Coronavirus: La respuesta del Grupo Banco Mundial ante la emergencia mundial de hacer frente a la pandemia. Sepa más

Perú Panorama general

  • En lo que va del presente siglo, la economía peruana ha presentado dos fases diferenciadas de crecimiento económico. Entre 2002 y 2013, el Perú se distinguió como uno de los países de mayor dinamismo en América Latina, con una tasa de crecimiento promedio del PBI de 6.1% anual. La adopción de políticas macroeconómicas prudentes y reformas estructurales de amplio alcance, en un entorno externo favorable, crearon un escenario de alto crecimiento y baja inflación.

    El firme crecimiento del empleo y los ingresos redujo considerablemente las tasas de pobreza. La pobreza (porcentaje de la población que vive con menos de US$ 5.5 al día) cayó de 52.2% en 2005 a 26.1% en 2013, lo que equivale a decir que 6.4 millones de personas dejaron de ser pobres durante ese periodo. La pobreza extrema (aquellos que viven con menos de USD 3.2 al día) disminuyó de 30.9% a 11.4% en ese mismo lapso.

    Entre 2014 y 2019, la expansión de la economía se desaceleró a un promedio de 3.1% anual, sobre todo como consecuencia de la corrección en el precio internacional de las materias primas, entre ellas el cobre, principal producto de exportación peruano. Esto generó una caída temporal de la inversión privada, menores ingresos fiscales y una desaceleración del consumo. Dos factores atenuaron el efecto de este choque externo sobre el producto, permitiendo que -aunque más lentamente- el PBI siguiera aumentando. Primero, la prudencia con la que se ha venido manejando tanto la política fiscal, como la política monetaria y cambiaria, especialmente durante los años de auge. De esta forma se posibilitó, por un lado, sobrellevar la caída de los ingresos fiscales sin ajustes drásticos en el gasto, y por el otro, contar con las reservas internacionales para facilitar una gestión ordenada del tipo de cambio. Segundo, el aumento de la producción minera, debido a la maduración de los proyectos gestados durante los años previos, lo que impulsó las exportaciones y contrarrestó la desaceleración de la demanda interna.

    En este contexto, el déficit en cuenta corriente disminuyó de 4.8% del PBI en 2015 a 1.5% en 2019. Este déficit externo ha venido siendo financiado principalmente con el ingreso de capitales de largo plazo. Por su lado, las reservas internacionales netas se han mantenido estables y, hacia marzo de 2020, ascendieron a 30% del PBI.

    Como parte del ajuste, el déficit fiscal se incrementó temporalmente y alcanzó un pico de 3.0% del PBI en 2017. Este mayor déficit fue resultado de una disminución en los ingresos debido a los menores precios de exportación y la desaceleración económica, y un incremento en los gastos recurrentes, especialmente en el caso de bienes y servicios y salarios. En los dos años siguientes hubo un importante rebote de los ingresos fiscales lo que permitió el déficit fiscal finalizara en 1.6% del PIB en 2019.

    Debido al impacto de la pandemia de COVID-19 se espera que la economía esté en recesión en 2020, lo que provocará un aumento de la pobreza y la desigualdad. La profundidad de estos impactos dependerá de la duración de la crisis y la respuesta del Gobierno. Un menor crecimiento en China y una probable recesión en las economías del G7 provocarán una fuerte disminución de la demanda de commodities, lo que disminuirá los volúmenes de exportación y también la inversión privada. Además, las medidas sin precedentes para frenar la propagación del virus, que incluyeron el cierre temporal de las fronteras y una cuarentena en todo el país, conducirán a una disminución significativa del consumo privado, especialmente en servicios como restaurantes, transporte y comercio. Esto a su vez conducirá a una abrupta caída de los ingresos de los trabajadores; en particular los independientes e informales. El déficit de gasto privado se compensará solo parcialmente con un aumento del gasto público. El Gobierno ha ensamblado un programa integral de alivio y contención económica para proteger a la población vulnerable y apoyar a las empresas que comprende medidas de apoyo a los ingresos, pago de impuestos diferidos y garantías de crédito para el sector privado. Dada la naturaleza temporal esperada del choque se proyecta que la economía se recupere fuertemente en 2021, lo que conduciría a una reanudación en la reducción de la pobreza.

    Hacia adelante, se espera que la economía vuelva a estabilizarse a tasas cercanas a las que se observaron en el período previo a la crisis. El reto para la economía peruana es imprimir mayor velocidad a la evolución del producto y promover con ello la prosperidad compartida. Para lograrlo, será necesario promover la mejora de la infraestructura conectiva, de la provisión de servicios públicos y del capital humano, así como reducir la rigidez en los mercados de productos y factores. 

    Última actualización: Abr 16, 2020

  • El Marco de Alianza con el País (MAP) 2017-2021 del Grupo Banco Mundial (GBM) responde al programa del Gobierno y a las prioridades subrayadas en el diagnóstico sistemático del país. El MAP se enfoca en ocho objetivos críticos estructurados en tres pilares: (i) Productividad para el crecimiento; (ii) Servicios para ciudadanos en todo el territorio, y (iii) Gestión de recursos naturales y riesgo climático. Este marco refleja el compromiso del GBM de proporcionar a Perú soluciones integrales, combinando el conocimiento global y el financiamiento oportuno, en base a la necesidad del país de fortalecer sus instituciones y aumentar la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

    La cartera del Banco Mundial incluye 13 proyectos de inversión por un total de U$D 1.077 millones y tres líneas de crédito contingentes por U$D 2.600 millones, incluidas dos operaciones de financiamiento de políticas de desarrollo con opciones de reducción diferida y una opción de reducción diferida por catástrofe. Las líneas contingentes representan una importante protección fiscal en caso de choques económicos adversos. Durante el actual período del MAP, se aprobaron siete nuevos financiamientos de proyectos de inversión (IPF) por un total de U$D 372.2 millones, dos en innovación, dos en el sector del agua, y proyectos en gestión ambiental, el sector salud y justicia. Un programa robusto de Servicios de Asesoría Reembolsables (RAS) ha sido un instrumento central en la prestación de servicios personalizados de asesoría y conocimiento. El Gobierno peruano ha firmado más de 40 acuerdos RAS por un total de U$D 4 millones desde 2013.

    La Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés) tiene una cartera sobresaliente de U$D 216 millones que proporciona financiamiento a 13 instituciones en Perú. La cartera de IFC incluye inversiones en instituciones financieras (U$D 132.6 millones), infraestructura (U$D 49.3 millones), educación (U$D 18.2 millones), petróleo, gas y minería (U$D 6.3 millones), logística (U$D 7.6 millones) y telecomunicaciones (U$D 2 millones). Los recursos movilizados adicionales de IFC ascienden a U$D 133.3 millones.

    La Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) tiene una exposición bruta en Perú que ha crecido en los últimos años. El programa activo actual de MIGA por U$D 253 millones se centra en infraestructura de apoyo (aeropuerto internacional de Lima) y el sector financiero (Cobertura de Reservas Obligatorias del Banco Central de Santander). Un último proyecto por U$D 247 millones se agregó durante el período actual del MAP. De cara al futuro, MIGA buscará expandir su apoyo a los esfuerzos de desarrollo del sector privado del país en alineación con los objetivos del marco estratégico del país.

    Última actualización: Oct 11, 2019

  • Los resultados de desempeño detallados pueden encontrarse en Perú – Revisión del desempeño y del aprendizaje de la alianza estratégica del país para el periodo de los AF12-AF16.

    • Mayor acceso a y calidad de los servicios sociales para los pobres

    Se han logrado avances significativos en este pilar, particularmente en áreas asociadas con redes de seguridad, educación y salud básica, así como en servicios de administración de justicia. La cobertura de los programas de redes de salud, como el programa de transferencia monetaria Juntos, aumentó de 700 a 900 distritos y ahora incluye a los distritos más pobres del país, alcanzando a 284, 357 beneficiarios adicionales de los 474,064 que conformaban la línea de base original. En educación, el Banco Mundial apoyó la implementación de un sistema de evaluación basado en el aprendizaje de los alumnos, prácticas en enseñanza y liderazgo de la escuela en educación básica (kindergarten a Grado 11/5to secundaria). El acceso a los servicios de administración de justicia también ha mejorado mediante el establecimiento de centros de ayuda legal en distritos periurbanos densamente poblados, lo que se ve reflejado en la cantidad de consultas realizadas, de 100,000 en 2011 a 149,000 en 2014.

    • Conectando a los pobres con los servicios y los mercados

    La cobertura y la calidad de los servicios de agua y desagüe han mejorado tanto en áreas urbanas como rurales, tal como lo evidencia el incremento en horas diarias del servicio de agua, de 16 en 2011 a 19.2 en el 2013 en Lima, así como la disminución en la incidencia de alcantarillados obstruidos.

    El Programa de Transporte Rural Descentralizado rehabilitó 3,277 kilómetros de carreteras rurales, lo que ha reducido el tiempo de viaje a las escuelas en 24.2 por ciento, lo que a su vez promovió un incremento de 19.2% en las tasas de matrícula escolar en los niños entre 2 a 18 años.

    El gobierno incorporó un modelo de electrificación rural implementado en un proyecto financiado por el Banco para el desarrollo continuo del sector. Este modelo utiliza empresas de distribución para desarrollar, construir y cofinanciar subproyectos de electrificación rurales. El proyecto de Electrificación Rural proporcionó conexiones a redes convencionales y sistemas de energía renovable a más de 105,000 nuevas conexiones, sirviendo a un estimado de 450,000 personas.

    Finalmente, gracias a un préstamo de US$300 millones aprobado en setiembre de 2015, el Proyecto de la Línea 2 del Metro Lima reducirá drásticamente los tiempos de viaje en Lima, brindando un nuevo sistema de transporte que aliviará el tráfico y la contaminación de la ciudad.

    • Crecimiento sostenido y productividad

    El Banco Mundial ha estado trabajando para incrementar los activos y mejorar las condiciones económicas de las familias rurales. La primera fase del  benefició a aproximadamente 35,000 familias (casi el 10% de las familias rurales), incrementando el valor neto de su producción doméstica en 42% en áreas seleccionadas de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Huánuco y Pasco.

    Iniciativas como el Proyecto para el Fortalecimiento de la Gestión Sostenible de la Reserva Nacional de Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras,  así como el proyecto “Mecanismo Dedicado para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales Saweto”, que recibieron subvenciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y el Fondo Estratégico para el Clima respectivamente, apoyan la innovación agrícola, la biodiversidad y el manejo sostenible de los ecosistemas.

    • Gobernanza inclusiva y desempeño de la administración pública

    El apoyo del GBM se ha enfocado en el fortalecimiento de la gestión fiscal y las inversiones públicas a nivel nacional e internacional. Los resultados iniciales han sido alentadores. El  GBM también ha estado trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas para definir una estrategia para analizar el ciclo de inversión a nivel regional y para hacer recomendaciones orientadas a reducir obstáculos y costos transnacionales, con vistas a mejorar la eficiencia de las inversiones públicas.

    El Banco Mundial, a través del proyecto Potenciando el Capital Humano y Financiamiento de Políticas de Desarrollo de la Productividad con una Opción de Retiro Diferido , por US$1.25 mil millones, apoya al Gobierno del Perú en sus esfuerzos por fortalecer la calidad de la educación pública y mejorar el entorno empresarial para las empresas, reduciendo el ingreso al mercado, los costos operativos y de salida. También apoya las medidas gubernamentales orientadas a crear un sistema de aduanas simplificado que facilite las exportaciones y el acceso a los mercados internacionales, entre otras acciones.

    El proyecto Gestión del Gasto Público y del Riesgo Fiscal con una Opción de Retiro Diferid Fiscal, por US$1.25 mil millones, apoya los esfuerzos del gobierno para mejorar la gestión del gasto público de los gobiernos regionales con el fin promover la responsabilidad fiscal y mejorar su administración, eficiencia y transparencia. El proyecto además apoya las mejoras en los procesos de planeamiento y evaluación de las asociaciones público-privadas.

    Última actualización: Oct 11, 2019

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