Desafío
La criminalidad y la violencia, en particular el crimen violento, son generalizados en América Latina y el Caribe, que ostenta la nada envidiable distinción de ser la región más violenta del mundo, con 23,9 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2012, comparado con 9,4 de Africa, 4,4 de América del Norte, 2,9 de Europa y 2,7 de Asia.
La magnitud del problema es abrumadora y obstinadamente persistente. La región alberga apenas 8% de la población mundial pero concentra 37% de los homicidios. Cifras de 2013 muestran que ocho de los 10 países más violentos del mundo están ubicados en la región y también 42 de las 50 ciudades más violentas, lo que incluye a las 16 que están en el más alto rango de violencia, Cada 15 minutos, al menos cuatro personas son víctimas de homicidio en la región.
Hace décadas que los países de América Latina y el Caribe lidian con niveles sostenidos de elevada violencia. En los últimos 15 años, la tasa de homicidio se situó en alrededor de 24 por cada 100.000 habitantes y si bien la tendencia declinó levemente en la primera mitad de la década de 2000, el deterioro de la situación en América Central revirtió los avances. No es casual que el número de latinoamericanos que mencionan al crimen como su mayor preocupación se haya triplicado en estos años. Los efectos de la violencia están generalizados en todas las sociedades de la región: las personas se retraen, se ocultan detrás de sus puertas y evitan los espacios públicos, lo que debilita los lazos interpersonales y sociales que unen a las comunidades.
El historial regional de altas tasas de homicidio, así como el reciente repunte de la violencia, contrastan notablemente con los significativos avances sociales logrados en la última década por la región. Entre 2003 y 2011, los países de América Latina y el Caribe mostraron avances importantes hacia una mayor equidad social, lo que se reflejó en una considerable reducción de la pobreza, de 45% a 25%, pero también en una menor desigualdad en el ingreso y una creciente clase media. Este contraste entre una violencia que aumenta y una equidad social que mejora notablemente hace evidente lo complejo de la relación entre el desarrollo económico y la criminalidad y violencia.
Enfoque
La Agenda de Conocimiento sobre Criminalidad y Violencia en América Latina y el Caribe —financiada por una subvención— incluyó un estudio regional y una serie de eventos de divulgación. Los resultados del estudio fueron publicados en “Fin a la violencia en América Latina: una mirada a la prevención desde la infancia hasta la edad adulta”, el cual identificó políticas novedosas para reducir la violencia, respaldadas por evidencia empírica rigurosa. El informe consideró una amplia gama de opciones para la aplicación de políticas, implementadas tanto en la región de América Latina y el Caribe como en otros lugares y que redujeron el comportamiento antisocial en los primeros años de vida en jóvenes y adultos o bien alteraron sus patrones de criminalidad. Igualmente hizo evidentes los mecanismos que subyacen tras el éxito de esas intervenciones. Al combinar varias fuentes de información, utilizar técnicas econométricas y resaltar un número de estudios de base preparados para este informe, el estudio arrojó luz sobre el complejo panorama de la violencia en la región, pues identificó de manera creíble los nexos causales entre la política y la reducción o prevención de la criminalidad y la violencia. Aunque el informe no llevó a cabo, por superar el ámbito del documento, la abrumadora tarea que revistiría una revisión exhaustiva de toda la literatura existente sobre el delito -que incluye criminología, psicología y factores económicos-,en su lugar se centró en una selección de estudios recientes e innovadores que brindan evidencia creíble sobre los nexos causales entre las intervenciones realizadas y los resultados alcanzados. Establecer esta causalidad clara fue importante, dado que una mejor comprensión de los procesos sociales y económicos subyacentes, deriva en políticas bien diseñadas y más efectivas. La compleja naturaleza de la criminalidad y la violencia, la magnitud de lo que está en juego y los riesgos potenciales por consecuencias imprevistas de políticas bien intencionadas pero incorrectas, demandan un enfoque basado en evidencia.
Resultados
“Fin a la violencia en América Latina: una mirada a la prevención desde la infancia hasta la edad adulta” fue publicado en 2016 y su lanzamiento formal tuvo lugar en el Woodrow Wilson International Center for Scholars el 7 de febrero de 2017. El documento, disponible al público en el Repositorio de Conocimiento Abierto del Banco Mundial, ofrece una mirada nueva e integral a buena parte de nuestro conocimiento sobre cómo prevenir la criminalidad y la violencia.
En general, la investigación sugiere que los delincuentes potenciales responden a los incentivos establecidos por el sistema de justicia penal (como duración de las sentencias y certeza de la sanción). Sin embargo, mientras ciertas combinaciones de incentivos pueden reportar una mayor reducción de la criminalidad, otras podrían ser contraproducentes. Para un nivel dado de castigo esperado, una sentencia más corta, aunque más segura, parece tener un mayor efecto disuasorio.
La evidencia sugiere también que los esfuerzos por aumentar los recursos policiales como estrategia de prevención de la criminalidad estarían incompletos sin un análisis detallado de cómo estos recursos serán usados. Más aún, determinar si estas estrategias de trabajo policial operan a través de la disuasión o la incapacitación, es clave para comprender sus costos sociales. Cuando las agencias del orden público disuaden a los criminales potenciales, el costo social es relativamente menor. Si, por el contrario, una mayor presencia policial simplemente incrementa el número de arrestos y subsiguientes encarcelamientos, entonces los recursos involucrados podrían haber sido utilizados de manera más eficiente en estrategias de prevención del crimen.
Los enfoques dirigidos a zonas problemáticas y las estrategias de despliegue policial orientadas a los problemas, han mostrado algunos resultados esperanzadores, aunque, en realidad, su eficacia parece depender del contexto. Este tipo de evidencia ha venido, hasta ahora, de países desarrollados, principalmente. Parece razonable asumir que los efectos reductores sobre la criminalidad relacionados con la actividad policiaca, dependen sustancialmente de la calidad de las instituciones locales, tanto del sistema policial como judicial, y del grado de confianza que las personas tienen en esas instituciones, especialmente en lugares donde la confianza en la policía puede estar comprometida.
Los hallazgos de “Fin a la violencia en América Latina: una mirada a la prevención desde la infancia hasta la edad adulta” han sido presentados en diversos eventos, entre ellos el Foro Fragilidad, Conflicto y Violencia (febrero de 2016), la Organización de las Américas (noviembre de 2016); AL CAPONE (America Latina Crime and Policy Network) y en seminarios sobre Desarrollo e Instituciones de la Universidad de California en Berkeley. También han sido utilizados para orientar los diagnósticos sistemáticos del país y estrategias de alianzas con el país en Honduras y El Salvador, así como también para orientar el diseño de nuevos estudios de control aleatorios, llevados a cabo por la unidad de evaluación de impactos del grupo de investigación del desarrollo en el Banco.