Después de varios años de un débil desempeño económico, con un bajo crecimiento promedio, América Latina y el Caribe se enfrenta ahora a un panorama bastante crítico con la crisis mundial generada por la pandemia de COVID-19 (Coronavirus).
Tras un año 2019 muy sacudido por la agitación social que vivieron algunos países de la región, y en un contexto de baja en los precios del petróleo, las economías latinoamericanas están enfrentando los impactos de la pandemia. A pesar de que la gran mayoría de los países han tomado medidas para evitar los contagios, los recientes brotes en la región se han propagado con rapidez, y el impacto económico provocado por el cierre de los negocios y las restricciones para circular a nivel nacional ha sido abrupto y grave.
A esto se suman los shocks externos, los cuales variarán de país en país. La demanda de China y los países industrializados -fuertemente golpeados con la pandemia- disminuirá drásticamente, afectando principalmente a los países productores de materias primas de Sudamérica, y a los exportadores de bienes y servicios manufacturados de Centroamérica y el Caribe. Asimismo, la región caribeña sentirá el impacto de las restricciones del tráfico aéreo en el sector turístico, principal fuente de ingreso de muchos de los pequeños estados insulares.
Debido a las diversas perturbaciones internas y externas derivadas de la pandemia, en 2020 la actividad económica regional sufrirá una contracción del 7,2 %, lo que constituirá una recesión mucho más profunda que las causadas por la crisis financiera mundial de 2008-09 y la crisis de la deuda latinoamericana de la década de 1980. Se prevé que la actividad económica caerá a su punto más bajo durante el segundo trimestre del año, cuando las medidas de mitigación se encuentren en sus niveles más altos. Pero hay razones positivas de un rebote en 2021, cuando la normalización de las condiciones internas y mundiales hacen pronosticar una recuperación de la economía regional en un 2,8 %.
No obstante, los retos son numerosos. Los países de América Latina y el Caribe no tienen el espacio fiscal del que gozan las economías avanzadas para hacer frente a la crisis. Algunos ya afrontaban crisis antes del brote de la COVID-19. Las economías de la región también se caracterizan por mayores niveles de informalidad, lo que hace que sea mucho más difícil llegar hasta sus empresas y hogares por medio de mecanismos como el aplazamiento del pago de impuestos y las subvenciones salariales. Con recursos limitados e instrumentos condicionados, un diseño adecuado a la respuesta política adquiere una relevancia crucial.
Las dificultades de la crisis serán enormes para grandes segmentos de la población. Muchos hogares viven al día y no disponen de los recursos para poder afrontar los confinamientos y las cuarentenas necesarias para contener la propagación de la epidemia. Muchas personas trabajan por cuenta propia, y la informalidad es común incluso entre los asalariados. Llegar hasta estos trabajadores por medio de transferencias es más difícil que en economías formalizadas. Muchos hogares también dependen de las remesas, que están colapsando a medida que la actividad se paraliza en los países de acogida, donde los trabajadores migrantes se encuentran entre los más afectados.
Dada la naturaleza sin precedentes de la epidemia de COVID-19, los pronósticos de desempeño económico en 2020 deben interpretarse con gran precaución. Sin embargo, los tipos de respuestas de política necesarias para reavivar la actividad económica son muy diferentes en una recesión aguda pero temporal comparado con una recesión importante y duradera. Evaluar correctamente la situación es fundamental para operar bajo supuestos comunes sobre la amplitud y la profundidad de la crisis, para informar las decisiones políticas y para lograr un consenso sobre ellas entre la opinión pública y las partes interesadas. Desafortunadamente, en estos momentos existe una enorme incertidumbre sobre cuán severa será la disminución global de la producción y cómo se verán afectadas las economías nacionales.
En este sentido el Grupo del Banco Mundial está tomando medidas amplias y firmes para ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su respuesta ante la pandemia, mejorar la vigilancia sanitaria y las intervenciones de salud pública, y ayudar al sector privado a mantener sus operaciones y los puestos de trabajo. Proporcionará hasta 160 mil millones de dólares en apoyo financiero durante los próximos 15 meses para ayudar a los países a proteger a los pobres y vulnerables, respaldar las empresas y afianzar la recuperación económica.
En este contexto, Latinoamérica también está atravesando la peor crisis migratoria de su historia. Casi 5 millones de venezolanos han abandonado su país, huyendo de la crítica situación económica y social que se registra desde hace más de un lustro.
Asimismo, América Latina y el Caribe está sumamente expuesta y es muy vulnerable a varios desastres naturales, como los terremotos e inundaciones, que pueden devastar regiones enteras, o los huracanes que azotan los estados caribeños. La región es una de las más vulnerables debido a la elevada densidad poblacional de las áreas donde golpean estos desastres y a la necesidad de mejorar las prácticas de gestión de riesgos. Por suerte, estamos mejorando en términos de comprender y gestionar estos riesgos. Entre los ejemplos respaldados por el Banco Mundial están los bonos catastróficos para terremotos de la Alianza del Pacífico. Así mismo, la distribución de riesgos entre países, a través de instrumentos como el Mecanismo de Seguro contra Riesgos Catastróficos del Caribe (CCRIF), puede proporcionar fondos de fácil acceso para la recuperación, luego de que un país miembro se vea afectado por un huracán.
Última actualización: Jun 26, 2020
