Costa Rica es un caso exitoso en términos de desarrollo en muchos aspectos. Se considera un país de ingreso mediano alto, que ha registrado un crecimiento económico constante durante los últimos 25 años. Este crecimiento fue producto de una estrategia orientada hacia el exterior, basada en la apertura a la inversión extranjera y en la liberalización gradual del comercio.
El país es también un líder mundial por sus políticas y logros ambientales, que lo han ayudado a crear su marca verde. El innovador programa de pagos por servicios de los ecosistemas ha logrado promover con éxito la conservación de los bosques y la biodiversidad, convirtiendo a Costa Rica en el único país tropical del mundo que ha revertido la deforestación.
La combinación de estabilidad política, un contrato social y un crecimiento estable ha dado como resultado uno de los índices de pobreza más bajos de América Latina y el Caribe, donde la proporción de la población que vive por debajo de la línea de ingreso mediano alto del Banco Mundial (USD 6,85 por persona al día basada en la paridad de poder adquisitivo [PPA] de 2017) disminuyó del 15,6 % al 13,7 % entre 2010 y 2019.
El éxito en las últimas décadas también se refleja en los sólidos indicadores de desarrollo humano de Costa Rica, que le han permitido ascender en la clasificación mundial y ubicarse en un lugar más alto que el resto de los países de la región.
Si bien se celebran estos logros, el país enfrenta desafíos fiscales y sociales que se han intensificado debido a los graves impactos de la pandemia de COVID-19.
Los esfuerzos de consolidación fiscal, iniciados en 2018, se vieron interrumpidos a raíz del colapso de los ingresos en medio del aumento de los gastos para mitigar el impacto de la pandemia, y ello llevó a la deuda pública a situarse en el 67 % del producto interno bruto (PIB) en 2020. Las tasas de desempleo prácticamente se duplicaron, superando el 20 % a mediados de 2020, y los ingresos familiares disminuyeron a pesar de la respuesta de emergencia del Gobierno. Como resultado, el índice de pobreza (USD 6,85, PPA de 2017) aumentó al 19,9 % en 2020.
Los sólidos resultados económicos en 2021 y 2022 y la disciplina en el gasto permitieron una consolidación fiscal más rápida de lo esperado y una mejora de los resultados sociales y del mercado laboral. El PIB se expandió un 7,8 % en 2021 y un 4,3 % en 2022, después de que, en 2020, se produjera la mayor caída en cuatro décadas. Un fuerte repunte de las manufacturas, en particular de los equipos médicos, y una recuperación gradual de los servicios y la agricultura elevaron el PIB por encima de los niveles anteriores a la crisis. Los esfuerzos de consolidación fiscal permitieron la disminución de la deuda pública en 2022 (al 63,8 % del PIB) por primera vez en 13 años. La tasa de pobreza (USD 6,85, PPA de 2017) disminuyó rápidamente al 14 % en 2022 a medida que la economía se recuperaba.
Sin embargo, las nuevas presiones externas, como condiciones financieras más restrictivas y un menor crecimiento de los principales socios comerciales, están comenzando a desacelerar la actividad económica.
El crecimiento superó las expectativas en la primera mitad de 2023 (4,7 %), respaldado por la fuerte demanda interna y externa. La inflación disminuyó rápidamente desde un máximo del 12 % en agosto de 2022, volvió al rango objetivo en marzo de 2023 y se convirtió en deflación en junio (1 %) y julio (1,7 %). Esta dinámica permitió al Banco Central recortar gradualmente la tasa oficial desde marzo, impulsando el consumo y la inversión privados. También aumentaron las exportaciones de manufacturas, especialmente de equipos médicos, el turismo y los servicios empresariales. Sin embargo, se prevé que la incertidumbre mundial y la desaceleración del crecimiento de los principales socios comerciales moderen la demanda externa en la segunda mitad de 2023 y en 2024. Se espera que el crecimiento se mantenga en el 4,2 % en 2023, dado el sólido desempeño en la primera mitad de 2023, y que disminuya al 3,3 %en 2024.
A medida que la inflación se estabilice y mejoren las condiciones del mercado laboral, impulsadas por el crecimiento del sector servicios, se proyecta que la tasa de pobreza disminuirá al 13,8 % en 2023 y posteriormente al 13,5 % en 2024. La pobreza podría reducirse aún más si se aplican medidas de asistencia social dirigidas a grupos históricamente desfavorecidos y a quienes viven por debajo del umbral de pobreza. Se espera que la consolidación fiscal continúe durante el período de previsión, apoyada en la norma fiscal, que limita el crecimiento del gasto y ayudará a llevar la relación deuda-PIB a alrededor del 60 % para 2025.
Las mejoras introducidas recientemente en materia de gestión de la deuda contribuirían a reducir los costos de financiamiento de Costa Rica. Se han anunciado reformas adicionales, como disminuciones de los gastos tributarios, impuestos sobre la renta, y una menor fragmentación de los programas sociales. Estas reformas son fundamentales para reforzar la consolidación fiscal y crear mecanismos de amortiguación contra las crisis, protegiendo al mismo tiempo a los pobres.
Estas perspectivas afrontan riesgos de deterioro de la situación. Por tratarse de una economía pequeña y abierta, Costa Rica es muy vulnerable a las conmociones externas, como las presiones inflacionarias mundiales, el debilitamiento del crecimiento global y las condiciones de financiamiento más restrictivas. Las vulnerabilidades climáticas, agravadas por El Niño, aumentan esta incertidumbre.
Estos desafíos afectan los pilares básicos del modelo de desarrollo costarricense: la inclusión, el crecimiento y la sostenibilidad.
El Gobierno se ha esforzado por abordar estos problemas y se ha comprometido con promover una sociedad inclusiva que garantice el bienestar de su población, con el apoyo de instituciones públicas transparentes y responsables.
Última actualización: Oct 04, 2023
