Perú es considerado un país megadiverso. Contiene en su territorio casi el 10% de las especies mundiales de flora, 2.000 especies de peces, 1.736 especies de aves (el segundo lugar en el mundo en biodiversidad), 332 especies de anfibios (ocupó el tercer lugar en el mundo), 460 especies de mamíferos (tercero en la clasificación), y 365 especies de reptiles (quinto en la clasificación). En general, el 20% de America latina esta reservado para la biodiversidad. Cuando en otras regiones es en promedio el 13%.
Sin embargo, mantener esta diversidad requiere un alto costo de dinero y de capital humano. Según un informe del Banco Mundial, la inversión óptima para financiar la biodiversidad en áreas protegidas del Perú sería de 41,8 millones de dólares anuales. Durante el 2010, la inversión total del gobierno peruano sólo ascendió a 13,1 millones, menos del 50%, así que queda un gran camino por recorrer.
Invertir en Biodiversidad
Invertir en la conservación de la Biodiversidad en Perú es el primer paso para resguardar sus riquezas naturales para el futuro. Pero antes de invertir, es necesario recaudar los fondos para que esa inversión sea fructífera y preparar a las Jefaturas y los Comités de Gestión, a los gestores, alcaldes, asociados, y todos los actores que participan en la administración de las áreas naturales protegidas.
Fue por eso que en el 2003 se creó el proyecto Gestión Participativa de Áreas Naturales Protegidas (GPAN) financiado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF en inglés), a través del Banco Mundial, hasta el 2010. Sus objetivos incluían trabajar en al menos 5 áreas protegidas del Perú y mejorar la conservación de la biodiversidad a través de la gestión participativa, además de contribuir a la sostenibilidad financiera de las áreas protegidas.
Los fondos generados con este proyecto se aseguraron mediante un sistema de financiamiento de contrapartida. Las ONG y otras entidades locales postulan para adjudicarse contratos de administración de determinadas áreas protegidas, bajo el acuerdo de que aportarán al menos el mismo nivel de recursos que los ofrecidos por el Gobierno, liberando en parte al Estado de esta carga financiera.
