Trabajar para una reconstrucción mejorada
Reducir la deuda y mejorar la sostenibilidad fiscal
Incluso antes de la COVID‑19, en los países en desarrollo el crecimiento estaba desacelerándose, y la carga de la deuda había alcanzado niveles sin precedentes. La pandemia ha agravado la situación y ha dejado a estos países con escaso espacio fiscal para responder a ella. Desde el comienzo de esta situación, el GBM ha ayudado a los países a liberar los recursos que se necesitan con urgencia y ha reforzado la transparencia y la capacidad de gestión de la deuda. En particular, hemos trabajado en estrecha colaboración con el G‑20 para aliviar la deuda de los países que más lo necesitan. También ayudamos a mejorar la sostenibilidad fiscal y a movilizar los recursos internos con mayor eficiencia.
A través de la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda (DSSI, por sus siglas en inglés) del G‑20, establecida en mayo de 2020 a instancias del Banco Mundial y del FMI, se proporcionó alivio de la deuda a más de 40 países participantes por un valor superior a los USD 5000 millones. Aunque originalmente debía finalizar en diciembre de 2020, la iniciativa se extendió dos veces debido a la crisis de la COVID‑19 y ahora se espera que concluya en diciembre de 2021. Asimismo, colaboramos con el G‑20 para establecer el Marco Común para los Tratamientos de la Deuda más Allá de la DSSI, que ayudará a los países que enfrentan cargas de deuda insostenibles a obtener el alivio que necesitan, según cada caso. Después de la creación de la DSSI, el GBM dio un paso importante para alcanzar una mayor transparencia en la información referida a los países que participan en dicha iniciativa. Creamos una ventanilla única virtual en la que se consignan todos los países participantes y los montos que adeudan a sus acreedores, con información extraída de la base de datos de estadísticas de la deuda internacional del Banco. A su vez, incorporamos herramientas para promover una mayor transparencia de la deuda en los países clientes de la AIF, entre las que se incluyen los gráficos con códigos de colores que muestran el grado de transparencia en la presentación de informes sobre la deuda (i) y la emisión de títulos de deuda interna (i).
En marzo de 2021, el apoyo proporcionado a Sudán ayudó al país a liquidar los pagos que adeudaba a la AIF, lo que le permitió restablecer su relación con el GBM después de casi tres décadas y sentó las bases para que pudiera acceder a casi USD 2000 millones en donaciones de la AIF, que tienen como objetivo reducir la pobreza y lograr una recuperación económica sostenible. Gracias a la liquidación de los atrasos, Sudán está más cerca de cumplir las condiciones exigidas para recibir alivio en el marco de la Iniciativa para los Países Pobres Muy Endeudados, y se espera que reduzca la carga de su deuda externa, que llega a casi USD 57 000 millones.
A través de nuestras investigaciones y trabajos analíticos, asesoramos a diversos países sobre cómo gestionar el gasto público y mejorar la movilización de recursos internos de manera eficiente y eficaz, lo que incluye encarar esfuerzos para reequilibrar los impuestos a fin de abordar la creciente desigualdad. También aportamos nuevas ideas sobre cómo mejorar la sostenibilidad fiscal y de la deuda, específicamente a través del análisis de las deficiencias en la divulgación de información sobre la deuda pública en los países en desarrollo y la elaboración de orientaciones sobre cómo crear mercados de bonos en moneda local.
Invertir en iniciativas climáticas
El GBM es la entidad multilateral que más financiamiento destina a inversiones climáticas en los países en desarrollo: en los últimos cinco años, proporcionó USD 83 000 millones para iniciativas climáticas a diversos países y extendió la consideración de las prioridades referidas al cambio climático a sectores que no estaban tradicionalmente asociados con la acción climática, desde la presupuestación y planificación fiscal hasta el desarrollo digital y la protección social. En el ejercicio de 2020, el GBM comprometió la cifra récord de USD 21 400 millones para inversiones relacionadas con el clima, lo que representó el volumen más alto en un solo año. Asimismo, el monto destinado a medidas de adaptación aumentó del 40 % del financiamiento climático del Banco en 2016 al 52 % en 2020. Estos esfuerzos son ahora aún más urgentes, dado que los países deben luchar contra los efectos del cambio climático en medio de la crisis de la COVID‑19. En Honduras, tras el paso de los huracanes Eta e Iota durante la temporada de huracanes más activa registrada en el Atlántico, apoyamos la respuesta del país ante la emergencia y su recuperación posterior. En Filipinas, mediante un proyecto de reducción del riesgo de desastres, se abordaron las múltiples conmociones provocadas tanto por la crisis sanitaria que acarreó la pandemia como por los tifones y la recesión mundial.
En junio de 2021, dimos a conocer un nuevo Plan de Acción sobre el Cambio Climático para el período 2021‑25. Dicho plan marca un cambio de paradigma para el GBM, pues pasará de invertir en proyectos verdes a aplicar una perspectiva ecológica en todos los aspectos de las economías, y dejará de centrarse en los insumos para enfocarse en la medición de los impactos, con el fin de ayudar a los países a reducir las emisiones y fortalecer su resiliencia frente a los riesgos climáticos.
En el marco del nuevo plan, asumimos el compromiso de ofrecer a los países en desarrollo niveles de financiamiento climático sin precedentes: se empleará, en promedio, el 35 % del financiamiento total del GBM para apoyar la acción climática,frente al 26 % alcanzado en los cinco años anteriores; además, al menos el 50 % de los fondos otorgados por el BIRF y la AIF para el área climática se destinará a apoyar iniciativas de adaptación. Adicionalmente, el GBM alineará sus flujos de financiamiento con los objetivos del Acuerdo de París. En particular, el Banco Mundial buscará esa convergencia en todas sus operaciones nuevas a partir del 1 de julio de 2023. En el caso de IFC y MIGA, desde esa fecha se alineará el 85 % de las operaciones del sector real aprobadas por las Juntas de Directores, y a partir del 1 de julio de 2025, el 100 % de tales operaciones.
El plan se centra en los sistemas clave —energía, agricultura, alimentos, agua, tierra, ciudades, transporte y manufacturas—, que representan más del 90 % de las emisiones globales y están expuestos a impactos climáticos significativos. Para transformar estos sistemas, ayudaremos a formular normas de alcance mundial para que los sistemas financieros incentiven las inversiones resilientes, sostenibles y con bajas emisiones de carbono basándose en nuestra experiencia con bonos verdes y otros instrumentos financieros sostenibles. Nuestro enfoque sobre transición hacia niveles bajos de emisión de carbono se centra en las personas y las comunidades, a fin de que estas puedan beneficiarse de la nueva economía climática; con ese propósito, respaldamos la intervención de la ciudadanía y los procesos participativos, de modo que las ganancias y las pérdidas se distribuyan equitativamente. También ayudaremos a los países a evaluar y abordar los impactos distributivos de las políticas, incluida la fijación del precio del carbono, así como a diseñar instrumentos y políticas que promuevan una transición justa hacia la eliminación del uso del carbón.
El plan promueve la transparencia y la rendición de cuentas a través de sistemas de seguimiento con mediciones, objetivos y metas claros, al tiempo que respalda las normas internacionales sobre reducción de emisiones. En los proyectos del Banco utilizaremos nuevas mediciones para informar sobre la resiliencia a los riesgos climáticos y de desastres, mientras que los nuevos indicadores de resultados servirán para registrar mejor los impactos de nuestras intervenciones en los países, incluidas las reducciones de emisiones. Para integrar más estrechamente el clima y el desarrollo y priorizar la acción, elaboraremos nuevos informes sobre los países referidos a estos temas, que servirán de estudios de diagnóstico básicos para el GBM y permitirán orientar nuestra labor en los países. Intensificaremos el apoyo que brindamos a los países a medida que desarrollen e implementen nuevas contribuciones determinadas a nivel nacional y estrategias a largo plazo, y, al mismo tiempo, los ayudaremos a reforzar sus sistemas financieros para gestionar los riesgos relacionados con el clima y movilizar capital.
El GBM también convoca, coordina e integra diversas alianzas mundiales que impulsan iniciativas vinculadas con el clima, entre ellas, la Coalición de Ministros de Finanzas para la Acción Climática, que, en junio de 2021, estaba integrada por más de 60 países. En la reunión ministerial organizada en coincidencia con las Reuniones de Primavera de 2021, esta coalición acentuó los llamados a realizar inversiones en proyectos de crecimiento verde y debatió sobre diversas políticas para apoyar la descarbonización y ayudar a gestionar los riesgos relacionados con el clima que amenazan la estabilidad financiera.
Promover reformas fiscales y financieras
Es necesario encarar urgentemente medidas excepcionales a nivel mundial que permitan abordar el impacto combinado de las actuales crisis superpuestas y, a la vez, adaptarse a la nueva realidad tras la pandemia y lograr una recuperación verde, resiliente e inclusiva. Estamos trabajando para ayudar a los países a combatir el aumento de la pobreza y la profundización de la desigualdad, al tiempo que se aborda la devastación causada por la COVID‑19 y los desafíos a largo plazo que plantea el cambio climático.
Nuestro enfoque es integral. Asesoramos a los países sobre cómo implementar reformas y políticas que aborden los desafíos que afectan a toda la economía y, al mismo tiempo, crear el espacio fiscal necesario y sacar provecho del capital privado. Asimismo, los ayudamos a evaluar los impactos distributivos de esas reformas y el modo en que contribuyen al crecimiento sostenible. También colaboramos con ellos para formular políticas fiscales y macroeconómicas que tengan en cuenta el clima. Para respaldar este trabajo, monitoreamos los indicadores macroeconómicos mundiales y los mercados financieros y de productos básicos. De igual manera, abogamos por la implementación de reformas estructurales y la adopción de una perspectiva centrada en la pobreza y la equidad en las políticas fiscales dirigidas a lograr un crecimiento verde.
Por otro lado, estamos elaborando instrumentos y guías prácticas para ayudar a los países a superar las dicotomías que perciben entre los objetivos macroeconómicos a corto plazo y el crecimiento sostenible a largo plazo. Colaboramos con ellos, además, para que integren la sostenibilidad en sus estrategias de crecimiento con el objeto de salvaguardar el clima y los recursos naturales, al tiempo que se incrementan el crecimiento, la inversión y la creación de empleo. En el nivel regional, ayudamos a diseñar medidas climáticas orientadas al crecimiento, como las siguientes:
- Políticas fiscales para una recuperación sostenible. Diseñar políticas fiscales y de gasto que permitan abordar los desafíos del cambio climático, la creación neta de empleo y la gestión de los estímulos fiscales de manera sostenible.
- Reforma de los impuestos y los subsidios a los combustibles. Realizar evaluaciones cuantitativas del impacto que generan los precios del carbono en los ingresos, la producción, el empleo, la informalidad, las emisiones, la contaminación y la salud pública.
- Política fiscal para el uso sostenible de la tierra. Incrementar los ingresos y mejorar la sostenibilidad a través de la reforma de los impuestos a los productos básicos, las transferencias fiscales ecológicas y la gestión de los ingresos forestales.
Nuestro trabajo en el área de la política fiscal también incluye brindar asesoramiento a los Gobiernos sobre cómo aumentar la eficiencia y la eficacia en la gestión de sus finanzas públicas y de la inversión pública.
En Côte d’Ivoire, gracias al Primer Proyecto de Crecimiento Sostenible e Inclusivo, de USD 200 millones, se eliminaron los obstáculos a la inversión privada en la producción sostenible de electricidad y cacao. A su vez, ha ayudado al Gobierno a obtener USD 100 millones adicionales en financiamiento climático.
Además, ayudamos a los países a establecer estándares para los bonos verdes y regulaciones referidas a la presentación de informes con la finalidad de respaldar la conformación de sistemas financieros más ecológicos. En Colombia, por otra parte, trabajamos con los entes reguladores para garantizar que los fondos de pensión locales den a conocer la forma en que incorporan los factores de riesgo ambientales, sociales y de gobernanza en sus procesos de inversión.
Combatir la corrupción y promover una adecuada gobernanza
Trabajamos con los países para fortalecer la gobernanza y combatir la corrupción con el objetivo de generar mayor espacio fiscal, aumentar la eficiencia y garantizar servicios de mejor calidad para los necesitados. En este sentido, ayudamos a los Gobiernos a administrar mejor las finanzas públicas y a simplificar la burocracia, lo que abarca la administración tributaria, la descentralización y la reforma de las empresas estatales. También cooperamos con ellos para implementar tecnologías que permitan brindar servicios públicos, ampliar el acceso de los ciudadanos a la información, mejorar la rendición de cuentas y reducir la corrupción administrativa.
A través de nuestra iniciativa GovTech, apoyamos la transformación digital para modernizar las operaciones gubernamentales básicas, al tiempo que se promueven la participación cívica y la rendición de cuentas y se fortalece la confianza. La Alianza Mundial sobre GovTech y el Fondo Fiduciario de Múltiples Donantes para GovTech profundizan este trabajo en el plano internacional y refuerzan los compromisos de la AIF referidos a la gobernanza y las instituciones. Durante la crisis de la COVID‑19, redactamos diversas notas sobre políticas y creamos un portal de seguimiento para ayudar a los países a consolidar la gobernanza y la resiliencia.
En el ejercicio de 2021, pusimos en marcha un conjunto de iniciativas dirigidas a intensificar nuestro trabajo de lucha contra la corrupción y abordar su naturaleza transnacional, así como la función que desempeña la dinámica de poder (que puede complicar la tarea) y la necesidad de incrementar la transparencia. Llevamos adelante investigaciones en las que se analiza cómo controlar la corrupción a nivel sectorial y elaboramos guías prácticas sobre recuperación de activos y gestión de conflictos de intereses. También lideramos un nuevo esfuerzo de colaboración internacional dirigido a establecer una metodología para evaluar los sistemas de adquisición, que tiene como objetivo acelerar la implementación de mecanismos de adquisiciones públicas modernos, eficientes, sostenibles y más inclusivos. Para esto, el Banco Mundial realizó evaluaciones sobre 17 países. Asimismo, pusimos en marcha la plataforma denominada Adquisiciones, Lucha contra la Corrupción y Transparencia, con el propósito de brindar fácil acceso a los datos sobre adquisiciones públicas y permitir a los usuarios detectar y gestionar los riesgos de integridad y transparencia.
A fin de hacer frente a la COVID‑19, trabajamos con los proveedores para elaborar estimaciones sobre demanda agregada y desarrollar un procedimiento simplificado para adquirir insumos médicos, equipos y vacunas. Esto supuso establecer procesos acelerados de adquisiciones de emergencia, abordar las limitaciones en las cadenas de suministro y gestionar el impacto de la COVID‑19 en las adquisiciones no relacionadas con la emergencia y en la ejecución de contratos. Para incrementar la transparencia, todos los contratos se publican en el sitio web externo del Banco.
Proteger los recursos naturales y apoyar la biodiversidad
Para lograr una recuperación verde, resiliente e inclusiva es fundamental administrar el capital natural (por ejemplo, los bosques, el océano, el agua y el suelo) y reconocer su valor. La mala gestión de la tierra impulsa la aparición de zoonosis, mientras que la protección de los recursos naturales ayudará a reducir el riesgo de futuras pandemias. El Banco trabaja con los países para implementar políticas que permitan valorar más adecuadamente los ecosistemas, combatir al mismo tiempo el cambio climático y mejorar los medios de subsistencia de las personas que dependen de los recursos naturales, lo que incluye a quienes trabajan en la silvicultura, la pesca y la agricultura.
Hicimos inversiones para brindar rápidamente apoyo a los sectores de pesca, turismo y ecoturismo y colaborar con las comunidades cuyas vidas se han visto alteradas por la COVID‑19. Con la pandemia se ha intensificado el empleo de plásticos de un solo uso y se han incrementado los desechos médicos, que pueden terminar en los océanos y los cursos de agua. En esta área, en India y Pakistán apoyamos los esfuerzos que se llevan adelante para abordar la cuestión de los residuos médicos. Adicionalmente, proporcionamos apoyo financiero, asistencia técnica y productos de conocimiento para ayudar a los países a abordar los impactos ambientales de la pandemia y utilizar los fondos de estímulo para lograr una recuperación verde, resiliente e inclusiva. En México y Egipto respaldamos los esfuerzos por mejorar la calidad del aire con el propósito de ayudar a salvar vidas, mejorar la productividad y mitigar el cambio climático.
Contribuimos además a las nuevas investigaciones y los análisis sobre las amenazas a la biodiversidad y a los servicios ecosistémicos, que aportan una sólida justificación económica de la inversión en la naturaleza. En la Cumbre One Planet celebrada en enero de 2021, que se centró en la biodiversidad, nos comprometimos a destinar más de USD 5000 millones en los próximos cinco años a la iniciativa La Gran Muralla Verde, con la que se busca restaurar paisajes degradados, mejorar la productividad agrícola e invertir en infraestructura resiliente frente al clima en 11 países africanos, desde Djibouti hasta Senegal.
Construir ciudades más verdes, resilientes e inclusivas
En el ejercicio de 2021, las autoridades de las ciudades enfrentaron múltiples crisis: una emergencia sanitaria que afectó desproporcionadamente a los residentes de bajos ingresos, una recesión económica que golpeó las finanzas municipales y la amenaza continua de los peligros naturales. El Banco recurrió a su experiencia en gestión del riesgo de desastres y a la asistencia técnica facilitada por el Fondo Mundial para la Reducción de los Desastres y la Recuperación a fin de ayudar a los países y las ciudades a lidiar con estos riesgos superpuestos e imprevistos. En el Líbano, en asociación con la Unión Europea y las Naciones Unidas, brindamos nuestro apoyo para llevar adelante una evaluación rápida de los daños y las necesidades apenas días después de la devastadora explosión producida en el puerto de Beirut en agosto de 2020.
Por otra parte, el análisis de los puntos críticos por cantidad de casos de COVID‑19 en entornos urbanos confirmó la correlación entre el hacinamiento y el contagio, y puso de manifiesto la necesidad de mejorar las condiciones de vida de los pobres de las zonas urbanas, que se han visto particularmente afectados por el virus y por el impacto de las políticas de confinamiento en la economía informal. En Kenya ayudamos a mejorar la seguridad de la tenencia de la tierra y el acceso a los servicios básicos —como el drenaje, el suministro de agua, el saneamiento y el alumbrado público— de casi 2 millones de personas que viven en asentamientos urbanos informales, para lo cual trabajamos en colaboración con la Agence Française de Développement. En Sierra Leona y Tanzanía apoyamos los esfuerzos que se llevan adelante para mapear el paisaje urbano y comprender mejor los riesgos de inundaciones a través de programas digitales en los que se otorgó efectivo a cambio de trabajo y que permitieron a los jóvenes desempleados ganar dinero utilizando aplicaciones móviles.
La pandemia ha puesto a prueba la resiliencia de los servicios básicos que son esenciales para el funcionamiento de ciudades saludables. En India estamos trabajando para hacer más eficaz la gestión de los residuos sólidos en el estado de Kerala con el propósito de mejorar la salud de las personas y reducir la contaminación de las costas y de los recursos hídricos. Con la mirada puesta en la recuperación, el Fondo para Cubrir la Brecha de Financiamiento Climático en las Ciudades aprobó su primer paquete de donaciones para asistencia técnica, por un total de casi USD 2 millones, con el que se ayudará a nueve ciudades a transformar sus objetivos climáticos en proyectos elaborados, listos para recibir financiamiento. Con esas donaciones se brindará apoyo a ciudades de Etiopía, India, Kosovo, Marruecos, México, la República Democrática del Congo y Vietnam que buscan identificar las fuentes de emisiones urbanas y establecer prioridades en las políticas y las inversiones cruciales en infraestructura.
En junio de 2021, publicamos el informe (i) Pancakes to Pyramids: City Form to Promote Sustainable Growth (De panqueques a pirámides: La forma urbana que promueve el crecimiento sostenible), basado en un análisis de casi 10 000 ciudades. Al explicar los factores que hacen que una ciudad crezca hacia afuera, hacia adentro o hacia arriba, este estudio nos ayuda a interpretar mejor la interrelación entre densidad de población, transporte público y medios de traslado diferentes de los automóviles, y contribuye a que las ciudades reduzcan su huella climática. El Banco tiene el propósito de ampliar el apoyo que brinda a las ciudades para que puedan integrar las consideraciones referidas a los bajos niveles de emisión de carbono y la resiliencia frente al clima y a los desastres en la planificación urbana, las políticas y la inversión, o bien para que profundicen dichas consideraciones.
Respaldar el transporte resiliente
Los países necesitan redes de transporte y logística que funcionen adecuadamente para mantener sus economías en movimiento y asegurarse de que las vacunas lleguen a todos, incluidos los pobres. La pandemia ha expuesto las vulnerabilidades del sector, pues ha provocado enormes disrupciones en las cadenas de suministro y significativas pérdidas para los operadores de todo el mundo. Sin embargo, incluso antes de esta crisis, muchos países presentaban importantes deficiencias en cuanto a la accesibilidad de los medios de transporte: 1000 millones de personas viven a más de 2 kilómetros de una carretera transitable en todo tipo de clima; más de 1,3 millones de personas, en su mayoría en países en desarrollo, mueren cada año en accidentes viales; 1 de cada 6 mujeres no busca empleo por miedo al acoso en el transporte público; un sinnúmero de niños no pueden viajar a la escuela, y muchos cultivos se pudren antes de llegar a los mercados. El sector del transporte también genera alrededor del 24 % de las emisiones de carbono relacionadas con la energía, dado que la demanda aumenta con la urbanización y el crecimiento económico. Si no se aplican medidas agresivas, se espera que estas emisiones se incrementen un 60 % para 2050, por lo que no será posible alcanzar los objetivos climáticos si no se descarboniza el transporte. Este desafío se ve agravado por el hecho de que la infraestructura de transporte es sumamente vulnerable a los fenómenos climáticos extremos. No obstante, con las políticas y los recursos adecuados, el transporte puede impulsar las economías; conectar a las personas con los empleos, los servicios de salud y educación, y abordar el cambio climático.
La cartera de inversiones en transporte del Banco, que asciende a unos USD 45 000 millones, abarca casi 100 países con proyectos que apoyan el transporte público, la logística, las carreteras, el ferrocarril, el transporte aéreo, los puertos y las vías navegables, e innovaciones más recientes, como los drones y los vehículos eléctricos. Estas iniciativas ayudan a los países a repensar la movilidad en la recuperación tras la pandemia de COVID‑19. En el ejercicio de 2021, establecimos el Mecanismo Mundial para Descarbonizar el Transporte, el primer fondo fiduciario general que ubica la acción climática como eje del desarrollo del sector. Este mecanismo ayudará a incrementar la innovación y la inversión en todas las modalidades de transporte respaldando la producción de conocimientos, la preparación de proyectos, la asistencia técnica y las actividades de promoción. Con él se ampliarán los logros obtenidos a través de otras iniciativas respaldadas por el Banco, como la primera línea de metro de Ecuador, en Quito, que ahorrará aproximadamente 65 000 toneladas de emisiones al año y ofrecerá a 377 000 pasajeros por día una forma rápida y confiable de llegar a sus empleos y acceder a diversos servicios. En Senegal, el Proyecto de Transporte y Movilidad Urbana permitió reducir a la mitad el tiempo de viaje entre Dakar y Saint Louis, lo que favoreció a cerca de 1 millón de personas; además, generó puestos de trabajo para hombres y mujeres en la pavimentación de carreteras. Por otro lado, mediante el Programa de Inversión en Aviación del Pacífico, se ha incrementado la resiliencia de la infraestructura del sector y se ha promovido un mayor acatamiento de las regulaciones internacionales en Kiribati, Samoa, Tonga, Tuvalu y Vanuatu.
Garantizar el acceso de todos a la energía para lograr un crecimiento sostenible
Hoy en día, casi 759 millones de personas todavía viven sin electricidad, y alrededor de 3000 millones carecen de acceso a formas limpias de cocinar. A pesar de que se han agilizado los avances, es poco probable que todo el mundo pueda acceder a formas de energía asequibles, confiables, sostenibles y modernas para 2030. Para acompañar el crecimiento de la población, durante la próxima década deberían acceder a la electricidad 940 millones de personas más, pero la pandemia de COVID‑19 ha desacelerado las inversiones que se necesitan para lograrlo.
A fin de contribuir a cerrar esta brecha, el Banco ha aumentado a más del doble el financiamiento que destina a ampliar el acceso a la energía, que pasó de menos de USD 400 millones, en promedio, en los ejercicios de 2013‑15 a casi USD 900 millones en los ejercicios de 2018‑20. De esos fondos, más del 90 % se destina a África al sur del Sahara. En los últimos cinco años, hemos proporcionado USD 4200 millones para instalar conexiones de electricidad nuevas o mejorar las existentes, con lo que se benefició a casi 120 millones de personas. También hemos comprometido más de USD 400 millones en 21 países para ayudar a 20 millones de personas a acceder a métodos de calefacción y formas de cocinar más saludables y eficientes. En esta labor contamos con el apoyo de socios como el Programa de Asistencia para la Gestión del Sector de la Energía, que brinda conocimientos técnicos y financiamiento con el objetivo de ayudar a lograr el acceso universal a la energía eléctrica para 2030. El programa contribuye a incrementar nuestra cartera de energía y ayuda a difundir las minirredes y las soluciones sin conexión a la red para ampliar el acceso. Los préstamos que se otorgan a través de este programa representan una cuarta parte de la inversión mundial en minirredes.
Los recientes avances tecnológicos han reducido significativamente el costo de la energía renovable, lo que representa una oportunidad para aumentar su participación en la combinación energética utilizada en todo el mundo. El GBM es una de las principales fuentes de financiamiento para proyectos de energía renovable y eficiencia energética en los países en desarrollo; en los últimos cinco años, ha comprometido USD 8400 millones y ha ayudado a movilizar capital privado para el sector. Por ejemplo, brindamos respaldo a la primera planta de energía solar fotovoltaica de Uzbekistán para ayudar al país a reducir su dependencia respecto del gas natural y el carbón, producir energía limpia, mejorar la confiabilidad del suministro y combatir el cambio climático. Esta será la primera planta de energía renovable a gran escala del país desarrollada y operada por el sector privado; cuenta con el apoyo de préstamos de IFC, una garantía del Banco, financiamiento del Banco Asiático de Desarrollo e inversiones del sector privado.
El Banco Mundial también ayuda a sus países clientes a gestionar el petróleo, el gas y la minería de manera que contribuyan al crecimiento y el desarrollo sostenibles, protejan a las comunidades y reduzcan las emisiones. En 2020, trabajamos con Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Grecia, Polonia, Serbia y Ucrania para ayudarlos a planificar una transición justa en sus regiones carboníferas y prepararse para ese proceso. A través de la Iniciativa Plataforma para la Transición de las Regiones Carboníferas de los Balcanes Occidentales y Ucrania, se promueven estrategias inclusivas para la transición a una energía con bajos niveles de carbono. Por su parte, el Fondo Fiduciario de Apoyo Programático Mundial a las Industrias Extractivas ayuda a los mineros artesanales y de pequeña escala y a sus comunidades a hacer frente a los impactos de la COVID‑19. En mayo de 2021, publicó el informe (i) 2020 State of the Artisanal and Small-Scale Mining Sector (Estado del sector de la minería artesanal y de pequeña escala en 2020), en el que se concluye que, si se establecieran mejores condiciones de trabajo, se podría mejorar la productividad, la salud y la seguridad de más de 44 millones de mineros artesanales de 80 países. Asimismo, a través de la Iniciativa para una Minería Climáticamente Inteligente del GBM, también se ayuda a los países a responder a la creciente demanda de minerales y metales críticos con prácticas mineras sostenibles.
De igual modo, trabajamos con los países y con diversos asociados para reducir la quema de gas, con la que se desperdician recursos y se liberan emisiones nocivas a la atmósfera. En el ejercicio de 2021, se amplió el apoyo a la iniciativa Eliminación de la Quema Regular de Gas para 2030 —establecida por el Banco y sus socios en 2015—, que abarca ahora a 79 Gobiernos y compañías petroleras. Además, a través de la Asociación Mundial para la Reducción de la Quema de Gas, continuamos trabajando con siete países en los que los niveles de aplicación de esta práctica son elevados.
