Coronavirus: La respuesta del Grupo Banco Mundial ante la emergencia mundial de hacer frente a la pandemia. Sepa más

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Chile Panorama general

  • Chile ha sido una de las economías latinoamericanas que más rápido creció en las últimas décadas, debido a un marco económico sólido, que le ha permitido amortiguar los efectos de un contexto internacional volátil y reducir la pobreza. Sin embargo, más del 30% de la población es económicamente vulnerable y la desigualdad de ingresos sigue siendo elevada.

    En un contexto de agitación social, el crecimiento del PIB se redujo de 3,9% en 2018 a 1,1% en 2019. Las disrupciones en la actividad económica ocasionaron un repunte del desempleo, que pasó de 7,1% en diciembre de 2018 a 7,4% en diciembre de 2019. La protesta social dio lugar a un cambio en la composición del gasto público, menos dedicado a la promoción de la inversión y más al aumento del gasto social. Asimismo, llevó al gobierno a convocar a un referéndum constitucional, actualmente programado para el 25 de octubre de 2020.

    El déficit en cuenta corriente aumentó de 3,6% del PIB en 2018 a 3,9% en 2019, siendo la caída de las exportaciones compensada ampliamente por la disminución de las importaciones, generada por una demanda interna en retroceso. A medida que disminuía la inversión extranjera, el déficit externo era financiado por deuda externa privada y pública, que acusó un incremento, de 62% del PIB en 2018 a 70% en 2019. Durante ese período, las reservas internacionales aumentaron ligeramente, de USD39,8 a USD40,7 mil millones, pese a las intervenciones del Banco Central para evitar una mayor depreciación monetaria.

    El déficit fiscal aumentó de 1,5% del PIB en 2018 a 2,7% en 2019, debido al gasto adicional en respuesta al descontento popular y a la desaceleración de la economía, los menores ingresos tributarios y la caída de las exportaciones de cobre. El déficit fue financiado en parte con medidas de contención fiscal, pero la deuda pública aumentó de 26% a 28%, en su mayor parte deuda interna.

    La protesta social reflejó una frustración ampliamente difundida de la población ante la elevada y persistente desigualdad de oportunidades, que se mantuvo a pesar de las importantes mejoras en los resultados sociales. Entre 2006 y 2017, Chile había reducido la pobreza (ingresos de menos de USD5,5 al día), de 19,6% a 3,7% y el porcentaje de población vulnerable (ingresos entre USD5,5 y USD13 al día) se había reducido de 43,9% a 30,1%. No obstante, la desigualdad de ingresos medida según el coeficiente de Gini, se mantuvo en cerca de 0,44 en 2017, ubicándose entre las más altas de la región. La clase media en expansión percibe una alta desigualdad de oportunidades, debido a la segmentación de la oferta de servicios de educación y atención de salud y la segregación de los mercados laborales. Los trabajadores con contratos a plazo fijo tienen menor seguridad laboral y tradicionalmente no han tenido derecho a pagos de indemnización o seguro de desempleo, aunque algunas de estas carencias han sido atendidas por las medidas económicas adoptadas para mitigar los efectos del COVID-19 en los sectores vulnerables.

    El balance de riesgos se inclina a la baja debido a la incertidumbre en torno al impacto del COVID-19 y a la inestabilidad del contexto político interno. Chile está expuesto a precios del cobre menores a lo previsto y a una menor demanda de exportaciones que se extiende en el tiempo a consecuencia de la pandemia. Adicionalmente, la prórroga de las medidas de contención probablemente impactará en la actividad económica, a pesar del estímulo fiscal y monetario. De igual manera, la incertidumbre política en torno a la reforma constitucional podría debilitar la confianza del sector privado, frenando la recuperación.

    A mediano plazo, Chile necesita llegar a un consenso político en torno a políticas públicas para responder a las demandas sociales, sin erosionar su tradicionalmente sólido manejo macroeconómico. Asimismo, requiere promover un aumento de la productividad en el nivel inferior de distribución del ingreso, a través del impulso a la innovación, el fortalecimiento del vínculo entre educación y el mercado laboral y la promoción de la participación de la mujer en el trabajo, entre otros.

    Última actualización: Abr 16, 2020

  • El apoyo del Grupo Banco Mundial en Chile incluye actividades del Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés). El Diagnóstico Sistemático de País de 2017 ha permitido identificar prioridades para abordar las limitaciones que impiden lograr un crecimiento sólido, equitativo y sostenible en Chile, mejorando tanto la equidad, como la productividad.

    A través de una coordinación multisectorial, el Banco Mundial busca proveer soluciones a los desafíos del país, para promover la equidad de oportunidades en tres pilares fundamentales: protección social de los más vulnerables, descentralización y desarrollo regional, y adaptación al cambio climático para un crecimiento sostenible.

    En diciembre de 2017, Grupo Banco Mundial (GBM) afianzó su compromiso de asistencia con Chile inaugurando su primera oficina en Santiago, desde la cual se ha logrado fortalecer el diálogo con el Estado y brindar asistencia técnica, además de mostrar experiencias exitosas de políticas públicas. Esto ha permitido aumentar e intensificar el diálogo con más de 30 Ministerios, Servicios Públicos y Gobiernos Regionales, para el apoyo en el diseño y desarrollo de políticas públicas en áreas prioritarias identificadas por las contrapartes.

    En los últimos cuatro años, a través del programa de asistencia financiera y técnica reembolsable se llevaron a cabo más de 30 estudios en las áreas de Educación Superior, Salud, Sistema de Protección Social, Desarrollo Institucional, Agua, Concesiones, Innovación, Género, Desarrollo Territorial y Subnacional. La asistencia financiera se enfoca a un proyecto de US$50 millones para el fortalecimiento de las universidades estatales de Chile. Adicionalmente, el Banco Mundial se encuentra apoyando a la Alianza del Pacifico en el desarrollo de instrumentos de protección financiera ante catástrofes naturales que, en su primera versión, constituyó un Bono Catastrófico que cubre el riesgo de terremotos, aportando una cobertura a Chile de US$500 millones.

    Adicionalmente, el Banco Mundial apoya la agenda de Cambio Climático en áreas como Bosques, Manejo Sustentable de la Tierra y Energía Geotérmica, a través de la canalización de recursos de fondos de donantes por US$19.6 millones. En 2019, Chile firmó un acuerdo con el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) una asociación global administrada por el Banco Mundial, por lo que recibirá hasta US$26 millones para incrementar el secuestro de carbono y reducir las emisiones vinculadas con los bosques. Además, el Banco Mundial ha apoyado la agenda de cambio climático de Chile en la revisión de sus Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC, por su sigla en inglés) y la generación de una estrategia climática de largo plazo, que serán centrales en la Presidencia de Chile en COP25 durante el año 2020. Entre las áreas estratégicas de apoyo, se encuentra el análisis de la experiencia chilena para la Electromovilidad y también la Economía Azul. Durante el año 2019, el Banco Mundial también apoyó a

    Chile en las diversas actividades que se realizaron en el país como sede de APEC 2019, incluyendo la realización de un Seminario de Alto Nivel sobre Financiamiento de Riesgo de Desastres.

    IFC administra una cartera de proyectos de US$1.310 millones. US$760 millones son recursos propios y un adicional de US$549 millones en movilización. La mayor parte del portafolio comprometido está en el sector financiero (70%) y energía renovable (26%), con proyectos adicionales en agronegocios y servicios.

    Última actualización: Abr 16, 2020

  • Entre el FY15 y el FY20, el Grupo Banco Mundial (GBM) contribuyó a lograr los siguientes resultados en Chile:

    • Con miras a mejorar la calidad y desempeño de la educación superior, Chile ha utilizado financiamiento del Banco Mundial para apoyar la implementación de acuerdos de desempeño entre MINEDUC y las instituciones de educación superior. Durante el 2019 se han definido estándares de calidad para servicios de carrera, a partir del diagnóstico en materia de programas de acompañamiento a estudiantes e iniciativas de apoyo a la transición al mundo del trabajo ejecutadas por las universidades estatales.
    • A pedido del Gobierno, el Banco Mundial condujo una evaluación de los efectos distributivos de la Reforma Fiscal de 2014 sobre la economía, particularmente en lo que respecta a la inequidad de ingresos, para lo cual se cuantificaron los efectos potenciales de la reforma en el perfil de distribución de ingresos del país. El informe reveló el diseño de la Reforma permitiría incrementar de 2.4% a 3.5% los impuestos pagados por el 1% más rico de la población.
    • Durante el 2019 y 2020 el GBM ha estado trabajando junto al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, quien está liderando la implementación de una nueva metodología de Gestión Social Local en las municipalidades. Gestión Social Local es una metodología de evaluación del desempeño y mejora de la oferta integral de beneficios y servicios sociales municipales en casi 120 comunas a lo largo y ancho de Chile (un tercio de las comunas chilenas). A través de una ventanilla única, los funcionarios están en mejor posición de ofrecer a cada beneficiario acceso a los programas y transferencias en efectivo para los cuales califican.
    • En conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia se ha venido apoyando el Programa Clase Media Protegida. En un contexto donde la clase media chilena ha tenido un importante aumento en el tamaño porcentual de la población; se han identificado las situaciones catastróficas para la generación de soluciones a través de una política pública que responda a sus necesidades y disminuir la movilidad descendiente a la vulnerabilidad o a una situación de pobreza.

    Además, el programa de conocimiento aportó información para la realización de cambios institucionales clave y procesos de creación de políticas en las áreas de obras públicas, transporte, movilidad urbana e innovación en Santiago y Concepción, manejo sostenible y eficiente de recursos naturales, la estrategia institucional para la reforma del agua, y la estrategia forestal y de cambio climático a nivel nacional.

    Entre 2017 y 2019 se han realizado diversos estudios en el marco del Programa de Estudios Compartidos con el Ministerio de Hacienda, incluyendo:

    • Asistencia técnica con la Dirección de Presupuesto sobre lecciones internacionales para reformas de descentralización fiscal a nivel de gobiernos regionales.
    • Public Expenditure Review (revisión del gasto público) fue entregado en 2017 para las áreas de salud, educación, e innovación y desarrollo y identifica medidas para mejorar la eficiencia del gasto público.
    • El informe Desafíos y Oportunidades del Envejecimiento en Chile busca ser un aporte para las proyecciones demográficas del país y apoyar la discusión de políticas públicas que se enfoquen en los cambios demográficos que ha experimentado el país.
    • El estudio sobre Concesiones Hospitalarias hace una evaluación del sistema actual de concesiones para el área de la salud y explora experiencias internacionales que pueden servir de ejemplo a Chile para generar cambios que impacten positivamente en reformas tomando conocimiento de otras realidades que aporten a la mejora continua del modelo chileno.

    Última actualización: Abr 16, 2020

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*Montos incluyen compromisos del BIRF y la AIF.


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