Apelaciones
Apelaciones
Uno de los principios rectores de la Política sobre el Acceso a la Información (la “Política sobre el Acceso a la Información”) reconoce el derecho de apelar cuando se rechaza una solicitud de acceso a la información bajo los procedimientos del Banco Mundial.
Un solicitante al que el Banco niegue el acceso a la información puede presentar una apelación de las siguientes maneras:
- alegando que el Banco Mundial violó su Política sobre el Acceso a la Información al rechazar de manera inapropiada o irrazonable el acceso a información que habitualmente divulgaría;
- presentando un caso de interés público para dejar sin efecto las excepciones de la Política sobre el Acceso a la Información, limitadas a temas administrativos institucionales, deliberaciones y determinada información financiera.
La Política de Acceso a la Información establece dos etapas de apelación: una revisión del Comité de Acceso a la Información en la primera etapa y una revisión de la Junta de Apelaciones de Acceso a la Información en la segunda etapa.
El Comité de Acceso a la Información actúa como:
- la primera etapa para apelaciones en las que se alega una violación de la Política sobre el Acceso a la Información, y
- la primera y última etapa para aquellas apelaciones en que se logra establecer un caso de interés público y para apelaciones contra decisiones que rechazan el acceso a la información basadas en el ejercicio del Banco de su prerrogativa de restringir el acceso a cierta información. Las decisiones del Comité de Acceso a la Información en estos casos tienen carácter definitivo.
El Comité de Acceso a la Información pone su mayor empeño en tomar una decisión dentro de los 45 días hábiles siguientes a la recepción de una apelación. Sus términos de referencia son públicos y se encuentran disponibles a continuación.
Términos de referencia
La Junta de Apelaciones de Acceso a la Información es un organismo integrado por expertos externos independientes, que son designados por el presidente del Banco Mundial y aprobados por el Directorio Ejecutivo del Banco. Sirve como la segunda etapa para apelaciones en las que se alega una violación de la Política sobre el Acceso a la Información, luego de la decisión del Comité de Acceso a la Información de mantener la decisión del Banco de rechazar el acceso a la información (excepto las apelaciones relativas a una denegación del Banco basada en el ejercicio de su prerrogativa de restringir el acceso, para las cuales la decisión del Comité de Acceso a la Información es definitiva). Las decisiones de la Junta de Apelaciones sujetas a su autoridad tienen carácter definitivo.
Los términos de referencia de la Junta de Apelaciones son públicos y se encuentran disponibles a continuación.
Todas las decisiones sobre apelaciones del Comité de Acceso a la Información y de la Junta de Apelaciones de Acceso a la Información se publican en el sitio web del Banco Mundial.
Además, en los informes anuales de la Política sobre el Acceso a la Información se registra el número de apelaciones presentadas ante la Comisión de Acceso a la Información y la Junta de Apelaciones durante todos los ejercicios.
Las decisiones adoptadas por el Directorio Ejecutivo son inapelables.
La solución para el solicitante cuya apelación tenga éxito consistirá únicamente en la entrega de la información solicitada.
Términos de referencia
Junta de Apelaciones de Acceso a la Información
Actuales miembros de la Junta de Apelaciones de Acceso a la Información
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Kristin Brudy-Everett
De nacionalidad estadounidense, es la responsable principal de privacidad y la encargada de la Ley de Libertad de Información (FOIA) para los Grupos de Trabajo de Aplicación de la Ley contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico del Departamento de Justicia de EE. UU., donde se encarga de supervisar los asuntos relacionados con la privacidad, la FOIA y la legislación sobre información. Anteriormente, fue fiscal adjunta en la División Civil de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, donde litigó casos de derecho de la información e inmigración. Además, ejerció funciones en el Consejo de Calidad Ambiental de la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., donde comenzó como parte del prestigioso Programa de Becarios de Gestión Presidencial.
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Obioma Okonkwo
De nacionalidad nigeriana, es miembro del Consejo Asesor de la Iniciativa para la Democracia Digital, un programa financiado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca, el Gobierno de Noruega y la Unión Europea para fortalecer la participación cívica y promover la democracia inclusiva en la era digital entre la mayoría global. También se desempeñó como jefa de Asuntos Jurídicos en Media Rights Agenda en Nigeria, donde encabezó campañas de difusión cruciales, programas de capacitación, iniciativas de investigación y procedimientos legales centrados en promover el acceso a la información a nivel nacional, regional e internacional. Entre 2018 y 2021, trabajó como abogada en el bufete Solomon Okedara & Co, donde profundizó sus conocimientos sobre la defensa de los derechos humanos y digitales.
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Rosemary Agnew
Nacional del Reino Unido, ha sido la defensora del pueblo en los Servicios Públicos de Escocia desde el 1 de mayo de 2017, donde investiga y resuelve o toma decisiones sobre reclamos contra el sector público escocés (excepto la policía). Su función también incluye ser revisora independiente de las solicitudes presentadas al Fondo de Bienestar Escocés y a la Autoridad de Normas sobre Reclamaciones, establecer procedimientos estándar de gestión de quejas, promover buenas prácticas, y monitorear el desempeño del sector público escocés. Entre 2012 a 2017, se desempeñó como Comisionada de Información de Escocia. En dicho cargo fue responsable de garantizar el cumplimiento por parte de las autoridades escocesas de la Ley de Libertad de Información de 2002 (Escocia) y el Reglamento de Información Ambiental de 2004 (Escocia), que incluye la promoción de buenas prácticas.
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Stuart Rick
De nacionalidad estadounidense, tiene una amplia experiencia en materias relacionadas con la Ley de Libertad de Información de EE. UU. (FOIA), y fue premiado por la Oficina de Administración de Personal de EE. UU. por su labor como responsable de la agencia de tomar decisiones definitivas sobre apelaciones administrativas derivadas de denegaciones iniciales de solicitudes de información en el marco de la FOIA. Después de jubilarse del Gobierno estadounidense como asesor general adjunto de la Oficina de Ética Gubernamental, brindó servicios de asesoría a un departamento federal sobre la manera de responder a las apelaciones de la FOIA. Posteriormente, durante 10 años, fue consultor de la Oficina de Ética y Conducta Profesional del Banco Mundial, donde desarrolló e implementó el Programa de Declaración de Intereses del Banco.
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