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En las dos primeras décadas del siglo XXI, Ecuador logró avances significativos en la reducción de la pobreza y la desigualdad, en gran medida impulsados por el auge petrolero y el consecuente aumento del gasto social y de los ingresos laborales. A pesar de la finalización del boom de los recursos del petróleo y los diferentes choques que enfrento el país, la pobreza no ha subido. Sin embargo, más de una cuarta parte de la población aún vive en situación de pobreza, uno de cada diez enfrenta pobreza extrema y alrededor de un tercio permanece en riesgo de caer nuevamente en la pobreza.
Esta vulnerabilidad refleja fragilidades estructurales, como la baja calidad del empleo, la persistente informalidad, la desconexión entre el sistema educativo y las demandas del mercado laboral, así como las brechas en un sistema de protección social fragmentado, con limitada cobertura y desigual distribución territorial. A estos factores se suman los efectos de la pandemia de COVID-19 y de las recurrentes crisis climáticas, que han afectado de manera desproporcionada a los hogares rurales, indígenas y encabezados por mujeres, ampliando las desigualdades existentes.
Retomar la senda de reducción de la pobreza requiere una estrategia integral y multisectorial que combine reformas laborales para mejorar la calidad y estabilidad del empleo, políticas educativas y de formación profesional que fortalezcan la productividad y la movilidad social, y una expansión más eficiente, equitativa y fiscalmente sostenible de las redes de protección social. Asimismo, es indispensable avanzar en medidas de resiliencia climática que reduzcan la exposición de las comunidades vulnerables a desastres naturales, al tiempo que se promueva la inversión privada, la innovación productiva y la equidad territorial. Solo con este enfoque amplio y coordinado,
Ecuador podrá retomar una senda de crecimiento inclusivo, reducir de manera sostenible la pobreza y sentar las bases para un desarrollo sostenible y resiliente.
