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América Latina y el Caribe : panorama general

  • América Latina y el Caribe (ALC) es la región más golpeada por la pandemia de COVID-19. La fuerte contracción producto de la crisis sanitaria ha tenido enormes costos económicos y sociales, ya que llegó después de varios años de un débil desempeño, con un bajo crecimiento promedio y progreso limitado en los indicadores sociales, y tras un periodo de agitación social que sacudió a algunos países a finales de 2019.

    La crisis de la COVID-19 tendrá un impacto a largo plazo sobre las economías de la región. Es probable que los menores niveles de aprendizaje y de empleo reduzcan los ingresos futuros, mientras que el elevado nivel de endeudamiento público y privado puede causar tensión en el sector financiero y frenar la recuperación.

    Si bien se prevé que el crecimiento regional se recupere un 6,3% en 2021, junto a una aceleración de la vacunación y una caída en las muertes por COVID-19, la mayoría de los países no logrará revertir del todo la contracción del 6,7% que tuvo lugar en 2020. Más aún, las previsiones de crecimiento para los próximos dos años caen por debajo del 3%, un regreso a las tasas de crecimiento bajas de la década de 2010, generando preocupación de una nueva década perdida en términos de desarrollo.

    Acelerar el acceso a las vacunas es fundamental para acabar con la pandemia en todas partes. El gran problema ha sido la disponibilidad y la desigualdad en la distribución. Inicialmente, muchos países tuvieron dificultades para conseguir vacunas. Afortunadamente, se ve que los envíos han mejorado en toda la región y la situación ha cambiado. En promedio, casi el 50% de la población de ALC ha recibido al menos una dosis, aunque algunos países lo están haciendo mejor y otros están muy atrasados.

    Las secuelas de la crisis de la COVID-19 llevarán años en desaparecer si los países de América Latina y el Caribe no toman medidas inmediatas para impulsar un lento proceso de recuperación de la pandemia, con la pobreza en su mayor nivel en décadas. Para alcanzar el ritmo de crecimiento necesario para hacer avanzar a la región y reducir las tensiones sociales, se debe llevar a cabo urgentes reformas postergadas aunque viables en el ámbito de la infraestructura, la educación, la salud, la política energética y la innovación, además de encarar los nuevos desafíos planteados por el cambio climático.

    La situación no es igual en todos los países o industrias y pueden aflorar oportunidades tras las crisis que desencadenan una reestructuración económica a gran escala. Por ejemplo, si bien el sector servicios ha sido muy castigado, la aceleración de la digitalización provocada por la necesidad de establecer distancias físicas podría ayudar a impulsar sectores como las tecnologías de la información, las finanzas y la logística, que a su vez pueden mejorar la competitividad del mercado y aumentar la eficiencia económica. Sin embargo, si no se abordan estos factores estructurales, es probable que el crecimiento débil y lento se mantenga y sea insuficiente para avanzar en la lucha contra la pobreza, y las tensiones sociales.

    Otras condiciones externas más favorables indican que los índices de precios de las materias primas han aumentado, especialmente los de los metales, lo que ayuda a varios países que son exportadores importantes, como Chile y Perú. Además, el acceso a la financiación internacional se ha mantenido para la mayoría de los países y los costes de los intereses se han mantenido manejables hasta ahora.

    A mediano plazo, será necesario recuperar la educación primaria para contrarrestar los años perdidos de aprendizaje y de acumulación de capital humano debidos a la COVID-19, mientras se abordan las ineficiencias persistentes que han conducido a unos resultados inadecuados. Dar prioridad a los centros educativos más afectados, mejorar el uso de la tecnología para complementar la enseñanza, mejorar el seguimiento y la información de los resultados educativos y reforzar el liderazgo educativo contribuirían a ello. En el ámbito universitario, la transferencia de los abundantes fondos de programas universitarios a programas de ciclos cortos (de 2 o 3 años), centrados en determinadas habilidades técnicas en consonancia con las normas mundiales, sería progresiva, abordaría la persistente carencia de habilidades en el sector privado y mejoraría los resultados del mercado laboral.

    Aunque hay muchas razones para ser pesimistas, las grandes crisis también abren enormes oportunidades para reestructuraciones económicas a gran escala. La mayor transformación podría surgir de la digitalización acelerada provocada por la pandemia, que podría conducir a un mayor dinamismo en múltiples sectores. La digitalización podría impulsar los servicios financieros, especialmente los sistemas de pago, un área en la que la región está rezagada. Las plataformas electrónicas podrían crear oportunidades de empleo incluso para las personas no calificadas y, al proporcionar información sobre las horas de trabajo y los ingresos, podrían respaldar la formalización del empleo. Por último, el comercio de bienes y servicios a través de Internet ofrece una oportunidad para una mayor integración con la economía global.

    El Grupo del Banco Mundial está tomando medidas amplias y firmes para ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su respuesta ante la pandemia, mejorar la vigilancia sanitaria y las intervenciones de salud pública, y ayudar al sector privado a mantener sus operaciones y los puestos de trabajo.

    Asimismo, América Latina y el Caribe está sumamente expuesta y es muy vulnerable a varios desastres por amenazas naturales, como los terremotos e inundaciones, que pueden devastar regiones enteras, o los huracanes que azotan los estados caribeños. La región es una de las más vulnerables debido a la elevada densidad poblacional de las áreas donde golpean estos desastres y a la necesidad de mejorar las prácticas de gestión del riesgo. Por suerte, estamos mejorando en términos de comprender y gestionar estos riesgos. Entre los ejemplos respaldados por el Banco Mundial están los bonos catastróficos para terremotos de la Alianza del Pacífico. Así mismo, la distribución de riesgos entre países, a través de instrumentos como el Facilidad de Seguros contra Riesgos Catastróficos en el Caribe (CCRIF), puede proporcionar fondos de fácil acceso para la recuperación, luego de que un país miembro se vea afectado por un huracán.

    Última actualización: Oct 08, 2021

  • Durante el último año, nuestra labor en estas esferas se centró en la respuesta a la crisis de la COVID‑19, en particular en lo relacionado con la salud, la protección social, la educación, el apoyo a las empresas y la creación de empleo, así como en la ayuda que brindamos a los países para adquirir y distribuir vacunas.

    Nuestro trabajo se basa en una estrategia de tres pilares:

    • Mejorar la productividad, promoviendo la competitividad, la transparencia y la rendición de cuentas; trabajar con grupos tradicionalmente excluidos (como los pueblos indígenas, los afrodescendientes y las comunidades rurales), y atraer inversión privada. Aumentar las inversiones para cerrar la brecha digital.
    • El segundo pilar pone de relieve la inversión en capital humano con el objetivo de preparar a las personas para los desafíos y las oportunidades que se derivan de la naturaleza cambiante del trabajo y ahora en tiempos de pandemia, fortalecer los sistemas de salud. Las soluciones digitales y los datos ayudaran a una mejor detección, prevención y recuperación de las crisis.
    • Con el tercer pilar se busca construir resiliencia y promover el crecimiento verde, de modo que los países puedan gestionar y soportar mejor las conmociones, como los desastres naturales, las crisis económicas, la migración, los delitos y la violencia, y las enfermedades infecciosas.

    Continuaremos respaldando los avances de las reformas estructurales e invirtiendo en la inclusión, la igualdad de género, los empleos productivos y la resiliencia climática.

    Más detalles en Respuesta del Banco Mundial a la COVID-19 (Coronavirus) en América Latina y el Caribe.

    Última actualización: Oct 12, 2021

  • Como respuesta a la COVID-19, que ha impactado seriamente en las vidas y medios de vida de millones de personas en los países de América Latina y el Caribe, el Grupo Banco Mundial destinó una cifra récord de US$29.100 millones para esa región desde el comienzo de la crisis, en abril de 2020, y a lo largo del año fiscal 2021, que finalizó en junio de 2021.

    Estos recursos se destinaron a contener el impacto sanitario, económico y social de la pandemia, además de ayudar a la región a responder a desafíos como huracanes y flujos migratorios. Se trata de la mayor respuesta a una crisis de este tipo en la historia del Grupo Banco Mundial.

    Los compromisos y movilizaciones del Grupo Banco Mundial durante este período incluyen un total de US$14.500 millones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la Asociación Internacional de Fomento (AIF), conocidos como Banco Mundial; US$10.800 millones de la Corporación Financiera Internacional (IFC) para promover el desarrollo sostenible impulsado por el sector privado; y US$3800 millones en garantías del Organismo Multilateral de Garantías de Inversiones (MIGA).

    El financiamiento y la experiencia del Banco Mundial se enfocaron en protección social, emergencias de salud, testeos, vacunas y el fortalecimiento de los sistemas de salud de cada uno de los países, así como en una movilización sin precedentes de financiamiento de corto plazo durante los primeros meses de la pandemia para ayudar al sector privado a mantenerse a flote.

    Desde el inicio de la pandemia de la COVID-19, el Grupo Banco Mundial ha comprometido más de US$157.000 millones para combatir sus impactos sanitarios, económicos y sociales, lo que representa la respuesta más rápida y de mayor envergadura en la historia de la entidad ante una crisis. El financiamiento está ayudando a más de 100 países a fortalecer la preparación ante la pandemia, proteger a las personas que viven en situación de pobreza, resguardar los empleos, y poner en marcha sin demora una recuperación respetuosa del clima.

    Algunos aspectos principales de estos programas incluyen:

    • Dos préstamos por un total de US$535 millones para apoyar los esfuerzos del gobierno en minimizar el impacto de la pandemia de coronavirus (COVID-19) a través de la compra de vacunas para el 30% de la poblaciónasí como insumos y equipos médicos.
    • Un financiamiento adicional de US$265 millones para el Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza Riachuelo, en la provincia de Buenos Aires, para avanzar en obras de saneamiento cloacal, disminución de la contaminación industrial y control de inundaciones, con el fin de mejorar la calidad de vida a 4,3 millones de habitantes.
    • Un préstamo de US$347 millones para Argentina, para mejorar el servicio y la infraestructura de la línea Mitre del ferrocarril, en la que se trasladan anualmente más de 7 millones de pasajeros.
    • Luego de la devastación como consecuencia de los huracanes Eta e Iota, el Banco Mundial trabajó con equipos técnicos del Gobierno de Honduras para preparar y aprobar, un proyecto de inversión de US$150 millones para apoyar al país en su rehabilitación y reconstrucción resiliente.
    • El Proyecto de Competitividad Rural (COMRURAL) ha contribuido a aumentar la productividad, competitividad y vínculos comerciales de 7.200 pequeños productores rurales de café, lácteos, miel y otros productos en Honduras. Cada US$1 invertido por COMRURAL como parte de una alianza productiva, ha apalancado US$1,5 de instituciones financieras privadas (alrededor de US$12,5 millones en total), aumentando la inclusión financiera y solvencia para el crédito de pequeños agricultores.
    • En Colombia, un proyecto por US$ 320 millones está ayudando a jóvenes desfavorecidos a acceder a la educación terciaria mediante una ampliación del acceso a préstamos para estudiantes. Más de 124 000 estudiantes han podido graduarse con la ayuda del programa.
    • También en Colombia, suministramos US$ 1.400 millones mediante una serie de programas para mantener el acceso a servicios de infraestructura clave durante la crisis de la COVID‑19, a la vez que sentamos las bases normativas para la recuperación mediante infraestructura sostenible y resiliente.

    Última actualización: Oct 12, 2021

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