Este bajo desempeño se relaciona con la volatilidad de los precios del petróleo, el impacto del COVID-19, desastres climáticos, riesgos fiscales, variabilidad en la oferta eléctrica y el deterioro de la seguridad. Además, persisten factores estructurales como regulaciones laborales rígidas, distorsiones de precios, barreras al comercio e inversión y brechas educativas, que limitan el desarrollo. En este contexto, uno de cada cuatro ecuatorianos vive en pobreza y uno de cada diez en pobreza extrema, situación vinculada a un mercado laboral con informalidad superior al 50%.
En materia fiscal, Ecuador ha logrado avances importantes. En mayo de 2024, el FMI aprobó un Programa del Servicio Ampliado (SAF) para estabilizar las cuentas públicas. En julio de 2025, se realizó la segunda revisión del programa, aumentando el financiamiento del FMI de US$4 mil millones a US$5 mil millones. En este contexto, el déficit fiscal se redujo del 3,4% del PIB en 2023 al 1,3% en 2024. Los ingresos aumentaron por medidas tales como el aumento del IVA del 12% al 15%, impuestos temporales a grandes empresas y bancos y una amnistía fiscal, mientras que la eliminación del subsidio a la gasolina fue clave para la reducción de los gastos. Aunque el déficit anualizado del primer semestre de 2025 es de 2,9%, se espera que las medidas que se vienen adoptando lo reduzcan por debajo del 1% al cierre del año.
Se prevé que el PIB repunte 2,3% en 2025, tras una contracción del 2,0% en 2024, impulsado por menor incertidumbre política, mayor suministro energético y reducción de riesgos fiscales. Se espera una disminución del superávit externo en los próximos años, por el aumento de importaciones, en línea con una demanda interna más dinámica. La inflación seguiría baja, como en las últimas dos décadas bajo el esquema de dolarización.
Para impulsar el crecimiento, Ecuador debe continuar abordando los desequilibrios fiscales y mejorar la seguridad. Es necesario fomentar la inversión privada en sectores competitivos, reducir barreras al desarrollo del sector privado, fortalecer el marco de insolvencia, promover la competencia y el comercio, y mejorar la normativa laboral.