Debido a la pandemia de COVID-19, los países se han enfrentado a una gran variedad de riesgos económicos nuevos y crecientes, algunos de los cuales tal vez solo se manifiesten con el tiempo. Idealmente, los Gobiernos deberían diseñar políticas para abordar todas las áreas en las que la pandemia ha dejado al descubierto o ha exacerbado las fragilidades económicas: la estabilidad del sector financiero, el marco legal de insolvencia para hogares y empresas, el acceso al crédito y la sostenibilidad de la deuda pública. Sin embargo, son pocos los Gobiernos (si es que existen) que cuentan con los recursos y el margen político para abordar todos estos desafíos a la vez. Por ello, deberán identificar los riesgos que constituyen las amenazas más inmediatas para una recuperación equitativa en su contexto específico y establecer las prioridades correspondientes en materia de políticas.
Gestión de riesgos nacionales y mundiales
A medida que los Gobiernos retiran gradualmente las medidas de estímulo, los responsables de la formulación de políticas deben establecer un equilibrio entre las consideraciones de equidad y de eficiencia. Por ejemplo, en primer lugar, debe reducirse el apoyo a las empresas que son resilientes desde el punto de vista financiero y tienen acceso a mercados de crédito y de capital que pueden ayudarlas a superar los problemas temporales de liquidez. Al apoyar a las empresas para que se recuperen, los Gobiernos deben resistir el impulso de orientar la ayuda a sectores específicos en función del tamaño que tenían antes de la crisis y garantizar que las políticas de apoyo no concentren recursos en sectores que se han vuelto menos viables como resultado de la crisis. Del mismo modo, en el caso de los hogares, debe reducirse primero el apoyo a los que pueden hacer frente a las dificultades económicas; el apoyo que protege los ingresos y los medios de subsistencia de las poblaciones vulnerables que se han visto especialmente afectadas por las pérdidas de ingresos derivadas de la pandemia debe mantenerse hasta que las perspectivas de recuperación de estas poblaciones hayan mejorado de forma sustancial. Priorizar a los grupos desfavorecidos de esta manera puede ayudar a contrarrestar los impactos de la pandemia en la pobreza y la desigualdad.
Los responsables de la formulación de políticas también deberán abordar los riesgos económicos mundiales que pueden amenazar una recuperación sólida y equitativa. Uno de esos riesgos es el ritmo desigual de recuperación de las economías avanzadas y las emergentes. Es probable que la recuperación más acelerada de las primeras precipite un aumento de las tasas de interés mundiales, lo que ejercerá presión sobre los prestatarios a través de aumentos en el costo del servicio de la deuda interna (pública y privada). Esto puede generar incumplimientos en el pago de los préstamos.
Un riesgo externo adicional es la exposición de los sectores público y privado al riesgo cambiario y a la deuda en moneda extranjera. Esto es especialmente importante en los países cuyos sectores financieros dependen del crédito y de los mercados de capital para el financiamiento al por mayor, dado que las instituciones financieras (incluidas las entidades microfinancieras) que se enfrentan a riesgos de refinanciamiento tendrán menos capacidad para otorgar crédito durante la recuperación. La gestión del riesgo cambiario también debe ser una alta prioridad en los países con predominio de empresas estatales que han tomado cantidades significativas de deuda en moneda extranjera en los 10 años posteriores a la crisis financiera mundial.
Abordar las fuentes de riesgo más urgentes
Uno de los temas principales de este informe es que los sectores de la economía están interconectados. Estos vínculos generan vías a través de las cuales los riesgos pueden extenderse de un sector a otro. A lo largo de estos mismos caminos, la adopción de políticas fiscales, monetarias y financieras bien diseñadas puede mitigar los riesgos y generar resultados positivos que apoyen la recuperación económica.
Por lo tanto, los Gobiernos que necesitan tomar decisiones difíciles sobre la priorización de los recursos para lograr la recuperación deben examinar la naturaleza específica de los riesgos que enfrenta la economía y luego identificar las áreas en las que es más probable que las medidas de política reduzcan las fragilidades económicas agravadas por la pandemia. Esto no quiere decir que los Gobiernos que enfrentan un alto nivel de riesgo en un área deban ignorar otras áreas. En efecto, deben hacer hincapié en la importancia de adoptar medidas urgentes en las áreas donde las fragilidades económicas son mayores o donde permitir que se acumulen riesgos adicionales muy probablemente genere riesgos de propagación de los efectos que podrían amenazar la recuperación.
Escenarios probables en países de ingreso bajo
En los países de ingreso bajo, es bastante común que el sector bancario formal atienda principalmente a los hogares más ricos y resilientes y a las empresas más grandes y bien establecidas, y que los hogares de bajos ingresos y las pequeñas empresas más gravemente afectadas por la pandemia carezcan de acceso al crédito bancario. En consecuencia, la posibilidad de que aumente la cantidad de prestatarios del sector privado que no cumplen con el pago de los préstamos normalmente constituye un problema menos apremiante para estos países. Sin embargo, dado que los prestatarios suelen recurrir en mayor medida a prestamistas no bancarios (como las entidades microfinancieras), podrían verse beneficiados si se adoptan medidas para regular y apoyar a estas instituciones (véanse los aspectos destacados en los capítulos 2 y 3).
Mientras tanto, en estos países, el deterioro de las finanzas públicas amenaza la capacidad de los Gobiernos para apoyar a los más vulnerables y plantea un riesgo para el sector financiero interno, que por lo general mantiene grandes cantidades de deuda pública. Los países de ingreso bajo también tienden a enfrentar mayores amenazas externas contra una recuperación equitativa que los países de ingreso mediano y alto. A medida que los países de ingreso alto comienzan a recuperarse de la crisis, los países de ingreso bajo que contraen préstamos en moneda extranjera corren el riesgo de que sus pagos de deuda y costos de importación se incrementen conforme aumenten las tasas de interés mundiales y sus monedas locales se deprecien. En este escenario, centrarse en una mejor gestión de la deuda pública puede ayudar a los Gobiernos a gestionar las cargas derivadas del endeudamiento y a liberar recursos para la recuperación (véase el capítulo 5).
Riesgos probables en los países de ingreso mediano
Abordar las fragilidades del sector financiero constituye una prioridad más apremiante para muchos países de ingreso mediano. En estos países, el sector financiero, debido a que suele estar más desarrollado, también está más expuesto a la deuda de los hogares y las pequeñas empresas. Las pérdidas de ingresos derivadas de la pandemia han provocado un deterioro considerable de la salud financiera de los hogares y las empresas, y podrían precipitar un fuerte aumento del número de prestatarios que no pagan los préstamos una vez que se retiren las políticas de apoyo. Esta situación podría, a su vez, poner en peligro la posición de capital de numerosos prestamistas. Por lo tanto, una prioridad importante para los encargados de formular políticas en los países de ingreso mediano es garantizar que el sector financiero siga estando adecuadamente capitalizado y que los entes reguladores y las instituciones financieras establezcan los marcos adecuados para un reconocimiento amplio y acelerado de los riesgos del sector financiero (véase el capítulo 2).
En general, los Gobiernos de los países de ingreso mediano adoptaron políticas fiscales y financieras más amplias y abarcadoras en respuesta a la pandemia. Dichas políticas incluyeron transferencias monetarias, moratorias de deuda para hogares y empresas, y planes de garantía de crédito para empresas. En estos países, los responsables de la formulación de políticas deben garantizar que las medidas de apoyo se reduzcan de manera cuidadosa y predecible para evitar una ola de casos de insolvencia e incumplimiento del pago de los préstamos si se retiran las políticas de estímulo antes de que la actividad económica se haya recuperado por completo (véase el capítulo 3).
Por último, el continuo impacto de la crisis provocada por la COVID-19 en las perspectivas económicas de los hogares y las empresas podría inhibir el otorgamiento de nuevos préstamos a causa del aumento del riesgo crediticio y de la persistente incertidumbre económica. El riesgo de que el aumento de la incertidumbre económica frene la recuperación al generar una reducción del crédito puede mitigarse en parte aumentando la transparencia del mercado de crédito y mejorando las formas de recurso en los casos de incumplimiento. Los supervisores bancarios pueden alentar a los bancos a reevaluar los modelos de crédito, adoptar de manera responsable innovaciones en finanzas digitales que se basen en datos alternativos y adaptar los préstamos al prestatario y al entorno crediticio. Los marcos regulatorios que fomentan la innovación pueden respaldar el crédito durante la recuperación, garantizando al mismo tiempo que los consumidores y los mercados estén protegidos contra el uso indebido de los datos (véase el capítulo 4).
La crisis como oportunidad: Acelerar la transición a una economía mundial sostenible
A pesar de los numerosos desafíos generados por la pandemia, la crisis desatada por la COVID-19 también presenta una gran oportunidad para acelerar la transformación hacia una economía mundial más eficiente y sostenible. El cambio climático es un fenómeno global, pero sus impactos se manifiestan más severamente en los países de ingreso bajo y entre las comunidades de bajos ingresos, donde a menudo agrava las vulnerabilidades existentes, como la falta de acceso al agua potable, el bajo rendimiento de los cultivos, la inseguridad alimentaria y la inseguridad habitacional.
Los Gobiernos y los bancos centrales cuentan con una variedad de instrumentos de política para apoyar la transformación hacia una economía más verde fijando de manera adecuada el precio de las emisiones de carbono y respaldando las finanzas verdes y las tecnologías sostenibles. Los Gobiernos pueden, por ejemplo, revisar el código tributario para incentivar la inversión verde, mientras que los bancos centrales y los supervisores pueden exigir requisitos más estrictos en función del riesgo para los préstamos a sectores involucrados en actividades insostenibles. Las reformas necesarias por esta crisis, única en 100 años, ofrecen a los Gobiernos la oportunidad de adaptar sus economías a la realidad y al riesgo, en gran medida descuidado, del cambio climático.