

  • El Ministerio de Desarrollo Social formuló y adoptó la nueva metodología para la evaluación económica de los subproyectos de infraestructura rural que se incluirán en los planes marco de desarrollo territorial.
  • El programa respaldó la movilización de fondos (distintos de los recursos del préstamo) para el financiamiento de 27 actividades productivas. Las iniciativas incluyeron estudios, capacitación e irrigación.
  • El programa respaldó la preparación de 45 planes marco de desarrollo territorial (que también identificaron actividades productivas) en 185 territorios, además del financiamiento de 250 subprogramas de infraestructura: 158 viales, 65 hídricos, 7 cloacales, 12 de energía, 6 de tecnología de la información y la comunicación (TIC) y 2 portuarios.
  • El programa colaboró con mecanismos eficaces para garantizar la sostenibilidad de las inversiones.

En términos más generales, el proyecto contribuyó a lograr cambios institucionales importantes como los siguientes:

  • Fortalecimiento de la coordinación de distintos organismos gubernamentales para la prestación de servicios de infraestructura rural;
  • Actuación como catalizador de la movilización y de las acciones coordinadas de distintos programas gubernamentales para respaldar el desarrollo de las pequeñas empresas;
  • Mejora de las capacidades de actores locales y comunitarios para la planificación y la ejecución de actividades productivas, al tiempo que se maximizó el uso de los recursos institucionales disponibles;
  • Respaldo activo y eficaz de la mejora del marco jurídico y regulatorio del sector de agua y saneamiento rural;
  • Revisión de la clasificación de las carreteras rurales;
  • Aplicación de nuevas políticas en el área de telecomunicaciones para llegar a zonas rurales aisladas con cobertura y contenido relevante de nuevas tecnologías de comunicación.

 


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Proyecto de agua potable rural en Lumahue (Comuna de Nueva Imperial).

Jose Vicente Zevallos, Banco Mundial

Aporte del Grupo Banco Mundial

El Banco Mundial contribuyó con US$50,3 millones en financiamiento para el proyecto, cuyo costo total asciende a US$90,3 millones. El Gobierno nacional y los Gobiernos locales destinaron US$75 millones adicionales al programa para infraestructura e iniciativas productivas.

Socios

El Banco Mundial trabajó principalmente con la Subsecretaría de Desarrollo Regional como socio del proyecto y con las unidades de gestión regional. El Ministerio de Planificación y Cooperación también fue parte importante del éxito del programa, en especial en el desarrollo de la metodología de evaluación integrada. Otros socios importantes fueron el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, la Subsecretaría de Telecomunicaciones y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

De cara al futuro

El programa se convirtió en un mecanismo consolidado para la prestación de servicios de infraestructura sostenible en zonas rurales. La demanda en nuevas regiones está creciendo de manera exponencial. El programa comenzó como un piloto que cubría cinco regiones, y se agregaron nuevas regiones durante la ejecución. Este año, se sumaron cuatro regiones al programa, que cuenta con asignaciones presupuestarias que superan las del período de ejecución del préstamo. Se espera alcanzar la cobertura nacional total antes de finalizar el año 2015.

Beneficiarios

El programa benefició a los habitantes de las comunidades rurales participantes. Se estima que 320.000 residentes de comunidades rurales se beneficiaron de un uso mejor y más productivo de la infraestructura y del empoderamiento logrado a partir de la mayor participación en el proceso de toma de decisiones. Generó beneficios importantes para las comunidades indígenas y pobres que carecían de infraestructura y servicios básicos. Algunos subprogramas específicos contribuyeron a mejorar la calidad de vida en esas comunidades mediante la eliminación de los obstáculos en las actividades productivas y logrando que los territorios indígenas fueran más habitables. El proyecto también fue fundamental para la promulgación de leyes que eliminaron obstáculos para la inversión pública dentro de los territorios de los pueblos indígenas.

 

Más de 45
planes marco de desarrollo territorial fueron creados


MAPA DEL PROYECTO



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