Don Armando Calderón es un campesino de 78 años que ha dedicado su vida a trabajar la tierra. Gracias a ella “sacó adelante” a sus siete hijos en la vereda Honduras de Topaipí, un municipio cafetero asentado en la cordillera oriental de los Andes colombianos, que no solo ha sido golpeado por la violencia histórica en el país, sino también por los desastres causados por el cambio climático.
En octubre de 2022, un deslizamiento de tierra, resultado de intensas lluvias, destruyó la vivienda y enseres de Don Armando, pero aun así él no tiene intenciones de abandonar su predio localizado en el área pendiente de la vereda. Como él, más de 223.000 familias en Colombia han perdido sus viviendas como resultado de las lluvias torrenciales que ha sufrido el país entre 2021 y 2022.
Hoy, Topaipí tiene un alto riesgo de permanecer aislado de los circuitos económicos y comerciales del departamento y de profundizar sus niveles de pobreza e inseguridad alimentaria.
La emergencia en cifras
A diciembre de 2022, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha reportado en el país 3.984 eventos de emergencia producto de las lluvias. Los 32 departamentos del país y 800 municipios han sido afectados, con un saldo de 546.215 personas damnificadas, 226 personas fallecidas, 243 heridas y 49 desaparecidas. Asimismo, las lluvias han ocasionado la destrucción de 3.775 viviendas, el deterioro de cerca de 3.000 vías, y han afectado 457 centros educativos, 471 acueductos y 68 centros de salud.
Un estudio del Banco Mundial busca entender cómo diversos choques, en particular los climáticos, han impactado el bienestar de los hogares, así como la pobreza y la desigualdad de ingresos en el país. El estudio muestra que eventos similares al de una Ola Invernal, que azotó al país en 2010-2011, podrían conducir a alrededor de 445.000 personas a la pobreza extrema. Estos choques también podrían afectar a 3 millones de personas que ya se encontraban en pobreza.
Un choque de ese tipo afectaría de manera más severa a las personas en zonas rurales, en regiones con niveles de pobreza relativamente altos y que cuentan con menor capacidad de gestión y adaptación a los riesgos climáticos como Topaipí. En definitiva, los choques continúan aumentando la persistente y elevada desigualdad del país.
Nuevos pobres y empobrecidos por los choques
Panel A: Nuevos Pobres - Nivel nacional y departamentos más afectados
| Panel B: Empobrecidos - Nivel nacional y departamentos más afectados
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Fuente: Estimaciones propias, basadas en información del DANE-GEIH-2019
Fortalecer el sistema de protección social para enfrentar los choques
Responder a estos choques de manera rápida y efectiva ayuda a mitigar el impacto en los hogares pobres y vulnerables– como la pérdida de ingresos familiares o de acceso a educación y salud – y a prevenir futuros choques que podrían perpetuar los impactos en el tiempo y entre generaciones. Lograr una protección social resiliente requiere políticas, intervenciones y programas flexibles y con capacidad de respuesta rápida ante los choques. En otras palabras, un sistema de protección social adaptativo.
El diagnóstico, que utiliza la herramienta Stress Test Tool, desarrollada por el Banco Mundial, ha sido aplicado en, por lo menos, una decena de países a nivel global, y documenta cómo Colombia ha logrado avances importantes en la adaptación de sus programas sociales y en los mecanismos de entrega de beneficios a la población en momentos de choques, como se evidenció durante la pandemia de la COVID-19. También ha logrado fortalecer y expandir el registro social para identificar a las poblaciones pobres y vulnerables y focalizar mejor sus programas.
Sistema de protección social resiliente en Colombia
Existen seis oportunidades a corto plazo para mejor la respuesta frente a choques:
1. Adaptar el diseño de los programas de asistencia social regulares para que cuenten con una ventana temporal y con el financiamiento necesario para que puedan expandirse en casos de emergencia.
2. Mejorar la capacidad de alertar a las comunidades y municipios de manera adecuada, y monitorear las amenazas de desastre más relevantes, desde una perspectiva multiriesgo.
3. Fortalecer la coordinación entre las instituciones de gestión de riesgo de desastres y los programas de protección social, incluyendo los responsables de los registros sociales y de beneficiarios para que la respuesta sea focalizada, oportuna y adecuada.
4. Sumar esfuerzos entre las políticas de protección social, gestión del riesgo de desastres, infraestructura, vivienda, salud y educación para reducir el impacto de los daños causados por las lluvias y deslizamientos.
5. Incorporar elementos y consideraciones de gestión del riesgo y cambio climático en los procesos de planificación del desarrollo y en las decisiones de política e intervenciones locales.
6. Garantizar la interoperabilidad entre los registros sociales, las bases de datos de damnificados, los sistemas de alerta temprana y las evaluaciones de riesgo de desastres para reducir los daños potenciales sobre activos y medios de vida y detectar con mayor precisión a los beneficiarios y el tipo de intervenciones que se requieren para atender a la población más vulnerable.
Políticas, iniciativas y acciones como éstas, que ayuden a construir la resiliencia de hogares pobres y vulnerables como el de Don Armando frente a los choques climáticos, ayudarían a países como Colombia a avanzar de manera sostenida hacia la meta de reducir la pobreza y la desigualdad.
Agradecemos el trabajo de Luz Stella Rodriguez, Juan Manuel Monroy Barragan, Carlos Eduardo Vargas Manrique y Maria Eugenia Davalos en la producción de esta historia.
