Coronavirus: La respuesta del Grupo Banco Mundial ante la emergencia mundial de hacer frente a la pandemia. Sepa más

Paraguay: panorama general

  • La pandemia de COVID-19 afectó a Paraguay cuando el país se encontraba en un proceso de recuperación económica después de que el crecimiento se estancara en 2019. Es probable que la recesión mundial conduzca a una disminución del PIB del 1,2 por ciento en 2020. A partir del 2021, se espera que el crecimiento vuelva al 4 por ciento, a medida que la economía mundial se recupera.  Esto está sujeto al riesgo a la baja de una normalización más lenta de lo esperada de los mercados mundiales. A su vez, se espera que la pobreza aumente en 2020, y la desigualdad de ingresos se mantenga alta.

    El brote de COVID-19 golpea la economía de Paraguay en un momento de recuperación económica después de que el crecimiento se estancara en 2019. La economía estuvo en recesión durante el primer semestre de 2019 (-3 por ciento interanual) debido al débil desempeño de los principales socios comerciales, especialmente Argentina, y a las condiciones climáticas adversas, pero comenzó a recuperarse en el segundo semestre (+3 por ciento interanual) ya que la producción agrícola se recuperó de la mano de un clima favorable. Del mismo modo, en el mercado laboral, después de que la tasa combinada de desempleo y subempleo alcanzara el 14.5 por ciento en el primer semestre de 2019, retrocedió al 12.9 por ciento en el segundo semestre del año.

    Con una economía más débil y una inflación cercana a la banda inferior del rango objetivo (4 +/- 2 por ciento), el Banco Central del Paraguay (BCP) se movió a una posición más acomodaticia, consistente con el objetivo de inflación. Durante 2019, el BCP redujo la tasa de política en 125 bps acumulativos al 4 por ciento. En febrero de 2020, la tasa de inflación fue de 2,4 por ciento interanual. El régimen cambiario flexible continuó amortiguando los shocks externos. Mientras tanto, las reservas de divisas se mantuvieron en niveles prudentes, recuperándose después de una disminución inicial al inicio de la crisis argentina en 2018.

    Dada la recesión del primer semestre de 2019, las autoridades invocaron la cláusula de escape de la regla fiscal, que limita el déficit presupuestario (la Ley de Responsabilidad Fiscal, LRF, permite un aumento del techo del déficit del 1.5 por ciento del PIB hasta el 3 por ciento del PIB en tiempos de crisis). Por lo tanto, el presupuesto del gobierno central se ejecutó con un déficit del 2.9 por ciento del PIB en 2019. Mientras que el gasto corriente creció en 8,2 por ciento, el gasto de capital aumentó en 28,9 por ciento, aunque desde una base baja. El Parlamento aprobó la Ley de Presupuesto 2020 con un déficit del 1,5 por ciento del PIB, consistente con la LRF.

    Con la desaceleración económica, la reducción de la pobreza continuó, pero a un ritmo más lento: la tasa de pobreza disminuyó del 24.2 por ciento en 2018 al 23.5 por ciento en 2019.  Sigue habiendo 1,6 millones de personas por debajo del umbral oficial de pobreza.  La reducción de la pobreza casi se estacionó en áreas urbanas (17.8 por ciento en 2018 en comparación con 17.5 por ciento en 2019) debido a una disminución de los ingresos laborales del comercio y la manufactura. La pobreza rural disminuyó de 34,6 por ciento en 2018 a 33,4 por ciento, a pesar de los ingresos laborales estables en la agricultura, que concentra casi la mitad (0,6 millones) de los trabajadores rurales, en su mayoría informales.  Si bien se registró una mejora en la desigualdad de ingresos, el índice de Gini de 46.1 sigue siendo alto.

    En este contexto y con un brote de dengue en curso, las autoridades reaccionaron rápidamente al brote del COVID-19 en marzo de 2020 para mitigar el impacto en la economía y las personas. El Gobierno implementó medidas de distanciamiento social y controles de movimiento de la población. El BCP redujo la tasa de interés de política en 175 pb a 2.25 por ciento, y relajó temporalmente las reglas de provisión para no penalizar las reestructuraciones y prolongaciones de crédito. Un paquete fiscal contra la crisis aprobado por el Parlamento incluye gastos adicionales en programas de salud y protección social, un subsidio para trabajadores informales, apoyo a pequeñas empresas, reasignación de líneas de gasto no prioritarias y una moratoria en multas por pagos de impuestos retrasados. Para financiarlo, el Gobierno recibió autorización para un aumento del límite de endeudamiento de US$1.6 mil millones y para la suspensión del la LRF por hasta cuatro años.

    Se espera que la dinámica económica en 2020 se vea afectada por la recesión mundial acentuada por la reacción al brote de COVID-19. Después del fuerte primer trimestre de 2020 como resultado de la "normalización" de la cosecha agrícola (como lo indican los datos de alta frecuencia para enero-febrero), la economía probablemente se contraerá fuertemente en los próximos dos trimestres. La recesión será impulsada por la disminución de la demanda externa y la demanda interna, especialmente en servicios, como resultado de las medidas de distanciamiento social para frenar la expansión de la pandemia. El paquete económico de las autoridades, que se espera que aumente el déficit fiscal al 4 por ciento del PIB, suavizará el impacto pero no lo compensará por completo. En 2021-22, se espera que el crecimiento regrese al 4 por ciento, a medida que la economía mundial se recupera, y con la ayuda de políticas macroeconómicas consistentes, ancladas en la meta de inflación y un retorno gradual hacia los límites máximos de la LRF. Se proyecta que la inflación regrese al punto medio del rango objetivo (4 por ciento) en 2021.

    En el futuro, se espera que la reducción de la pobreza se estanque, lo que implicaría la necesidad de un mayor soporte de protección social frente a la recesión mundial esperada.  Impulsados por la pandemia de COVID-19, se espera que el desempleo y el subempleo aumenten en el comercio, los servicios y la construcción. Se espera que los ingresos laborales disminuyan, especialmente para los trabajadores del sector informal en áreas urbanas. El desempeño de la agricultura familiar será crucial para la protección de los más vulnerables en las zonas rurales. Además, se necesita un mayor crecimiento de ingresos laborales en el sector de servicios para mejorar los medios de vida de quienes se encuentran en la parte inferior de la distribución del ingreso en zonas urbanas para atenuar los efectos de la pandemia.

    Paraguay tiene un marco macroeconómico sólido basado en reglas fiscales, metas de inflación y un régimen cambiario flexible. Con el historial de una política macroeconómica prudente en la última década, una deuda pública baja y reservas de divisas adecuadas, se espera que las políticas macroeconómicas y las medidas de respuesta a la crisis sean efectivas para absorber una parte del shock ocasionado por el COVID-19. Sin embargo, Paraguay es vulnerable a una desaceleración económica interna resultante de las medidas para contener el brote de COVID-19 y sus efectos (distanciamiento social, respuestas fiscales), así como una fuerte reducción de la actividad económica en la economía global y en los países vecinos. Esto agravará otros riesgos económicos "preexistentes" y podría afectar desproporcionadamente los ingresos laborales del 65 por ciento de los trabajadores informales en el comercio y los servicios. Si bien el sector bancario de Paraguay tiene una exposición mínima a Argentina, los vínculos del sector real a través de las exportaciones y las remesas son más fuertes. Además, la concentración de las exportaciones en unos pocos productos agrícolas sigue permitiendo que el crecimiento y la pobreza sean vulnerables a las fluctuaciones en los mercados de productos básicos agrícolas y a los shocks relacionados con el clima (como se vio en 2019), que afecta especialmente a la población más vulnerable.

    Última actualización: Abr 20, 2020

  • El Directorio Ejecutivo del Grupo Banco Mundial (GBM) respaldó en enero de 2019 el nuevo Marco de Alianza País con Paraguay que establece el programa de operaciones y asistencia técnica para el periodo 2018-2023. El plan de trabajo acompaña los esfuerzos del país por evolucionar hacia un modelo económico sostenible y apoya decisivamente la inversión en capital humano y las mejoras en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional.

    El plan de trabajo está estructurado en torno a tres pilares centrales:

    1. Promover instituciones responsables y mejorar el clima de negocios.
    2. Reducir la volatilidad, fortalecer la gestión del capital natural y la economía rural.
    3. Fortalecer el capital humano.

    Entre los resultados esperados se destacan: apoyar a pequeños agricultores para que accedan con sus productos a los mercados; la protección frente a eventos climáticos; la universalización del acceso a la asistencia médica primaria para los más vulnerables; y la mejora en del gasto público en desarrollo social. Reducir la desigualdad en el sistema educativo y mejorar los resultados escolares van a ser proyectos centrales bajo el marco de la Alianza.

    Para que estos esfuerzos sean sostenibles, el Grupo Banco Mundial continuará acompañando los esfuerzos del gobierno paraguayo para lograr una política fiscal con mayor equidad.

    El Marco de Alianza con Paraguay también incluye el trabajo de la Corporación Financiera Internacional para fortalecer el desarrollo del sector privado a través de productos financieros y servicios de asesoría especializados. Asimismo, se impulsarán iniciativas para promover mejoras del clima de negocios.

    El Organismo Multilateral de Garantías de Inversiones también tendrá un rol activo durante la implementación de la estrategia con el objetivo de atraer más inversión extranjera al país.

    Última actualización: Oct 15, 2019

  • El financiamiento del Banco Mundial (BIRF) ayudó a lograr los siguientes resultados:

    Mejora de la productividad agrícola.

    El Proyecto de Agricultura y Desarrollo Rural Sostenible (PRODERS), la herramienta principal del Gobierno para combatir la pobreza rural, alcanzó un total de 240.000 beneficiarios que corresponden a 48.251 hogares, que se beneficiaron de los servicios agrícolas, en particular la asistencia técnica. Se realizó una muestra aleatoria de 1.029 hogares con beneficiarios de 2011 a 2016 que se beneficiaron de la estrategia campesina (la estrategia para los agricultores) y se concluyó que se espera que 24.875 hogares pobres en el este de Paraguay reporten un aumento de ingresos agrícolas reales para 2018. A nivel local, el Proyecto también desarrolló capacidades y un compromiso significativo en más de 600 comunidades rurales para planificar y ejecutar intervenciones de desarrollo local. Como resultado de esto, 180 comunidades indígenas prepararon y están implementando planes de desarrollo socioeconómico para 2018, superando ampliamente el objetivo de 130 comunidades.

    Mejoras en el acceso a servicios de agua y saneamiento

    El Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento contribuyó a la rehabilitación de 57 km de redes de distribución de agua y 8.4 km de redes de saneamiento en la Gran Asunción.  Cerca de 270.000 personas, el 10% de la población de la capital, Asunción, tiene acceso a un mejor ambiente de saneamiento.  El proyecto contribuyó a mejorar la infraestructura rural de agua y saneamiento, beneficiando ya a 6.190 personas indígenas, la mitad de las cuales son mujeres. Además, el proyecto también apoyó la descentralización de los Servicios Nacionales de Saneamiento Ambiental (SENASA), así como el desarrollo de un plan de acción para apoyar las Unidades de Agua y Saneamiento de los municipios de Chaco para garantizar el desarrollo técnico e institucional y el apoyo financiero de largo plazo a todas las comunidades indígenas.

    Mejora de la infraestructura vial en áreas objetivo, que beneficia especialmente a la población rural.

    El Proyecto de Mantenimiento de Carreteras amplió la conectividad rural y ayudó a fortalecer la capacidad del gobierno para definir prioridades de inversión y desarrollar programas de trabajo eficientes alineados con los presupuestos existentes. Las mejoras institucionales también fueron apoyadas por acciones legales en cinco áreas clave: aprobación de una ley de tránsito y seguridad vial; aprobación de la ley para enmendar la clasificación del sistema vial; creación de un departamento de planificación en el Ministro de Obras Públicas (MOPC); aumento en las tarifas de peaje para cubrir los costos del sistema; y creación de un departamento de transparencia y participación pública.  El Proyecto financió mejoras en cerca de 141 km de caminos sin pavimentar y muchos puentes en los tres departamentos seleccionados y contribuyó a la introducción de contratos basados ​​en el desempeño, con tres contratos implementados en un total de 624 km.

    Mayor eficiencia de la red de transmisión.

    El suministro de energía a través de la red de transmisión aumentó en 65 por ciento, de 3.000.008 KwH a 4.949.000 KwH. Este aumento de la eficiencia benefició a 2,5 millones de personas en el área metropolitana de Asunción, de las cuales aproximadamente el 15 por ciento está por debajo del umbral nacional de pobreza. El proyecto tuvo éxito en modernizar el sistema de comunicación de ANDE, Sistema de Gestión Integral de Distribución Eléctrica (SGIDE), el cual mejoró la calidad del acceso al reducir los cortes de servicio y los tiempos de reparación.

    Última actualización: Oct 16, 2018

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FINANCIAMIENTO

Paraguay: Compromisos por ejercicio (en millones de US$)*

*Montos incluyen compromisos del BIRF y la AIF.


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