El 17 de mayo de 2020 no será un Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia (IDAHOTB) más. Será el primero en celebrarse bajo distintas formas de cuarentena en todo América Latina y el Caribe. Pensado como un día para visibilizar la discriminación histórica contra la comunidad LGBTI, esta fecha es hoy más importante que nunca.
La covid-19 está causando estragos en el mundo, a la vez que está desatando viejos y nuevos prejuicios contra las minorías históricamente excluidas, quienes también se llevan la peor parte de las consecuencias sanitarias y socioeconómicas generadas por la pandemia.
Esto no es nuevo. Las personas LGBTI han sido muchas veces responsabilizadas por los desastres, tanto los causados por el hombre como los naturales, y la pandemia de covid-19 no es la excepción. Las primeras evidencias e informes muestran un aumento drástico en la retórica y los ataques homofóbicos y transfóbicos.
A medida que los gobiernos buscan formas de enfrentar las consecuencias económicas y políticas de la pandemia, ignorar a las personas LGBTI podría tener altos costos, tanto para quienes se ven directamente afectados como para el país en su conjunto. Ninguna economía puede alcanzar su pleno potencial sin la participación plena e igualitaria de todos.
Barreras históricas
No hay evidencia de que las personas LGBTI tengan más posibilidades de contraer o transmitir la covid-19, pero sí existe una serie de factores que sugieren que el colectivo LGTBI podría correr un mayor riesgo frente a las consecuencias biomédicas y socioeconómicas generadas por la pandemia.
Hay barreras históricas en el acceso de estos grupos a servicios de salud de calidad, desigualdad que debe tenerse en cuenta a la hora de diseñar políticas públicas en torno a la covid-19.
Las dificultades son aún mayores para algunos grupos específicos, como la comunidad trans. Esta población está fuertemente estigmatizada y excluida del mercado formal de trabajo. Por ejemplo, más del 90 % de las mujeres transexuales en Argentina trabajan o han trabajado como trabajadoras sexuales y las estrictas medidas de encierro limitan aún más su capacidad de adquirir incluso los bienes más básicos.
“Desde que están vigentes las medidas de aislamiento social obligatorio, gestionamos aproximadamente 3.000 paquetes alimentarios para población LGBT de todo el país y estamos recibiendo consultas por amenazas de desalojo en hoteles familiares donde habitan muchas personas trans. Recibimos información sobre situaciones de abuso policial, es decir que son situaciones que evidencian una desigualdad estructural en la población trans”, revela Alba Rueda, subsecretaria nacional de políticas de diversidad en Argentina.
Mientras la comunidad médica pone el foco en la lucha contra el coronavirus, resta prioridad a otros servicios hospitalarios claves para la comunidad LGBTI, como la salud mental y el asesoramiento en materia sexual. En muchos países también se han suspendido los tratamientos hormonales y las pruebas de detección del VIH, por lo que las mujeres transexuales, que históricamente han tenido una mayor prevalencia del virus, no pueden acceder a la atención médica vital.
"A nivel regional, las personas transexuales tienen problemas como la obtención de la documentación adecuada, que les impide acceder a los subsidios o subvenciones del gobierno. Esta situación se agrava hoy con el cierre de las oficinas públicas. Además, la población trans también es más propensa a sufrir acoso policial y discriminación institucionalizada”, dice Germán Freire, especialista del Banco Mundial.
Romper el silencio en América Latina
IDAHOTB es más que una campaña. Es un momento en el que miles de ideas e iniciativas coinciden en una sola visión: libertad e igualdad para todas las minorías sexuales y de género. Con escuelas, universidades y centros comunitarios cerrados en toda la región, dar voz a las personas LGBTI es hoy una prioridad.
La falta de datos se interpone para hacer realidad esta visión. Los datos cuantitativos sobre las experiencias de desarrollo y resultados diferenciales de las personas LGBTI en la región son escasos y, en muchos casos, directamente no existen. Esta ausencia pone en peligro el logro de los objetivos de desarrollo sostenible y el compromiso de los países de “no dejar a nadie atrás” en el esfuerzo por poner fin a la pobreza y la desigualdad.
La buena noticia es que algunos países de América Latina han progresado significativamente en promover la inclusión durante los últimos años, y la pandemia de covid-19 llega en un momento de mayor conciencia. En la Argentina, el recién creado Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad se está centrando en la recolección de datos de calidad sobre las mujeres y la población LGBTI. Junto con el Banco Mundial, el gobierno argentino está buscando estrategias para abordar la creciente violencia de género y los impactos socioeconómicos de covid-19.
Disponer de datos actualizados y fiables puede ayudar a los países a comprender mejor y a elaborar políticas más inclusivas que pueden ser especialmente útiles durante una crisis. “En Argentina, la ley de identidad de género permitió realizar el cambio de DNI, salud integral y el planteo sobre trato digno. Pero los registros de personas continúan siendo binarios; integrar el derecho a la identidad en los registros administrativos es un desafío más amplio que implica abrir modelos de ciudadanías diversas”, indica Alba Rueda.
La covid-19 es una amenaza pero también presenta una oportunidad. Al mismo tiempo que la pandemia ha expuesto las debilidades de la región, tanto en términos médicos como socioeconómicos, también ha puesto de manifiesto de forma dramática que es necesario construir sociedades más fuertes y sostenibles. Y ello solo es posible transitando el camino hacia la igualdad, erradicando todas las formas de homofobia, transfobia y bifobia de nuestras sociedades.
