WASHINGTON, 25 de marzo de 2021. – El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprobó hoy un préstamo de libre disponibilidad por US$750 millones. Con estos recursos, el Perú podría continuar mitigando los impactos sociales y económicos de la pandemia por COVID-19 y, además, fortalecer los cimientos del país para impulsar su reactivación económica y su desarrollo. Se trata de una operación de Financiamiento Programático para Políticas de Desarrollo (Development Policy Financing) enfocada en apoyar (i) la respuesta del Estado peruano a la pandemia y (ii) las reformas necesarias para habilitar una recuperación que sea más inclusiva, ambientalmente sostenible y resiliente.
“La crisis generada por la pandemia es una oportunidad para repensar el futuro del Perú y mejorar los cimientos del desarrollo”, afirmó Marianne Fay, directora del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador y Perú. “Retomar la senda del desarrollo exige fortalecer las instituciones para que puedan hacer frente a los efectos de la pandemia y llevar a cabo reformas que conduzcan a un crecimiento que favorezca a todas las personas y también que las proteja de los riesgos climáticos”, resaltó.
Frente al embate del COVID-19, Perú desplegó una rápida y ambiciosa respuesta, equivalente al 20% de su PBI, respaldada por su solidez macroeconómica. Sin embargo, la precariedad del sistema de salud pública y los desafíos estructurales del país, limitaron su capacidad para prevenir los efectos devastadores que el COVID-19 ha tenido en la vida de las personas. Ello colocó al Perú entre los países del mundo con la peor combinación de fallecimientos, pérdidas de empleo y costos económicos. La llegada de una segunda ola de contagios amenaza con profundizar estos impactos.
Para respaldar al país frente a estos desafíos, el programa apoyará reformas lideradas por el Estado peruano que han sido clave en materia de protección social. En esa línea se contribuirá a fortalecer las redes de protección social, a expandir los programas de transferencias para hogares en situación de vulnerabilidad y las modalidades de pago vía transferencias digitales. La expansión del Registro Nacional de Hogares permitió que 2.5 millones de hogares adicionales recibieran los bonos de apoyo social. Se espera que las reformas apoyadas logren incrementar el porcentaje de bonos transferidos vía digital del 30% alcanzado en la entrega del primer bono Yo Me Quedo en Casa I (abril de 2020) a 80%, para la entrega del segundo Bono Familiar Universal, que está programada hasta mayo de este año.
Además, apoyará reformas estructurales para crear una base más sólida para la recuperación económica. En este sentido, el programa aborda las fallas del mercado que se hicieron evidentes durante la pandemia y que han privado a hogares y empresas de oportunidades económicas, como la falta de competencia en los mercados, el limitado acceso a servicios financieros y la precariedad de las condiciones de vivienda. En esta línea se espera, por ejemplo, que las reformas conduzcan a la activación de un millón de cuentas bancarias vinculadas al documento de identidad (DNI) para marzo de 2020 y a la reducción de la brecha de género en la titularidad de cuentas bancarias de 17 puntos porcentuales en 2019 a 10 puntos porcentuales para 2021. Las acciones respaldadas también ayudarán a lograr objetivos de mitigación climática más ambiciosos.
Respuesta al COVID-19
El Banco Mundial, una de las principales fuentes de financiamiento y conocimientos para los países en desarrollo, está adoptando medidas rápidas y de amplio alcance a fin de ayudar a dichos países a responder a los impactos sanitarios, sociales y económicos de la COVID-19. Esto incluye USD 12 000 millones para ayudar a los países de ingreso bajo y mediano a adquirir y distribuir vacunas, pruebas y tratamientos para la COVID-19, y a reforzar los sistemas de vacunación. Este financiamiento se basa en la respuesta más amplia del Grupo Banco Mundial frente a la COVID-19, que está ayudando a más de 100 países a reforzar los sistemas de salud, apoyar a los hogares más pobres y crear condiciones de respaldo para mantener los medios de subsistencia y los empleos de las personas más afectadas.
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