México se ha fijado una meta demandante. Bajo el Plan México —una estrategia nacional para expandir la inversión y la industria— el gobierno busca crear 1,5 millones de empleos adicionales mientras eleva al país en la cadena de valor manufacturera. Eso significa una red eléctrica que pueda mantener en funcionamiento las fábricas, autopistas y puertos que puedan transportar los bienes, hospitales con profesionales calificados y financiamiento para las pequeñas y medianas empresas (Pymes) que ya emplean a la mayoría de los mexicanos.

Los presupuestos públicos por sí solos no pueden asumir la magnitud de este desafío. El dinero que México necesita ya existe en fondos de pensiones, inversores institucionales globales y bancos comerciales, pero se ha mantenido al margen por múltiples razones: largos plazos de construcción, incertidumbre de ingresos, desajustes cambiarios y reglas bancarias que hacen inaccesibles los préstamos para muchas pymes. Los inversionistas no estaban esperando más dinero del estado. Estaban esperando que alguien absorbiera la primera parte del riesgo.

Cerrar esa brecha se ha convertido en una prioridad para el gobierno mexicano, y es precisamente ahí donde el Grupo Banco Mundial ha encontrado su papel catalizador.

Compromisos modestos, volúmenes desproporcionados

Entre el año fiscal 2022 y el año fiscal 2026 (período que va de julio a junio), el Grupo Banco Mundial ayudó a atraer de manera acumulada casi US$12.000 millones en capital privado en México, colocando al país entre los cinco principales destinos para la movilización de capital privado a nivel global. De hecho, en solo cuatro años, las inversiones anuales se duplicaron, pasando de US$1.800 millones en el año fiscal 2022 a US$3.800 millones en 2026.

Detrás de los números hay un cambio deliberado, el cual es posible por la decisión del gobierno de priorizar el financiamiento privado de infraestructura. Además de los préstamos directos, el Grupo Banco Mundial utilizó cada vez más garantías, inversiones ancla y estructuras de reparto de riesgos enfocadas en obstáculos específicos en sectores clave.

Las instituciones mexicanas construyeron las plataformas; los clientes privados fueron pioneros en nuevas estructuras; y el Grupo Banco Mundial proporcionó la capacidad de riesgo y la credibilidad que permitieron a los inversionistas comprometerse. Así fue como funcionó esta estrategia y su relevancia para el empleo.

Energía: Impulsar la manufactura creando empleos

El gobierno sentó las bases. A medida que México fortalecía el marco para su sector energético, solicitó al Grupo Banco Mundial apoyar al Ministerio de Energía (SENER) con asistencia técnica y trabajo de asesoramiento. Ese apoyo contribuyó a abrir la puerta para que el capital privado invirtiera junto con el Estado en generación y transmisión, a la vez que brindó una mayor confianza a los inversores cuando se lanzó al mercado un mecanismo de financiación basado en el mercado para la red eléctrica nacional.

Para apoyar nuevas fábricas, la empresa estatal de electricidad de México, CFE, necesitaba expandir la red nacional entre 2025 y 2030 sin asumir más deuda. La solución fue CFE Fibra E, un fideicomiso que cotiza en la bolsa de valores y que paga a los inversionistas usando una parte de los ingresos estables y regulados de la red.

Cuando el fideicomiso vendió su primer bono en septiembre de 2025, la división orientada al desarrollo del sector privado del Grupo Banco Mundial: la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), adquirió US$75 millones, una señal para otros inversionistas de que el acuerdo era sólido. Los inversionistas respondieron con fuerza: más de US$6.000 millones en pedidos provenientes de unas 240 instituciones en 32 países por un bono de US$725 millones. Este dinero ahora financia líneas eléctricas y subestaciones que desperdician menos energía, integran más fuentes renovables a la red y garantizan el suministro eléctrico en las fábricas con las que cuenta el Plan México.

Cajeme Villarreal, CEO de CFE Capital, dijo que la inversión "ayudará a alcanzar los objetivos de justicia y seguridad energética establecidos por CFE."

Transporte: Construcción de empleos a gran escala

El Banco de Desarrollo de Infraestructura en México, BANOBRAS, ha respaldado durante mucho tiempo proyectos de carreteras y transporte a través de FONADIN, el Fondo Federal de Infraestructura, el cual cubre parte de las pérdidas si un proyecto tiene problemas, pero solo cubre un proyecto a la vez. En diciembre de 2025, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) del Grupo Banco Mundial, aprobó una garantía de hasta 500 millones que respalda las propias garantías de FONADIN, para que BANOBRAS pueda ofrecer esa protección a lo largo de toda una línea de proyectos de transporte sostenible. De este modo, iniciativas que antes se consideraban demasiado arriesgadas para los bancos y los fondos de pensiones, se vuelven mucho más atractivas.

Se espera que la plataforma atraiga alrededor de US$1.000 millones en capital privado, lo que se traduce en empleos en construcción, mejores vínculos para corredores industriales y en una institución mexicana capaz de repetir el modelo por cuenta propia.

Liberar capital para las Pymes

Las pequeñas y medianas empresas son las mayores empleadoras en México; sin embargo, los bancos suelen mostrarse reticentes a otorgarles créditos, ya que la normativa financiera les exige reservar una mayor cantidad de capital para cubrir posibles pérdidas en préstamos de menor cuantía considerados de “mayor riesgo”. En agosto de 2026, IFC y BBVA México encontraron una forma de gestionar su capital de manera más eficiente para ampliar la concesión de créditos a las pymes. IFC acordó asumir una parte determinada de las posibles pérdidas —hasta US$103,5 millones — en una cartera de préstamos a pymes valorada en MXN$14.000 millones de pesos mexicanos (US$750 millones). Al compartir el riesgo con IFC, BBVA pudo liberar parte del capital que mantenía como reserva para dichos préstamos. El banco destinó ese capital a la concesión de nuevos créditos para empresas locales, incluidas pymes en regiones desatendidas; una cuarta parte de estos fondos se asignó a empresas propiedad de mujeres.

Beatriz Muñoz, directora financiera de BBVA México, calificó a las pymes como “un segmento fundamental para la creación de empleo, la productividad y el desarrollo económico del país”.

Atención en salud: financiamiento para empleos cualificados

El sector de la salud es otro ámbito en el que el financiamiento del Grupo Banco Mundial se suma a una labor de colaboración de larga trayectoria. El BIRF ha asesorado al gobierno mexicano en el fortalecimiento del sistema de salud, mientras que IFC se ha asociado con proveedores y aseguradoras del sector privado para ampliar el acceso a una atención de calidad y asequible, fomentando además la inversión privada en el sector. Ambas líneas de actuación se refuerzan mutuamente: con un sistema público más sólido y un sector privado más atractivo para la inversión.

Los hospitales requieren una inversión continua y, por lo general, presentan largos plazos de recuperación del capital; por ello, los bancos en México han evitado tradicionalmente conceder préstamos a largo plazo a este sector. En noviembre de 2025, IFC lideró un paquete de financiación de US$ 765 millones para Auna, un grupo sanitario con operaciones en México y en toda América Latina. La Corporación Financiera Internacional (IFC) invirtió US$112 millones de sus propios recursos y movilizó más de US$650 millones procedentes de bancos e inversores en bonos, logrando atraer cerca de seis dólares de capital externo por cada dólar invertido.

La participación de IFC brindó confianza a los prestamistas para respaldar el modelo de atención integral basado en el valor de Auna, el cual prioriza el mantenimiento de la salud de los pacientes en lugar de centrarse en el número de servicios prestados. Mediante este financiamiento, Auna prevé crear más de 15.000 empleos calificados, de los cuales 11.000 estarán ocupados por mujeres. Asimismo, la organización planea aumentar el número de pacientes atendidos anualmente de 5 a 8 millones, y ampliar la cobertura de seguros de salud de 7,5 a 18,6 millones de personas. Esta inversión contribuye, además, al objetivo del Grupo Banco Mundial de facilitar el acceso a servicios de salud de calidad y asequibles para 1.500 millones de personas de aquí a 2030, mediante la ampliación del acceso a la atención sanitaria y el fortalecimiento de la prestación de servicios de salud por parte del sector privado en toda la región.

Suso Zamora, presidente ejecutivo de Auna, describió esta alianza como una forma de “contribuir a ampliar el acceso a una atención de calidad, crear empleos cualificados y movilizar capital privado”.

El poder de la movilización

No se trata de acuerdos aislados, sino de un enfoque único aplicado a diversos sectores generadores de empleo. El BIRF colaboró ​​con el gobierno en cuestiones de política, regulación y el desarrollo de una plataforma respaldada por el Estado; por su parte, IFC trabajó con una empresa de servicios públicos estatal y con compañías privadas para abrir los mercados a nuevos inversores. En cada caso, el Grupo Banco Mundial adoptó una postura estratégica y dejó que el capital privado hiciera el resto.