El primer paso hacia un acceso más equitativo al sistema legal en el Uruguay fue una encuesta (hecha por el consorcio Equipos Mori, Deloitte y Saldain & Asociados) para medir cuán informadas estaban las poblaciones vulnerables acerca de la legislación que protege sus derechos sociales.
Las cifras fueron analizadas recientemente en una reunión entre expertos del Banco Mundial y legisladores en la Asamblea General del Parlamento, en Montevideo. Los investigadores encontraron que el nivel de conciencia puede variar según el grupo.
Entre los sectores más pobres de la población, por ejemplo, el 72% cree que los programas sociales no llegan completamente a los necesitados, mientras que el 59% afirma que no hay suficiente información acerca de este tipo de iniciativa.
Alrededor del 90% de los entrevistados conoce el Programa de Asignaciones Familiares, pero sólo el 28% se consideraba bien informado acerca de cómo funciona.
Un desafío aun más grande es el planteado por los jóvenes empleados del sector rural y por las víctimas de la violencia doméstica. Entre los primeros, el 75% parecen desconocer la ley que regula el trabajo peligroso en el campo.
En el último grupo, aunque el 44% conoce la Ley de Violencia Doméstica, muchos de ellos no están plenamente conscientes de que ciertas acciones culturalmente arraigadas y consideradas brutales son contrarias a la ley.
"Es interesante ver las diferencias culturales entre los menores que trabajan en el campo y la visión del legislador que ha preparado dicha norma", dice Mariángeles Sabella, especialista del Banco Mundial.
"En el caso de la violencia doméstica, hay una gran conciencia del tema, pero las conductas que no implican agresión física - como la violencia psicológica o económica, o no dejar que un adulto vaya a donde quiera - todavía no son consideradas violentas", agrega.
Construyendo estrategias
Los resultados del estudio ayudarán a definir la forma de divulgar informaciones sobre las leyes, teniéndose en cuenta que los tres grupos vulnerables tienen acceso desigual a fuentes de información. Además, las cifras de investigación y análisis de fondo van a crear un plan para fortalecer la capacidad de implementación de estas leyes.
Si bien las estrategias aún no están completamente definidas, los expertos del Banco y los parlamentarios uruguayos coinciden en que la iniciativa conjunta con el tiempo mejorará la labor legislativa en el país.
Y lo que es más importante, puede promover un verdadero impacto en las vidas cotidianas de los que más necesitan la protección que puede brindarles el conocimiento de las leyes y su aplicación efectiva.
