Mejorar la infraestructura de la Argentina es una prioridad y un requisito para avanzar en la reducción de la pobreza. El punto de partida no es alentador: el país ocupa el lugar 85 entre 138 países en desarrollo de infraestructura, según el Índice de Competitividad Global 2016-2017 del Foro Económico Mundial.
Para abordar este déficit, el Gobierno está implementando amplios programas de obras públicas en las áreas de transporte, energía, agua y saneamiento en todo el país. Pero financiar estas necesidades es un gran desafío, tanto en Argentina como a nivel global. Por eso, el G20 incluyó este tema entre los tres puntos centrales de su agenda para este año. Se calcula que el país requiere aproximadamente US$ 155.000 millones y que entre el 10 y el 15 por ciento se puede financiar a través de asociaciones público privados (PPP).
En el último año, el Banco dio un impulso con la aprobación de dos garantías al Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (FODER). La última operación logró movilizar recursos del sector privado por hasta 9 veces el valor de la garantía, demostrando que es posible maximizar el financiamiento de infraestructura.
El 2018 será un año clave, tras el lanzamiento de la primera licitación de PPP que apoyará la modernización de 2500 kilómetros de rutas y la esperada sanción por el Congreso de la ley de reforma del mercado de capitales. Para entender cómo se articulan estas iniciativas para potenciar las inversiones privadas, hablamos con John Pollner, Economista Líder del Banco Mundial, autor del informe “Financiamiento de Infraestructura a través del Mercado de Capitales”.
¿Qué se necesita para atraer inversiones privadas a proyectos de infraestructura?
Para alentar el financiamiento de estos proyectos, hay tres reformas importantes: la expansión de los instrumentos del mercado de capitales para que los inversores puedan acceder a financiamiento, el desarrollo del marco normativo para las asociaciones públicas y privadas (PPP), y la creación de instrumentos de garantías para atraer a inversores y acreedores externos. La reciente ley de PPP da un paso positivo en este sentido, al proveer mayor flexibilidad en el uso de instrumentos para la emisión de bonos para financiar obras de infraestructura.
¿De qué manera la nueva ley de mercado de capitales que se está debatiendo puede impulsar estas inversiones?
La iniciativa que actualmente se debate en el Congreso busca reducir las ineficiencias y agilizar los procesos. Por ejemplo, si una compañía quiere emitir bonos con regularidad, hoy debe pedir a la Comisión Nacional de Valores una autorización en cada oportunidad. Con la reforma, podrá pedir una autorización más amplia y así evitar el papeleo que implica hacerlo cada vez.
Además, la reforma permitiría las emisiones privadas, para inversores especializados de gran peso, que tienen experiencia en el sector de infraestructura. Esa sería una forma de atraer capital. Este mecanismo se usa en Estados Unidos y en países europeos para desarrollar proyectos de infraestructura y no requiere que los bonos estén listados públicamente para poder transarse.
¿Qué otras medidas complementarias pueden facilitar el financiamiento a largo plazo para infraestructura?
En el informe analizamos posibles leyes, regulaciones y políticas adicionales para profundizar y ampliar los mercados locales de capital. Por ejemplo, se podría desarrollar legislación que promueva a las compañías de seguros a ofrecer nuevos tipos de productos; fomentar el desarrollo de instrumentos a largo plazo para gestionar el riesgo cambiario; eliminar tratamientos impositivos que causen barreras en el desarrollo de ciertos segmentos del mercado como fondos mutuos cerrados; fomentar la creación de fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT), etc.
Además, es necesario avanzar en el marco regulatorio de las PPP teniendo en cuenta la experiencia internacional, y establecer un portfolio de proyectos a licitarse bajo PPP, que dará a los inversores previsibilidad para movilizar recursos.
¿Cómo puede apoyar el Banco Mundial?
El Banco está trabajando en desarrollar garantías que ayuden a generar confianza para que los capitales privados puedan ingresar. Por ejemplo, ahora estamos trabajando con el gobierno en un fondo facilitador de crédito que mejore el perfil crediticio a fin de atraer un volumen más amplio de capital y reducir los costos de financiamiento de las inversiones privadas en el programa de PPP.
