Tras la pandemia, Bolivia logró una recuperación económica y reducción de la pobreza gracias a la relajación de las medidas de aislamiento y un mejor entorno externo, incluyendo el alza de los precios de exportación. Sin embargo, el alto endeudamiento público, la caída de la producción de gas natural y de las reservas internacionales han limitado el crecimiento y generado la aparición de un tipo de cambio paralelo.
Por otro lado, Bolivia está expuesta a diferentes riesgos externos como la volatilidad de los precios de las materias primas y la desaceleración global y shocks en los mercados internacionales. Bolivia también es vulnerable a desastres climáticos, como la sequía e inundaciones que han afectado diferentes regiones del país, y a otros factores internos como los incendios forestales.
En este contexto, una recuperación sostenible exige enfrentar desafíos estructurales. Bolivia podría beneficiarse de una estrategia para abordar desequilibrios macroeconómicos, apuntalar un rol más activo del sector privado —que incluya empresas de todos los tamaños e inversionistas extranjeros— y aumentar la resiliencia ante cambios en el entorno internacional y eventos climáticos adversos. Para lograr estos objetivos y mejorar la provisión de servicios, protegiendo a la población vulnerable, es clave aumentar la eficiencia y progresividad de la política fiscal.
Las limitadas reservas de gas y esfuerzos globales por descarbonizar el sector energético hacen necesario buscar alternativas a la exportación de gas. Fomentar la inversión privada contribuiría a acelerar el crecimiento, promover la calidad del empleo y diversificar la economía.
