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América Latina y el Caribe : panorama general

  • América Latina es la región más golpeada por la pandemia de COVID-19. La fuerte contracción producto de la crisis sanitaria ha tenido enormes costos económicos y sociales, ya que llegó después de varios años de un débil desempeño, con un bajo crecimiento promedio y progreso limitado en los indicadores sociales, y tras un periodo de agitación social que sacudió a algunos países a finales de 2019.

    La crisis de la COVID-19 tendrá un impacto a largo plazo sobre las economías de la región. Es probable que los menores niveles de aprendizaje y de empleo reduzcan los ingresos futuros, mientras que el elevado nivel de endeudamiento público y privado puede causar tensión en el sector financiero y frenar la recuperación.

    Pero a pesar del fuerte impacto, se prevé una mejora en las perspectivas económicas para América Latina y el Caribe este año. Tras una caída del Producto Interno Bruto regional del 6,7% (excluyendo Venezuela) registrada en 2020, se espera una vuelta al crecimiento de un 4,4% en 2021.

    Pese a los desafíos generados por la pandemia, existen señales positivas que dan pie a una pronta recuperación. El comercio internacional de bienes se mantuvo en un nivel relativamente bueno, a pesar de la fuerte caída en el comercio de servicios, particularmente turismo. La mayoría de los precios de las materias primas son más altos que antes de la crisis de la COVID-19, en parte gracias a la pronta recuperación de China. Asimismo, las remesas hacia la región aumentaron en comparación con el período previo a la pandemia, un tema muy importante para varios países del Caribe y América Central.

    Otro punto para destacar es que los mercados de capitales permanecieron abiertos para la mayoría de los países de la región. De hecho, la toma de deuda en el exterior aumentó, ayudando a mitigar el impacto económico y social de la crisis. Aunque, la mayoría de los países de la región incurrió en déficits presupuestarios significativos desde comienzos de la pandemia, el gasto adicional se destinó a fortalecer los sistemas sanitarios, proporcionar transferencias a los hogares y ayuda a las empresas. Paralelamente, la implementación de medidas proactivas ayudó a los deudores y redujo el riesgo de crisis financieras.

    A un año de declararse la pandemia, las esperanzas de un regreso completo a la normalidad están puestas en las vacunas. La escala del esfuerzo mundial para apoyar la investigación de vanguardia y financiar la capacidad de producción no tiene precedentes. Sin embargo, puede tomar tiempo el desarrollo de vacunas eficaces contra la COVID-19, que se produzcan en cantidades suficientemente grandes, que estén disponibles a nivel local en los países en desarrollo y que la población las considere suficientemente seguras. Dados estos desafíos, es posible que los países de América Latina y el Caribe no tengan más remedio que vivir con el virus, tal vez durante varios años más.

    Muchos países de la región han relajado gradualmente las cuarentenas y los cierres, ya sea a través de decisiones políticas explícitas o porque las estrictas medidas de contención son cada vez más difíciles de hacer cumplir. A estas alturas, es posible que los gobiernos deban concentrarse en proteger a los más vulnerables mientras ajustan los estándares de salud y seguridad en todos los sectores y actividades, de modo que la probabilidad de contagio permanezca baja mientras la vida continúa.

    La escolarización es una de las actividades que merece más atención. El aprendizaje a distancia, incluso si es factible, es poco probable que proporcione el mismo conocimiento que la enseñanza presencial. Para muchos niños de los segmentos más pobres de la sociedad, puede que simplemente no sea una opción. Si las medidas de contención continúan afectando al sector educativo durante demasiado tiempo, es posible que muchos niños nunca regresen a la escuela y entren en su vida laboral antes de lo previsto. E incluso aquellos que regresen habrán perdido meses o incluso años de educación, lo que socavará sus ingresos futuros y sus perspectivas de movilidad social.

    Aunque hay muchas razones para ser pesimistas, las grandes crisis también abren enormes oportunidades para reestructuraciones económicas a gran escala. La mayor transformación podría surgir de la digitalización acelerada provocada por la pandemia, que podría conducir a un mayor dinamismo en múltiples sectores. La digitalización podría impulsar los servicios financieros, especialmente los sistemas de pago, un área en la que la región está rezagada. Las plataformas electrónicas podrían crear oportunidades de empleo incluso para los no calificados y, al proporcionar información sobre las horas de trabajo y los ingresos, podrían respaldar la formalización del empleo. Por último, el comercio de bienes y servicios a través de Internet ofrece una oportunidad para una mayor integración con la economía global.

    El Grupo del Banco Mundial está tomando medidas amplias y firmes para ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su respuesta ante la pandemia, mejorar la vigilancia sanitaria y las intervenciones de salud pública, y ayudar al sector privado a mantener sus operaciones y los puestos de trabajo.

    Asimismo, América Latina y el Caribe está sumamente expuesta y es muy vulnerable a varios desastres naturales, como los terremotos e inundaciones, que pueden devastar regiones enteras, o los huracanes que azotan los estados caribeños. La región es una de las más vulnerables debido a la elevada densidad poblacional de las áreas donde golpean estos desastres y a la necesidad de mejorar las prácticas de gestión de riesgos. Por suerte, estamos mejorando en términos de comprender y gestionar estos riesgos. Entre los ejemplos respaldados por el Banco Mundial están los bonos catastróficos para terremotos de la Alianza del Pacífico. Así mismo, la distribución de riesgos entre países, a través de instrumentos como el Mecanismo de Seguro contra Riesgos Catastróficos del Caribe (CCRIF), puede proporcionar fondos de fácil acceso para la recuperación, luego de que un país miembro se vea afectado por un huracán.

    Última actualización: Mar 31, 2021

  • Nuestro trabajo se basa en una estrategia de tres pilares: 

    • Mejorar la productividad, promoviendo la competitividad, la transparencia y la rendición de cuentas; trabajar con grupos tradicionalmente excluidos (como los pueblos indígenas, los afrodescendientes y las comunidades rurales), y atraer inversión privada. Aumentar las inversiones para cerrar la brecha digital.
    • El segundo pilar pone de relieve la inversión en capital humano con el objetivo de preparar a las personas para los desafíos y las oportunidades que se derivan de la naturaleza cambiante del trabajo y ahora en tiempos de pandemia, fortalecer los sistemas de salud. Las soluciones digitales y los datos ayudaran a una mejor detección, prevención y recuperación de las crisis.
    • Con el tercer pilar se busca construir resiliencia y promover el crecimiento verde, de modo que los países puedan gestionar y soportar mejor las conmociones, como los desastres naturales, las crisis económicas, la migración, los delitos y la violencia, y las enfermedades infecciosas.

    En este sentido, la pandemia de COVID-19 (Coronavirus) ha llevado al Banco a asistir a los países de forma más ágil, apoyándolos para reducir el impacto de la enfermedad. Además de nuevos fondos, se han desembolsado recursos adicionales a partir de la reorientación de proyectos existentes en varios países.

    Hasta el momento, se han distribuido unos 4.600 millones de dólares en los países de la región para responder al impacto de la COVID-19. Esto les permitirá fortalecer los sistemas de salud y la vigilancia sanitaria para minimizar la pérdida de vidas; mitigar el impacto económico de la pandemia; y trabajar con los socios y el sector privado para atender cuestiones relacionadas con la cadena logística y las entregas.

    Más detalles en Respuesta del Banco Mundial a la COVID-19 (Coronavirus) en América Latina y el Caribe.

    Última actualización: Mar 31, 2021

  • En el ejercicio de 2020, el Banco Mundial aprobó financiamiento por valor de 7 800 millones de dólares para 67 operaciones en la región, monto que incluyó 6 800 millones en compromisos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y 1 000 millones en compromisos de la Asociación Internacional de Fomento (AIF).

    El Banco también emitió por primera vez bonos catastróficos multinacionales entre Chile, Colombia, México y Perú, valuados en más de 1 300 millones. Las prioridades para la región se centran en apoyar el crecimiento inclusivo a través de una mayor productividad y competitividad, con énfasis en inversiones orientadas a la educación, salud y otros aspectos del capital humano.

    También invirtió en infraestructura y trabajó en mejorar la capacidad de los países de gestionar y sobrellevar conmociones tales como desastres naturales, trastornos económicos y criminalidad y violencia, mientras promueve una mayor transparencia y rendición de cuentas. Asimismo, el Banco Mundial priorizó la inclusión de grupos que tradicionalmente han sido excluidos, entre ellos pueblos indígenas y comunidades rurales. Dado que las necesidades de un país muchas veces exceden los recursos públicos, el Banco apoyó actividades e intervenciones que, en la medida de lo posible, capten el interés de la inversión privada.

    El Banco Mundial adapta sus amplios servicios financieros, de conocimiento y convocatoria a las distintas necesidades de la región. Los países acuden cada vez más al Banco Mundial para asuntos que van más allá de los préstamos directos, aprovechando algunos servicios como seguros de riesgo, canjes de materias primas, financiamiento para adaptación al clima, asistencia técnica, asistencia para convocatorias e investigaciones para el desarrollo.

    Algunos aspectos principales de estos programas incluyen:

    • Crisis de los migrantes venezolanos: El Banco está trabajando para ayudar a los migrantes y a las comunidades que los reciben a través de análisis, apoyo técnico y recursos financieros. También trabajamos para intercambiar conocimientos y aplicar nuestro poder de convocatoria en relación con esta crisis. En Colombia, elaboramos la primera evaluación del impacto de la migración venezolana en el país, que serviría de base para una política nacional de respuesta y para el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia. En enero de 2019, el país fue considerado elegible para participar en el Servicio Mundial de Financiamiento en Condiciones Concesionarias (GCFF). El Banco ha otorgado un préstamo para políticas de desarrollo por 750 millones de dólares con el que se han movilizado 32 millones de dólares en cofinanciamiento del GCFF para respaldar la sostenibilidad fiscal y la competitividad de Colombia en medio de la crisis migratoria. Además, respalda un proyecto de salud que se financia con un préstamo de 150 millones de dólares de fondos propios y recursos del GCFF por 38 millones de dólares, destinado a fortalecer el sistema de atención de la salud del país y respaldar la incorporación de migrantes y refugiados en el sistema de seguridad social. En noviembre de 2019, pusimos en marcha un análisis similar de los impactos de la migración venezolana en Perú. Junto con organismos de las Naciones Unidas, ayudamos a financiar una encuesta nacional de migrantes y refugiados realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática y apoyamos otros análisis institucionales, sectoriales y cualitativos. En vista del impacto desproporcionado de la pandemia de COVID‑19 sobre los migrantes y refugiados, estamos movilizando recursos para abordar sus crecientes necesidades, incluso a través de la asistencia técnica que brindamos al Gobierno. Asimismo, estamos terminando un análisis del impacto fiscal de la migración venezolana en Ecuador. En colaboración con seis organismos de Naciones Unidas, diseñamos, implementamos y financiamos una encuesta nacional y organizamos diversos grupos de discusión para respaldar el análisis de las comunidades receptoras y migrantes. En 2019, Ecuador también cumplió las condiciones para participar del GCFF, por lo que, en mayo de 2020, accedió a un financiamiento en condiciones concesionarias por 6 millones de dólares.
    • En Honduras, el Proyecto de Competitividad Rural (COMRURAL) ha contribuido a aumentar la productividad, competitividad y vínculos comerciales de 7 200 pequeños productores rurales de café, lácteos, miel y otros productos en Honduras. Cada dólar invertido por COMRURAL como parte de una alianza productiva ha apalancado 1.5 millones de dólares de instituciones financieras privadas (alrededor de 12.5 millones de dólares en total), aumentando la inclusión financiera y solvencia para el crédito de pequeños agricultores. Desde 2008, el proyecto ha contribuido a lograr que las cadenas de valor agrícolas sean más competitivas y que aumente en un 23 % el volumen de ventas brutas de productores rurales. Los productores apoyados por COMRURAL producen alrededor del 30 % de todo el café especializado que Honduras exporta a Estados Unidos, Europa y Asia.
    • El Proyecto de Paisajes Integrados Sostenibles de Orinoquia en Colombia (5.9 millones de dólares), una donación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés), fue el último proyecto aprobado para el año fiscal 2019. Durante ese periodo, también fueron aprobados proyectos tales como: Garantía de Desarrollo de Energía Limpia (41 millones de dólares BIRF; 40millons CTF); Apoyo a la Primera Línea de Metro de Bogotá - primer proyecto de la serie (70 millones de dólares); El Catastro Multipropósito (100 millones de dólares); y un proyecto para Políticas de Desarrollo sobre sostenibilidad fiscal, competitividad y migración (718.5 millones de dólares BIRF; 31.5 millones GCFF).
    • En Panamá, el Plan Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Diseñado en conjunto con las comunidades indígenas de Panamá y el gobierno de este país, el proyecto beneficia a alrededor de 200.000 indígenas, particularmente mujeres y jóvenes, que son las poblaciones más excluidas. Respalda las inversiones propuestas por las autoridades tradicionales, centradas en el acceso, calidad y pertinencia cultural de la prestación de servicios de salud, educación y agua y saneamiento. También incluye inversiones para mejorar la capacidad de gobernanza, planeamiento y coordinación entre autoridades indígenas y el gobierno de Panamá, con miras a contribuir a la reducción de algunos de los niveles más altos de desigualdad étnica existentes en la región. Dentro de los primeros meses de la implementación, sobresalen dos resultados: primero, promulgación de un Decreto Ejecutivo para legalizar formalmente al Consejo Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; y segundo, la aceptación por parte de las Autoridades indígenas de incluir una asesora mujer en cada delegación que participe del Consejo.
    •  El respaldo en curso del Banco Mundial, que busca mejorar la resiliencia ambiental y de recursos naturales del Caribe, incluye:

                                i) Desarrollo de energía renovable en Santa Lucía y Dominica y creación de un mecanismo de seguro que incluya al sector pesquero en Granada y Santa Lucía.

                                ii) Desarrollo de prácticas agropecuarias sostenibles y competitividad en Jamaica, República Dominicana y la OECO.

                                iii) Ampliación de las zonas marinas protegidas en Belice y fortalecimiento de la protección y resiliencia al clima de la barrera de arrecifes de Belice.

                                iv) Prohibición de contenedores de plástico desechable o poliestireno extruido en toda la OECO.

                                v) Desarrollo de una planta geotérmica de siete megavatios en Dominica, la primera en el Caribe.

    Última actualización: Oct 09, 2020

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