En los últimos años, el apoyo del Banco Mundial al desarrollo impulsado por la comunidad se ha concentrado cada vez más en la creación de plataformas nacionales para mejorar la prestación de servicios y abordar la pobreza. Muchos programas que comenzaron como pequeñas operaciones independientes se han ido ampliando gradualmente hasta abarcar una cobertura mucho más amplia, con frecuencia nacional, que ha llegado a ser parte de las estrategias de descentralización oficiales y ha abordado problemas multisectoriales.
Indonesia: puesto en marcha en 2018 y sobre la base de estructuras eficaces creadas en virtud de programas anteriores de desarrollo impulsado por la comunidad, el proyecto Invertir en Nutrición y en los Primeros Años de Vida (i) es una iniciativa emblemática del Gobierno de Indonesia para prevenir el retraso en el crecimiento infantil e invertir en el capital humano. Con esta iniciativa multisectorial se respalda la ejecución de la Estrategia Nacional para Acelerar la Prevención del Retraso en el Crecimiento puesta en marcha por el vicepresidente de Indonesia en agosto de 2017. En virtud de la estrategia, 23 ministerios, 514 Gobiernos regionales y 75 000 aldeas se comprometen a hacer converger las intervenciones prioritarias en los sectores de salud, agua y saneamiento, educación en la primera infancia, protección social, y agricultura y seguridad alimentaria para los hogares con madres embarazadas y niños menores de 2 años.
Afganistán: el Proyecto de Declaración de Derechos de los Ciudadanos de Afganistán (i) tiene como propósito llegar a 10 millones de personas en su primera fase, brindándoles acceso a servicios básicos de agua, caminos, riego, electricidad y seguimiento de los servicios de educación y salud. El proyecto aplica un enfoque de desarrollo impulsado por la comunidad participativo para aumentar la satisfacción ciudadana y la confianza en el Gobierno, y ha llegado a 8 millones de beneficiarios. Además, están en marcha 5000 proyectos de abastecimiento de agua, riego, electricidad, transporte, escuelas y de otra índole. Las tasas de participación en las elecciones del consejo de desarrollo local en general son elevadas (77 %), y aún más altas entre las mujeres (78 %), y entre las personas con discapacidad, los desplazados internos y repatriados (83 %). Se aprobó financiamiento adicional en respaldo de la respuesta de emergencia ante la crisis regional de desplazados que está encarando Afganistán en virtud del rápido ingreso previsto de más de 1 millón de repatriados de Pakistán y otros países.
El proyecto se basa en el Programa Nacional de Solidaridad (NSP), (i) la iniciativa de desarrollo comunitario más importante del Gobierno que movilizó alrededor de USD 2500 millones. El NSP se ejecutó a través de más de 33 000 consejos de desarrollo comunitarios elegidos por las propias comunidades de las 34 provincias del país para financiar más de 81 000 programas de infraestructura comunitaria en las áreas de agua y saneamiento, caminos rurales, riego, energía eléctrica, salud y educación. Entre 2003 y 2016, el NSP ayudó a construir o rehabilitar casi 53 600 kilómetros de carreteras, proporcionar acceso a más de 11,7 millones de personas a fuentes de agua mejoradas con la construcción de alrededor de 86 300 fuentes de agua comunitarias mejoradas, lo que dio lugar a una reducción del 5 % del tiempo empleado por los hogares —especialmente por las mujeres— en recoger agua; generar 32 megavatios de energía eléctrica; regar más de 524 000 hectáreas y construir cerca de 2000 aulas. Estas obras vitales de infraestructura rural han generado más de 52 millones de días de empleo remunerado a corto plazo para la población afgana. La evaluación independiente del impacto del NSP reveló el aumento de la asistencia a la escuela, educación de mejor calidad de las niñas, un aumento del 15 % en el uso de fuentes de agua protegidas, una reducción del 5 % en el tiempo dedicado por las unidades familiares a recoger agua, un aumento del 26 % del uso de la electricidad, así como el acceso mejorado a servicios de educación, atención de la salud y de asesoría para las mujeres.
Bolivia: el Proyecto de Inversión Comunitaria en Zonas Rurales, (i) por valor de USD 40 millones, tiene como objetivo general luchar contra la pobreza rural extrema entre los pequeños agricultores, en particular de los pueblos indígenas. Desde los últimos meses de 2011, cuando se inició el proyecto, este ha transferido la responsabilidad y los recursos a más de 244 209 habitantes de zonas rurales en 656 comunidades muy vulnerables (30 % más de la meta de 500 comunidades) y ha respaldado a 792 subproyectos para mejorar el acceso de hogares rurales a infraestructura básica y productiva. Hasta la fecha, el proyecto ha permitido aumentar el acceso de más de 19 321 personas a caminos, y ha ampliado o mejorado el riego en el caso de más de 33 622 beneficiarios. En 2015, el Gobierno recibió un crédito por valor de USD 60 millones de financiamiento adicional para ampliar e intensificar el éxito del proyecto y llegar a otros 200 000 beneficiarios.
Marruecos: la Iniciativa Nacional de Desarrollo Humano (INDH) se puso en marcha en 2005 para mejorar las condiciones de vida de grupos pobres y vulnerables a través de mayores oportunidades económicas, acceso más amplio a los servicios básicos y sociales y una mejor gestión de gobierno. En la segunda fase de la INDH (2011-15) (i) se ampliaron la población beneficiaria y el alcance geográfico, de 667 a 1234 comunidades y de USD 1200 millones a USD 2100 millones, respectivamente, en el transcurso de cinco años. El Banco Mundial apoyó la segunda fase de la INDH con su primera operación de financiamiento de Programas por Resultados, (i) que se centra en mejorar el acceso y la calidad de la prestación de servicios, fortalecer la responsabilidad social y el buen gobierno local participativo, aumentar la inclusión económica y respaldar fortalecimiento de la capacidad y el desarrollo de sistemas. Entre 2005 y 2015 se financiaron más de 45 000 subproyectos impulsados por la comunidad que otorgaron acceso a capacitación y a servicios básicos de infraestructura social y económica a más de 10 millones de beneficiarios. La evaluación del impacto de la INDH reveló lo siguiente: un aumento del 86 % en el número de hogares con acceso a mejores fuentes de abastecimiento de agua; el 84 % de las niñas en los internados que recibieron apoyo del proyecto pasaron al curso siguiente; un aumento del 21 % de los ingresos medios de los hogares, y un aumento del 62 % en el acceso a la infraestructura básica, como caminos, electricidad, saneamiento, escuelas y centros de salud locales.
Nigeria: con el Proyecto de Desarrollo Comunitario y Social (CSDP) (i) se respaldaron más de 9300 microproyectos administrados por las comunidades, con los que se beneficiaron más de 2,5 millones de personas en 28 estados. En una evaluación de impacto se indicó que con el CSDP se redujo la mortalidad materna e infantil; aumentaron la matrícula y la asistencia escolar; se redujeron la distancia, el costo y el tiempo insumido en acceder a fuentes de agua, los servicios de atención de la salud y electricidad, y aumentaron los ingresos derivados de la actividad de las explotaciones agrícolas. Esto llevó a algunos estados y Gobiernos locales a adoptar el enfoque de desarrollo impulsado por la comunidad y a aumentar las asignaciones presupuestarias locales destinadas a actividades impulsadas por la comunidad. El Banco Mundial aprobó un préstamo adicional por valor de USD 75 millones para ampliar el suministro de asistencia social y mejorar los servicios para las comunidades, especialmente para los desplazados internos afectados por conflictos en el noreste de Nigeria.
El desarrollo impulsado por la comunidad también ha resultado útil para responder a los conflictos y la fragilidad y en contextos posteriores a los desastres, y ha demostrado restablecer de manera rápida, eficaz y flexible los servicios básicos, incluso en zonas inseguras o inaccesibles. Este enfoque se ha aplicado en varios Estados frágiles y afectados por conflictos de la región de África, (i) por ejemplo, en Côte d'Ivoire, (i) la República Democrática del Congo, (i) Guinea-Bissau, (i) Liberia, (i) Malí (i) y Sudán del Sur, (i) así como en Afganistán, (i) Myanmar (i) y las Islas Salomón. (i)
Última actualización: Abr 04, 2019