La economía peruana afronta retos como el bajo crecimiento, incertidumbres y necesidad de más inversión. El país puede mantener sus principios de estabilidad macroeconómica y de avanzar a un entorno propicio de productividad, empleos y bienestar.
Entre 2004 y 2013, el Perú experimentó un crecimiento considerable, y la pobreza se redujo del 60 % al 33 %. A partir de 2014, la caída de los precios de la minería y la desaceleración económica de los principales socios comerciales del país dieron lugar a un crecimiento lento, con un promedio de solo el 3 % entre 2014 y 2019, que luego se vio afectado negativamente por los impactos de la pandemia de COVID-19.
La estabilidad macroeconómica, la apertura comercial y un entorno internacional favorable permitieron que el Perú se convirtiera en una economía de ingreso mediano alto, con un ingreso per cápita que subió de USD 2040 en 2002 a USD 7126 en 2022. La estrategia económica del país, caracterizada por políticas macroeconómicas sólidas y prudentes, dio como resultados una deuda pública más baja, reservas internacionales sustanciales y un banco central que es ampliamente considerado confiable. Además, el sistema financiero peruano es robusto, y cuenta con capital suficiente para enfrentar posibles crisis de liquidez.
A pesar de estos logros, el país enfrenta desafíos y debilidades estructurales que podrían dificultar su camino hacia un mayor desarrollo y prosperidad: los impactos del cambio climático, las desigualdades persistentes y un modelo económico que depende en gran medida de los recursos naturales. Problemas estructurales, como la limitada creación de empleos formales, la baja productividad, la escasa diversificación económica y los lentos avances en la reducción de la pobreza y la desigualdad, siguen siendo obstáculos importantes.
Para lograr una trayectoria de crecimiento más inclusivo y sostenible, el Perú debe centrarse en mejorar la calidad de los servicios públicos, fortalecer la gobernanza, fomentar un entorno propicio para los negocios y garantizar la estabilidad política. De cara al futuro, se proyecta que la economía peruana se recuperará y crecerá un 2,7 % en 2024, tras una leve contracción del 0,6 % en 2023, que se atribuyó a las condiciones climáticas desfavorables, los disturbios sociales y una disminución de la confianza empresarial. Se espera que el PIB aumentará en torno al 2,4 % en 2025, y que a mediano plazo la tasa anual llegará al 2,4 %, principalmente gracias en gran medida al respaldo de las exportaciones procedentes de nuevos proyectos mineros (la mina de Quellaveco y la ampliación de Toromocho). Aunque se anticipa que las tasas de pobreza disminuirán un poco y el 33,2 % de los hogares se verá afectado por este problema en 2024, es probable que se mantengan por encima de los niveles anteriores a la pandemia.
El entorno macroeconómico del Perú se mantiene estable. Según las proyecciones, el déficit público llegará al 2,4 % y el 2,0 % en 2024 y 2025, respectivamente, mientras que la relación deuda-PIB se mantendrá estable en alrededor del 34 %. Por su parte, la inflación convergerá en el rango objetivo del 1 % al 3 % en 2024, respaldada por la atenuación de las perturbaciones en la producción y un crecimiento moderado de la demanda interna. Las reservas internacionales son equivalentes al 26,5 % del PIB.
Para abordar los desafíos estructurales, el Perú debe centrarse en reducir el alto nivel de informalidad en el mercado laboral, dado que tres cuartas partes de los trabajadores laboran en empleos de baja productividad, y en mejorar la calidad de los servicios públicos básicos. Estos esfuerzos son esenciales para lograr una economía más resiliente y equitativa.
Descomposición del crecimiento del PBI entre 2004 - 2023
Última actualización: Abr 15, 2024
Resumen del programa del Grupo Banco Mundial en el Perú
El marco de alianza con el Perú abarca el período 2023-27.
El Banco Mundial tiene una cartera activa de USD 2300 millones, que incluye 11 proyectos de inversión y 2 operaciones para políticas de desarrollo (USD 1500 millones) que respaldan políticas orientadas a lograr una recuperación económica más resiliente, más verde e inclusiva, mejoran la adaptación al cambio climático y apoyan la transición hacia una economía más ecológica en sectores específicos. Los proyectos de inversión se centran en la infraestructura (transporte urbano, agua y saneamiento, riego y transmisión de electricidad), así como en la prestación de servicios de justicia, los sistemas de innovación y los sistemas de respuesta ante emergencias.
La cartera de IFC es de 752 millones de USD, de los cuales 102 millones corresponden a fondos de terceros, e incluye compromisos con 11 entidades del país. La cartera de la IFC por sector incluye instituciones financieras (81%) e infraestructura (19%). La cartera de IFC había disminuido en los últimos años (de 21 entidades y US$610 millones en 2017 a 8 entidades y US$ 160 millones en 2021) debido principalmente a prepagos y salidas que fueron motivadas por las condiciones del mercado local. Durante estos años, hubo abundante liquidez en los sistemas bancarios y de pensiones locales para cubrir la mayoría de las necesidades de financiación a largo plazo. Sin embargo, los renovados esfuerzos de desarrollo empresarial, la drástica reducción de la disponibilidad de financiación de largo plazo, debido a las consecutivas retiradas de fondos de pensiones privados, y un creciente interés en el sector privado por adoptar sólidas prácticas de Medio Ambiente y Gobernanza (ESG por sus siglas en inglés), han generado un renovado interés del sector privado por requerir financiación y servicios de asesoramiento de la IFC (ya reflejado en los compromisos para los ejercicios 23 y 24 de US$ 400 millones con BBVA Continental para financiación de edificios verdes, US$ 100 millones con MiBanco para financiación de PYMEs, cuyas propietarias son mujeres, y US$ 75 millones en deuda subordinada con instituciones financieras).
Hasta abril de 2024, la exposición al riesgo del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) en el Perú ascendía a USD 1094 millones, distribuidos en tres proyectos del sector financiero. Estos compromisos ocupan el tercer lugar en magnitud de la región de América Latina y el Caribe y el séptimo puesto en la cartera general del Organismo. En junio de 2022 y junio de 2023, MIGA emitió garantías por valor de USD 351 millones y USD 427 millones, respectivamente, en respaldo de Fondo MiVivienda S. A., el principal proveedor de financiamiento para viviendas asequibles del Perú. Los préstamos garantizados por MIGA contribuyen a aumentar el acceso al financiamiento para viviendas ecológicas certificadas en el país. Las hipotecas, dirigidas principalmente a hogares vulnerables y de ingreso mediano, se verán beneficiadas con la reducción de las tasas de interés, así como con donaciones y subvenciones que disminuirán el precio de las viviendas sociales ecológicas certificadas a niveles comparables con el precio de las viviendas convencionales. Además, en junio de 2018, MIGA emitió garantías contra el riesgo de expropiación de las reservas obligatorias del Banco Santander Perú. El objetivo del proyecto es permitir que la entidad bancaria amplíe el crédito en el país, en particular, los instrumentos de crédito y otros instrumentos financieros dirigidos a respaldar el financiamiento para el clima y las inversiones en infraestructura en el país.
Última actualización: Abr 15, 2024
El medio ambiente, los recursos naturales y la economía azul
El Banco Mundial respaldó proyectos transformadores centrados en los valiosos recursos naturales de la región amazónica peruana, con el objetivo de mejorar las prácticas de gestión forestal, la protección legal y el reconocimiento de las comunidades indígenas, y la seguridad de la tenencia de la tierra. En diversas iniciativas de recubrimiento del suelo y de adjudicación de la propiedad de la tierra, se empoderó a 58 comunidades que abarcaban más de 230 000 hectáreas.
El proyecto también contribuyó al reconocimiento de 253 comunidades indígenas y entregó financiamiento para 44 subproyectos de producción comunitaria —incluidas 16 iniciativas dirigidas por mujeres— que promovieron la gestión forestal sostenible y aumentaron la seguridad alimentaria y las actividades de generación de ingresos en 119 comunidades indígenas de la región amazónica peruana.
La gente y la justicia
La asistencia legal gratuita puede cambiar la vida de las personas más vulnerables. En el Perú, los centros ALEGRA ayudan a miles de personas, especialmente mujeres, muchas de las cuales necesitan manutención para sus hijos o son víctimas de violencia doméstica. Entre 2017 y 2022, los 47 centros ALEGRA existentes en el país atendieron más de 1 millón de consultas.
En 2023, se proporcionó asistencia legal y patrocinio a través de los centros ALEGRA a 40 500 casos, y en la actualidad los servicios se han expandido para llegar a comunidades indígenas remotas a través de una iniciativa de justicia itinerante (i).
Feria de Justicia Itinerante realizad por el Poder Judicial de Perú en Patacancha, Cuzco.
Servicios de abastecimiento de agua y saneamiento en las principales zonas urbanas
En las últimas tres décadas, el Banco Mundial ha trabajado ininterrumpidamente para aumentar el acceso a servicios de agua y saneamiento gestionados de manera segura en las zonas rurales y urbanas del Perú. En el área metropolitana de Lima, el proyecto “Lima Norte”, que finalizó hace poco, mejoró de forma considerable la eficiencia, la continuidad y la confiabilidad de los servicios de suministro de agua para 64 878 hogares en los distritos del norte de la ciudad, reduciendo el agua no facturada del 40 % al 25 %, y aumentando la continuidad del servicio de 16,3 horas a 23,9 horas por día en las áreas de intervención.
Conectividad en los corredores críticos del territorio
Los proyectos de transporte urbano, caminos rurales y telecomunicaciones son fundamentales para el desarrollo del Perú. Se lograron avances en la ampliación del sistema de buses Metropolitano de Lima, en la vía expresa construida en el marco del Proyecto de Mejoramiento del Transporte (METRA) en el Cusco y en el programa de transporte subnacional. Con respecto a la industria de las telecomunicaciones, el Banco Mundial respaldó reformas regulatorias para promover la inversión privada y la competencia, que eliminarán las barreras y facilitarán el desarrollo de infraestructura.
Adquisición de habilidades y tecnologías
El Banco Mundial contribuyó con éxito a la adquisición de nuevas habilidades y tecnologías en los campos de la agricultura, la pesca artesanal y la acuicultura, y la educación superior.
Los 33 107 beneficiarios directos de un proyecto innovador participaron en iniciativas relacionadas con la pesca artesanal y la acuicultura, lo que condujo a la adopción de nuevas tecnologías. Además, el proyecto ha fomentado la innovación, dando lugar al desarrollo de 112 nuevas innovaciones pesqueras y 194 innovaciones acuícolas a través de subproyectos de investigación aplicada y adaptativa.
Además, el Banco Mundial ha apoyado el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (STIS, por sus siglas en inglés) del Perú a través del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) y PROCIENCIA, fortaleciendo el sistema para mejorar las habilidades de investigación. Este apoyo se tradujo en 449 investigadores activos, 34 % de los cuales eran mujeres, que forman parte de seis programas de doctorado en áreas estratégicas de innovación.
Los avances hacia una participación equilibrada, tanto del lado de la oferta como de la demanda en el STIS, han sido notables. El CONCYTEC, con el apoyo del Banco Mundial, movilizó USD 1,5 millones en capital privado, incluidos USD 221 436 procedentes de empresas emergentes que participan en el programa “Go-to-Market” y USD 1 280 858 otorgados por universidades privadas que recibieron becas de investigación.
Entorno para las inversiones sostenibles del sector privado
El Banco Mundial respaldó el programa de políticas dirigido a mejorar el entorno para el sector privado. Como resultado de dicho programa, se facilitó el registro en línea de las nuevas empresas, se redujeron las regulaciones excesivas, se simplificó el sistema de impuestos sobre las ventas y se introdujeron las subastas electrónicas. Por otra parte, se ampliaron las transferencias monetarias de emergencia para llegar a 2,5 millones de hogares, especialmente conformados por personas pobres y trabajadores informales, y se utilizó la red de pagos digitales para llevar a cabo estas transferencias.
El Banco Mundial también apoyó a las empresas que enfrentaban crisis graves y repentinas de la demanda a través de Reactiva Perú, un novedoso mecanismo de garantía de crédito. Este programa movilizó el equivalente al 8,5 % del PIB en fondos líquidos privados para otorgar préstamos a pequeñas y medianas empresas. Como consecuencia del competitivo sistema de provisión de liquidez, se generaron corrientes crediticias del sector privado considerables, que respaldaron una liquidez de USD 16 500 millones y permitieron tener tasas de interés históricamente bajas para los prestatarios finales. La mitad de los trabajadores formales labora en las empresas que se beneficiaron con el programa Reactiva Perú.
Gestión del riesgo de desastres y gestión financiera
El Banco Mundial brindó asistencia al Gobierno del Perú para elaborar una estrategia integral de protección financiera contra desastres naturales. En febrero de 2018, se emitió el bono para catástrofes conjunto de la Alianza del Pacífico por un monto de USD 200 millones para proteger contra terremotos durante un período de tres años. El bono proporcionó una cobertura de USD 65 millones cuando un terremoto afectó al país en 2019. Estos instrumentos complementaron la estrategia financiera escalonada del Perú con herramientas de financiamiento tradicionales y no tradicionales.
El Banco también apoyó los esfuerzos del Gobierno para mejorar la protección financiera de las alianzas público-privadas (APP) frente a los desastres. En 2019, el Ministerio de Economía y Finanzas incluyó un capítulo sobre seguros en sus pautas generales para el diseño de contratos de APP. También ayudó a fortalecer las bases de datos sobre riesgos y seguros del Perú y otros países de la Alianza del Pacífico. Además, brindó asistencia a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para consolidar los marcos regulatorios que rigen la industria de los seguros.
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