El 2020 fue un año difícil para el Ecuador. La emergencia sanitaria causada por la COVID-19 provocó una profunda recesión que redundó en un repunte de la pobreza. Esta crisis amplificó los desequilibrios macroeconómicos que el país estaba intentando subsanar desde el fin del boom de los precios del petróleo y forzó al gobierno a reestructurar la deuda con los tenedores de bonos. Además, la crisis puso en evidencia algunas debilidades estructurales como la carencia de amortiguadores macroeconómicos, la elevada informalidad, un sistema de salud poco preparado y las grandes brechas en el acceso a servicios públicos.
El próximo gobierno tiene la oportunidad de consolidar los cambios que el país necesita para retomar una senda de crecimiento y la prosperidad compartida. El primer desafío del próximo gobierno será conseguir el apoyo de la población, del sector privado y de los actores políticos para que, en conjunto, se superen los efectos inmediatos de la crisis y se sienten las bases para una recuperación inclusiva y sostenible.
A poco más de un año de inicio de la pandemia, Ecuador requiere hacer frente a desafíos inmediatos asociados con la crisis sanitaria como contener las nuevas olas de contagios, agilizar la vacunación, promover la recuperación de la actividad económica y proteger a los grupos más vulnerables. Superar estos desafíos es crítico para evitar que la crisis se prolongue profundizando el descontento social que podría minar la posibilidad de establecer los acuerdos necesarios para afrontar desafíos más estructurales.
A pesar de haber hecho un esfuerzo por balancear su economía, Ecuador aún necesita reequilibrar sus finanzas públicas para evitar un aumento insostenible de la deuda a tiempo que consolida la confianza en la estabilidad macroeconómica y la dolarización. En un contexto externo muy desafiante, el crecimiento y la creación de empleo de calidad podrían verse favorecidos por una mejora sistemática del ambiente de inversiones.
Por otro lado, Ecuador requiere mejorar la eficiencia de sus políticas públicas para proteger a la población más vulnerable y mejorar el acceso a oportunidades económicas. En este sentido es crítico afrontar desafíos de larga data como los altos índices de desnutrición infantil, promover una mayor calidad de los servicios públicos de calidad y mejorar la eficiencia y progresividad del gasto en salud, educación y protección social. Para tal efecto, es fundamental basar la toma de decisiones en evidencia, y mejorar la gestión de los recursos públicos y la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y sectores.
Última actualización: Abr 01, 2021
