En los últimos meses la economía se ha desacelerado sustancialmente debido a un aumento de la inseguridad provocada por el crimen organizado, disrupciones en la producción de petróleo, eventos climáticos, y la incertidumbre política.
Al mismo tiempo, el nuevo gobierno que asumió en noviembre por un periodo de 18 meses se enfrenta a importantes restricciones de liquidez y a un gran déficit de financiación, que se prevé aumente en los próximos años en ausencia de reformas fiscales estructurales.
La nueva administración ha tomado medidas importantes para hacer frente a la difícil situación fiscal. Además de implementar medidas para abordar las limitaciones de liquidez a corto plazo, se han aprobado leyes para aumentar la tasa del IVA (del 12 al 15%), dejar sin efecto la reducción gradual del Impuesto a la Salida de Divisas, fomentar la industria turística, promover la atracción de inversión extranjera, fomento de trabajo y la reactivación económica. De igual manera, se han considerado propuestas para focalizar los subsidios a los combustibles y recortar gastos corrientes.
En cuanto a los desafíos estructurales, el país requiere recuperar la confianza de los mercados de capitales y generar amortiguadores fiscales para poder afrontar los devenires del contexto internacional y climático. Además, el sector público requiere reducir su dependencia del sector petrolero que, al tiempo de ser afectado por la maduración de los pozos e inversión insuficiente, ahora tiene que encarar la decisión de un referéndum para frenar las operaciones en el parque nacional Yasuní.
Por otro lado, el país necesita liberar su inmenso potencial de crecimiento para generar más y mejores oportunidades laborales para su población y, así, retomar la reducción de la pobreza. Esto, sin embargo, requiere construir consenso político para abordar las barreras estructurales que obstaculizan la creación de empleos formales, el aumento de la inversión privada y la diversificación de las exportaciones, tales como la intervención generalizada del mercado, limitaciones a la competencia, una integración comercial limitada, y una regulación laboral rígida. El país podría encarar algunas restricciones sectoriales que impiden explotar las oportunidades en sectores donde ya tiene ventajas comparativas como una minería sostenible, la agricultura y el turismo.
Estos desafíos son apremiantes debido a que la economía y la población ecuatoriana están expuestas a riegos asociados a factores externos como la desaceleración de las principales economías del mundo, la reducción de los precios de las materias primas, y las elevadas tasas internacionales de interés. Además, el país está expuesto a desastres climáticos como los posibles efectos del Fenómeno del Niño y la Niña, que podrían golpear a la economía en los próximos meses, un aumento de la inseguridad o inestabilidad política.
Esto no solo afecta el desempeño de la economía, sino que también incide en la construcción de consensos para facilitar la estabilidad política y social y afrontar los desafíos venideros. La falta de consenso en torno a reformas críticas podría perpetuar el péndulo económico asociado con los ciclos del precio del petróleo e impedir que el país logre un crecimiento mayor e inclusivo mientras se adapta a un mundo en proceso de descarbonización.
Última actualización: Abr 03, 2024
